Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9148 FOLIO Nº 159/161 PROT. ELECT. JR101826I.242
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2024.
La presente causa caratulada: “C.F.V. Y OTRA S/ FALSO TESTIMONIO” Expte. Nº C-65.232/18, Apelación Nº 9277/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 138/140 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.V.C. en orden al delito de Falso testimonio agravado (art. 275 2º párrafo del Código Penal), y en el pto 2) trabó embargo sobre sus bienes como medida preventiva por la suma de pesos un millón ($1.000.000). Que a fs. 145/147 vta., la defensa técnica del imputado apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 154, y no habiendo presentado el memorial de agravios previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que como primer agravio, entiende el recurrente que el pronunciamiento apelado no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y acrece de fundamentos suficientes, observándose una ligera valoración de la escasa prueba incorporada, afectando el principio general de in dubio pro reo.
Considera que el magistrado únicamente se limitó a afirmar su postura, remitiéndose a sus testimonios sin un análisis pormenorizado de los mismos, lo cual resulta insuficiente a los fines de otorgarle una correcta motivación a su fallo.
Como segundo agravio y de su propia versión de los hechos expuestos en la declaración indagatoria de autos, establece que la conducta adoptada por las familias R. y S. se encuentra descripta en el tipo penal previsto en el art. 149 bis del CP.
Desde el aspecto subjetivo de la imputación, señala que ha recibido presiones de toda índole antes y durante la declaración brindada en el juicio oral, y en dicho contexto, SS debe ponderar cierta inexactitud en sus exposiciones, sin que ello signifique discordancia con los hechos, sino con lo que ha podido señalar respecto de lo que ha podido percibir respecto a incidencias ocurridas ocho años atrás. Reitera que jamás nombró al Sr. M. en sus declaraciones, pese a las presiones recibidas por los familiares citados y de los propios operadores judiciales durante el debate.
Se cuestiona si acaso declarar que una persona estaba en la riña significa que haya asegurado su participación en las formas que luego el instructor sostuvo.
Afirma que en la etapa investigativa declaró en estado de ebriedad, durante el juicio oral bajo coacción y en la indagatoria de autos brindó una versión sobre episodios que fueron suscitados 8 años atrás, relatos siempre condicionados por encontrarse al momento de los hechos bajo los efectos del alcohol.
En un tercer agravio engloba una incuestionable violencia de género sufrida durante todos estos años.
Se pregunta por qué no se han contemplado las circunstancias denunciadas en su declaración indagatoria, pues cualquier titubeo, duda u omisión ha sido involuntaria, ya que fue consecuencia del temor a una represalia de sujetos que toda la población santacruceña conoce por sus prontuarios.
Enfatiza en una violencia de género sufrida por R. y las tortuosas agresiones físicas y verbales de su familia y los S. L. perpetradas hacia su persona, que con asidua frecuencia no ha podido sortear bajo los canales institucionales, lo que en definitiva coloca su accionar dentro del estado de necesidad disculpante por defensa necesaria para defender un bien jurídico de igual grado, enmarcado dentro del art. 34 del CP. Iniciando el análisis de los agravios expuestos, y en relación al primer planteo referido a la falta de motivación de la resolución recurrida, cabe señalar que de la lectura de dicho auto, se puede observar que el mismo se encuentra debidamente motivado, habiendo la instrucción analizado la totalidad de las probanzas colectadas, y que le permitió arribar a un provisorio juicio de valor en lo que se refiere tener por acreditado el ilícito endilgado y la responsabilidad penal que prima facie tendría la imputada de autos.
De esa manera se dio debido cumplimiento a las normas reguladas en los Arts. 115 y 116 del C.P.P., además el auto apelado cumple con los requisitos estipulados en los Arts. 289 y 291 del C.P.P., en cuanto a la forma y el contenido que debe tener un procesamiento. Dicho auto contiene la valoración de la prueba colectada durante la instrucción conforme las reglas de la sana crítica racional, la calificación legal que consideró aplicable al caso, el análisis los descargos de los imputados brindados al momento de prestar declaración indagatoria y la explicación de cómo se arribó a dicho juicio de valor. Al respecto, y sobre la importancia de dicha actividad, la jurisprudencia ha manifestado que "...Es, en efecto, uno de los requisitos esenciales de la sentencia, que explicita su estructura lógica mediante la enunciación de las premisas del silogismo que concluye en los puntos resolutivos.
Es también "una comprobación lógica para controlar a la luz de la razón, la bondad de una decisión surgida del sentimiento; es la "racionalización" del sentido de justicia; es la demostración de que el juzgador se quiere dar a sí mismo antes que a las partes la ratio scripta que convalida el descubrimiento nacido de su intuición" (Calamandrei, Piero "Proceso y Democracia", p. 115 y ss. Buenos Aires, 1960), pero es igualmente el proceso por el cual se somete a la argumentación de la mayoría, respecto del tratamiento de la prueba testimonial, a un test de concordancia. Esta evaluación, además, deberá efectuarse a partir de estándares de suficiencia y objetividad delineados en la doctrina judicial de la CSJN, conforme a los cuales se viene sosteniendo que el requisito de motivación demanda que los fallos judiciales tengan una fundamentación suficiente y objetiva derivada concretamente de dos principios de naturaleza constitucional, el de la garantía de la defensa en juicio y el de la forma republicana de gobierno (conf.
Fallos 116:23; 119:284; 172:188; entre otros). De esta forma, considera esta Alzada que la instrucción ha realizado una detenida y razonada ponderación de las constancias del expediente, habiendo demostrado que a través de los elementos probatorios de autos, considera posible arribar a la determinación adoptada.
No compartiendo la postura de la recurrente, sobre una ligera ponderación de las actuaciones de autos por parte de la instrucción.
En autos, la instrucción consideró probada la mendacidad de C. ante las marcadas diferencias de ambos testimonios por ella brindados durante las distintas etapas procesales.
En el delito que se analiza, el tipo penal se concreta sólo si la declaración mendaz puede influir en el pronunciamiento del juez, con prescindencia de las consecuencias ulteriores del juicio.
Al respecto sostiene la doctrina que "El bien jurídico tutelado es el correcto funcionamiento de la administración de justicia (...) El testigo, informante, traductor o intérprete que actúa de manera infiel durante la sustanciación de un proceso no sólo menoscaba los intereses de alguna de las partes del pleito, sino que lesiona con su comportamiento el eficaz servicio de justicia al inducir al error de manera mendaz a los jueces encargados de la resolución del caso...". (Código Penal - Aboso). Asimismo que "La posibilidad de influir en el resultado de la causa debe ser apreciada en el momento en que la falsedad se produjo, independientemente de cuál haya sido dicho resultado, pues la causa puede finalizar por una circunstancia que no está directa ni indirectamente vinculada con la declaración falsa." (Tratado de Derecho Penal - Parte especial - Buompadre). En los presentes, durante la etapa de instrucción y al momento de resolver el juez instructor la situación procesal de M., tuvo en consideración el plexo probatorio aunado durante la investigación, especialmente aquellas piezas probatorias que corroboraban la participación del imputado en los hechos denunciados.
Siendo advertida dicha circunstancia por los operadores judiciales en la etapa del debate, quienes peticionaron requerimiento de instrucción al agente fiscal, quien formulara formal requerimiento de instrucción por la presunta comisión del delito de falso testimonio, art. 275 segundo párrafo CP.
En cuanto a las amenazas que manifestó haber recibido por parte de las familias S. y L. en su declaración indagatoria, debemos mencionar al recurrente que la sola manifestación sin haber aportado medios de prueba que acrediten sus dichos, resulta deficiente a los fines pretendidos.
El descargo brindado al momento de prestar declaración indagatoria, no alcanza para desvirtuar el plexo cargoso que pesa sobre la imputada.
En relación a la violencia de género esgrimida como padecida por la imputada, el recurrente -a consideración de esta Alzada- no alcanza con su desarrollo a establecer el nexo entre su posición de víctima de violencia de género, violencia ejercicio por parte de M.R. con la presente investigación por falso testimonio. Sólo se vislumbran desafortunados intentos de desviar el objeto de la presente investigación. Al respecto cabe recordar a la defensa que como operadores judiciales debemos atenernos a las circunstancias comprobadas en la causa.
En relación al estado de ebriedad alegado por la defensa, de la lectura de su declaración en sede policial, y ante el juzgado instructor, no se observa que el estado alegado no le hubiere permitido comprender la situación que estaba vivenciando, ni que haya nublado su entendimiento o sus recuerdos; ello en función de la coherencia de su relato y cantidad de detalles brindados en su narrativa. Debemos mencionar que en su escrito recursivo no obra una exposición motivada de sus agravios, sino mas bien infructuosos intentos de mejorar la situación procesal de su defendida, apelando a circunstancias inocuas a los fines pretendidos, en función del hecho que aquí se analiza.
De esta manera, encontramos la resolución recurrida debidamente motivada, habiendo analizado la instrucción los elementos probatorios a la luz de la sana crítica y teniendo como base la probabilidad exigida en la presente etapa procesal.
Bastará entonces, la comprobación de un mínimo de coincidencias que, como razones de hecho y de derecho, funden suficiente y objetivamente las conclusiones a las que arriban los jueces respecto de los aportes testimoniales para que la exigencia constitucional se encuentre satisfecha (conf. arts. 18 Ver Texto CN., 171 Ver Texto de la Const. prov. Buenos Aires y 106 Ver Texto del CPP. Buenos Aires), sin que resulte necesario a tal fin, que el acuerdo deba ser total y que incluya a todos los motivos en que se sostiene la decisión..." (TR LALEY 70013963). Razón por la cual se confirmará en forma íntegra el auto recurrido.
2. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
3. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 138/140 vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia