Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.265 FOLIO N° 031/033 PROT. ELECT. JR101 413I.261
Río Gallegos, 18 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada “O.F. S/ VIOLACIÓN DE DOMICILIO, AMENAZAS, LESIONES Y DAÑO -E.C.V.G.-” Expte. Nº 32.374/25, Apelación JR Nº 10354/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 86/93 vta. de los presentes, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.O., en orden a los delitos de “violación de domicilio en concurso real con lesiones leves agravadas por haber sido cometidas mediando violencia de género, en concurso real con amenazas (arts. 45, 150, 55, 89, 92 en función del art. 80 inc. 11, 55 y 149 bis del C.P.)"; en tanto en el punto 3) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos quinientos mil ($ 500.000).
Que a fs. 104/107, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 112 sostuvo el recurso (cód. validación a3a912b6) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa considera que la resolución recurrida no se ajusta a derecho en los puntos impugnados, resultando arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio. Solicita la defensa la impugnación del informe médico del Dr. G. en el que SS sostiene la comprobación de la materialidad del hecho. Ello, en razón que fue realizado el 26 de mayo a las 08:00 hs, cuando el hecho se produjo el 26 de mayo a las 10:40 hs.
Expresa que el facultativo sólo describió la antigüedad de la primera lesión (“antigua data”), siendo que del resto de las lesiones descriptas no realiza un detalle concreto respecto del tiempo de producción.
Asimismo se agravia e impugna el informe pericial del Lic. M. solicitando su desestimación por falta de los requisitos mínimos de trazabilidad que debe contener un informe pericial.
Detalla que el informe de fs. 65/66 carece de indicación respecto del objeto, métodos/técnicas, criterios de causalidad, se limita a indicar los puntos de pericia y a realizar apreciaciones complejas de las cuales no expresa, indica o relaciona cómo realizó la valoración, cómo descartó otras hipótesis, cómo concluyó en las afirmaciones realizadas, qué principios científicos utilizó. Considera que así presentado, resulta imposible de replicar por otro/a profesional porque se desconoce la metodología utilizada, lo que permite sostener la impugnación por vicios metodológicos interpuesta.
Señala que SS argumenta su decisión expresando que el testimonio de la Sra. R.S.E. convence por su espontaneidad a la vez que en las oportunidades que declaró resultó concordante sin contradicciones significativas, manifestando que lo que no puede ocurrir es que la judicatura acomode esos dichos o les de un alcance que no ha querido darle la denunciante.
Como prueba de ello manifiesta haber forcejeado con su defendido al tiempo que expresa haberlo filmado mientras el mismo la agredía, por lo que refiere que la denunciante tampoco hizo entrega de las filmaciones. Entiende que robustece lo expuesto el hecho que la Sra. R.S.E. fue citada en dos oportunidades para ampliar sus dichos y la misma no se presentó.
En cuanto al delito de amenazas, se agravia de que el delito que se le imputa carece de idoneidad suficiente para constituir una entidad penalmente relevante, en tanto la denunciante manifestara que no le teme.
Sobre el delito de violación de domicilio, la defensa tampoco encuentra que se haya logrado probar la imputación de dicho delito atento que no existe más que el testimonio de la denunciante. Sustenta que no existe ningún indicio de que la secuencia ocurriera como lo expresa la dicente, o con la intencionalidad que pretende imponerse.
Finalmente resalta que no surge que se haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada y su cuantía; siendo esa falta de motivación causal de nulidad por violentar el derecho futuro a la doble instancia, solicita la nulidad de la medida cautelar dispuesta. Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
Ingresando en el análisis de los planteos de la defensa, debemos señalar, que de la lectura de las constancias de autos, como del auto dictado por el a quo, se observa que obran en autos piezas procesales e indicios que permiten tener por corroborados los extremos atribuidos al incuso.
En cuanto al agravio referido al informe médico y la impugnación peticionada, debemos rechazar la misma, en tanto la discrepancia horaria resaltada por la defensa, no resulta de entidad suficiente para desmerecer el valor probatorio de dicho elemento de prueba.
Consideramos que no resulta de trascendencia el error material indicado, encontrándose a salvo en el cuerpo del mismo donde el profesional refleja las lesiones que observa en la humanidad de la denunciante, y por considerar al mismo un error tipográfico, siendo que verdaderamente resulta imposible que se haya producido el mismo en un horario anterior al de la ocurrencia del hecho.
En cuanto a la referencia efectuada sobre la pericia psicológica realizada al imputado, debemos resaltar que la recurrente no formuló objeción alguna al momento de llevarse a cabo, ni al momento de recepcionarse dicha pericia, pudiendo haber propuesto perito de parte, ello conforme las facultades que le otorga el art. 190 del CPP, tales como los motivos por los cuales pretende que la misma sea desestimada.
Al igual que con el informe médico puesto en discusión, consideramos que la circunstancia expuesta, no resulta suficiente para restarle eficacia probatoria.
Por lo expuesto, deben descartarse las impugnaciones peticionadas.
En cuanto a los alcances que la recurrente expresa le habría otorgado el magistrado a las expresiones manifestadas por la denunciante, recordamos que los jueces pueden analizar las pruebas producidas durante el proceso y determinar libremente el alcance o valor que a ellas les asignan, con ciertos límites. Así, se ha dicho: “… el juez es libre de valorar la prueba, pero esa libertad nunca podrá ser sinónimo de sinrazón … la libertad en la apreciación de la prueba de modo alguno implica una falta absoluta de reglas, sino que, por el contrario, sus decisiones deben ser motivadas en las constancias de la causa, las que deben ser apreciadas según su convicción, pero siempre en forma respetuosa de la lógica, la experiencia y el sentido común.” (Greppi, María Laura; La apreciación judicial de las pruebas; Cita: RC D 446/2012; Tomo: 2009 1 La prueba en el proceso penal – I; Revista de Derecho Procesal Penal).
En lo referente al agravio sobre el delito de amenazas, entendemos que la circunstancia que la damnificada hubiera manifestado que no le teme al incuso por los dichos proferidos, no quita de la capacidad intimidatoria que éstas pudieron tener al momento de suscitarse los hechos, máxime cuando las mismas fueron llevadas a cabo en un contexto de violencia doméstica.
Como fuera analizado por el magistrado, al referirse al respecto indicó: “Va de suyo las amenazas proferidas por el imputado, constituyen sin duda una intimidación idónea para amedrentar, máxime teniendo en cuenta el contexto en las que fueron proferidas y la violencia psicológica que ejerce el encartado, con insultos reiterados, las frases despectivas, denigrantes, tal como lo señalan los profesionales de la OVD, que a todas luces indica una naturalización de la violencia por parte de la damnificada y que permite explicar por qué S. dice no tener miedo ante las expresiones del causante.”.
De igual manera, los profesionales del Cuerpo Pericial de Psicólogos, hacen referencia a la observancia en la denunciante, de signos de haber atravesado situaciones de estrés agudo y crónico que estarían vinculados a episodios repetidos de violencia, y a identificar elementos de normalización de la violencia.
Es por ello, que es de consideración de esta Alzada, que se encuentran alcanzados los extremos del tipo penal adjudicado al imputado.
Y en lo referente a la orfandad probatoria, observamos que en autos, además de los dichos de la denunciante ante la Oficina de Violencia Doméstica y el informe médico elaborado por el Cuerpo Médico Forense, también constan en autos de otros elementos probatorios, tales como el informe de inicio de actuados de oficio por parte de la preventora, el informe de evaluación de riesgo de la OVD, acta de inspección ocular, secuencias fotográficas, acta de aprehensión, informes periciales de los justiciables, entre otros.
Es sostenido por esta Alzada y jurisprudencialmente, que el plexo probatorio debe ser considerado en forma conjunta, y en casos como en el presente, bajo una perspectiva de género.
Esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores resoluciones acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma."...Aun cuando se extendiera a familiares de la parte se ha considerado que la circunstancia de que el testigo sea amigo de la parte o de sus familiares no invalida sus dichos, aun apreciándolos restrictivamente, siempre que se vean complementados con otros elementos probatorios." "M., V. vs. F., A. y otros s. Cobro de pesos e indemnización de ley /// Cám. Apel. Sala B, Trelew, Chubut; 15/03/2012; Jurisprudencia de Chubut (Eureka); 462/2011; RCJ7252/13 rubinzalonline/1143420).
Es de esta forma que el magistrado arriba a la conclusión de atribución de responsabilidad; dado que tras el análisis de los elementos de prueba obrantes y los indicios emergentes de la investigación, encuentra alcanzados los extremos de materialidad y autoría, en función de la probabilidad que reina en la presente etapa procesal, a fin de la incriminación por los delitos imputados al incuso. Consideramos que la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género. Explica razonadamente tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable en cabeza de O.; indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan, fundamenta la calificación legal, y la medida cautelar dispuesta. Sobre el cuestionamiento al monto de embargo impuesto y sus fundamentos, entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que su traba es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Su fin es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
De igual manera es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “En cuanto al embargo, previsto por el artículo 518 del C.P.P.N., su monto debe ser suficiente para cubrir la eventual indemnización civil por daños y perjuicios derivados del delito reprochado y las costas del proceso, que en el caso las componen los honorarios de los letrados actuantes y el valor de la tasa de justicia (artículo 533, ibídem)” (CCC 85/2022/CA2 - “ACUÑA, C. A. s/ Sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 08/11/2024 elDial.com - AAE529).
Por lo expuesto, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 86/93 vta. de los presentes, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E..
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia