Abriendo la norma
TOMO: XXII REGISTRO: 017 FOLIO: 155/166
Caleta Olivia, 16 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “F. S. A. S/ ROBO EN GRADO DE TENTATIVA” Expte. Nº 44153/26, N° de Juzgado de Recursos 8544/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 59/63, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de F. S. A., en virtud de lo establecido por el art. 289 y 293 del CPP, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA (Art. 164,42 y 45 del C.P), decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000), actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. (Art.499 y ccs del C.P.P)”
Contra dicha resolución la doctora Sabrina Petersen, Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 67/68, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 69.
En esta instancia es mantenido a fs. 79 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctoraMaría Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso, la defensa se agravia sosteniendo que, el hecho que se investiga en autos, habría ocurrido el día **/**/2026, y recién el día **/**/2026 -esto es, más de cien días después- se dictó el auto que resuelve la situación procesal de su asistido.
Lo verdaderamente relevante es que ese mismo auto reconoce expresamente, en su primer proveído, que el retraso en el despacho de las causas obedece al excesivo cúmulo de tareas con que cuenta esa sede judicial, y el faltante de personal, por lo que el despacho de las causas no se realiza con normalidad, aclarando a la vez que no restan medidas probatorias por producir. Es decir que el propio Juzgado admite, por un lado, que la causa se encontraba en condiciones de ser resuelta desde antes, y por el otro, que la demora no responde a la complejidad del caso ni a ninguna conducta dilatoria de su asistido, sino exclusivamente a causas estructurales del propio órgano jurisdiccional.
Agrega jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solicita que dicha violación sea expresamente reconocida por el Tribunal de Alzada, y se tenga presente a los fines que correspondan en las etapas ulteriores del proceso, y se pondere especialmente al momento de evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares dispuestas (embargo), sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder en caso de persistir dilaciones injustificadas en lo sucesivo.
Manifiesta que de la propia prueba reunida surge que su asistido se encontraba, al momento del hecho, en un grave estado de intoxicación.
Que el Oficial Ayudante Méndez Rodrigo declaró que estaba bajo los efectos del alcohol y droga; el propio damnificado R. señaló que F. S. A. estaba alcoholizado pero consciente; y su asistido, al prestar declaración indagatoria, relató que había estado bebiendo intensamente en el cumpleaños de su madre, y que solo recuerda lo sucedido en pantallazos, sin poder reconstruir la secuencia de los hechos que se le imputan.
Alega que pese a este cuadro -reconocido por la propia prueba de cargo-, el auto recurrido no ordenó la producción de pericia toxicológica ni psiquiátrica alguna que permita establecer el grado de afectación de la capacidad de su asistido para comprender la criminalidad de su acto y dirigir sus acciones (art. 34 inc. 1° del C.P.). Considera que esta omisión resulta especialmente relevante frente al tipo penal de Robo, que exige no solo el desapoderamiento material sino un dolo directo dirigido específicamente a apoderarse ilegítimamente de la cosa mediante fuerza, extremo que no puede darse por sentado sin antes descartar que el grave estado de intoxicación haya afectado la formación de esa voluntad específica. Expresa que la secuencia reconstruida por el propio auto recurrido resulta, cuando menos, incompatible con la existencia de un plan previo y deliberado de apoderamiento. Su asistido se apersonó al local, realizó un pedido de comida como cualquier cliente, y recién luego de varios minutos de espera -mientras R. preparaba el pedido- saltó por la ventana. Este comportamiento errático, sumado al reconocido estado de ebriedad, resulta más compatible con un cuadro de descontrol motivado por la intoxicación alcohólica que con la ejecución de un plan concreto orientado a la finalidad de apoderarse ilegítimamente del dinero, tal como exige la doctrina de Zaffaroni citada en el propio auto para tener por configurado el comienzo de ejecución conforme a un plan concreto del autor.
A ello se suma que la propia fuerza física ejercida se limitó a un forcejeo motivado por la disputa sobre el cuchillo que R. impidió que su asistido tomara, sin que exista constancia de que F. S. A. haya ejercido violencia dirigida directamente contra la persona de R. con la finalidad de doblegar su voluntad y obtener la entrega del dinero, más allá de la frase dame la guita. Este cuadro, sumado a la ausencia de una pericia que descarte la incidencia de la intoxicación sobre la formación del dolo específico, genera un estado de duda razonable que, por aplicación del principio in dubio pro reo, debe favorecer a su asistido en cuanto a la calificación definitiva del hecho. III.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Si bien es cierto la demora en la resolución de la situación procesal, lo cierto es que la misma fue explicada y si bien deberán arbitrarse los medios para resolver la situación procesal de una persona indagada en los plazos procesales, los mismos son ordenatorios y ello, no implica, per se, un agravio que conmueva la materialidad del hecho punible ni la autoría del mismo.
Sobre el particular en los autos: “A. L. E. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES” Expte. Nº A-51496/20, N° de Recursos 6548/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve: "En relación al alegado incumplimiento del plazo para resolver a situación procesal de su pupilo, más allá de que ello no se encuentra previsto por la normativa procesal como causal de nulidad (principio de especificidad), debe tenerse en cuenta que se trata de un plazo ordenatorio. Se ha entendido sobre el particular que: "...Los plazos que, como se dijo, suelen ser definidos como el período de tiempo dentro del cual debe cumplirse un acto procesal o como: "...el lapso que emplaza el acto dentro de él o lo desplaza después de él, imperativa o no imperativamente.
Se extiende al emplazamiento de un momento del proceso y también a un tiempo de no actividad para la obtención de determinados efectos, regulan el impulso procesal y facilitan su progresivo desarrollo, haciendo efectiva la preclusión de las sucesivas etapas del proceso. Es así como a la etapa de la instrucción sigue el plenario, con la acusación, la defensa, la prueba, el alegato y la sentencia. Para todas estas etapas la ley fija plazos y marca términos, y la causa va pasando de una a otra mediante el impulso procesal...Asimismo pueden ser perentorios o meramente ordenatorios, según que su vencimiento produzca la decadencia o no de un derecho o facultad; dado que los primeros ocasionan, además de la decadencia del poder que importa la preclusión, aniquilando la posibilidad de realizar el acto previsto ya que el que pretenda realizarse con posterioridad será inadmisible.
Con ello impide la indeterminación de la duración del proceso. Por el contrario, la inobservancia de un plazo ordenatorio no da lugar a sanción procesal y generalmente pueden ser pasibles de sanción disciplinaria los funcionarios que dirigen el proceso..." (Conforme CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION LA LEY COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR ALMEYRA, COORDINADOR BAEZ, T. I PÁGS. 692/693) Cierto es que el A quo se ha excedido en el plazo establecido por el art. 289 del C.P.P., pero la norma es clara en cuanto a que esa situación no invalidad el procesamiento. Clariá Olmedo, al clasificar los términos por los efectos del vencimiento, habla de términos perentorios y meramente impuestos u ordenatorios; y al tratar los primeros expone: “Son perentorios, por tanto, los términos que no toleran la realización del acto después de su vencimiento, sea que esto suceda de pleno derecho o que el efecto se produzca por instancia de parte interesada en la caducidad.
Si el acto se pretende cumplir inoportunamente, estará amenazado de inadmisibilidad. El momento procesal que ese término mantenía abierto precluye, permitiendo la continuación del procedimiento. En general, estos términos son los concedidos a favor de las partes para el ejercicio de sus facultades procesales, pero en materia procesal penal quedan excluidos aquellos que regulan una actividad indispensable en el proceso, como es la acusación y la contestación de ella.” (Tratado de Derecho Procesal Penal, Jorge A. Clariá Olmedo, Rubinzal Culzoni Editores, año 2008, Tomo IV, página 136/137) Luego el citado autor expone: “Los términos ordenatorios determinan la actuación antes de su vencimiento, pero si ocurrido éste los actos no pudieran cumplirse se produciría una ilógica muerte del proceso.
Por eso es que rigen para los actos que de ninguna manera pueden omitirse, como son la generalidad de los actos del tribunal, las requisitorias del ministerio fiscal, y algunos actos del imputado y su defensor, principalmente la contestación de la acusación” (Obra cit., pág. 138). El Dr. Julio B. J. Maier da otra razón sustancial para concluir en el sentido de la no perentoriedad del plazo del juez para pronunciarse sobre la decisión de mérito, al decir: “…La ley procesal penal, cuya cita textual consta antes, parece concebir –hasta allí- la regla general de que, si ella no determina una excepción, nadie puede prorrogar los plazos establecidos por la ley y la facultad concedida para la realización del acto caduca definitivamente una vez vencido el plazo previsto para su ejecución.
Sin embargo, ese no parece ser el caso en una gran cantidad de plazos establecidos por la ley y en los que la ley –o su texto- no brinda excepción alguna al carácter perentorio que rige según la regla general. Nombramos solo como ejemplo el plazo para dictar el procesamiento o la falta de mérito, cuya facultad (mejor expresado: deber, desde el punto de vista de la función) no caduca por el hecho del incumplimiento del plazo, o bien, el plazo concedido al acusador, sobre todo al acusador público, para requerir el juicio o instar el sobreseimiento que, si bien prorrogable, parece ser fatal una vez concedida la prórroga por otro plazo idéntico, plazo que, si fueran entendidos como perentorios, en el sentido de imposibilidad de realización posterior del acto, implicarían la necesidad de sobreseer el procedimiento –ante la imposibilidad de continuar formalmente la prosecución penal- y crearían así nuevos motivos de extinción de la acción penal, distintos de los establecidos, taxativamente, por la ley penal (CP, 59)…” (Julio B.
J. Maier, Derecho Procesal Penal, III. Parte General, Actos Procesales, Editores del Puerto, 2011, páginas 23/24)".
Por lo tanto, corresponde rechazar el pedido de la defensa sobre el plazo razonable.
Respecto al agravio relacionado con el estado de intoxicación y su incidencia en el dolo exigido por el tipo penal, queda más que evidente, gracias a las pruebas recolectadas que el Sr. F. S. A., recuerda el circuito y secuencias cronológicas de sus acciones; dejando en claro que el estado de embriaguez no era pleno, puesto a que tenía en claro la dinámica del hecho punible objeto de imputación.
En los autos “A. S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve que: “…Que el imputado haya tomado alcohol dista considerablemente a que se encuentre envuelto en un estado de intoxicación alcohólica que no le permita comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Sobre el particular la dogmática ha entendido que: "La embriaguez alcohólica. En los casos de intoxicación aguda es determinante el grado de perturbación de la consciencia, que debe ser grave, lo cual en el caso de embriaguez alcohólica se conoce como embriaguez completa. Según la concentración de alcohol en sangre, se determina la posibilidad o la certeza de la embriaguez completa. De cualquier forma no pueden tomarse esos índices como determinantes sin valorar la resistencia individual al tóxico, que depende de una gran variedad de factores (acostumbramiento, ingesta de medicamentos, patología, emociones, etc.). Tampoco debe descartarse la embriaguez patológica, producida por una pequeña ingesta de alcohol y que suele obedecer a una patología previa, como en los enfermos alcohólicos o neurológicos. Uno de los criterios para cuantificar la perturbación de la consciencia es la memoria; siendo muy pormenorizada no se compadece con la embriaguez completa, aunque es compatible con el recuerdo detallado de algunas de las circunstancias más esenciales del hecho, puesto que la memoria parcial es relativamente frecuente en casos de incuestionable embriaguez completa..." (Conforme MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, EUGENIO RAUL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALAGIA, ALEJANDRO SLOKAR EDITORIAL EDIAR, PÁGS.
560 Y 561)”
Sin perjuicio de ello, queda más que claro que el imputado tuvo la intención de robar el carro de comida rápida, recordando las distintas secuencias.
Respecto del dolo, es decir de elemento subjetivo del tipo, en los autos caratulados: “T. L. S/Lesiones R/ VÍCTIMA" Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Ello así, pues analizados los presentes actuados, surge del testimonio de la víctima Sr. L.T., como del testigo presencial Sr. A., que la Sra. A.E.M., se acercó a la víctima, y con la clara finalidad de causarle la muerte, le asestó una puñalada en la zona absominal, la que no ocurrió por la pronta atención médica, provocándole lesiones que causaron riesgo de muerte. Surge, además, de los informes médicos lo que deberá corroborarse con la intervención del cuerpo médico forense, a los fines de determinar no solo el acreditado riesgo de vida, sino las secuelas que pudieran quedar en la salud de la víctima.
Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria. Según la propia manifestación de la imputada, al ingresar su pareja, el Sr. C.C. golpeado por la víctima L.T. en una pelea entre ambos, decide motivada en esta circunstancia, con la finalidad de terminar con las agresiones que, según explica, venía sufriendo C. y respecto de las cuales ella manifiesta que sentía temor por la vida de éste, terminar con la vida del Sr. T.. Hay solución de continuidad entre el enfrentamiento a puños entre L.T. y C.C., el que es motivo de investigación en causa aparte y la planificación que realiza la acusada a partir de observar las condiciones físicas en las que se encontraba su pareja luego del enfrentamiento realizado.El dolo o lo expresa el acusado o se infiere de los hechos.
En este caso, allende las consideración y la valoración de los dichos de la acusada, los que se acaban de realizar y los que son considerados por el suscripto como móvil o motivación del hecho y que no pueden ser valorados como causa de justificación o de exculpación, pues sería tergiversar los mismos, se infieren claramente en el ataque con un arma blanca asestada en la humanidad del Sr. L.T., en una zona corporal que puso en riesgo concreto su vida, habiendo realizado la Sra. M. todos y cada uno de los actos necesarios para quitarle la vida a la víctima (tentativa acabada) la que no ocurrió por la circunstancia de su pronta atención médica, es decir un acto ajeno a la propia voluntad de la agresora, quien luego de su ataque se retiró a su domicilio a descansar.
Estos son los hechos. Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan. Los hechos hablan por si mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos.
El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas. Los agravios se centran en la elección del tipo penal escogido por el A quo para calificar la conducta de la imputada, y en la alegada existencia de una causal de justificación de su obrar, invocando el ejercicio legítimo de un derecho -legítima defensa de un tercero- (art. 34 inc.7 del C.P.), si bien admitiendo un exceso en esa defensa (art. 35 C.P.) Las pruebas colectadas en autos y la valoración realizada por el A quo, se desprende el juicio de logicidad para arribar a la decisión allí plasmada...
Aclarado ello, corresponde pasar al agravio relativo a la subsunción jurídica de los hechos. Como lo expresara supra, surge con la probabilidad propia de esta etapa, que el elemento subjetivo del tipo penal del art. 79 del C.P. se encuentra "prima facie" acreditado. Es decir que la voluntad realizadora del tipo guiada por los elementos del tipo objetivo sistemático surge palmaria del ataque que realiza la acusada, pues decide tomar un arma blanca, salir en busca de la víctima, llegar hasta su lado de una manera no agresiva y con la supuesta intención de hablar con T., lo interroga diciéndole ¿que híciste?, y cuando estuvo a la distancia necesaria y sin que se pudiera presumir un ataque, ella lo realiza.".- Asimismo, en los autos caratulados: “INCIDENTE DE COPIAS (APELACIÓN)
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN S/ INVESTIGA MUERTE”
Expte. Nº 88832/26, N° de Recursos 8415/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Es así que al momento es posible afirmar, con la el grado de convicción propio de esta etapa -probalidad positiva- que la fractura de las costillas que llevaron a la asfixia por compresión torácica no fueron ocasionadas acción de la propia víctima, pudiéndose entonces determinar que se ocasionaron por acción directa del imputado. Además de ello, la acción que desplegó para hacerlo, no se compadece con las maniobras de RCP, sino que tienen, conforme lo señalado, un anclaje lógico racional en la conducta descripta en la imputación. Por otra parte, de la información técnico científica señalada, cabe descartar que esa acción del imputado resulte de una conducta pasiva -el simple reposo de su cuerpo sobre la víctima-, sino que necesariamente debió ejercer una acción activa -presión sobre la zona-, tal y como fue imputada, que generó las fracturas de los arcos costales de la víctima informadas por el médico forense.
Lo indicado en el párrafo anterior implica una decisión en el sujeto activo, no es un acto descuidado, es decir que es necesario el conocimiento de la implicancia de la acción (matar) y la finalidad de realizarlo. El dolo se infiere de la acción realizada y ésta, a su vez, de las consecuencias de la acción. Hay una reconstrucción histórica que parte de las consecuencias y permite inferir la acción y la decisión del sujeto. El autor puede expresarse, pero cuando el delito es el femicidio, la víctima no. Ello no implica que el cuerpo de la víctima, las consecuencias lesivas sufridas, el lugar donde fuera hallado y la situación contextual e histórica, respecto del vínculo, expresen como fue violentada.
Ahora bien, sentado ello, corresponde decir que la prueba producida permite descartar, asimismo, la hipótesis alternativa esbozada por la defensa... En relación al dolo, como expresé, el mismo se infiere de los propios hechos atribuidos conforme han sido prima facie acreditados, es decir de la propia modalidad imputada descripta en la última declaración indagatoria y el auto de mérito... En síntesis, en este caso, dos personas se encontraban en el interior de una vivienda, solo una salió con vida (el hoy imputado), la explicación que dio fue desvirtuada por la información médico forense, no brindo otra. La información agregada en la causa, permite en esta etapa, como se señaló de manera detallada, sostener la imputación efectuada por el Juez de Instrucción, siendo ésta, la reconstrucción histórica del hecho punible más lógica y razonable.
La crítica realizada por la Defensa, no puede desvirtuar, con los datos y evidencias agregadas en autos, ni la imputación ni la subsunción realizada por el A quo, por lo que corresponde confirmar todo lo actuado y continuar con la investigación iniciada y con las medidas de prueba pendientes. No podemos soslayar que en esta etapa, hasta que se agoten todas las medidas pendientes, la instrucción de la causa es dinámica, como se expresó supra, y puede tomar distintas direcciones, en base a lo que surja de la información que se produzca..."
Sobre este piso, en estas actuaciones se advierte que, con el alegado motivo de comprar comida, aprovecho la distracción del Sr. R.; ingresó por la ventana del carro, lo sorprende, con la frase “Dame la guita” tomando un cuchillo tipo carnicero que se encontraba sobre la mesada, comenzando un forcejeo con el damnificado; hasta que llegan los efectivos policiales y emprenden una persecución, finalizando con la aprehensión del Sr. F. S.
A..
Todo ello surge de la información aportada por las medidas probatorias y de investigación anejadas al presente, a fs. 07 secuencias fotográficas; Informe de la DDI de fs. 42/49; y las declaraciones testimoniales del damnificado y los efectivos policiales que intervinieron en el hecho.
Sin perjuicio de ello y dadas las características del hecho, se recomienda que el Juez en forma coordinada con las partes, se acerquen y establezcan una solución alternativa al presente conflicto.
En los autos caratulados: “A. M. A. S/AMENAZAS CALIFICADAS Y DAÑOS” Expte. Nº A- 37.856/23, N° de Juzgado de Recursos 7494/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "IV.-Sin perjuicio de lo expresado, entiendo que una vez recepcionados los presentes actuados y descartando desde ya que los mismos versen sobre una cuestión de violencia de género, correspondería correr vista a la Defensa y posteriormente a la Fiscalía, a fin que analicen la posibilidad de aplicar al caso un criterio de oportunidad, es decir la suspensión de juicio a prueba o la conciliación y reparación integral del perjuicio. En los autos caratulados: “L. S. G S/Dcia. Amenazas” Expte. Nº 31263/22, N° de Juzgado de Recursos 6832/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: "IV.-Sin perjuicio de ello, en éste y otros casos similares que llegan a esta sede en vía de apelación, allende los fundamentos del auto de archivo y de los agravios expresados por el recurrente, entiendo que debo hacer las siguientes consideraciones, a los fines de cumplir con el principio de una tutela judicial efectiva y eficaz, para que el trámite no se imponga por sobre la solución del mismo.- En primer lugar, creo que este universo de casos, considerados tanto de manera individual como de forma conjunta, merecen una valoración del conflicto que se intenta inscribir penalmente, para decidir su resolución persiguiendo la imposición de una pena o, por el contrario, para actuar un mecanismo de solución alternativa y conciliada del conflicto.- Ese análisis y valoración se impone tanto al órgano Juzgador como al Ministerio Público Fiscal, desde el inicio y en cualquier estado de la causa, cuando las pautas objetivas de viabilidad y procedencia se encuentran acreditadas conforme la información con la que se cuenta en la causa.
No solo deben valorarse las cuestiones de eficiencia y prestación del servicio de justicia en la que todos los operadores jurídicos somos corresponsables, pues todo el sistema debe tener en cuenta la cantidad de causas mensuales y el desarrollo de la instrucción a cargo de los Juzgados de Instrucción, sino especialmente, la respuesta que se le debe imprimir a cada una, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva, que surge de nuestro preámbulo constitucional (“afianzar la justicia”) y del derecho consitucional-convencional (art. 75 inc. 22 de la C.N.).- Corresponde enfocarse, al analizar y decidir la suerte de un caso penal con una visión estratégica, en la respuesta que el mismo, de manera razonable, merece, por parte del Estado en función judicial, partiendo del supuesto que además de la imposición de una pena, el propio sistema, desde la incorporación de la suspensión del proceso a prueba y de la reforma del art. 59 del C.P., ha instaurado una vía alternativa de solución del conflicto penal, distinta a la imposición de una sanción penal.
El principio de “legalidad” lato sensu, no implica, ya, que cualquier causa que dé cuenta de una conducta típica, antijurídica y culpable, tenga solo una respuesta a través de la imposición de una pena, sino que, para algunos casos, brinda la posibilidad de una salida alternativa, en base al consenso y acuerdo de las partes involucradas en el mismo, sin que ello altere ni modifique dicho principio.- Por su parte, y como fundamento a lo expresado, a manera de legislación procesal comparada, podemos señalar que el Código Procesal Penal de la Nación Comentado Ley 27.063, Tomo 1 (arts. 1 a 99), de Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti, págs. 312 y 313 nos dice que: “… la necesidad que tiene el sistema penal de excluir determinados supuestos -generalmente por su insignificancia- lleva a que se utilicen por los tribunales mecanismos informales que suelen pasar por hacer dormir los expedientes, apilarlos en una estantería hecha especialmente al efecto, para dejar que pase el tiempo y luego aplicar la máquina de prescribir.
Con esta salida al problema no damos respuesta ni a los derechos de los imputados, ni a los derechos de las víctimas, ni a la función que necesariamente debe cumplir el Estado en la solución de los conflictos penales…”. Como puede apreciarse, la decisión jurisdiccional de un archivo cuando objetivamente los requisitos para el mismo no se verifican, así como la directa inacción sobre la causa, que no deja de ser una toma de decisión de no actuar sobre un caso, no reviste mayores diferencias para las partes involucradas, en cuanto a los efectos jurídicos que las mismas generan. Ni hablar si a ello le sumamos acciones que solo dilatan el trámite, pero que, en cada caso, no tienen significancia sobre la vida de las personas involucradas en el hecho.
En este orden de ideas, tampoco sería lógico y razonable tramitar una causa para la imposición de una pena, cuando la misma podría tener una salida alternativa y consensuada que garantice a las partes el derecho a la tutela judicial efectiva y eficaz y el principio “pro homine”. No podemos perder de vista que el acuerdo o conciliación “…es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflictos y tiene como objetivo, en lo posible, volver los términos de la relación víctima–victimario al estado anterior de los antijurídicos y restablecer la paz social. Es una negociación asistida, donde las partes buscan dar una solución satisfactoria permitiendo, en forma concentrada, la intervención de un tercero, que tenga la capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, fomentando en todo el momento del proceso la comunicación entre las partes.
La conciliación procesal es el acuerdo entre las partes para poner término al proceso en cualquier estado de éste, siempre y cuando no se haya dictado sentencia. Los acuerdos conciliatorios en materia penal están dirigidos a resolver de forma expedita y sin necesidad de elevación a juicio… El instituto de la conciliación reparación objetivo de prevención general positiva, por medio del cual el conflicto penal puede solucionarse mediante la voluntad de las partes involucradas y generar gradualmente concientización como forma de constituir una adecuada vía de resolución al conflicto, con menor intervención estatal. Lo expuesto implica un cambio radical de paradigma, pasando de una justicia retributiva a otra restitutiva, del castigo a la reparación, en donde no haya un vencedor, sino que ambos queden satisfechos con el acuerdo logrado, donde el sistema de procedimiento penal no es entendido como un sistema destinado a la aplicación de penas, sino como un sistema destinada a la resolución de conflictos…” (Conf.
Código Procesal Penal de la Nación Comentado Ley 27.063, Tomo 1 (arts. 1 a 99), Horacio J. Romero Villanueva y Ricardo A. Grisetti, Editor Abeledo Perrot, año 2015, págs. 355). Sobre este piso de marcha, entonces, en cada caso en que el A quo entienda que una causa puede ser tramitada a través del sistema de solución consensuada del conflicto, teniendo siempre como marco de referencia la pena en expectativa establecida en el código penal para la procedencia de la suspensión de juicio a prueba, la que se extiende también para la procedencia de la conciliación y de la reparación integral del perjuicio, quien está en condiciones de llevar adelante dicha tarea, es el Ministerio Público Fiscal, por estrictas razones de asignación de competencia constitucional y procesal penal.
Ello así, pues tanto el artículo 6 del CPP. como el Art. 59 del C.P., al referirse a la acción penal, asignan competencia al Ministerio Público Fiscal, ya que es quien ejerce la acción penal pública, y dentro de las competencias, tanto de manera expresa como implícita de lo expreso, tiene la facultad de gestionar y decidir sobre el rumbo de la misma. En el mismo sentido, si el Ministerio Público Fiscal valora que una causa puede ser tramitada por la vía alternativa a la imposición de una pena, puede requerir su intervención a los fines de gestionar e instrumentar el acuerdo.- En este sentido, en los autos caratulados: “INC. DR. LUCAS O. CHACON S/ S/ Solicita eximición de prisión” Expte. Nº I-52222/21, N° de Juzgado de Recursos 7276/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "En este orden, el Art. 1º de la Constitución Provincial establece que "...La Constitución Nacional y las leyes nacionales que en su conformidad se dicten son su ley suprema".
Que esta manda constitucional provincial se articula no solo respecto de la parte dogmática de la Constitución Nacional, es decir sobre las "Declaraciones, Derechos y Garantías", sumado a su preámbulo, sino que se refleja en la parte orgánica de la misma, cuando hay instituciones que, como en el caso del Ministerio Público, encuentran correlatos en las Constituciones o leyes provinciales. No puede soslayarse el Art. 5 de la C.N., que es pilar de nuestro federalismo y señala que las Provincias dictarán una "Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria.
Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones". Las Provincias como estados preexistentes a la Nación, conservan todo el poder no delegado en la misma y se dan sus propias Instituciones y se rigen por ellas, y dictan sus propias constituciones, conforme lo normado en los arts. 122 y 123 de la C.N. y concordantes. Que surge claro de la hermenéutica de las normas Constitucionales, tanto nacionales como provinciales, que la naturaleza de los órganos de los estados que se estructuran bajo el sistema representativo, republicano y federal de gobierno, son similares, allende las características de cada provincia y en nuestro caso, al no existir a nivel constitucional establecido expresamente las obligaciones del Ministerio Público, lo cierto es que la aplicación del art. 120 de la Constitución nacional contribuye establecer cuáles son las pautas de actuación de los Ministerios Públicos en general, pautas que además concuerdan, de manera implícita, con las normas que regulan su actuación en el Código Procesal Penal de la Provincia y en la ley orgánica de nuestro Poder Judicial.
Sobre este piso entonces, el Art. 120 de la C.N. regula las atribuciones del Ministerio Público y establece como competencia primordial "...tiene como función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad...". Asimismo el art. 59 del CPP. reza que: "El Ministerio Fiscal promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley". De ambas normas se establece que la finalidad de ejercer y promover la acción penal por parte de cualquier órgano del Ministerio Público Provincial lo es en la télesis establecida en el art. 120 citado. Por lo demás es pacífica la doctrina y la jurisprudencia al establecer esta finalidad como esencial y propia del Ministerio Público Fiscal, siendo éste un sujeto esencial en el proceso penal como garantía debida del mismo.
Que surge claro que la representación de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, son de resorte y de exclusiva competencia del Ministerio Público que debe ejercerla en la forma establecida por la ley, siendo el requisito esencial de su actuación, la fundamentación (argumentación) de las intervenciones que realice, sean éstas orales y/o escritas.- La opinión del Ministerio Público Fiscal resulta, como consecuencia de las funciones constitucionales asignadas en el art. 120 de la C.N., esencial y constitutiva de la garantía del debido proceso, tanto adjetivo como sustantivo, y de la garantía de defensa en juicio, y si su actuación es defectuosa o irregular, ello impide que en un caso concreto, ejemplo de ello el de marras, que se efectivicen los derechos constitucionales- convencionales que gobiernan y sustentan el juicio penal llevado adelante por el Estado contra una persona." Es en este dintorno de competencias asignadas, que el Ministerio Público Fiscal debe, una vez recibidas las actuaciones del Juzgado dispuestas por un simple Decreto a los fines de la tramitación de una salida consensuada del conflicto penal, realizar todas y cada una de las gestiones dirigidas a cumplir dichos fines.
En este sentido, surgen implícitas las facultades para convocar a víctimas e imputados y sus defensores valiéndose de medios informales o disponiendo formalmente citaciones o notificaciones a este fin a través de los procedimientos utilizados por intermedio de la Policía Provincial o sistema de notificaciones electrónicas, para acercar las posiciones de las partes e inscribir el conflicto en una solución consensuada del mismo. Una vez materializado el acuerdo, en sus condiciones y obligaciones, podrá ser sometido a la homologación judicial pertinente, mediante un escrito firmado por todos los intervinientes.- Todas las gestiones deben realizarse teniendo en cuenta el debido consentimiento informado de las personas intervinientes y basadas en una gestión informal del conflicto, asegurando el derecho a una debida asistencia técnico-jurídica, y resguardando el secreto debido que pueda surgir de las entrevistas que realice el Agente Fiscal o funcionario que este designe para el trámite, siempre con su supervisión.- Ello así, pues los criterios de oportunidad (suspensión de juicio a prueba, conciliación y/o reparación integral) se enmarcan en formas de solucionar el conflicto penal en modelos de justicia restaurativa.
En este sentido se ha sostenido que: "...En la teoría de la JR (Justicia Restaurativa) reparar no significa, como en la teoría general del Derecho de Daños, compensar económicamente el daño causado; la reparación tiene un valor mucho más profundo; sobre todo, tiene un "espesor ético que la hace más compleja que el mero resarcimiento", por eso, sobrepasa la idea de reparación material entre dañador y dañado; idealmente, comprende la restauración de los lazos sociales entre la víctima y el dañador, entre la víctima y la comunidad, y entre el dañador y la comunidad. En otros términos, la reparación del dañador a la víctima es el punto de partida de una transformación más profunda de las relaciones sociales en juego.
Esta perspectiva reconoce la confluencia de varios principios desde que la reparación intenta, al mismo tiempo, recuperar el papel de la víctima en el proceso, consolidar la función pacificadora del Derecho Penal, y resocializar al delincuente. Se trata de un concepto amplio de reparación, que atiende no solo al resultado sino a todo el proceso. Comprende la reparación material (devolver lo robado, volver las cosas al estado anterior a la destrucción de la cosa, etc), pero también curar la aflicción producida a la víctima: muchas veces, para ella la conciencia de la responsabilidad seguida de una demostración de arrepentimiento sincero de parte del autor es de capital importancia; la simple participación en una reunión restaurativa le da la ocasión de comunicarse directamente con el autor; a veces, respuestas a ciertas preguntas pueden traer tranquilidad (por ej.
¿es que yo fui señalada, elegida específicamente para este hecho?)…La reparación material supone un acuerdo, al que llegan ambas partes (una oferta y una aceptación de una suma determinada o de prestación de servicios específicos). La reparación simbólica es un proceso menos visible, y consiste en la secuencia central, el corazón de la medida (care sequence): el ofensor expresa una vergüenza genuina por lo hecho y remordimiento por sus acciones. En respuesta, la víctima da, como mínimo, un primer paso hacia el perdón. Los autores, claramente, dan más importancia a la reparación simbólica que a la material. Sin la simbólica es muy difícil llegar a la material. Sin embargo, reconocen que es difícil alcanzar una reparación simbólica auténtica y depende, muchísimo, de la dinámica de la reunión- (Conforme JUSTICIA RESTAURATIVA, Aída Kemelmajer de Carlucci, Ed.
Rubinzal Culzoni, páginas 153/154).- Cabe precisar, allende lo expresado, que el art. 59 inc. 6º del CP modificado por la Ley 27.147, estableció como forma de extinguir la acción penal a la conciliación y a la reparación integral del perjuicio. Dichos criterios de oportunidad, si bien no se encuentran regulados en el Código Procesal Penal de la provincia, en lo que hace a su instrumentación, ello no implica que los mismos no se puedan aplicar. Que lo expresado se entronca en lo resuelto por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial en autos "Siarez, Franco Roberto s/ infracción art. 149 bis del C.P.) Expte. Nro. 4045/15 en donde señaló en su motivación que: "...Con la incorporación de la conciliación y la reparación integral del perjuicio al Código Penal Argentino, como nuevas formas de extinción penal, a partir de la sanción de la ley 27.147 (17-06-15), se otorgó un papel más preponderante y central a la víctima en el proceso penal.
El ejercicio de la acción punitiva estatal, opera por principio como "última ratio", por ende, cuando la necesidad de imponer una sanción penal no tenga entidad o relevancia jurídica, sea por la escasa entidad de la lesión o porque la víctima la considere innecesaria por considerar superado el conflicto. La falta de regulación procesal de estos mecanismos de extinción de la pena, no puede llevar a concluir la no operatividad de la norma, pues la mora legislativa estaría perjudicando la regular intervención de las partes de un conflicto de naturaleza penal, fundamentalmente lesionando el art. 18 de la C.N. al no garantizar tanto para el imputado, el debido proceso legal y para la víctima, su derecho a ser oída y que su decisión sea tenida en cuenta a la hora de fallar (tutela judicial efectiva, conf.
Art. 75 inc. 22 de la C.N., artículo 16 inc. c) de la ley 26.485 y 7º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer). El hecho de que la legislación provincial no reglamente las condiciones del ejercicio de los acuerdos conciliatorios que se puedan presentar, no exime por el contrario de realizar un control de legalidad con intervención del titular de la acción pública, para determinar si los derechos sobre los cuales se pretende acordar, resultan disponibles a la luz de las disposiciones constitucionales que protegen y garantizan los derechos fundamentales del hombre (vgr. derecho a la vida, la libertad o la integridad sexual entre otros) ésta, ha sido la postura de éste Tribunal en el precedente "REMENTERÍA, (T.:XXXVII, R.: 1028,F.093/099, 14/10/16)...
Por otra parte, la víctima se ha expresado de manera libre, y no hay razones para presumir que su manifestación de voluntad conciliatoria se encuentre viciada y muchos menos alejada de otro fin que no sea el de resolver el conflicto, para el que la sanción penal no aparecería como razonable"; resolviendo la Excma. Cámara homologar el acuerdo conciliatorio arribado por imputado y víctima y declarar extinguida la acción penal sobreseyendo al imputado. Que, y compartiendo lo expresado por la Excma. Cámara Criminal, entiendo que la falta de regulación procesal no obsta a la aplicación de la legislación de fondo.- A manera de referencia, y brújula para una buena práctica por ante el Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de Instrucción del trámite de dichas causas, el artículo 22 del CPP. de la Nación (conf.
Ley 27.063) reza que: "los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al reestablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social".- En este sentido el Dr. Julio B. J. Maier en su "Tratado de Derecho Procesal Penal" Tomo I, "Fundamentos", Editorial Del Puerto, pág. 91 señala que: "Toda la regulación del procedimiento tiende a obtener el acto que resuelva definitivamente el conflicto social en el cual reside la imputación penal, dándole respuesta". Ahora bien, como adelanté, luego de recibida la causa en la sede de la Fiscalía, y de realizadas las actuaciones de manera informal, siempre dentro del plazo de prescripción de la acción penal, si se arriba a un acuerdo, el mismo deberá elevarse al Juzgado de Instrucción para su homologación, como señalé.
Pero en el caso que las gestiones se frustren por la decisión negativa o silencio de las partes, el Sr. Agente Fiscal deberá devolver los actuados sugiriendo el trámite a imprimirle a los mismos, sea por su prosecución o por su archivo si entiende que hay argumentos para no poder continuar con la investigación.- Demás esta señalar que, salvo el procedimiento de la suspensión del proceso a prueba que tiene una economía procesal detallada ampliamente conocida tanto por el órgano jurisdiccional como por el Ministerio Público Fiscal, a la que deberán ajustarse cuando ello sea el mecanismo decidido por las partes, en los casos de acuerdos por reparación integral del perjuicio o por conciliación, siempre, reitero, deberá existir consentimiento debidamente informado tanto de imputados como de las víctimas y su debida asistencia técnico-jurídicas.- Por todo ello, entiendo que, recepcionadas que fueran las presentes actuaciones, deberá el A quo remitir los presentes actuados al Sr.
Agente Fiscal, para que el mismo actué el procedimiento de conciliación, conforme lo expresado anteriormente. V.- Finalmente, corresponde señalar que de este universo de casos cuya procedencia, por el monto de pena en expectativa sería procedente el mecanismo dispuesto, deben exceptuarse los casos de violencia contra la mujer, denominados “violencia de género”.- En este sentido, dicho tópico ha sido resuelto en los autos caratulados: “T.
L. S. S/ DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y LESIONES LEVES
CALIFICADAS” Expte. Nº T-36.469/23, N° de Juzgado de Recursos 7235/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 LAS HERAS, ya que, y una vez sentada la posibilidad de recurrir por parte de la defensa la resolución que deniega la suspensión de juicio a prueba, sostuve que: "Aclarado ello, corresponde analizar la decisión del Sr. Juez de Instrucción en función de los agravios de la parte recurrente. Los argumentos del A quo para denegar la aplicación del instituto en cuestión, se centran en la motivación expuesta por nuestro cimero Tribunal Federal en el fallo “Góngora”, por el cual la Corte por mayoría (y con una integración distinta de la actual), dejó sin efecto la suspensión del juicio a prueba en el caso, por aplicación de los dispuesto en el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará".
En dicho precedente, la C.S.J.N. revocó la decisión que anuló el auto que había rechazado la solicitud de suspensión del juicio a prueba (art. 76 bis del Código Penal, en una causa en que no se había a puesto en crisis la calificación de los sucesos investigados como hechos de violencia contra la mujer, ya que el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional como nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente, lo que surge de considerar que el sentido del término juicio ("un juicio oportuno" según el inc. f del artículo mencionado) resulta congruente con el significado que en los ordenamientos procesales se otorga a la etapa final del procedimiento criminal, en tanto únicamente de allí puede derivar el pronunciamiento definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del imputado, es decir, verificarse la posibilidad de sancionar esta clase de hechos exigida por la Convención.
Sostuvo también que la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle. Asimismo, señaló que no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria.
Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba. Formulada la reseña de lo expresado por la Corte Suprema, huelga decir que la Convención Belem Do Pará ratificada por ley 24.632 del Congreso Nacional, establece en el artículo 7 inciso f) que es obligación de los Estados Partes: “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;”.- (La negrita es de mi autoría).- Ahora bien, nuestro sistema procesal establece dos etapas claramente diferenciadas para el proceso penal.
La primera de ellas es la Instrucción que tiene como finalidad no solo lo expresado en el Artículo 185 del CPP., sino la preparación de la acusación para la segunda etapa que es la del "Juicio". Para este universo de casos, es decir los de violencia de género, la norma del artículo 277 del CPP sufre un recorte, fundado exclusivamente en el art. 7 inc. f) señalado, respecto de la etapa de Instrucción. Ello así, pues la norma convencional al señalar los distintos procedimientos legales que deben establecer los Estados, entre ellos, la etapa de Juicio, señala expresamente la garantía de acceso a tales procedimientos. La garantía para poder acceder a la etapa de Juicio, es la etapa previa o de Instrucción, razón por la cual, allende lo que se decida en la Excma.
Cámara Criminal sobre el instituto de marras, lo cierto es que la suspensión de proceso a prueba respecto de este universo de casos, no puede articularse en esta etapa preliminar o preparatoria de la acusación, porque, va de suyo, coarta directamente la posibilidad de acceder a la segunda etapa. Lo que se debe garantizar es la posibilidad y acceso al Juicio, por lo que, en este caso, el recorte que implica la procedencia de la suspensión del proceso a prueba para los casos alcanzados por la convención, es a la vez, constitucional y convencional, no solo porque surge de un tratado internacional, sino confrontado el mismo con el con los restantes tratados establecidos en el artículo 75 inc. 22 de la C.N., y con los principios Constitucionales.- Sintetizando entonces, no resulta posible, sin transgredir la manda convencional, conceder el instituto previsto por el art. 76 bis del C.P. durante la etapa instructoria, pues como dije anteriormente, debe garantizarse a la mujer víctima de violencia de género la posibilidad de acceder a la etapa de juicio." Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-REVOCAR el auto de fs. 17/18, debiendo darse intervención al Ministerio Público Fiscal, a los fines que realice las gestiones para realizar una salida consensuada del presente conflicto, conforme lo señalado en los fundamentos del presente.".- Lo expuesto encuentra anclaje en la reforma al CPP. introducida por la Ley 3.886, en la cual se modifican varios artículos de la ordenanza procesal, regulando el artículo 5 bis la solución de conflictos; el artículo 66 bis los métodos alternativos de terminación del proceso, el art. 319 inc. 6) la procedencia del sobreseimiento por la aplicación de los criterios de oportunidad, y los artículos 320 bis y 320 ter, detallando específicamente, las condiciones de procedencia de la conciliación y de la reparación integral del perjuicio.- Por lo expuesto, como Juez de Recursos: RESUELVO:...II.- Recepcionados los actuados en el Juzgado de Instrucción, deberá correrse vista sucesiva a la Defensa y a la Fiscalía, a los fines que evalúen la procedencia de la solución del presente conflicto. (Conforme lo establecido en el Art. 5 bis del CPP. de la Ley 3886 y lo establecido en el punto IV de los Considerandos)".-
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 59/63 en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia