Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala III
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Septiembre de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación, doctores Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Benjamín Ramón Sal Llargués, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver la causa número 16.829 (Registro de Presidencia 53.888), caratulada “F., T. s/recurso de casación interpuesto por Fiscal General”, conforme el siguiente orden de votación: VIOLINI – BORINSKY – SAL LLARGUÉS.
En lo que interesa destacar, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores, declaró prescripta la acción penal contra T. A. F., en relación al delito de omisión de evitar tortura, sobreseyéndolo en orden a tal imputación (arts. 62 y 67 texto conforme leyes 13.569 y 21.338, ratificado por la ley 23.077, 144 quater del CP y 323 inc. 1 del CPP). Contra dicho pronunciamiento, el Fiscal General interpuso recurso de casación (fs. 14/21), fundamentando su agravio en virtud de haber aplicado la Cámara erróneamente la ley sustantiva y la doctrina jurisprudencial de la CIDH.
Radicadas las actuaciones con noticia a las partes, encontrándose la Sala en condiciones de resolver, se plantean y votan las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Violini dijo:
Entre la fecha del hecho -27 de septiembre de 1997- hasta el llamado a declarar del imputado del 11 de octubre de 2011 ha transcurrido con exceso el plazo de 10 años requerido por el juego armónico de los arts. 62 inc.2º y 144 quater del CP.
Asimismo, a fin de verificar si durante ese plazo ocurrieron circunstancias que suspendieran la prescripción de la acción, es de aplicación el art. 67 del código de fondo vigente a la fecha del hecho, -con fundamento en lo normado por el artículo 2do del mencionado digesto- que no preveía como causal interruptiva del instituto en trato, la circunstancia de que cualquiera de los que hubieran participado en el hecho se encontrara desempeñando un cargo público para el delito de tortura y sus anexos, quedando reservada sólo para los delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9bis y 10 del Título XI, Libro 2º del CP.
Se agravia el Ministerio Público Fiscal, sosteniendo que el yerro de la Cámara consiste en que en el caso, resulta necesario ponderar las normas penales cuestionadas con relación al bloque de constitucionalidad, vigente a la época del hecho (Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Convención Americana de Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos incorporados a nuestra constitución por el artículo 75 inciso 22), habiéndose además omitido, toda referencia a los decisorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos análogos como “Barrios Altos” Serie C Nº 75 sentencia del 14 de marzo de 2001 y “Bulacio vs. Argentina” sentencia del 18 de septiembre de 2003.
Si se trataba de una grave violación a los derechos humanos he de mencionar en principio y respecto al precedente “Barrios Altos”, que en él, la materia de discusión era una amnistía dictada sin mayores recaudos deliberativos en el marco de hechos calificados como atroces y gravísimos, mientras que en “Bulacio vs. Argentina” se tiene por probada la existencia de prácticas policiales de detención indiscriminada donde la víctima era un menor de edad, generando en el Estado una obligación de tutela especial. La CIDH, en ambos casos, como en lo resuelto en la sentencia del 11 de mayo de 2007 en el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, si bien destaca la obligación del Estado en cuanto a que debe realizar o proseguir las investigaciones de los hechos prohibidos por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sancionar a sus responsables e imponer la reparación económica de las víctimas, no ha modificado su posición en el tema decidendum. Es doctrina tanto de la Corte Interamericana como de nuestro Máximo Tribunal que, si bien los actos de tortura quedan alcanzados por la protección de la Convención Americana, ello no significa que deban ser calificados per se como delitos de lesa humanidad en tanto no formen parte de un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. [La Corte Interamericana ha indicado que los crímenes contra la humanidad incluyen “la comisión de actos inhumanos […] cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. (Cfr.Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 16, párr. 96)].” Al respecto es oportuno destacar que el voto de los doctores Fayt y Argibay en el “Recurso de hecho. Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal —causa n° 24.079—”, del 29 de noviembre de 2011, que “...como consecuencia de la naturaleza de la jurisdicción internacional, la condena de la Corte Interamericana ha recaído exclusivamente sobre el Estado Argentino y comprende no sólo el pago de una indemnización sino además la obligación de adoptar todas las medidas que resulten procedentes y necesarias para garantizar a la víctima el pleno goce de sus derechos.
Ello, sin embargo, no puede implicar (y tampoco lo ha indicado específicamente la Corte Interamericana en su sentencia) que este Tribunal deba dejar sin efecto una decisión judicial que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y por la que, en virtud de reglas jurídicas vigentes y de aplicación general, se ha declarado la prescripción de la acción penal con respecto al delito atribuido a R. J. D.....
...Como es sabido, la imprescriptibilidad es una regla privativa de los crímenes de lesa humanidad y su traslado antojadizo al ámbito de los delitos comunes —además de su incorrección técnica— iría en desmedro del arduo camino que recorrió la comunidad jurídica internacional para que los primeros tengan reconocimiento normativo y, a su vez, tornaría borrosos los claros límites entre unos y otros...” (El resaltado me pertenece).
Tampoco se ha sostenido la desidia, negligencia o complicidad de los funcionarios judiciales frente a los responsables de los hechos, que dé lugar a la invocación de los casos “Carpio Nicolle” y “Almonacid” acerca del deber de reabrir procesos por violaciones a derechos humanos, cerrados en virtud de una cosa juzgada aparente o fraudulenta.
Como corolario, el Estatuto de Roma en su artículo 7º refiere que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos que enumera, cuando se cometa como parte de un “ataque generalizado o sistemático” contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ampliando el concepto, entiende por “ataque contra una población civil” a una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos - mencionados en el párrafo 1 del artículo 7mo.-, contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.
Concluyendo, y en orden a lo ponderado propongo al Acuerdo, rechazar el recurso interpuesto, sin costas, encomendando a la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores arbitre los medios pertinentes a efectos de verificar la demora en el trámite (artículos 62 y 67 texto conforme leyes 13.569 y 21.338, ratificado por la ley 23.077, 144 quater del CP; 323 inc. 1, 450, 451, 452, 460, 465, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal). En consecuencia, a esta primera cuestión me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Del legajo surge que por un hecho de omisión de evitar la tortura que se dice cometido en 1997, imputado a un Comisario en actividad, el trámite transita aún la instancia de garantías.
Esto compromete la responsabilidad internacional de la República Argentina, pues en tales condiciones no hay acceso a la justicia para las víctimas y/o sus familiares, ni puede decirse que puede existir una investigación integral, completa e imparcial, como se señalara en Sala en el precedente Mostajo, vinculado al homicidio de J. O. G. (ver causa 55.480 del registro de este Tribunal).
Sea como consecuencia de un procedimiento colectivo o individual, la tortura es tortura.
Debemos investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones; y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Debemos garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Debemos adoptar las medidas necesarias para castigar la privación de la vida y otras violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de las propias fuerzas de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Debemos investigar con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; hacerlo con un sentido, asumiéndolo como deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Debemos buscar efectivamente la verdad (ver Caso “Bulacio vs.
Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Es inadmisible la prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
De acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados, ninguna disposición o instituto de derecho interno, entre ellos la prescripción, podría oponerse al cumplimiento de las decisiones de la C.I.D.H en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos (ver Caso “Bulacio vs. Argentina”. CIDH Sent. 18/9/2003).
Dicho sea al paso no hay extinción de la acción para quien ejerce la función pública y, que por lo denunciado, no hizo lo que debió hacer (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; Convención Americana Sobre Derechos Humanos; Convención de Viena; Resolución de Naciones Unidas 40/34 del 29 de noviembre de 1985; 67, párrafo 2°, del Código Penal).
Pero como la mayoría en este Acuerdo decide lo contrario salvo el voto conforme a lo considerado. ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Sal LLargués dijo:
Que por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor Violini y, a esta primera cuestión, me pronuncio POR LA NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Violini dijo: Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente corresponde rechazar el recurso interpuesto, sin costas, encomendando a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores arbitre los medios pertinentes a efectos de verificar la demora en el trámite (artículos 450, 451, 452, 460, 465, 530 531 y 532 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.-
A la segunda cuestión planteada, los señores jueces doctores Borinsky y Sal Llargues dijeron:
Que votamos en igual sentido que el doctor Violini.
Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente R E S O L U C I Ó N I.- RECHAZAR el recurso interpuesto, sin costas.
II. ENCOMENDAR a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores arbitre los medios pertinentes a efectos de verificar la demora en el trámite.
Rigen los artículos 450, 451, 452, 460, 465, 530, 531 y 532 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase a origen.
FDO.: VÍCTOR HORACIO VIOLINI – RICARDO BORINSKY – BENJAMÍN RAMÓN SAL LLARGUES
Ante Mí: Carlos Javier Durán.
Fin de la sentencia