Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 7625
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación en tratamiento, y consecuentemente, dejar sin efecto la caducidad oficiosamente declarada en primer instancia, debiendo proseguir la tramitación de las presentes actuaciones por ante el Juzgado Civil y Comercial que resulte sorteado por la receptoría general de expedientes (doctr. arts. 12, 525, 2.572, y ccdtes. del C.C.C., y arts. 17, inc. 7 del C.P.C.C.).-
II. Hacer lugar al pedido de embargo sobre el 50% de las sumas inventariadas a fs. 92/4 del expte. 2965 que obra atraillado a las presentes actuaciones, previa caución juratoria de la peticionante, medida que habrá de instrumentarse conforme a lo ordenado en el apartado IV (conf. arts. 722, 723, y ccdtes. del C.C.C. y arts. 195 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
III. SIN COSTAS de Alzada al no haber mediado oposición (doctr. arts. 69 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Texto completo:
Expte. n°: JU-7625-2017 C., F. A. C/ T., A. S. S/ MATERIA A CATEGORIZAR N° Orden: 91 Libro de Sentencia nº: 59 En la ciudad de Junín, a los 7 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa nº JU-7625-2017 caratulada: "C., F. A. C/ T., A. S. S/ MATERIA A CATEGORIZAR", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Volta, Guardiola y Castro Durán.-.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
I. Que en el pronunciamiento obrante a fs. 162/4 la Sra. Juez de grado declaró la caducidad de la acción de compensación económica peticionada al estimar cumplido en exceso el término de caducidad de seis meses establecido por el art. 525 del C.C.C. ya sea que el término se compute desde la fecha de defunción del Sr. T. (28/03/16), o incluso desde la fecha de iniciación del proceso tendiente al reconocimiento judicial de la calidad de convivientes.-
Consecuentemente rechazó el pedido de embargo incoado por la accionante.-
Dicha resolución motivó el recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 167, el cual es debidamente fundado mediante el memorial luciente a fs. 169/171.-
Allí postula la nulidad de la resolución desestimatoria del embargo, la que estima violatoria del principio de congruencia.
Ello así por cuanto, en el escrito inicial su parte habría acumulado dos pretensiones: la primera fundada en el art. 528 tendiente a la distribución de bienes adquiridos durante la convivencia; la segunda fundada en el art. 524, por la que se persigue una compensación económica.-
A partir de lo antes expuesto estima evidenciada la omisión incurrida en el pronunciamiento recurrido el cual en ningún momento valorara dicha pretensión.-
Prosigue su análisis señalando que dicho reclamo resulta por sí solo suficiente para acceder al embargo peticionado en los términos previstos por los arts. 722 y 723 del C.C.C., al encontrarse por demás acreditados tanto la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora.-
Por su parte, se agravia de la declaración de la caducidad en forma oficiosa, al versar sobre una cuestión disponible y por tanto vedada para su declaración de oficio.-
Asimismo hace hincapié en que el cómputo de caducidad habría sido incorrectamente efectuado, entendiendo que el mismo no se encuentra vencido.-
Por último peticiona el apartamiento en la presente causa de la Sra. Juez de grado, al considerar que la misma habría prejuzgado.-
II. En tarea decisoria, y atento al planteo nulificante del decisorio basado en la falta de tratamiento de la totalidad de las pretensiones deducidas, adelanto que habré de propiciar su rechazo ante la posibilidad de subsanar la pretendida omisión por la presente vía recursiva (doctr. arts. 163 inc. 6, 253 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Así se ha sostenido que: "...en razón del absorbimiento de la nulidad de la sentencia por la apelación, si el agravio puede ser subsanado por la alzada, corresponde reformar el pronunciamiento antes que disponer su invalidez, velándose así por el principio de legitimidad del acto jurisdiccional..." (De Santo, "Tratado de los Recursos T I Recursos Ordinarios", pág. 463).-
III. Sentado ello, resulta oportuno señalar que de la lectura del escrito iniciar obrante a fs. 94/106, surge que asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que en autos se han acumulado dos pretensiones independientes, tal como surge del apartado objeto del reclamo desarrollado en el apartado I en donde se expresara que en las presentes se acumulan "las pretensiones de distribución de bienes adquiridos por el causante durante la convivencia con la suscripta, y la compensación económica con fundamento en el cese de la unión convivencial" (sic. fs. 94).-
Precisado ello, es dable aclarar que mientras la acción tendiente a la compensación económica por el cese de la convivencia se encuentra se encuentra alcanzada por el término de caducidad establecido en el último párrafo del art. 525, por el contrario, la pretensión tendiente a la distribución de los bienes adquiridos durante la convivencia no lo está, encontrándose la misma alcanzada por los principios generales en materia de prescripción (conf. Rivera- Medina, "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", T II, pág. 300, comentario art. 528; Garrido Cordobera-Borda- Alferillo, "Código Civil y Comercial", T I, pág. 594, comentario art. 528).- De lo hasta aquí expuesto se desprende que la procedencia, y en su caso extensión de la medida cautelar peticionada deberá ser analizada tomando en consideración dicha pretensión (doctr. arts. 195 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
III. En cuanto a la posibilidad de declarar oficiosamente la caducidad de la pretensión encaminada a la compensación económica, no debe perderse de vista que conforme a lo normado por el art. 2.572 del C.C.C., la caducidad sólo debe ser declarada de oficio por el juez cuando está establecida por la ley y es materia sustraída a la disponibilidad de las partes.-
Conforme a ello, se entiende que: "...En principio, y al igual que la prescripción, la caducidad debe ser alegada por parte interesada y la misma puede ser opuesta por vía de excepción y no se encuentran obstáculos para que sea reclamada por vía de acción.
Luego, el presente artículo declara que la caducidad puede ser declarada de oficio por el juez siempre que reúna estos dos requisitos:
1. que sea de fuente legal; y 2) que se trate de materia indisponible o fuera del alcance regulatorio de la autonomía de la voluntad de las partes (orden público). Ya se argumentaba en favor de esta postura, cuando está comprometido el orden público -por ej.: acción de nulidad de matrimonio- no puede depender de la voluntad de la parte en hacerla o no valer. La moral y las buenas costumbres obligan al juez a pronunciarse de oficio, es decir, aun sin mediar petición de parte (conf. arg. arts. 386 y 387, código Civil y comercial) a fin de que se extinga el derecho no ejercido en el plazo perentorio legal..." (Jorge Alterini, "Código civil y Comercial Comentado", T XI, págs. 924/5).-
Llegado a este punto, y tomando en consideración la naturaleza exclusivamente patrimonial del pedido de compensación económica, no encuentro razón de orden público alguna, que justifique considerar a la misma como una materia indisponible, que autorice a la declaración oficiosa de la caducidad (doctr. arts. 12, 525, 2.572, y ccdtes. del C.C.C.).- En esta misma dirección se ha sostenido que la compensación económica: "...Es un derecho-deber derivado de las relaciones familiares que faculta a un ex cónyuge o ex conviviente a ejercer una acción personal con el objeto de exigir al otro el cumplimiento de una determinada prestación, destinada a corregir el desequilibrio económico manifiesto que existe entre ellos, y a remediar sus injustas consecuencias. Todo ello en razón de una doble "causa" o "fuente" de la que nació dicha obligación: la vida en común y su ruptura.
Se trata de un derecho esencialmente disponible. Ello significa al menos tres cosas: la primera, que puede ser decidida por acuerdo entre las partes; la segunda, que el interesado puede reclamarla o decidir no hacerlo; la última, que el juez no debe fijarla si aquél a quien podría corresponderle no la solicitó..." (Mariel F Molina de Juan, "Cuestiones prácticas: el reclamo judicial de la compensación económica"; publicado en elDial DC23F4, el: 26/09/2017); y que: "la compensación económica, es un derecho inherente al patrimonio y, por ende, disponible. Por lo tanto, es posible su renuncia, transacción y conciliación..." (Bedrossian, "El instituto de la compensación económica en el Código Civil y Comercial", MJ-DOC-10639-AR | MJD10639);
Es por ello, habré de propiciar dejar sin efecto la caducidad oficiosamente declarada en primer instancia (doctr. arts. 12, 525, 2.572, y ccdtes. del C.C.C.).-
Conforme a ello, y habiendo la Sra. juez de grado adelantado opinión, la tramitación de las presentes actuaciones deberá continuar por ante el Juzgado Civil y Comercial que resulte sorteado por la receptoría general de expedientes departamental (conf. arts. 17, inc. 7 del C.P.C.C.).-
IV. Pasando al análisis del pedido de embargo incoado por la accionante a fs. 115, considero que en el presente estadio procesal se encuentra prima facie acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por la accionante, por lo que habré de propiciar el embargo del 50% de las sumas inventariadas a fs. 92/4 del expte 2965 que obra atraillado a las presentes actuaciones, previa caución juratoria de la peticionante (conf. arts. 722, 723, y ccdtes. del C.C.C. y arts. 195 y ccdtes. del C.P.C.C.).- Que tales importes (Pesos 130.000; Dólares 55.000 y Euros 13.500) deberán ser depositados en la cuenta judicial a abrirse a nombre del Juzgado que resulte sorteado, debiendo hasta tanto mantenerse en vigencia la medida cautelar dispuesta sobre el mismo objeto en el expte 2965-2016 que obra atraillado a las presentes.-
TAL ES MI VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Volta.
Y agrego: Apunta Marcelo López Mesa que la solución que trae el art. 2572 del CCyC es la que prohijaba la moderna doctrina (Francisco Rivera Hernández "¿Apreciación de oficio de la caducidad en todo caso?. Necesidad de un régimen diferente para las relaciones jurídicas e intereses disponibles" Rev. de Derecho privado Madrid 2001 p. 466) , recortando un tanto la idea de que la caducidad podía ser declarada de oficio por el juez en cualquier caso, conforme los parámetros interpretativos de la doctrina y la jurisprudencia tradicional. Hoy la caducidad no se diferencia esencialmente de la prescripción por su posibilidad de invocación oficiosa por el magistrado, ya que ello no ocurre en todos los casos. Tampoco es exacto, en el supuesto de los derechos libremente disponibles por las partes, afirmar que en la caducidad la extinción del derecho se produce automáticamente, por sí ante sí y por ministerio de la ley. El precepto también se compadece con el artículo anterior en cuanto relativiza la irrenunciabilidad de la caducidad que ya no juega en materia disponible. (v. "La caducidad de los derechos en el nuevo Código Civil y Comercial" MJ- DOC-7364-AR/MJD7364)
Por su parte José Fernando Márquez- Maximiliano Rafael Calderón ("Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial" La Ley 2015- C,743), señalan que ahora el principio general en materia de caducidad es que debe ser opuesta por parte interesada, al igual que acontece con la prescripción y que sólo excepcionalmente podrá ser declarada de oficio, haciendo depender las facultades del juez de las particularidades del caso atendiendo a la naturaleza de los intereses involucrados, tal como propugnaba Spota.
En lo referido específicamente a la caducidad establecida por el art. 525 para la compensación económica del artículo que lo precede, explica Jorge L. Kielmanovich ("¿Caducidad de oficio de la acción de compensación económica? La Ley 2017-B,1068): " Si bien ninguna duda que en el supuesto del derecho a la compensación económica nos hallamos en presencia de una caducidad de origen legal por oposición a una convencional, en cualquiera de los regímenes antes vistos el derecho a la compensación en nuestro ordenamiento no es materia sustraida a la disponibilidad de las partes, como, sobre similares bases se ha reconocido por el Tribunal Supremo Español y por diversas Audiencias Provinciales, por cuanto, como se ha expresado " está basada en un interés privado, y por ello es renunciable, transaccionable y convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo", como expresa la sentencia del STS del 21 de noviembre de 2008 que reproduce la doctrina del mismo Tribunal sentada el 2/12/1987, en exquisita sintonía con el sistema bajo el cual se la regula en nuestro ordenamiento sustancial, razón por la cual consideramos que el juez no puede rechazar "in limine litis" o "ex officio" una pretensión de compensación sobre la base de la caducidad de una reclamación de tal naturaleza, como sin embargo se ha decidido contrariamente por algunos tribunales"
ASI TAMBIEN LO VOTO.-
TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Que se adhiere y hace suyos todos los fundamentos y conceptos doctrinales y legales dados por los Sres. Jueces preopinantes Dres. Volta y Guardiola, votando en consecuencia en el mismo sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso –artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, corresponde:
I. HACER LUGAR al recurso de apelación en tratamiento, y consecuentemente, DEJAR SIN EFECTO la caducidad oficiosamente declarada en primer instancia, debiendo proseguir la tramitación de las presentes actuaciones por ante el Juzgado Civil y Comercial que resulte sorteado por la receptoría general de expedientes (doctr. arts. 12, 525, 2.572, y ccdtes. del C.C.C., y arts. 17, inc. 7 del C.P.C.C.).-
II. HACER LUGAR al pedido de embargo sobre el 50% de las sumas inventariadas a fs. 92/4 del expte 2965 que obra atraillado a las presentes actuaciones, previa caución juratoria de la peticionante, medida que habrá de instrumentarse conforme a lo ordenado en el apartado IV (conf. arts. 722, 723, y ccdtes. del C.C.C. y arts. 195 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
III. SIN COSTAS de Alzada al no haber mediado oposición (doctr. arts. 69 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
ASI VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Castro Durán, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. CRISTINA LUJAN SANTANNA (Auxiliar Letrada).-
//NIN, 7 de Junio de 2018.-
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso –artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC, SE RESUELVE:
I. HACER LUGAR al recurso de apelación en tratamiento, y consecuentemente, DEJAR SIN EFECTO la caducidad oficiosamente declarada en primer instancia, debiendo proseguir la tramitación de las presentes actuaciones por ante el Juzgado Civil y Comercial que resulte sorteado por la receptoría general de expedientes (doctr. arts. 12, 525, 2.572, y ccdtes. del C.C.C., y arts. 17, inc. 7 del C.P.C.C.).-
II. HACER LUGAR al pedido de embargo sobre el 50% de las sumas inventariadas a fs. 92/4 del expte. 2965 que obra atraillado a las presentes actuaciones, previa caución juratoria de la peticionante, medida que habrá de instrumentarse conforme a lo ordenado en el apartado IV (conf. arts. 722, 723, y ccdtes. del C.C.C. y arts. 195 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
III. SIN COSTAS de Alzada al no haber mediado oposición (doctr. arts. 69 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Regístrese, notifíquese, ofíciese al Juzgado Civil y Comercial de origen y remítanse a la Receptoría General de Expedientes para su sorteo.- FDO.
DRES. GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA Y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, ANTE MI, DRA. CRISTINA LUJAN SANTANNA
(Auxiliar Letrada).
Fin de la sentencia