Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a F. R. N., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de TRES (3) AÑOS de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada (hecho uno), violación de domicilio (hecho tres), hurto (hecho uno), desobediencia -dos hechos- y amenazas (hecho cuatro), todo ello en concurso real” (arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239, 149 bis primer párrafo primer apartado y 55 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del C.P).
2Imponer a F. R. N., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del Código Penal); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc. 3 del Código Penal);
C) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis inc. 6 del Código Penal); d) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
3Hacer SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial Nº 3595. …
LIBRO: C REGISTRO: 3453 FOLIO: 001/013
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con la vocalía de la Dra. Yamila Bórquez -subrogante-, y la vocalía del Dr. Marcelo Bersanelli -subrogante-, actuando como Secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: " F. R. N. S/PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA (HECHO 1), VIOLACIÓN DE DOMICILIO (HECHO 3), HURTO (HECHO 1), DESOBEDIENCIA -2 HECHOS- Y AMENAZAS (HECHO 4)" Expte. Nº 8540/24 y resolver la situación procesal de F. R. N. ,, de apellido materno B., sin sobrenombres ni apodos, argentino, nacido el **/**/2000 en LUGAR_1, siendo hijo de Z. B. y de O. H., casado, instruido, cocinero, DNI Nro. **.***.***, domiciliado realmente en xxxxx N° *** xxxxxx) de esta ciudad, quien se encuentra asistido por el Defensor Particular Dr. Jorge Walter Trevotich y Branco Federico Trevotich, siendo la acusación representada por la Fiscal de Cámara Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a F. R. N. que “...hecho 1: "Que el día . **/**/2023, en el horario comprendido entre las 16:40 hs. y las 17:20 horas, arribó al domicilio sito en calle xxxxx N° *** de ésta ciudad, habitado por su ex pareja, C. G. A. y habría privado de su libertad a la nombrada por aproximadamente 30 minutos, tomándola fuerte de los brazos e interponiéndose en la puerta de acceso al departamento a los fines de que la compareciente no saliera de la vivienda. En esa oportunidad y luego de numerosos intentos se habría apoderado del teléfono celular marca Samsung color celeste propiedad de C. G. A. para que la misma no pueda llamar a la policía y solicitar ayuda. Asimismo, mediante el accionar descripto el compareciente habría agredido físicamente a su ex pareja tomándola fuertemente de ambos brazos, provocándole lesiones de carácter leves certificadas a fs. 15 las cuales fueron instadas por C. G. A.…". Hecho 3: "...Que el día 01 de **/**/2023, siendo las 15:00 hs.
aproximadamente, se habría presentado al domicilio de C. G. A. sito en calle xxxxx N° *** de esta Ciudad Capital y al abrir la nombrada la puerta el compareciente la habría empujado e ingresado por la fuerza al interior del departamento; asimismo ante un intercambio de palabras y negativa de C. G. A. de retomar la relación amorosa, éste habría de dirigirse hacia el bajo mesada y habría tomado el alcohol etílico que se encontraba allí, amenazando con rociarse con el mismo, al calmarse habría de infligirse autolesiones, como ser pegarse la cabeza contra la bacha y otras. Ante la recepción de ayuda, fue trasladado al hospital por personal policial, accionar que habría intimidado a la damnificada. Asimismo con dicho accionar el compareciente habría desobedecido la medida de restricción dispuesta por el Juzgado de Familia Nro. Tres de ésta ciudad, secretaría N° Tres, en autos caratulados "C. G. A. c/ F. R. N./Medidas de abordaje intrafamiliar" Expte. N° 1240/23; medida debidamente notificada al compareciente conforme copia de cédula de notificación rubricada por el compareciente obrante a fs. 176/177…".
Hecho 4: "...que el día **/**/2023, siendo las 16:20 hs. aproximadamente, momento en que . C. G. A. regresaba de su jornada laboral y a través de la red social Facebook habría comenzado una discusión con F. R. N., al llegar al domicilio de la mencionada sito en calle Alvear N° 732, Dpto. "c" de ésta Ciudad Capital, se habría percatado que el mismo estaba en el interior del edificio, ante tal situación habría intentado huir y F. la habría arrinconado en las escaleras, momento en que habría quitado las llaves de ingreso del departamento, las cuales estarían en poder de C. G. A.; ante tal situación intervienen unos vecinos y C. G. A. habría intentado salir del edificio, lo cuál no pudo porque la puerta de salida tenía llave puesta, fue alcanzada por F. quién habría manifestó: "...te voy a cagar a palos...", al llegar una vecina y un repartidor de agua al edificio, la puerta se abrió y C. G. A. pudo retirarse, siendo en esa oportunidad perseguida por F. a pie, por calle Misiones, siendo alcanzada por F. R. N., quién retiró el teléfono celular de C. G. A., para que la misma no pueda pedir ayuda, ante un intercambio de palabras, se retiró llevándose consigo el teléfono celular y llaves de C. G. A.. Asimismo con dicho accionar el compareciente habría desobedecido la medida de restricción dispuesta por el Juzgado de Familia Nro. Tres de ésta ciudad, secretaría N° Tres, en autos caratulados "C. G. A. C/F. R. N. S/Medidas de Abordaje Intrafamiliar" Expte. N° 1240/23; medida debidamente notificada al compareciente obrante a fs. 176/177…".
Hechos que fueron caratulados como privación ilegítima de la libertad agravada (hecho 1), violación de domicilio (hecho 3), hurto (hecho 1), desobediencia -2 hechos- y amenazas (hecho 4) previstos y reprimidos en los arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239 y 149 bis del CP.
Que a fs. 298/300 vta. la Fiscalía de Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, violación de domicilio, hurto, desobediencia y amenazas, como monto de pena apropiado tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP).
Que a fs. 311/vta. tanto el imputado como la Defensa Técnica aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscalía de Cámara conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Asimismo a fs. 316/vta., la defensa del imputado presentó alegato y solicitó la absolución de su representado. Entre sus argumentos esbozó con relación a la privación ilegítima de la libertad que solo se cuenta con los dichos de la víctima y que debe primar el principio in dubio pro reo “...por carencia probatoria para determinar fehacientemente la existencia de estos hechos…”.
Señaló que los hechos imputados se dan en un marco de una discusión de pareja y que su representado tiene un alto grado de impulsividad, lo que afecta la configuración del dolo previsto por el tipo penal. Expresó “...por la faltante de dicho elemento estamos frente a una atipicidad, por inestabilidad emocional extrema, por lo que el accionar del imputado fue un mero acto reflejo de la misma…”, y añadió “...quedó sumamente comprobado tanto la inestabilidad de mi defendido como el forcejeo producto de la discusión…”. Continuó expresando que la víctima se retira del domicilio luego de la discusión y luego vuelve a buscar una prenda de vestir, situación que no fue impedida por F. R. N..
Respecto a la apropiación del teléfono celular de la víctima, destacó que “...en ningún momento obró con la intención de hacerse propio de dicho artefacto, ya que como se menciona, fue meramente un acto impulsivo, siendo así, que el mismo a las pocas horas lo entrega voluntariamente, por lo que hay carencia de dolo de querer apropiarse del elemento ajeno…”. Valoró el informe pericial psicológico realizado a su representado e indicó “...él mismo padece de trastorno límite de la personalidad con un funcionamiento distímico, caracterizado por la ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira y notable impulsividad, condición que, si bien no afecta su capacidad de comprensión según se determina, explica su accionar impulsivo en un contexto de alto estrés y ruptura, en el cual cualquier atisbo de control fue anulado por su afección psíquica…”. Al tiempo que puso de relieve que la inestabilidad de su representado también se ve acreditada ante lo vertido por la propia damnificada, quien hizo mención a que F. R. N. se provocó autolesiones.
Concluyó su alegato solicitando la condena de F. R. N., en orden al delito de daño; y la absolución en orden a los delitos de privación ilegítima de la libertad y robo.
Cumplidos estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscalía de Cámara y de resultar procedente la propuesta, la situación procesal del encartado R. N. F.; y
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Fiscalía de Cámara? Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio, contando las actuaciones con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como del propio imputado. Conforme a las características de los hechos, a las entidades de los bienes jurídicos tutelados lesionados por los delitos y a las condiciones personales del imputado, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Fiscalía de Cámara, para el caso de recaer sentencia condenatoria, resulta ser adecuado.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado? Al respecto, el Tribunal dijo:
Que, a fines de reconstruir los hechos investigados, atento su multiplicidad y a los fines de un correcto análisis sobre acreditación de los mismos, haremos un abordaje separado.
El análisis probatorio será efectuado conforme a las reglas de la sana crítica racional y con perspectiva de género, en atención al contexto de violencia doméstica denunciado. Ello no importa disminuir el estándar de certeza, presumir la responsabilidad del imputado ni invertir la carga de la prueba, sino valorar integralmente los elementos incorporados, evitando fragmentar los episodios y atendiendo a las particularidades que presentan los hechos de violencia producidos en relaciones de pareja o expareja.
Hecho uno:
Se inician las presentes actuaciones el **/**/2023, cuando C. G. A. formula denuncia ante la Comisaría de la Mujer y la Familia, en contra de su pareja R. N. F..
En esa oportunidad señaló que ese mismo día a las 17:20 horas, llegó F. R. N. a su vivienda y como era muy fuerte el olor a cigarrillo que tenía, comenzaron a discutir, ya que él le había prometido que iba a dejar de fumar por problemas de salud que tenía.
Luego, cuando quiso salir de la vivienda para ir al trabajo, su pareja se lo impidió interponiéndose en la puerta de salida de la vivienda. Iniciaron un forcejeo, C. G. A. intentó llamar a la policía pero el imputado no se lo permitió. Ante tal situación comienza a llorar e intenta retirarse nuevamente, pero como F. R. N. no se lo permitía comienzan a forcejear nuevamente; ocasionando a consecuencia de ello daños en la campera que el nombrado llevaba puesta y en la cerradura de la puerta de su departamento. No logrando salir de la vivienda.
Finalmente F. R. N. le quitó el teléfono celular, pasado unos minutos logra salir de la vivienda y una vez fuera de la misma, se percató que le faltaba la campera de trabajo “...F. R. N. me adujo que la fuera a buscar y luego me retiré a mi lugar de trabajo, pero me negué a ello por temor a que no me dejara salir de nuevo del departamento, ante su insistencia decidí ingresar rápidamente tomé mi campera y me fui del lugar…”.
Continuó relatando C. G. A. que F. R. N. la siguió mientras iba a su trabajo, que caminó rápido hasta llegar a la parte externa de la clínica Medisur. Una vez allí, le solicitó a una persona que se encontraba allí que le preste su teléfono celular para llamar al 101. Constituido personal policial, formuló la correspondiente denuncia.
Al ser preguntada cuánto tiempo estuvo privada de su libertad, señaló que estima que fue por unos treinta minutos y expresó que no es la primera vez que sufre violencia de parte de su pareja, pero sí la primera vez que lo denuncia.
Con relación a cómo fue impedida de retirarse del departamento, aclaró “...solo se interpuso en la puerta de acceso al departamento, en ningún momento cerró la misma con llave…”. Y aclaró que si bien cuenta con otra puerta trasera “...da hacia el patio interno, pero allí existen paredones altos como cerco perimetral, impidiendo que pueda salir y las ventanas también están ubicadas en ese sector…”.
Al ampliar sus dichos en la Oficina de Violencia Doméstica, detalló “...yo quería salir a trabajar, él no me dejaba ir. Se puso en la puerta, me agarró fuerte con sus manos de mis dos brazos, cuando yo llegaba a tocar el picaporte, me empujaba y me llevó hasta la cama. Me empujó y me tiró sobre la cama, me agarró muy fuerte de las muñecas para sacarme el celular, no pudo sacármelo, me paré e intenté correr hasta la puerta, él llegó antes y me agarró y se volvió a poner contra la puerta para que no la pueda abrir. Yo tenía el celular en la mano y me lo sacó. Ahora tiene él mi celular, no me lo devolvió, después de eso yo agarré muy fuerte la puerta, rompí el picaporte y salí, él me siguió agarrando en los pasillos de afuera del departamento para no dejarme ir. Ahí grité ayuda, F. R. N. me soltó y me intentó calmar, me decía que no me ponga así, que no me podía ir llorando y me decía que él se ponía así por mi culpa, porque yo lo ponía así. Como yo estaba sin mi campera, me hizo volver a buscarla diciéndome que si lo hacía, me iba a dejar salir. Él esperó afuera en la puerta y yo fui a buscarla. Cuando volví a salir siguió tratando de que no salga, pero finalmente me dijo: bueno andate y me fui, pero me seguía…”.
La denunciante agregó que le tiene miedo a F. R. N., ya que cree que le puede hacer algo a ella o hacerse algo él. Asimismo continuando con su relato agrega que el día **/**/2023 siendo las 10:40 horas el causante se presentó en su domicilio y le manifestó textualmente "vos me denunciaste" a lo que ella no respondió ingresando rápidamente a su vivienda.
En relación a la historia de la pareja manifestó que al poco tiempo de haber comenzado la relación, el imputado empezó a insultarla y a presionarla para que le hable cuando él empezaba a discutir. Relata que en una oportunidad la dejó encerrada en el patio interno del departamento por el lapso de veinte minutos aproximadamente, cerró las cortinas y le puso llave a la puerta. En esa ocasión habían mantenido relaciones sexuales y como no se habían cuidado ella quería ir a comprar una pastilla anticonceptiva de emergencia y él no se lo permitía.
Refuerza lo vertido por la denunciante lo plasmado en el informe de valoración de riesgo obrante a fs. 6/8 del cual se desprende que “...el discurso de la persona denunciante se presenta coherente y completo permitiendo seguir una lógica en su relato… sus manifestaciones y el estado anímico resultarían congruentes con las situaciones que relata. Se observa la presencia de indicadores emocionales, tales como: angustia y ansiedad (mediante un habla ininterrumpido), sentimientos de impotencia y sentimientos de vergüenza. En lo que se refiere a indicadores de “naturalización de la violencia” como modo de relación afectiva -vincular entre sus miembros-, se evidencia minimización de los episodios…”. Y se calificó el riesgo como “Alto”.
Su relato encuentra un elemento de corroboración en el examen médico policial practicado aproximadamente tres horas después del hecho, en el que se dejó constancia de que la damnificada no presentaba lesiones externas visibles, aunque sí refirió dolor e impotencia funcional en el hombro derecho, compatible con la compresión de ambos brazos que describió en sus declaraciones. Este elemento no permite acreditar por sí solo la totalidad de la mecánica del hecho, pero resulta concordante con el forcejeo y la sujeción relatados por C. G. A..
Cabe destacar que el dolor referido por la damnificada ante el facultativo médico es conteste con lo relatado en sus dos relatos, ante personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia y ante personal de la OVD.
Robustece aún más el plexo probatorio lo plasmado en el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo, de los cuales se desprende daños en el picaporte y que el departamento tiene un patio interno, con medianera de aproximadamente 2,30 mts. de altura.
Corresponde señalar que dos días después del hecho, la damnificada amplió sus dichos y advirtió que la noche anterior, se presentó en su vivienda la madre del imputado, quien le hizo saber que su hijo está internado en el Centro de Salud Mental.
En este punto resulta relevante el informe de novedad suscripto por el Oficial Ayudante Pablo Cárdenas, el que corrobora lo manifestado por C. G. A., quien refiere que el **/**/2023 a las 18:05 horas, tomó conocimiento por personal del Comando Radioeléctrico que solicitaban presencia policial en Medisur en virtud de existir una mujer llorando. Una vez en el lugar, entrevistaron a la damnificada quien manifestó que momentos antes, cuando intentó salir del mismo su pareja no se lo permitió y le sustrajo su teléfono celular. Asimismo informó que cuando la damnificada logró salir de su vivienda su pareja lo siguió, pero se retiró cuando ingresó al sanatorio (fs. 35).
En iguales términos se expresó Natalia Elizabeth Leguizamón, quién en su testimonial relató que participó en varios procedimientos policiales en los que estuvo vinculado F. R. N.; y entre ellos mencionó que recibió un llamado de C. G. A. quien se encontraba en Medisur, a quién una persona que la vio llorando le prestó su celular. Y que una vez en el lugar la damnificada les señaló que F. R. N. le había sacado la llave de su domicilio y no la dejaba salir del mismo.
Hasta aquí tenemos por acreditado con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal que el imputado F. R. N., el **/**/2023, realizó actos tendientes afectar la libertad ambulatoria de su ex pareja C. G. A.. Para ello forcejeó con la damnificada y se interpuso frente a la puerta, impidiendo que se retirara del departamento. Y ante esa situación, C. G. A. intentó pedir ayuda a través de su celular, situación que provocó que F. R. N. le quitara el mismo. Situación que duró alrededor de 30 minutos, logrando salir finalmente de la vivienda, ser auxiliada por desconocidos en inmediaciones de Medisur, quienes requirieron presencia policial en el lugar.
Ello se encuentra corroborado por las distintas declaraciones de la damnificada, quien de manera conteste y sin entrar en contradicciones, señaló la relación violenta que mantenía con F. R. N. y las dificultades de éste de aceptar la finalización de la relación sentimental.
Relato que resulta sostenido por los informes policiales, declaraciones del personal policial interviniente, acta de inspección ocular y croquis del lugar del hecho, así como las conclusiones del informe de valoración de riesgo efectuado por personal de la oficina de violencia doméstica.
En definitiva, el caudal probatorio reunido resulta suficiente, armónico y convergente para tener por acreditado el núcleo fáctico del hecho uno, sin que las observaciones formuladas por la defensa introduzcan una duda razonable sobre la restricción ilegítima de la libertad ambulatoria de C. G. A. ni sobre la sustracción del teléfono celular en el contexto descripto. Hechos tres y cuatro:
Para ingresar al análisis del caudal probatorio vinculado a estos hechos, corresponde mencionar lo plasmado en el informe de novedad de fs. 86, del que se desprende que el **/**/2023, a las 16:45 horas, se tomó conocimiento por medio del Oficial Ayudante Fierro que solicitaba presencia policial en xxxxx N° ***, en virtud que había un masculino incumpliendo medidas de restricción y con intenciones de quitarse la vida.
Constituidos en el lugar, el Oficial Leguizamón, Sargento Ulloa y Curaqueo, quienes se desempeñan en la Seccional Primera, entrevistaron a C. G. A.; quién les manifestó que F. R. N. había intentado autolesionarse, que estaba con un ataque de nervios, que había agarrado una botella de alcohol etílico y un encendedor no sabiendo sus intenciones. Y agregó que si bien poseen medidas de restricción, se encuentran viviendo juntos.
Refuerza lo vertido en el informe de novedad, la copia del oficio librado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia Nro. Tres en el marco de los autos caratulados "C. G. A. c/ F. R. N. S/Medidas de Abordaje Intrafamiliar" Expte. 1240/23, en los cuáles con fecha **/**/2023 se dispuso la prohibición de acercamiento de F. R. N. a la persona de C. G. A. a una distancia no menor de 200 metros; la prohibición de ingreso a la vivienda y la prohibición de todo tipo de contacto y comunicación (mensajes de texto, telefónica, vía mail, redes sociales, etc), por el término de seis meses (fs. 87/88). Posteriormente se incorporó constancia de notificación efectuada al imputado F. R. N. sobre las medidas de restricción (fs. 177/vta). Corresponde ingresar al análisis de lo relatado por C. G. A. a fs. 68/70 y 100/101 respectivamente. En ambas oportunidades manifestó que el **/**/2023, a las 15:00 horas, comenzó a recibir llamadas de su vecina A., luego golpearon la puerta, por lo que pensó que se trataba de ella y al abrir vio que era F. R. N. quién rápidamente la empujó e ingresó a su vivienda sin su consentimiento, se arrodilló en el suelo y comenzó a suplicarle para que retomen la relación.
Ante la negativa de C. G. A., F. R. N. comenzó a golpearse la cabeza contra la mesada de la cocina, luego tomó los encendedores con el propósito de dañarse, mientras lloraba y decía que no quería vivir más. Trató de calmarlo y le mandó un mensaje a su vecina A., quien requirió presencia policial. Una vez que se presentó personal policial, se entrevistaron con F. R. N. quien luego de charlar, aceptó ser conducido al Centro de Salud Mental. También señaló que el **/**/2023, cuando retornaba a su vivienda, observó que F. R. N. la estaba esperando dentro del edificio. Intentó correr, pero él la arrinconó en las escaleras y le quitó las llaves del departamento, al tiempo que le dijo “...te voy a cagar a palos…”. En ese momento una señora abrió la puerta de ingreso del edificio y puso salir, F. R. N. la siguió y le quitó el celular cuando estaba pidiendo ayuda a su madre, y se retiró del lugar. La joven fue auxiliada por dos desconocidos que la llevaron hasta la seccional primera de policía. Personal policial la acompañó a su vivienda, cuando golpearon fueron atendidos por F. R. N., quien salió sin remera y con el cabello mojado, le dijeron que espere en el móvil, y luego de revisar la vivienda, le permitieron el acceso y le avisaron que su celular estaba dentro de la morada al tiempo que le hicieron entrega de las llaves del departamento.
Asimismo señaló que se encontraba vigente la medida de prohibición de acercamiento y que pese a estar notificado F. R. N., la incumplió. Y agregó que de manera constante le envía mensajes, va hasta su domicilio o lugar de trabajo y en varias ocasiones le quitó su celular. E indicó que le tiene miedo, ya que lo cree capaz de cualquier cosa.
Cabe destacar que C. G. A. mantuvo un relato sustancialmente uniforme y consistente a lo largo de las distintas declaraciones. Describió los hechos con coherencia, persistencia y ausencia de contradicciones, conservando incólume el núcleo esencial del relato Lo expresado respecto a estos hechos, encuentran respaldo en lo plasmado en el acta de inspección ocular, croquis ilustrativo y secuencias fotográficas confeccionados en la vivienda de C. G. A. (fs. 72/74 y 186/188). De los que se desprende que al ingresar al domicilio sito en calle xxxxx N° ***, sobre la mesa se encontraba un frasco de perfume de vidrio dañado en su parte posterior y frente al mismo hallaron dos encendedores; y en la habitación se halló una botella de alcohol etílico de 500 cc y un encendedor, los cuales fueron secuestrados.
Asimismo, lo vertido por la damnificada se encuentra respaldado por las comunicaciones mantenidas con F. R. N. a través de la red social de Facebook, incorporados a fs. 102/172. De ellas se desprende que el imputado estaba arrepentido por lo sucedido. Concretamente le dice a C. G. A. “...una porquería lo que te hice pasar… Dios me perdone por todo… te juro que estoy arrepentido en verdad…”. De la misma surgen promesas de cambio por parte de F. R. N., como ser “...en serio voy a cambiar lo voy a hacer si asi tenga que hacerlo forzado…” a lo que C. G. A. le dice “...basta… te dije que pares de presionarme… no es fácil boludo…”, así como constancias de diversos incumplimientos de la orden de prohibición de acercamiento y comunicación entre el **/** y el **/**/2023.
Del análisis integral de los mensajes de texto incorporados, emerge con claridad la conflictiva que caracteriza la relación afectiva mantenida entre F. R. N. y C. G. A.. Su contenido permite contextualizar los hechos investigados en una dinámica relacional atravesada por episodios de presión, control, incumplimientos de la orden de restricción y reconocimiento de conductas violentas por parte del imputado, sin que ello implique desplazar el análisis individual de cada hecho atribuido. Este elemento conviccional tiene significativa relevancia, en tanto permiten contextualizar los hechos investigados y corroboran la existencia de una relación atravesada por comportamientos incompatibles con un vínculo afectivo sano y respetuoso. Refuerza aún más el caudal probatorio, lo expresado por la Oficial Natalia Elizabeth Leguizamón, quién se desempeña en la seccional Primera de Policía (fs. 191/192). Con relación a éstos hechos, recordó que recibió un llamado telefónico de C. G. A. e informó que F. R. N. se encontraba en su domicilio, incumpliendo una restricción de acercamiento que le fuera impuesta.
Hizo mención a otro requerimiento policial, cuando C. G. A. se presentó en la Comisaría manifestando que su pareja F. R. N. estaba dentro de su departamento. Cuando golpearon, salió el imputado sin remera, con un encendedor en la mano y mojado, creyó que se trataba de alcohol, les hizo un gesto de que iba a prender el encendedor e ingresó rápidamente al interior del departamento.
Un vecino les abrió la puerta del edificio. Luego de insistir, lograron que F. R. N. abra la puerta del departamento, percatándose de que había olor a quemado y observaron un frasco de perfume en la mesa. De entrevista mantenida con el imputado, éste le manifestó que se había quemado los pectorales, pero no observaron lesiones visibles.
En consonancia, se expresó su compañero el Sargento Jorge Daniel Curaqueo, quien a fs. 196/vta., manifestó recordar haber concurrido a un requerimiento en razón de un llamado telefónico en un domicilio sito en calle xxxxx N° ***, en virtud de existir un conflicto de pareja. En esa oportunidad se entrevistó con F. R. N. quién le manifestó ser paciente voluntario del Centro de Salud Mental, que no quería lastimar a la denunciante, se mostró tranquilo, colaborador y aceptó ser trasladado al hospital.
Asimismo, es dable resaltar que al momento de los hechos se encontraba vigente y efectivamente notificada al imputado la medida de prohibición de acercamiento y de contacto del imputado a la damnificada dictada por el titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia Nro. Tres en el marco de los autos caratulados "C. G. A. c/ F. R. N. s/ Medidas de Abordaje Intrafamiliar" Expte. ****/23.
El testimonio de C. G. A. aporta un dato contextual relevante sobre la percepción familiar del vínculo y las conductas de control atribuidas al imputado, aunque no constituye prueba directa de los episodios concretos juzgados.
En suma, podemos concluir que se encuentra acreditado con el grado de certeza requerido en esta instancia procesal, que el día **/**/2023, el imputado F. R. N., ingresó por la fuerza al departamento de su ex pareja C. G. A., pese a la resistencia ofrecida por ella y de existir una orden válidamente emitida por autoridad competente que lo prohibía y de la cual estaba debidamente notificado.
Asimismo, se acreditó que el día **/**/2023, la esperó en el edificio en el cual residía y luego de forcejear con C. G. A. le quitó las llaves de su departamento. Ella intentó retirarse, pero F. R. N. la alcanzó y le dijo “...te voy a cagar a palos…” lo que le provocó temor, ante la intervención de una vecina, logró salir del edificio, pero el imputado la siguió y le quitó el celular para impedir que requiera auxilio policial. Retirándose finalmente del lugar. Corresponde ingresar al análisis del argumento esbozado por la defensa al momento de presentar el alegato.
Con relación al primer hecho, señaló que los mismos se configuraron en el marco de una discusión de pareja y que su representado tiene un alto grado de impulsividad, lo que afecta la configuración del dolo previsto por el tipo penal. Al respecto expresó “...por la faltante de dicho elemento estamos frente a una atipicidad, por inestabilidad emocional extrema, por lo que el accionar del imputado fue un mero acto reflejo de la misma…”, y añadió “...quedó sumamente comprobado tanto la inestabilidad de mi defendido como el forcejeo producto de la discusión…”.
Para refutar tal argumento, es importante tener en cuenta las conclusiones del informe pericial psicológico realizado a F. R. N., en el cual si bien se describe con claridad como característica de la personalidad que presenta una “notable impulsividad”, la misma es concluyente al afirmar que la capacidad de F. R. N. para comprender y dirigir sus actos se encontraba conservada antes, durante y después de los hechos investigados. Por lo que no puede prosperar el planteo de la defensa, ya que el imputado tenía plena conciencia, comprensión y dominio de sus actos, y ello se desprende no solo de lo plasmado en el informe pericial, sino de un análisis de todo el plexo conviccional valorado precedentemente.
Este argumento defensivo, dirigido a justificar la conducta del imputado sobre la base de su impulsividad y del hecho de que el episodio se produjo en el marco de una discusión de pareja, carece de sustento jurídico y resulta incompatible con una adecuada valoración de los hechos desde una perspectiva de género.
Recordemos que como operadores judiciales tenemos el deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia motivada en género. A este respecto, la Corte IDH ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada (CIDH caso G. y otras (“campo algodonero” vs. México). En esa línea, el deber de debida diligencia reforzada exige que los hechos sean valorados sin reproducir estereotipos que minimicen la violencia ejercida en el marco de una relación de pareja o expareja, ni presenten la impulsividad, los celos, la angustia por la ruptura o la conflictividad vincular como explicaciones aptas para justificar o neutralizar la responsabilidad penal. En consecuencia, aplicando criterios de perspectiva de género, podemos afirmar que las circunstancias referidas por la defensa del imputado, no constituyen elementos aptos para justificar, atenuar ni excluir la responsabilidad penal de este.
Igual consideración hizo respecto de la apropiación del teléfono de la víctima, dijo que no tuvo intención de apropiárselo, que fue un acto impulsivo, y que a las horas lo entregó voluntariamente. Por lo que cabe a este planteo, el mismo análisis señalado precedentemente. El hecho de ser impulsivo, no justifica per se la comisión de actos que afecten la propiedad libertad de su entonces pareja.
Resta ingresar al análisis de la eventual concurrencia de alguna causal de exclusión de la responsabilidad penal o de una excusa absolutoria que podría haber amparado al imputado al momento de los hechos tenidos por acreditados.
Para ello, contamos con el informe pericial psicológico realizado al imputado, cuya valoración resulta conducente a fin de determinar si, al momento de los hechos, presentaba alguna alteración de sus facultades psíquicas que pudieran excluir o disminuir su capacidad de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones.
El informe pericial efectuado a F. R. N. concluye que no presenta enfermedad mental que lo coloque en una condición alienante y que no hay ausencia de conciencia y juicio de realidad.
Con respecto a las características de la personalidad, se determinó que cuenta con un diagnóstico de “...trastorno límite de la personalidad… un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos…”.
Destacó el perito que “....se desprende de la anamnesis, antecedente de tres internaciones en el Centro de Salud Mental de esta localidad, según refiere de manera voluntaria en dos ocasiones, motivadas por ideas de muerte e intento de suicidio respectivamente, habiéndose fugado de ambas; y la ultima internación conducido por personal policial que detecta autolesiones mediante quemaduras…”.
Finalmente al punto pericial que solicita se determine si al momento de los hechos investigados el imputado era capaz de comprender y dirigir sus acciones, respondió “...no se han detectado indicadores semiológicos evidentes que den cuenta de una alteración psicopatológica y/o a nivel cognitivo que impida comprender. Se concluye que la capacidad del mismo para comprender y dirigir sus actos se encontraba conservada antes, durante y después de los hechos investigado…”.
Cabe destacar que la impulsividad que surge del informe pericial psicológico carece de entidad suficiente para anular o afectar de manera relevante la capacidad del imputado de comprender la criminalidad de sus actos o de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. En consecuencia, dicho rasgo de personalidad no reviste la intensidad necesaria para configurar una causal de inimputabilidad ni resulta apto para excluir o disminuir su responsabilidad penal.
La impulsividad descripta por el perito puede explicar rasgos de funcionamiento de la personalidad del imputado, pero no elimina el dolo típico cuando, como ocurrió en los hechos examinados, el comportamiento se exteriorizó mediante actos dirigidos: impedir la salida de la víctima, quitarle el teléfono, ingresar pese a la negativa y a la prohibición judicial, seguirla, arrinconarla y proferirle una amenaza. La secuencia de acciones revela dirección conductual suficiente y conocimiento de la ilicitud, máxime frente a la existencia de una orden judicial expresamente notificada. Que, asimismo, en el transcurso de la producción del proceso no se han comprobado situaciones especiales que hagan viable algunas de las causas de exclusión o de justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal ni de ninguna excusa absolutoria, por lo que en razón de lo analizado el Tribunal entiende que el encartado deberá responder penalmente por los hechos imputados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta del acusado en el hecho?
Que probada que fuera la materialidad del ilícito y su comisión por parte de F. R. N., corresponde adecuar jurídicamente su actuar.
Que el encuadre jurídico oportunamente efectuado por el Agente Fiscal al momento de requerir la Elevación a Juicio de los presentes actuados resultó ser “privación ilegítima de la libertad agravada (hecho 1), violación de domicilio (hecho 3), hurto (hecho 1), desobediencia (2 hechos) y amenazas (hecho 4)”, previstos y reprimidos en los arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239 y 149 bis Al respecto, hemos de coincidir con la calificación esgrimida por el Agente Fiscal al momento de requerir la elevación a juicio de los presentes actuados.
Con relación al hecho uno, se ha acreditado debidamente que el imputado privó de su libertad a su entonces pareja C. G. A., cuando le impidió salir por el lapso de 30 minutos aproximadamente, forcejeó con ella y se interpuso frente a la puerta de salida del departamento en el que residía. Hecho que encuentra adecuación típica en lo previsto por el art. 141 inc. 1 del CP. El delito previsto en el art. 141 del Código Penal tutela la libertad individual en su manifestación ambulatoria, castigando toda conducta destinada a impedir, restringir o limitar ilegítimamente la posibilidad de desplazamiento de una persona.
La figura requiere: a) una restricción concreta de la libertad de locomoción; b) ausencia de consentimiento válido; c) ilegitimidad de la conducta; d) dolo directo por parte del autor.
La doctrina ha señalado que no resulta necesario un encierro absoluto o permanente, bastando una limitación relevante de la capacidad de desplazamiento de la víctima. Situación que se dio por el lapso aproximado de 30 minutos.
En palabras de Creus, “la privación de libertad se configura cuando el sujeto pasivo no puede trasladarse o abandonar un determinado ámbito espacial conforme a su propia voluntad” (Creus, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, Tomo I).
No solo le impidió salir, sino también intentar pedir ayuda a través de su teléfono celular. Finalmente logró salir luego de un persistente forcejeo y de que la damnificada expresara su angustia mediante llanto.
Tales extremos encontraron corroboración periférica en los testimonios brindados por personal policial, así como de las afirmaciones señaladas por la propia defensa del imputado, en el cual reconoce el hecho, pero intenta evadir su responsabilidad, minimizando la situación a una discusión de pareja y a problemas de control de impulsos por parte de su representado. C. G. A. describió la angustia que le provocaron los actos violentos perpetrados por su entonces pareja, destinados a limitar su libertad ambulatoria a impedir que se retire de la vivienda y se vaya a trabajar. Circunstancia que evidencia de manera concreta la existencia de una restricción ilegítima de su libertad ambulatoria.
El hecho de interponerse frente a la única puerta de salida del departamento y de forcejear con C. G. A. cuando ella intentaba acercarse a la puerta, tuvo entidad suficiente para afectar el bien jurídico tutelado en el artículo analizado y constituyen medios concretos de restricción de la libertad de locomoción de la denunciante.
Pero a esta figura genérica, corresponde aplicar el agravante previsto en el art. 142 inc. 1, cuando el hecho se cometiere con violencia o amenazas. Se acreditó en autos, que la violencia sostenida ejercida por el imputado generó un estado de sometimiento y temor que operaba como mecanismo adicional de coerción sobre la víctima, reduciendo significativamente sus posibilidades reales de autodeterminación.
S. B., en su libro “Delitos vinculados a la violencia de género”, cuando analiza este tipo penal refiere “...claramente vemos que en el marco de este delito la mujer sufre abusivamente de un ataque a la libertad al no mediar su consentimiento coartando en tal sentido su autodeterminación, menoscabando su libertad corporal. Estadísticamente, la privación de la libertad es llevada a cabo a través de amenazas y de la violencia con lesiones en algunos casos…” (Editorial Hammurabi, José Luis Depalma Editor, año 2019, pág. 82).
También se tiene por acreditado la sustracción del teléfono celular de la damnificada en el hecho uno, conducta que se adecua al delito previsto en el art. 162 del Código Penal. La figura de Hurto establece para su configuración “...un acto voluntario mediante el cual se trae a la propia esfera de poder una cosa que se sabía ajena, desplazando voluntariamente de la custodia al propietario de ella o a su tenedor…” (Horacio Romero Villanueva, “Código Penal de la Nación y legislación complementaria” editorial Abeledo Perrot, año 2015, pág. 448). Se requiere que se haya lesionado el patrimonio, recordemos que el bien jurídico protegido, es la propiedad.
Y esta afectación al patrimonio la padeció C. G. A., ya que quiso utilizar su celular para requerir ayuda por los hechos violentos que estaba padeciendo y no pudo porque F. R. N. le había quitado de su esfera de custodia su teléfono. Recién ante la intervención de desconocidos pudo obtener la ayuda necesaria para hacer cesar los actos violentos del imputado, destacando que al tiempo de formular las denuncias, C. G. A. aún no recuperaba su celular. Es decir que F. R. N. tuvo el tiempo suficiente para disponer del elementos sustraído.
La circunstancia de que el desapoderamiento haya tenido como finalidad inmediata impedir que la víctima solicitara auxilio no excluye, por sí sola, la tipicidad del hurto. El imputado desplazó el teléfono de la esfera de custodia de C. G. A., asumió de hecho su disponibilidad y privó a la damnificada del uso del bien en un contexto en el que necesitaba comunicarse para requerir asistencia. La posterior restitución, si la hubiere, no elimina la consumación del apoderamiento ya producido, sin perjuicio de su eventual valoración en la mensuración de la pena.
Con relación al hecho identificado como tres se acreditó el ingreso a la morada de C. G. A. por parte del imputado F. R. N., pese a la negativa de ella y a que ejerció fuerza física para impedirlo, no obstante pudo doblegar la resistencia ofrecida e ingresó al departamento. Esta conducta encuentra su encuadre jurídico en lo establecido en el art. 150 del Código Penal. La existencia de una relación previa o de eventuales contactos posteriores no neutraliza la ajenidad jurídica del domicilio ni la voluntad de exclusión de la damnificada, expresada en el episodio concreto y reforzada por la medida judicial vigente que prohibía el ingreso del imputado.
En efecto, al materializar este hecho, incumplió la norma legalmente emitida por juez competente, que se encontraba vigente y de la cual se encontraba notificado. Es decir tenía pleno conocimiento de la existencia de la orden que impedía acercarse y comunicarse con su pareja. No obstante ello, desobedeció la manda impuesta. Conducta que encuentra su encuadre jurídico en lo previsto en el art. 239 del Código Penal.
En tal sentido, la doctrina ha definido a la desobediencia como un acto de omisión, sin perjuicio de lo cual es posible pensar en actos de desobediencia con un comportamiento activo - por ejemplo, cuando el funcionario público ordena a un transeúnte que se detenga y este continúa caminando- . En principio, nos encontramos ante un delito en el que no hay una acción del autor contra el funcionario, sino una omisión. Es característica de la figura la falta de violencia por parte de quien recibe una orden emanada del funcionario público, limitándose a no cumplirla (conf. Basílico, Ricardo - Villada, Jorge, Código Penal de la Nación Comentado, 4ª ed., Hammurabi, 2021, comentario al art. 239 CP, con cita de Donna, Edgardo A., Derecho Penal. Parte Especial, t. III, p. 108).
Ingresando a la calificación legal del hecho identificado como cuatro, se ha acreditado que el día **/**/2023, se acercó al domicilio de C. G. A. y luego de forcejear con ella, le había dicho “...te voy a cagar a palos…”, hecho por el cual se sintió intimidada.
Es dable resaltar que el hecho tiene su encuadre normativo en lo estipulado en el art. 149 bis primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal. En el caso, la expresión intimidatoria atribuida al imputado debe ser valorada en el contexto de violencia familiar acreditado en autos. En efecto, se encuentra probado que el encartado de manera reiterada y sistemática, incumpliendo las medidas de restricción vigentes, intimidaba a su ex pareja. La expresión “...te voy a cagar a palos...”, considerada aisladamente, podría presentar distintos grados de entidad intimidatoria; sin embargo, en el caso adquirió seriedad e idoneidad típicas por haber sido proferida en el marco de una persecución dentro del edificio, luego de arrinconar a la víctima, sustraerle las llaves, incumplir una orden judicial de restricción y persistir en el contacto pese a su voluntad contraria.
Hecho en el cual, como fuere señalado precedentemente se configura el delito de desobediencia, previsto en el art. 239 del CP, ya que la orden impartida por la Jueza de Familia se encontraba vigente, fue notificado fehacientemente y pese a ello, la incumplió.
Los distintos hechos por ser independientes entre si y recaer en más de una sanción penal, concursa realmente, conforme lo establecido en el art. 55 del Código Penal.
Es por ello que este Tribunal entiende que F. R. N. debe responder en calidad de autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada (hecho uno), violación de domicilio (hecho tres), hurto (hecho uno), desobediencia -dos hechos- y amenazas (hecho cuatro), previstos y reprimidos por los arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239, 149 bis primer párrafo primer apartado y 55 del Código Penal.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tener en cuenta la participación del imputado y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Que en este caso en particular y existiendo pena sugerida por la Fiscalía de Cámara al momento de efectuar la propuesta de omisión de debate, el Tribunal debe actuar conforme lo estipula el artículo 517 del Código de Rito, más precisamente en su párrafo quinto, según el cual, si bien se puede arribar a una sentencia absolutoria, en caso de dictarse sentencia condenatoria la sanción nunca podrá superar la pena mayor requerida por el Agente Fiscal o la parte querellante (si la hubiere).
Asimismo, a los fines de la graduación de la pena, corresponde ponderar las resultas del informe socio económico ambiental y las demás constancias obrantes en autos, de las que surge que F. R. N. tiene un nivel de instrucción de secundario incompleto, que tiene un hijo en común con la damnificada; que es padre de dos niños y actualmente trabaja en el rubro gastronómico. Como circunstancias atenuantes, corresponde ponderar la circunstancia de que el imputado estuvo a derecho durante el transcurso del proceso y la ausencia de antecedentes penales.
Como circunstancias agravantes corresponde ponderar la modalidad concreta de ejecución de los hechos y el contexto en que se desarrollaron. En particular, se valora que las conductas no constituyeron episodios aislados, sino que se insertaron en una dinámica de control, hostigamiento y violencia psicológica ejercida sobre la damnificada en el marco de la relación de pareja y de su posterior ruptura. También corresponde atender a que el imputado persistió en su accionar aun después del dictado y notificación de medidas judiciales de prohibición de acercamiento, contacto e ingreso al domicilio, lo que incrementó la afectación de la tranquilidad, la seguridad y la autodeterminación de la víctima.
Asimismo, se pondera la pluralidad de bienes jurídicos afectados - libertad ambulatoria, propiedad, inviolabilidad del domicilio, administración pública y libertad psíquica- y la utilización de maniobras orientadas a impedir que la damnificada pudiera pedir auxilio, como la sustracción del teléfono celular y de las llaves. Esta valoración no importa construir una agravante autónoma basada en la personalidad del imputado ni duplicar los efectos propios del concurso real, sino dimensionar la gravedad concreta de la modalidad comisiva dentro de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal. En cuanto a la modalidad de cumplimiento, se verifican los presupuestos objetivos previstos por el artículo 26 del Código Penal, toda vez que la pena a imponer no excede de tres años de prisión y la presente constituye la primera condena de F. R. N.- A ello se suma la ausencia de antecedentes penales condenatorios, su inserción laboral actual en el rubro gastronómico y la existencia de vínculos familiares derivados de su condición de padre de dos niños.
Si bien la gravedad de los hechos y su inserción en un contexto de violencia contra la mujer impiden minimizar la respuesta penal, no surgen elementos concretos que permitan concluir que la ejecución efectiva de la pena resulte indispensable para evitar la comisión de nuevos delitos.
En el caso, la imposición de reglas de conducta estrictas, orientadas al control, al abordaje especializado del condenado y a la protección de la víctima, aparece como una respuesta más adecuada y proporcionada que la ejecución inmediata de la prisión.
Por tales razones, corresponde disponer que la pena de tres años de prisión sea dejada en suspenso, de conformidad con el artículo 26 del Código Penal. En consecuencia, ponderada la situación personal de F. R. N. en relación con el contexto fáctico y jurídico del presente proceso, y conforme a las pautas de mensuración previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, se considera adecuado imponerle la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso, en orden a los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada (hecho uno), violación de domicilio (hecho tres), hurto (hecho uno), desobediencia (dos hechos) y amenazas (hecho cuatro), todo ello en concurso real”, previstos y reprimidos por los arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239, 149 bis primer párrafo primer apartado y 55 del Código Penal. En virtud de ello, y en atención a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que durante el plazo de cuatro (4) años F. R. N. deberá observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados; abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; y someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe profesional que acredite su necesidad y eficacia.
Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1, 3 y 6 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la revocación del beneficio de la condicionalidad de la pena otorgada.
Asimismo, se le impone la obligación de concurrir y participar en talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la Ira” y/o en dispositivos de deconstrucción de masculinidades, o programas equivalentes que determine la autoridad de ejecución.
También deberá inscribirse la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV- Ley provincial Nº 3595), dependiente de la Dirección General de Policía en Función Judicial, ello conforme lo previsto por la Ley provincial Nº 3595.
Por otra parte, deberá hacerse saber a la víctima de autos del estado del trámite y la situación procesal del imputado, ello en los términos del artículo 73 inciso "b" del Código Procesal Penal y el artículo 5 inciso "i" de la Ley 27.372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos). Procédase al decomiso previsto en el art. 503 del CPP, cuando adquiera firmeza la presente.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. CONDENAR a F. R. N., de demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de TRES (3) AÑOS de prisión de cumplimiento en suspenso como autor penalmente responsable de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada (hecho uno), violación de domicilio (hecho tres), hurto (hecho uno), desobediencia -dos hechos- y amenazas (hecho cuatro), todo ello en concurso real” (arts. 142 inc. 1, 150, 162, 239, 149 bis primer párrafo primer apartado y 55 del Código Penal) y al pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del C.P).
2. IMPONER a F. R. N., por el término de CUATRO (4) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del Código Penal); b) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc. 3 del Código Penal);
c) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis inc. 6 del Código Penal); d) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
3. HACER SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
4. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial Nº 3595.
5. INFORMAR a la víctima de autos el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos del art. 73 inc. b) del Código Procesal Penal y art. 5 inc. i) de la Ley 27.372.
6. ORDENAR y DISPONER el inmediato decomiso de los efectos secuestrados una vez firme la sentencia (art. 503 CPP).
7. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, firme que sea, REMÍTANSE las presentes actuaciones a la Secretaría de Ejecución a sus efectos. Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Marcelo Bersanelli y Dra. Yamila Bórquez - subrogantes- ante la Sra. Secretaria Dra. Gabriela Mansilla.
Fin de la sentencia