Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 136.092
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
II. Tener presente la reserva de caso federal.
III. Regular los honorarios profesionales del doctor Rubén Néstor Legler, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 25% de la suma fijada en origen.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 119, segundo párrafo, del Código Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal; ley 14.967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 136092 (IPP 0800-11790-20)
caratulada “F. O., R. S/RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
Llegan estas actuaciones para conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de casación interpuesto por el defensor particular, Dr. Rubén Néstor Legler, contra la sentencia dictada el 29 de agosto de 2024 por el Dr. Gustavo Raúl Fissore, juez integrante del Tribunal en lo Criminal nro. 4 de Mar del Plata, mediante la que se condenó a R. F. O. a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante (arts. 119, segundo párrafo, Cód. Penal).
En primer lugar, denuncia la incorporación de prueba en forma extemporánea por parte del MPF. Explica que, una vez radicada la causa en el tribunal del juicio, se dio traslado a las partes por diez días para que ofrezcan la prueba a utilizar en el debate y que el fiscal presentó su escrito vencido aquel plazo. Según su estimación, lo hizo diez días después, al ser anoticiado por un empleado del tribunal.
Observa que, sin embargo, el juez tuvo por presentado aquel ofrecimiento, decisión ante la que interpuso recurso de apelación, que fue declarado inadmisible pero tenido en cuenta como reserva de un eventual recurso de casación.
Alega que la decisión del magistrado “provoca y provocó un perjuicio irreparable. Ello, dado que la presentación extemporánea del ofrecimiento de prueba por parte del Ministerio Público provoca irremediablemente la solicitud por parte del imputado de su sobreseimiento, por lo dispuesto por el art. 323 inc. 1° (Extinción de la acción penal)”, (pág. 4 del registro informático del recurso).
Cuestiona la interpretación del juez, al considerar que el plazo del art. 338 del CPP no es perentorio, sino de aquellos ordenatorios del proceso penal (pág. 5, recurso).
Entiende que esa decisión “viola principios y garantías constitucionales y procesales, poniendo en una situación perjudicial e inferioridad de igualdad ante la ley al propio imputado” (pág. 5, recurso) e infracciona el debido proceso, al afectar “las reglas formales previamente establecidas para el desarrollo de un proceso”, como el principio de preclusión, y también “pone en jaque el derecho de defensa, cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos” (pág. 6, recurso).
Afirma, en definitiva, que “el haber admitido y permitido la incorporación del ofrecimiento de prueba, en forma extemporánea, vulnera y repugna los derechos constitucionales más básicos en un proceso penal. Dado que esta admisión permitió fundar la sentencia condenatoria a mi defendido, convirtiendo a esta sentencia en nula de nulidad absoluta” (pág. 7, recurso).
En subsidio, denuncia que el magistrado justificó el veredicto de condena en razonamientos probatorios absurdos y arbitrarios.
Explica que lo que caracterizó este caso, durante la investigación y el juicio, fue la orfandad probatoria.
Entiende que prueba de ello “fue el cierre de la instrucción en forma intempestiva y la elevación a juicio realizada por la Fiscalía”, actuación que fue criticada por los jueces de la Cámara Penal al revocar la prisión preventiva de su asistido.
Recuerda que los camaristas señalaron en su decisión la “precaria (por lo limitada) pesquisa llevada adelante por el director de la encuesta, no sólo en razón de la ‘vertiginosidad’ [término utilizado por el juez de garantías] con que decidió culminar la instancia investigativa, sino más aún, porque tal celeridad no era necesaria habiendo requerido el término de prórroga para el dictado de la medida de cautela y, restando aún varios meses para el vencimiento del plazo reglado en el art. 282 del ceremonial” (pág. 8, recurso).
Según el recurrente, los camaristas agregaron que “el vértigo, en tanto adjetivación de velocidad, no parece el calificativo más adecuado ya que, en términos coloquiales, no se trata de que se hizo todo muy rápido sino que fue rápido porque no se hizo casi nada. La consecuencia es que esta abulia fiscal trajo aparejada una recolección probatoria rayana con la insuficiencia” (pág. 8, recurso), no obstante, observaron “la posibilidad de que el Fiscal acredite su hipótesis del caso en el debate porque no podemos descartar que la instrucción extraordinaria lo permita” y elevaron la causa a juicio.
Agrega copia de la resolución de la Cámara Penal.
Advierte que aquella “insuficiencia probatoria fue la constante” en el caso y quedó reflejada nuevamente en la inacción del MPF cuando ofreció en forma extemporánea la prueba a utilizar en el debate. Y que si bien como consecuencia de ello el fiscal fue apartado del caso, no derivó en ninguna consecuencia jurídica para el proceso (como lo explicó en su agravio principal).
Afirma que la orfandad probatoria que advirtieron los camaristas no fue superada en la etapa del juicio, pues las pruebas ofrecidas por el nuevo fiscal como instrucción suplementaria fueron rechazadas en su totalidad, por extemporáneas (pág. 9, recurso). Seguidamente, enumera las medidas probatorias que no se dispusieron en la IPP y que, en su opinión, eran conducentes para constatar la hipótesis de la acusación.
En particular, observa que el hecho supuestamente se originó en un mensaje de texto que el acusado habría enviado a V.F., pero no se secuestraron esos teléfonos; tampoco se cruzaron las llamadas entre la madre y el hermano de V.F., quienes dijeron que mientras supuestamente buscaban a la niña, se llamaron en varias ocasiones; ni se peritaron las sábanas de la casa del acusado, para recabar la presencia de material genético, entre otras medidas omitidas. Señala que, no obstante esas falencias, el juez dio por probado el hecho imputado.
Seguidamente, cuestiona cómo se llevó adelante la diligencia de la Cámara Gesell. Expone que “la direccionalidad de la entrevista por parte de la entrevistadora resulta indudable”, lo que le hizo perder al medio probatorio su espontaneidad y condicionó el resultado final, llevando a una conclusión equivocada al magistrado (pág. 12, recurso). En particular, señala “que todos los sujetos en algunas ocasiones mienten y/o fabulan”, que “los niños y/ adolescentes no son una excepción. Sin embargo, la entrevistadora no toma en cuenta esto y quizás por eso no repregunta” a V.F. en la diligencia (pág. 14, recurso). Alega que “independientemente de la solvencia de la Lic. Manterola, su intervención [en la cámara Gesell] dejó ver que sólo trabajó con una hipótesis e hizo lo posible para no salir de ella durante toda la entrevista. El interrogatorio direccionado fue permanente, no hubo posibilidad para que la denunciante se exprese del modo pretendido por la (…) ‘Guía de Prácticas Aconsejables’, con la necesaria espontaneidad” por lo que “la Cámara Gesell realizada a la denunciante nada aporta, ni prueba el delito” (pág. 16, recurso).
Agrega que no se constató “algún rastro y/o daño determinado en el caso que nos ocupa” (pág. 16, recurso).
Insiste en la orfandad probatoria, en función de las medidas que el fiscal no ordenó y que debería haber practicado como respaldo objetivo del relato de V.F. Observa que el propio magistrado cuestionó la labor del fiscal, por no disponer medidas de prueba esenciales. Expone que el resto de los testigos que valora el juez en el veredicto son “absolutamente parciales”, pues se trata de la progenitora y del hermano de V.F., los que además “no vieron ni escucharon nada” (pág. 18, recurso).
Repasa la testifical de T. M. G. (madre de V.F.) y, seguidamente, afirma que el magistrado incurre en un error al valorar que el testigo de la defensa, C. C. Ll., corroboró el episodio donde aquella testigo dijo confrontar al acusado y que ése no negó el abuso.
Alega que “nunca sucedió lo que dijo T. y mucho menos lo que parcialmente extracta Usía que el testigo C. C. haya dicho lo que dijo, con el alcance que se le quiere endilgar, sin analizar en un todo dicha declaración, y menos aún que [su] defendido haya respondido o hecho lo que expresa el Juzgador” (pág. 19, recurso).
Agrega que T. M. dijo que borró el mensaje que mencionó su hija al revelar el hecho (donde el acusado habría invitado a V.F. a su casa) y también las llamadas que dijo haber tenido con su hijo ese día (mientras supuestamente buscaban a la niña).
Observa que, además, las declaraciones del hermano de V.F. y de su madre presentaron contradicciones sobre cuándo la niña habría revelado el hecho.
Seguidamente, expone que el magistrado prejuzgó a los testigos de la defensa, al establecer que sus manifestaciones no tenían valor frente a la prueba de cargo.
En particular, “niega” que C. C. Ll. “haya dicho lo que V.S. pretende endilgar al tomar una declaración en forma parcial, sin analizar en un todo dicho testimonio” (pág. 21, recurso).
Finalmente, cuestiona la valoración que hizo el magistrado sobre la actuación profesional y conclusiones de la psicóloga Elsa Barahona, quien evaluó a su asistido y descartó que tuviera “rasgos característicos de un abusador” (pág. 21, recurso).
Por lo expuesto y por aplicación del beneficio de la duda, solicita se case el fallo recurrido y se absuelva a su asistido en orden al delito imputado.
Hizo reserva del caso federal.
La Fiscal ante esta instancia, Dra. Daniela Bersi, postuló el rechazo del recurso por los argumentos desarrollados en el dictamen presentado.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
1. La posición extrema que propone el recurrente, en orden a las consecuencias que deberían derivar de la presentación extemporánea del ofrecimiento de prueba de la fiscalía (sobreseimiento del acusado), no encuentra justificación en nuestro sistema normativo. En efecto, interpretar la norma como lo hace el recurrente, considerando que el plazo del art. 338 no es ordenatorio, sino perentorio, implicaría que el “efecto” tendría que ser equivalente al de una causal de extinción de la acción no prevista en el art. 59 del Código Penal. Coincido con el magistrado en que no se trata de un término “fatal”, que el ordenamiento procesal asigna a algunos plazos (como los que involucran medidas cautelares restrictivas de la libertad), por lo que el efecto del incumplimiento del plazo permitiría el apartamiento del funcionario que se encuentra a cargo de la acusación (como sanción procesal), pero no confiere un derecho a alguna de las partes involucradas en el proceso. Es cierto que la exigencia de dar cumplimiento a ciertos términos es más estricta para el Estado, sin embargo, eso está razonablemente ensamblado con otras actividades de persecución e incluso recursivas, algunas de ellas bien ejemplificadas por el magistrado de la audiencia.
Según informa el recurrente, el magistrado apartó al fiscal cuestionado, al constatar la presentación de la prueba fuera del plazo establecido (conf. art. 142, CPP; ver pág. 6, recurso) y, a la vez, no permitió que el fiscal que lo sustituyó ampliara el ofrecimiento de prueba mediante una instrucción suplementaria, por extemporánea (pág. 8/9, recurso).
Lo anterior descarta cualquier cuestionamiento abstracto relativo a la imparcialidad del juzgador, en la medida que el magistrado posibilitó la continuación del proceso y el consecuente desarrollo del debate, pero no permitió mejorar la posición de la acusación, mediante la incorporación de nueva prueba, conforme lo requirió el nuevo fiscal. Por lo demás, constato que la defensa introduce muy vagamente los argumentos por los cuáles la condena basada en la prueba que ofreció el fiscal, derivaría en la nulidad del veredicto. En efecto, la decisión del juez sobre la admisibilidad de aquella evidencia no implicó una infracción a las garantías constitucionales del acusado. Su derecho de defensa en juicio quedó garantizado, en tanto la acusación practicó la prueba en el debate, con el control cruzado de la defensa. El déficit en la actuación del fiscal apartado tampoco afectó, ni condicionó, la presentación del caso del imputado, ni la práctica de su prueba en el debate.
En ese sentido, el magistrado resguardó el contradictorio y, en definitiva, las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por el juez natural de la causa (art. 18 de la Constitución Nacional).
2. El magistrado de la instancia anterior dio por probado que “R. F. O., a las 20 horas aproximadas del día 1ro. de mayo de 2022, le envió mensajes por medio de la telefonía celular a la niña V.A.F.M., para que vaya a su casa ubicada en la ‘Quinta Luján’, sita en la Ruta 88 a la altura del km. 22, en Batán, donde le quitó por la fuerza la ropa e hizo lo propio con la suya, para inmediatamente tirarla sobre la cama y, al menos, frotar su pene sobre la zona vaginal de la menor, al tiempo que le decía que no debía contárselo a nadie” (pág. 8 del registro informático del veredicto).
3. En lo central, la defensa insiste en la insuficiencia probatoria del caso, a partir de la crítica a la investigación preliminar, pero sin reparar en la evidencia disponible ni en el razonamiento seguido por el magistrado para dar por probada la hipótesis de la acusación. En ese sentido, reedita los planteos que hizo en la instancia anterior, bajo los mismos argumentos, en particular, los relativos a la ausencia de prueba pericial sobre los celulares de V.F., su madre y su hermano, para corroborar el mensaje y llamadas mencionados en sus declaraciones, o la falta de pericia sobre la cama del acusado, a fin de constatar material genético de la niña. Alega que tampoco se practicó un plano del lugar o fotografías que lo ilustren, para establecer si era posible la comisión de los hechos en los términos que expuso V.F.
Ciertamente, esas medidas no se dispusieron y el magistrado coincidió con la defensa en la “desidia” del fiscal que intervino en la IPP, al omitir actos propios de su función, como constatar la existencia de los mensajes y llamadas que mencionaron los testigos (pág. 5, veredicto). Sin embargo, ello no demuestra, necesariamente, la insuficiencia probatoria del caso, en tanto el relato de la niña puede corroborarse por datos periféricos de distinta fuente.
En efecto, el sistema de libre valoración de la prueba que rige en nuestro ordenamiento procesal no predetermina en forma vinculante para el juez cómo, ni mediante qué evidencia, puede darse por probado un hecho, en la medida que respete las reglas generales de la epistemología, aplicables al conocimiento judicial, en la búsqueda del método más fiable para conocer la verdad de lo sucedido.
También es cierto que en la etapa intermedia del proceso, los jueces de la Cámara Penal cuestionaron en duros términos la actuación del fiscal (en especial, al revocar la prisión preventiva del imputado) y observaron que requirió la elevación de la causa a juicio en forma apresurada, cuando aún estaba en condiciones de disponer otras medidas tendientes a probar su caso.
Sin embargo, los camaristas confirmaron la remisión de la causa a la etapa de juicio, donde “las dudas podrían superarse” (pág. 2 de la resolución que se adjunta al recurso) y, en contra de lo requerido por la defensa, rechazaron el sobreseimiento del acusado. Bajo esas condiciones, no cabe realizar un cotejo meramente formal entre la cantidad de elementos que se reunieron en la IPP y los que se practicaron en la etapa de juicio, para concluir -como lo propone el recurrente- que si no hubo una instrucción suplementaria, quedaría subsistente la insuficiencia probatoria que señalaron los camaristas. En efecto, la rigidez de ese razonamiento omite que la práctica de la prueba en el juicio oral, donde se somete al control cruzado de los litigantes, permite un conocimiento más amplio y de mejor calidad sobre la información disponible de la que -probablemente- tuvieron los camaristas al examinar las constancias escritas del expediente.
4. En ese sentido, el magistrado examinó el relato de V.F. en la cámara Gesell (del 23 de mayo de 2022) a partir de los datos y explicaciones que aportó en el juicio la perita María Florencia Manterola (que intervino en la diligencia), y también desde un enfoque que tuviera en cuenta la interseccionalidad de las vulnerabilidades que presentó la niña (en tanto su interacción genera niveles más altos de vulnerabilidad que los que resultan de un solo factor), para evitar cualquier interpretación errónea sobre sus dificultades para relatar el hecho vivenciado.
Así, señaló que V.F. era mujer, niña/adolescente de 13 años, se encontraba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica y de asimetría respecto del acusado (un varón, de 33 años). En particular, observó las explicaciones de Manterola cuando declaró que las “falencias lingüísticas” de la niña eran atribuibles “al contexto sociocultural en el que se educó” (pág. 4, veredicto), dificultad que exigió adecuar la diligencia mediante herramientas que posibilitaran completar su relato.
Seguidamente, el magistrado apreció que se trataba “de una niña introvertida, traumada, con pocos recursos expresivos y sin experiencia en lo que hace a su sexualidad, por lo que su relato se construyó a partir de las respuestas que le brindaba a su entrevistadora, la Lic. María Florencia Manterola, pero aun así nos informó que estaba en su casa y recibió un mensaje de su tío R. invitándola a la suya a ver a la ‘gatita’, lo que efectivamente hizo, aclarando que fue caminando ya que queda cerca. Dijo que esto sucedió el 1° de mayo a la noche, y que apenas ingresó su tío le sacó las ropas y también se sacó las suyas, luego la tiró a la cama y la tocó, al tiempo que le decía que no cuente nada” (pág. 3, veredicto). Según el veredicto, frente a la pregunta de la perita “¿cómo siguió esto?”, la niña comenzó a llorar, “girando la temática hábilmente la licenciada para salir de ese lugar, y preguntarle qué había hecho después, narrando la víctima que se fue a su casa, donde estaban sólo sus hermanos, y moviendo la cabeza le pudo responder a Manterola que ese día no pudo contar lo sucedido”, que recién lo hizo el lunes siguiente, cuando se lo contó a su mamá.
El juez observó que la perita preguntó a V.F.
“cómo se desvistió”, reiterando “que su tío fue quien le quitó las ropas” y luego Manterola regresó “al punto más traumático y la niña no pudo contar lo que había sucedido en la casa de su tío, ofreciéndole aquella un método alternativo, es decir, que lo escriba en una hoja”. Señaló que V.F. escribió “lo siguiente: ‘pene’ y ‘me la metió en mi bajina’, siendo leído por Manterola en voz alta y asintiendo con la cabeza la víctima”.
Seguidamente, el juez valoró que V.F. dijo “con sus escasos recursos que era la primera vez que tenía una relación sexual, que ese día estaba menstruando, que ella fue al baño y su tío se quedó en la cama, que ocurrió mientras su familia festejaba el día del trabajador, que cuando lo pudo contar fueron su mamá y su papá a hablar con su tío, pero que no le contaron cómo fue la charla” (pág. 3, veredicto).
5. Al igual que lo hizo en el debate, el recurrente cuestiona cómo se llevó adelante la Cámara Gesell.
En lo central, insiste en que no medió espontaneidad en el relato de V.F., sino un sesgo de confirmación por parte de la perita mediante la direccionalidad de la entrevista, quien tampoco consideró la posibilidad de que la niña haya fabulado o mentido. En particular, recordó “que todos los sujetos en algunas ocasiones mienten y/o fabulan” y que “los niños y/ adolescentes no son una excepción”, pero “sin embargo, la entrevistadora no toma en cuenta esto y quizás por eso no repregunta” a V.F. en la diligencia (pág. 14, recurso).
Sin embargo, la metodología empleada, la espontaneidad del relato y las posibilidades de crear uno falso, fueron aspectos profundizados por los litigantes al momento de examinar y contraexaminar a la perita, permitiendo al magistrado controlar la calidad de la información que la niña expuso en la diligencia.
En lo que importa mencionar, a preguntas del fiscal, Manterola explicó que “las falencias lingüísticas” que se apreciaban en el relato de V.F. eran atribuibles “al contexto sociocultural en el que se educó”. Recordó que a la niña “le costaba el contacto visual” pero su expresión corporal era compatible con lo que contaba (pág. 4, veredicto). Seguidamente, declaró que ante la falta de esos recursos optó por proporcionarle una lapicera y un papel” y así la niña pudo expresar “que había sido abusada por su tío, completando un discurso completo, porque pudo en definitiva aludir al lugar donde ocurrió ese único suceso, que su tío la sujetó primero de las manos, cómo se desvistieron, que estaba menstruando y que le pidió su tío que guarde silencio” (pág. 4, veredicto).
En particular, el fiscal le preguntó “si cabía la posibilidad de que hubiera manipulación por parte de un tercero o que su historia sea producto de una fábula”, y la perita lo negó, al explicar que la niña carecía de recursos para sostener cualquiera de esas hipótesis. Expuso que se trataba de “un relato circunstanciado, sin contradicciones” y que V.F. “tampoco se desdijo” (pág. 4, veredicto).
Según surge del veredicto, en el contra-examen Manterola afirmó que el relato era “espontáneo”, aunque explicó que se logró a partir de preguntas que iba respondiendo la niña. Dijo que ello lo tornaba “dirigido” pero no afectaba, sin embargo, su espontaneidad (pág. 4, veredicto).
También surge que el defensor cuestionó directamente a la perita por la metodología utilizada, en especial porque “guiaba con preguntas y la menor respondía con monosílabas o con gestos”, reiterando la testigo que el relato era “espontáneo, dirigido y no fluido”, conclusión que el magistrado convalidó “porque el relato de la víctima se construyó principalmente a partir de un interrogatorio basado en preguntas ‘cerradas’, a lo que la menor respondía con oraciones breves, pero auténticas, especialmente cuando abordó el momento más doloroso de esta historia, que es justamente cuando fue abusada, momento en el que afloró toda su angustia”, que se reflejó en el llanto de la niña (pág. 4, veredicto).
6. Los cuestionamientos de la defensa sobre la metodología que utilizó la perita, las respuestas que dio la niña y su valoración por parte del magistrado, no repara en las vulnerabilidades que señalaron el juez y la perita (no controvertidas por la defensa), y que exigieron en el caso concreto adecuar su abordaje mediante técnicas alternativas que le permitieran contar lo sucedido, sin que medie ningún tipo de discriminación o prejuzgamiento al momento de valorar cómo lo logró. El juez observó que las preguntas fueron cerradas y ese no es un dato menor, pues la formulación de ese tipo de preguntas no indica o sugiere a la niña las respuestas que tiene que dar y, en consecuencia, sus manifestaciones, en términos informativos, siguen siendo libres.
En efecto, las preguntas cerradas son admisibles en el examen de testigos, como herramienta para focalizar su declaración en aspectos específicos de su relato.
La información así obtenida no impacta necesariamente en forma negativa sobre la credibilidad del testigo, en la medida que no dificulte al magistrado formarse un juicio sobre su confiabilidad.
En el caso concreto, el juez justificó desde los datos fácticos y las apreciaciones de la perita por qué el abordaje de la niña fue correcto y sus respuestas “auténticas”, pues las limitaciones señaladas se explicaron por las dificultades expresivas y lingüísticas de V.F., su inexperiencia sexual y su timidez, pero no como producto de una falsedad o mentira, que por los mismos condicionamientos, la niña no estaba en condiciones de formular.
En igual sentido el juez valoró cuando, con el objetivo de permitir la expresión de la niña, Manterola le ofreció un papel y lápiz para que pudiera escribir lo que no pudo verbalizar.
Cabe reparar que aun cuando la información se haya obtenido mediante un método “alternativo”, no está controvertido que la niña escribió “pene” y “me la metió en mi bajina”, sin indicación o sugerencia alguna por parte de la profesional. Luego, la perita observó que, con las limitaciones señaladas, la niña puedo exponer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que la tuviera como víctima y concluyó que el relato sobre lo que sucedió aquel día, en definitiva, fue espontáneo, aunque no haya sido fluido.
7. El juez estableció la existencia de “evidencia que corrobora aspectos periféricos” del hecho que relató V.F.
En especial, valoró las declaraciones del T. M. G.
y R. F., madre y hermano de V.F., cuando “refirieron que este hecho ocurrió el 1 de mayo de 2022, cuando festejaban el día del trabajador en la quinta donde todos ellos trabajaban. Terminado el almuerzo, y cuando eran aproximadamente las 19 horas, su mamá la llevó a [V.F.] la casa porque el ambiente ya no era propicio para menores de edad, y la dejó al cuidado de su hermano R., regresando aquella a la fiesta. Esto fue lo mismo que nos dijo R., e incluso éste agregó que estaba en su cama con su teléfono celular y desde allí la veía a V.F. hacer sus deberes escolares en la cocina, pero en un momento advirtió que se había ido sin decirle nada, por lo que salió a buscarla y no la vio, preguntándole a sus tíos T. y L., quienes tampoco la habían visto, llamando entonces a su mamá para ver si estaba con ella, respondiéndole que no. Justificó por qué no había concurrido a la casa de su tío R., el acusado, entendiendo que éste estaría en la fiesta porque siempre lo invitan, no así a los otros tíos. T. M. confirmó este tramo, es decir, que estaba en la fiesta y recibió el llamado de su hijo para preguntarle si la menor estaba con ellos, y como no estaba ahí, es que fueron con su esposo hasta la casa. Los tres salieron a buscar a su hermana, tomando direcciones distintas, hasta que en un momento su papá les avisó que V.F. había regresado” (pág. 4/5, veredicto).
Dando respuesta a la defensa, cuando alegó la existencia de contradicciones entre ambas declaraciones, el juez observó que “T. y R. fueron contestes en explicar que esa noche la niña se encerró en el baño y que lloraba, aunque con una sola diferencia: T. dijo que esa noche V.F. solo lloró en el baño, sin contar nada de lo sucedido, y que a la semana recién pudo informarle que fue abusada, mientras que R. nos dijo que esa noche su hermana le contó a su mama que fue abusada, tomando conocimiento de lo sucedido por medio de ésta, y que sus padres fueron esa noche a la habitación del acusado a reprocharle lo sucedido” (pág. 5, veredicto).
Sin embargo, seguidamente, el magistrado señaló “esto no pudo suceder de la manera que lo cuenta R., quien sin dudas incurrió en un error en la evocación de ese dato, porque esta contradicción encuentra su explicación en ese pedido de explicaciones que T. M. y F. F. [padre de la niña] le hicieron al acusado R. F. O., lo que ocurrió una jornada distinta al día en que se produjo el abuso. Es el testigo C. C. Ll., presentado por la propia Defensa, quien nos contó que no asistió a la reunión del 1 de mayo en esa quinta, y que días después, estando en la habitación de R. F. O., donde se había quedado a dormir tras salir de noche, entraron los padres de la víctima a la pieza del acusado a preguntarle por qué había abusado de ella” (pág. 5, veredicto).
8. Para desacreditar a la testigo T. M., el recurrente alega que borró el mensaje que mencionó su hija al revelar el hecho y también las llamadas que dijo haber mantenido con su hijo ese día. Sin embargo, no cabe inferir de esos hechos ninguna conducta fraudulenta por parte la testigo, en función del tiempo transcurrido desde que hizo la denuncia (mayo 2022) hasta que fue convocada al juicio (agosto 2024) y en particular porque -ya vimos- que en ese periodo ningún funcionario judicial le requirió la exhibición de esos mensajes y llamadas. Frente a ello, no le era exigible a la testigo realizar ningún juicio sobre la importancia de resguardar esos datos, como interpreta la defensa.
Se trata de un problema de cómo la acusación administró su prueba. En ese sentido, también vimos que el juez coincidió con las críticas que la defensa digirió al fiscal que intervino en la IPP, en particular porque no recabó la información de los teléfonos de la niña, ni de sus familiares, para corroborar los mensajes y llamadas que mencionaron en sus declaraciones (pág. 5, veredicto).
9. No obstante, el magistrado valoró otros datos corroborantes de la declaración de la niña, que le permitieron realizar un juicio favorable sobre su confiabilidad. Así, observó “la proximidad entre la vivienda del acusado y de la víctima y el vínculo familiar existente entre ambos” que justificó indicio de oportunidad para cometer el delito; “el estado emocional y angustia” que presentó la niña ese día (sobre el que declararon su madre y hermano), “compatible con la gravedad de este hecho”, dando por probadas “estas circunstancias periféricas a la conducta disvaliosa” que relató V.F. (pág. 5 y 8, veredicto).
En similar sentido, el juez señaló “otro indicio grave y compatible con la existencia de este hecho se extrae de aquel episodio ocurrido el día que se efectivizó la denuncia, en horas de la mañana”. Recordó que “T. M. G. narró en el debate que el día que su hija pudo informarle lo sucedido aquel 1ro. de mayo, se dirigió junto a su esposo a la habitación de R. F. O. y que le reprochó lo que le había hecho a su hija, y éste sólo pudo contestar ‘....lo hecho, hecho está...’. Por otra parte, el testigo C. C. Ll., que reitero fue presentado por la defensa, dio crédito a este episodio ya que le respondió al Fiscal que estaba esa mañana en la habitación de R. F. O. cuando entraron los padres de la niña para reprocharle ‘...que había violado a la nena....’, a lo que R. sólo respondió con un ‘no sé lo que hice’, luego agachó la cabeza y no dijo más nada” (pág. 5, veredicto).
10. El recurrente afirma que el magistrado incurrió en “un error al valorar que el testigo de la defensa, C. C. Ll., corroboró el episodio donde [T. M.] dijo confrontar al acusado”; alega que “nunca sucedió lo que dijo T.”, mucho menos que C. C. “haya dicho lo que dijo” el juez, “con el alcance que se le quiere endilgar” (pág. 19, recurso). En definitiva, “niega” que C. C. Ll. “haya dicho lo que V.S. pretende endilgar al tomar una declaración en forma parcial, sin analizar en un todo dicho testimonio” (pág. 21, recurso).
Sin embargo, la defensa no expone qué fue lo que, en realidad, habría dicho el testigo; tampoco en qué consistiría el error interpretativo del magistrado o cuál sería el aporte informativo que el juez omitió y que modificaría el sentido de la declaración, limitándose a negar que C. dijo lo que refleja el veredicto, método inadecuado para demostrar el vicio que denuncia.
En definitiva, el juez corroboró, mediante la declaración del testigo de la defensa C. C., que la confrontación de T. M. al acusado existió y, en consecuencia, corroboró el relato de la niña cuando explicó cómo fue la revelación del hecho a su madre. En efecto, V.F. dijo que al contarle a su mamá, fueron con su papá a hablar con su tío (el acusado) pero “no le contaron cómo fue la charla”.
11. La ausencia de “rastro y/o daño” (como indicador inespecífico de ASI) que alega la defensa (pág. 16, recurso), también fue una cuestión que el magistrado abordó, a partir de las explicaciones que en el juicio dio el médico de policía que revisó a la niña. En lo que importa mencionar, el Dr. Martín Ferreyro recordó que V.F. no presentó lesionología en la zona genital ni anal y, respecto del himen, informó que era “distensible” pero que “estaba conservado”.
Según consta en el veredicto, interrogado “por las características de un himen dilatable”, dijo “significa que la membrana es elástica, que permite el paso del pene sin provocar lesiones, pero agregó los distintos supuestos de abuso compatibles con el hecho denunciado, ejemplificando con los supuestos de ‘inmissio penis’, el ‘coito vestibular’, el ‘coito anteportas’ y el ‘coito inter fémora”. Expuso “que estos son casos donde no se produce el acceso carnal completo pero son vividos por la mente de la víctima como un acceso carnal, abriendo paso a alguna alternativa menor” (pág. 6, veredicto).
Frente a aquellas hipótesis y considerando la ausencia de lesiones, como la inexperiencia sexual de la niña, el juez estimó que probablemente, en forma errónea, V.F. pensó que el acusado le había metido el pene en la vagina, pero cabía tener por probado que “ese grave ultraje no concluyó en un acceso carnal siquiera parcial, aunque la niña lo hubiera vivido como tal” (pág. 6, veredicto), por existir una duda al respecto, que debía beneficiar al acusado; razonamiento que la defensa no controvierte, limitándose a exponer que no se constataron lesiones.
12. Respecto de los testigos de la defensa, el magistrado advirtió que introdujeron sus “opiniones” sobre lo que podría haber sucedido o sobre F. O. y que no eran prueba, con el valor de que les quiso asignar la defensa.
Así, el juez valoró “en realidad no interesa lo que ellos ‘opinan’ acerca de si ocurrió o no este hecho o si lo consideran capaz o no de cometer este tipo de delitos a R. F. O., porque a contrario de las conclusiones de los testigos aludidos y del imaginario social, los especialistas en la materia indican que los abusadores sexuales habitualmente mantienen un estrecho vínculo con las víctimas, poseen trabajos o actividades sociales en donde interactúan normalmente y hasta gozan del mejor de los conceptos de sus allegados”. Seguidamente, se remitió a los estudios que respaldaron su conclusión (“Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, Unicef, ver pág. 7, veredicto).
Bajo esas condiciones, la justificación del magistrado no puede considerarse un “prejuzgamiento” de los testigos, pues sustentó la fuente de la generalización empírica utilizada en su razonamiento y la defensa no refuta ni esa fuente, ni que los testigos hayan declarado sobre el concepto del acusado.
Al contrario, constato que el juez identificó el mito o falsa creencia que circula en la sociedad, y que reflejó la argumentación de la defensa, relativo a que el abusador sexual es una persona con un perfil de personalidad específico o con algún tipo de perversión.
13. Vinculado con lo anterior, constato que el magistrado desacreditó la labor y conclusiones de la psicóloga que presentó la defensa, con buenas razones.
En efecto, en primer lugar, el juez reparó en el tipo de afirmaciones que hizo la licenciada Elsa Barahona en el juicio, en particular, cuando dijo “que realizó sobre F. O. una batería de tests que (…) la llevaron a concluir que no posee las características de un abusador sexual”.
El magistrado reiteró, conforme los estudios ya citados, que “no existe una manera de saber, a partir del tipo de personalidad o la conducta social, si una persona es o no un agresor sexual de NNyA...Las estadísticas indican que la mayoría de los abusadores son varones heterosexuales adaptados socialmente” (pág. 7, veredicto, el destacado pertenece al original).
El juez también valoró que “en el contraexamen (…) quedó al descubierto su inexperiencia en este ámbito, porque al ser requerida para que acredite su experticia la Licenciada Barahona sostuvo que no ha trabajado en el ámbito forense ni ha practicado pericias, que su experiencia se basa en la actividad que lleva a cabo en su consultorio y en clínicas, sin siquiera ilustrarnos la data. Sostuvo que sus conclusiones se basan en los test que llevó a cabo, cuyos resultados calificó como ‘muy acertados’” (pág. 7, veredicto); argumentos que el recurrente no refuta, insistiendo en que la psicóloga descartó que su asistido tuviera “rasgos característicos de un abusador” (pág. 21, recurso).
14. En definitiva, constato que el veredicto no se sustentó aisladamente en la declaración de V.F., pues los testigos T. M., R. F. y C. C. corroboraron circunstancias periféricas o colaterales de su relato que contribuyeron a validar que F.V., al momento de describir la situación abusiva, se apegó a la realidad de lo sucedido.
Por ello y en orden a las consideraciones formuladas, propongo al acuerdo RECHAZAR el recurso interpuesto por la defensa, con costas y a esta PRIMERA CUESTION VOTO POR LA NEGATIVA (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 119, segundo párrafo, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP).
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta cuestión voto en igual sentido.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Conforme el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas; II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal; III. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Rubén Néstor Legler, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 25% de la suma fijada en origen (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 14, ley 48; 119, segundo párrafo, Cód. Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 CPP; ley 14.967).
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa, con costas.
II. TENER PRESENTE la reserva de caso federal.
III. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Rubén Néstor Legler, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 25% de la suma fijada en origen.
Rigen los artículos 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 14 de la ley 48; 119, segundo párrafo, del Código Penal; 106, 209, 210, 448, 451, 454, 456, 459, 530 y 531 del Código Procesal Penal; ley 14.967.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia