Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8119 FOLIO Nº 102/105 PROT. ELECT. JRS1095I.231
Río Gallegos, 27 de septiembre de 2023.-
La presente causa caratulada "F.Y.V. S/ Dcia. Les. Leves y Pta. Inf. Ley 26485" - Expte. Nº 15219/21 - Apelación/Causa JR Nº 7590/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 125/133, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la localidad de Río Turbio, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado SNG, en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente agravadas por mantener una relación de pareja y por mediar Violencia de Género” (Arts. 89, en función de los arts. 92 y 80 inc. 1 y 11 del CP, en aplicación de la ley 26.485, 24632, 26061 y 3062). Que a fs. 135/139, la defensa apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 144 y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordarán cada uno de los agravios por separado en el orden propuesto por la parte recurrente.
1. Por resultar los agravios 2 y 3 similares en su contenido se les dará desarrollo a ambos de manera conjunta.
Agravia a la defensa la interpretación errónea de los hechos por parte de la a quo, planteando que no existe tipicidad del mismo.
Explica que sólo se ha valorado lo relatado por la damnificada sin tener en cuenta su versión de los hechos, procediendo a describir su relato nuevamente.
Así, indica que la supuesta lesión que le habría ocasionado a la víctima es insignificante, conllevando –a su criterio- a la falta de tipicidad del delito.
Plantea el recurrente (agravio 2) que no se ha acreditado el elemento subjetivo requerido para la configuración del delito imputado, con relación a la diciente, y explica que solo intentaba defenderse de las agresiones que recibía, replicando que es impredecible saber si las lesiones han sido ocasionadas por el denunciado o si ya existían.
A ello suma que el certificado médico es vago, impreciso y que resulta insuficiente pues -a su criterio- no describe en forma correcta el tipo de lesiones contusas, la morfología de las mismas, incluyendo el color, tamaño, etc.
Que, en tal sentido, no se acreditó la existencia del dolo requerido para la configuración del delito.
Daré inicio al desarrollo de los agravios indicando que el accionar del Sr. G. traería aparejado la configuración del tipo penal de lesiones leves del Código Penal.
Podemos decir que “…El tipo penal configura un delito de resultado material, ya que se exige como tal la producción de un daño en el cuerpo o en la salud. Este resultado debe ser consecuencia de una acción violenta sobre la víctima por parte del sujeto activo. El delito queda consumado con la causación del daño en el cuerpo o la salud…” (María Graciela Cortazar, “Lesiones”, Asociación Pensamiento Penal, Pág. 4). De esta forma, la materialidad del hecho atribuído se encontraría -desde el punto de vista objetivo- acreditado con el certificado medico de fs. 03, cuyos daños en el cuerpo, reflejan la agresión física que el encartado le hubiera propinado a la Sra. F.
Considerando el hecho que la defensa cuestiona el contenido del instrumento referido, advierto que esa parte no objetó la incorporación del mismo al momento de llevarse adelante la defensa material del imputado, ni tampoco habría ofrecido prueba para desvirtuar lo constatado por la Dra. AY.
En cualquier caso, ya hemos mencionado que: “(...) los certificados públicos hacen plena fe de autenticidad y sólo pueden ser contradichos mediante la pertinente acción judicial. En tal sentido, constituye “... un documento extendido por un médico habilitado, en el que consta una deducción o una inducción, en relación con la índole médica de la profesión (Levit, León, “Medicina Legal”, Ed. Orbir, 1970, pág. 50). (...) Su fuerza probatoria se mantiene plena, y opera en cuanto al hecho de haberse otorgado y a la existencia de las declaraciones que en ellos aparezcan consignadas, hasta tanto no sea argüido de falso.” (Corte de Justicia, Salta 10 de abril de 2014, autos caratulados “C/c D.A.C.- Recurso de Casación” Expte. Nº CJS 36.916/13, Resgistra: Tomo 187: 97/116). Conforme a ello, al no evidenciarse irregularidades en el certificado médico, dicha prueba reviste de carácter suficiente para acreditar -con el grado de probabilidad necesaria en esta instancia- la materialidad del hecho.
En relación al elemento dolo, considero que lo mencionado por la damnificada (a fs. 02) en cuanto a que el imputado la habría agredido con el fin que ésta se retire del domicilio (puesto que según se advierte de los relatos de las partes que habrían decido terminar la relación), seria suficiente para determinar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia del proceso- la intencionalidad de lesionar a la damnificada. Asimismo, surge de la declaración testimonial de JF (fs. 32 vta.) que mediante una llamada telefónica podría haber percibido el hecho violento, indicando: “…se acerca mi hijo menor quien estaba jugando con el celular en línea con su prima, hija de Y., y me dice que S. le estaba pegando a su tía, por lo que pregunto como sabia y me hace escuchar el celular, donde efectivamente se escuchaban gritos (…) subo al auto y me llama mi hijo y después me corta, previo me dijo que le seguía pegando a mi hermana, seguidamente me llama mi sobrina y me dice que seguía el problema y que le seguían pegando a mi hermana por lo que procedí a trasladarme al domicilio y ya estaba la policía (…) que posterior a eso me acerque a la comisaría y llego mi hermana desde el hospital donde pude corroborar que tenia lesiones en los brazos …”. Ahora bien, abocándonos a la autoría de las lesiones, advierto que la víctima habría sindicado al Sr. G, como autor de las mismas y que sus dichos -alegando que el imputado la habría pateado y golpeado en el brazo-, guardan plena coincidencia con lo detallado por el cerificado mencionado, a saber: “…zona eritematosa en brazo izquierdo y la paciente refiere dolor al tacto, también en cara posterior de miembro inferior izquierdo, zona de abductores, refiere dolor…”. Que, no podemos pasar por alto la presencia del imputado en el lugar de los hechos, lo cual surge del relato de su hermana y del informe policial de fs. 01, y que a su vez, robustece lo mencionado por la victima.
Por si fuera poco, debo recordar aquí que esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores pronunciamientos acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma. Tampoco debe perderse de vista la connotación de violencia de género que emerge de estos autos, y que ello impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa.
Para culminar con el cuestionamiento de la tipicidad es dable indicar que: “...respecto a la importancia del daño para establecer el resultado típico, la ley solo exige que se cause un daño en el cuerpo o en la salud de otro, sin referirse a la medida o entidad del mismo. Se ha generado en derredor de este vacío u omisión cuantificadora del daño, una discusión referida a la existencia de tipicidad en casos de lesiones ínfimas o levísimas, tales como un mero rasguño, un moretón o un corte de cabello. La doctrina tradicional entiende que la ley al no hacer distinción incluye estos casos dentro de la lesión por causación de daño, al quedar comprendidas en el concepto de alteración anatómica y se dice que por insignificante que sea implica un atentado a la persona material que va más allá de la agresión con arma la cual es delictiva para la ley...” (María Graciela Cortazar, “Lesiones”, Asociación Pensamiento Penal, Pág. 5). De igual modo, se ha dicho: “…la hipotética insignificancia no se mide sólo por el resultado sino también por las consecuencias del accionar totalmente desproporcionado y violento en menosprecio de una mujer (voto del juez Jantus al que adhirieron los jueces Magariños y Huarte Petite)…” (Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal, “Violencia de género. Concepto. Valoración de la prueba. Principio de insignificancia”, Revista Pensamiento Penal, Fecha Fallo Febrero 20, 2018). En consecuencia, considero que lo mencionado es suficiente a fin de rebatir la aplicación del principio alegado, entendiendo que el carácter de insignificancia al que hizo referencia el defensor carece de sentido, considerando esta Alzada que las acciones llevadas a cabo por el imputado ostentan la gravedad e importancia requeridas para la configuración de la figura penal. Atento a lo detallado es que no considero que la Magistrada haya pasado por alto la versión que el imputado brindó al momento de su declaración indagatoria. Contrariamente, coincido con su determinación (ver. fs.132 vta) que el relato del Sr. G. no basta para desvirtuar los elementos de prueba que abastecen la causa.
En consonancia, tampoco considero que haya existido una liberalidad por parte de la Magistrada en su decisorio ya que, se estima que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados al imputado, como también su autoría material, motivo por el cual los puntos de agravios no podrán prosperar.
3. Agravia a la defensa que las medidas probatorias han sido interpretadas y valoradas de manera totalmente parcial para llevar adelante el procesamiento apelado.
Que, fundamenta ello indicando que el día de los hechos se le habría solicitado al imputado que entregue la vestimenta que tenia puesta dado que se observaba la rotura de la remera y que la misma estaba mojada por el alcohol que la denunciante habría arrojado pero que ello no se ha peritado, algo esencial en los delitos que ocurren en el ámbito intimo de la pareja. Plantea que los escasos elementos de prueba que se han recolectado no fueron tomados en cuenta la a quo, como tampoco se ha solicitado la pericia.
Agrega que ocurre lo mismo con la vestimenta de la denunciante, la cual si se la hubieran pedido en el momento de los hechos hubieran determinado que no le habría arrojado ninguna sustancia, llegándose a la realidad de los hechos.
Y reitera que lo mencionado conlleva a que el imputado no ha agredido físicamente a la Sra. F., sino solamente se ha defendido de sus constantes ataques y violencia que ha ejercido sobre su persona, por lo que la acción típica no ha ocurrido.
Atento la motivación del resolutorio cuestionado, considero que la Magistrada ha resuelto en función de las constancias obrantes en la causa, analizando las mismas bajo las reglas de la sana crítica racional, dando las razones de por qué asigna valor convictivo a la denuncia judicial interpuesta por la Sra. F., evidenciándose en autos suficiente caudal probatorio para considerar que el imputado podría haber cometido el hecho ilícito. En este sentido, la denuncia se robustece con el informe policial de fs. 01, el certificando médico de fs. 03, la declaración de la Sra. JF a fs. 32/ vta., el acta de inspección ocular de fs. 07/08 vta., entre otros y que dichos elementos son suficientes para traspasar la barrera el art. 278 del CPP.
Respecto a las diligencias que -a consideración de la defensa- la Magistrada habría omitido solicitar, debo recordar que la Sra. Jueza selecciona las pruebas a producir, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no le resulten pertinentes para la causa.
Que por otro lado, en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Finalmente, no debemos olvidar que en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe al imputado en el mismo.
En este sentido, se ha dicho: “El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). Habiéndose superado positivamente el cuestionamiento relativo a la labor instructiva el presente agravio tampoco prosperará.
4. Finalmente plantea, con relación a los agravantes invocados por la a quo, que no basta la mera invocación de los tratados internacionales que protegen a las mujeres para considerar aplicable ambas situaciones, sino que debe existir una mínima comprobación de la situación real en que se encuentra la mujer, y disponer las medidas complementarias que colaboren en cesar dicha situación, cuestiones que no han sucedido en éstas actuaciones. Ingresando al tratamiento del presente agravio, por el contrario a lo planteado por la defensa se concuerda con la a quo que del caso en análisis evidenciaría una cuestión de violencia hacia la mujer, inclusive se cuenta con testigos ocasionales del hecho, tratándose de los menores de edad que jugaban en línea cuando los hechos habrían acaecido, viéndose de manera involuntaria inmersos en una situación violenta. Entendemos que existen indicadores que permitirían asumir la existencia de violencia de género, así, la manera de reaccionar del imputado denotaría el poder de superioridad con respecto a ésta, que según surge de la denuncia judicial, el imputado se habría ofuscado y la habría pateado reiteradamente como también le habría pegado en los brazos, todo ello a fin que la damnificada se retire del domicilio. Que dicha circunstancia de violencia, habría quedado acreditada en la presente mediante los elementos de prueba indicados ut supra, existiendo un conglomerado probatorio que, valorado en su integridad como lo hiciera la a quo, permitiría argumentar la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.
Por esta razón, es que no percibo arbitrariedad por parte de la Magistrada, encontrándose fundamentado el agravante cuestionado, motivo por el cual el presente agravio tampoco tendrá acogida favorable debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.
Finalmente cabe mencionar que si bien el recurrente hace referencia a que el auto apelado sería “arbitrario, rozando la nulidad de las actuaciones”, sus argumentos quedan a mitad de camino, sin lograr fundamentar su posición, con lo cual hace inconsistente, viéndonos impedidos de contemplarlo.
II. Formula reserva: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de casación en caso de que la pretensión desarrollada fuera denegada, lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 125/133, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de Caso Federal.
3. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia