Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2022-22818693-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y de prescripción de la acción del fisco para imponer penas, sin costas atento a su tratamiento integrativo con el fondo.
2Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05 001 IT14 001534 A, por la firma “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.”, en la Actuación Nº 12197-7584-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
3Confirmar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17 dictada en la Actuación N° 12197-7584-2008, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 83.007,92Kg de la mercadería, la que se fija en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($59.635,35.-). Costas a la actora.
4Revocar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 335.769,08kg de la mercadería. Costas por su orden -en los términos del Considerando XII del voto de la Dra. Sarquis-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-20125760-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 26 de Febrero de 2026 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2022-22818693- -APN- SGASAD#TFN.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta la firma “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 006055/17 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, dictada en la Actuación Nº 12197-7584-2008, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $300.870,46 por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero con relación a la mercadería documentada en el DIT N° 05 001 IT14 001534 A y, se le formula cargo por u$s96.929,92.- en concepto de tributos y de $196.763,04 por IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Reseña los antecedentes de la causa. Sostiene que la resolución aduanera apelada en autos debe ser dejada sin efecto, por cuanto el auto de apertura del sumario resulta nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio de lo cual la acción del fisco para imponer penas y percibir tributos se encontraría prescripta. Además, destaca que en el caso el servicio aduanero notificó tardíamente la resolución. Considera que la dilación en el trámite del sumario excede todo plazo razonable, y viola el derecho constitucional a ser juzgado en tiempo oportuno. Plantea la inexistencia de la infracción imputada. Afirma que se ha dado cumplimiento al régimen de importación temporaria. Destaca que en las actuaciones administrativas obra consulta de declaración detallada del SIM de la que surge el estado “cancelada” de la DIT en cuestión. Impugna la liquidación de tributos. Solicita se deje sin efecto el reclamo por los conceptos IVA adicional y Percepción de Impuesto a las Ganancias por aplicación del fallo “Cladd” de la Corte. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia revocando la resolución aduanera apelada, con costas.
II. Que se presenta la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones. Formula negativa genérica. Considera que la acción del fisco para percibir tributos no se encuentra prescripta. Afirma que no se ha podido desvirtuar la configuración de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA como tampoco la extinción de las obligaciones asumidas. Remarca que la Sección Procedimientos Técnicos de la DGA informó que el CTC presentado por la importadora no era de aplicación. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que por PV-2025-20853688-APN-VOCXX#TFN se abre la causa a prueba, y por PV-2025-114605319- APN-VOCXX#TFN se declara el cierre del período probatorio. Mediante PV-2025-127707301-APN- VOCXX#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “G”, y por IF-2025-132204057-APN- VOCXX#TFN se ponen para alegar, agregándose el alegato presentado por la actora en el IF-2025-140268559- APN-DTD#JGM y el del Fisco Nacional en el IF-2025-140581969-APN-DTD#JGM. Por IF-2026-12093060-
APN-VOCXX#TFN se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12197-7584-2008 se inicia con la documentación relativa al DIT Nº 05 001 IT14 001534 A. A fs. 120 obra Nota Nº 888/2011 (SE PRTE) del 14/2/2011 por la que se produce el informe de la denuncia. A fs. 121 se clasifica y valora la mercadería considerada en infracción. A fs. 122 se liquidan los tributos. A fs. 124, con fecha 9/8/2012, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. “c” del CA. A fs. 125 se determinan los tributos y la multa. A fs. 126/128 se agrega impresión de pantalla de la Consulta de una Garantía Global o Unitaria. A fs. 129/vta. el 16/2/2017 se corre vista a la importadora, en los términos de los arts. 1001/1010, 1101 y cc. del CA, y se cita a “Chubb Argentina de Seguros S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria (notificadas el 9/5/2017 a la importadora y a la aseguradora según constancias de fs. 150 y fs.151, respectivamente). A fs. 137/143 contesta vista la importadora, y a fs. 144/145 presenta su descargo la aseguradora. A fs. 164 mediante Nota Nº 456/17 (DV CEXA) se informa que la totalidad de la mercadería importada por la destinación Nº 05 001 IT14 001534 A se encontraría en infracción “toda vez que no habría aportado los CTC definitivos utilizados como así tampoco declara cual correspondería en cada Permiso de Embarque”. A fs. 165/vta. obra la póliza. A fs. 167/170 obran impresiones de pantalla de consultas al Registro de Infractores. A fs. 171/176 con fecha 7/8/2017 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 006055/17 - apelada en autos-, notificada el 21/2/2022 a la aseguradora y el 16/2/2022 a la importadora. A fs. 191/199 se acredita la interposición del recurso ante este Tribunal.
V. Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de nulidad efectuado por la actora.
Que el fundamento de dicho planteo radica en la invalidez del auto de apertura de sumario, atento que no contendría los requisitos del art. 1094 del C.A. y, por ende, considera que operó la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y para perseguir el cobro de tributos.
Que los actos que se desarrollan en el sumario en las infracciones aduaneras comienzan con el auto de apertura del sumario, que debe iniciar o impulsar los procedimientos de investigación sin que ello signifique que dichos procedimientos deban agotarse al dictarse ese auto de apertura. Más bien, las diversas investigaciones y procedimientos pueden prolongarse por períodos que pueden, en ciertas oportunidades, resultar más o menos extensos.
Que de las actuaciones administrativas resulta que se formula denuncia por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. con relación a la totalidad de la mercadería documentada por el DIT N° 05 001 IT14 001534 A, con vencimiento del plazo de permanencia el 24/2/2007 (sobre de fs. 117, cuya documentación obra agregada a la causa adjunta a los IF-2022-70513891-APN-DTD#JGM e IF-2022-70514138-APN-DTD#JGM).
A fs. 121 se indica el valor de la mercadería y alícuotas aplicables a la misma.
A fs. 122, con anterioridad al dictado del auto de apertura de sumario, se practica la liquidación de tributos. A fs. 124, en fecha 9/8/2012, se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. “c” del C.A., y en dicho acto se identifica la infracción endilgada art. 970 del C.A., la firma imputada y la destinación aduanera que motivara la denuncia.
Que, en ese sentido, el auto de apertura del sumario por infracción al art. 970 del C.A., y el proveído por el que se ordena correr vista a la importadora y citar a la aseguradora garante, se ajustan en un todo a las normas que rigen el procedimiento para las infracciones previsto en el Capítulo Tercero, Título Segundo de la Sección XIV del Código Aduanero (art. 1094 y cctes.), por lo que corresponde declarar su validez.
VI. Que declarada la validez del auto de apertura del sumario, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción de fisco para imponer penas opuesto por la importadora.
Que el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella. Que de este modo, el plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas comenzó a correr el 1/1/2008 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, el 24/2/2007) y vencía el 31/12/2012. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 9/8/2012 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. “a” del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 10/8/2012 y el nuevo vencimiento ocurría el 10/8/2017.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe destacar que en las act. adm. obran impresiones de pantalla de la consulta efectuada al Registro General de Infractores que dan cuenta de que la importadora no registraba antecedentes infraccionales computables (v. fs. 167/170 act. adm.). Que, a continuación, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. “d” del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que teniendo en cuenta que la resolución aduanera DE PRLA N° 006055/17 (apelada en autos) fue dictada el 7/8/2017, el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado de dicha resolución. El nuevo plazo prescriptivo de cinco años comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 8/8/2017, y en ese sentido, la resolución aduanera fue notificada el 16/2/2022, con anterioridad al vencimiento de tal plazo, encontrándose actualmente suspendido en virtud de la interposición del presente recurso de apelación (art. 936 del C.A.).
Que, como consecuencia de todo lo expresado, la acción del fisco para imponer penas no se encuentra prescripta.
VII. Que a continuación, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 establece que “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 24/2/2007 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver carpeta DIT obrante en las actuaciones administrativas), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 1/1/2008 y vencía el 31/12/2012.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. “a”- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 9/8/2012 (fs. 124 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 7 meses y 9 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 4 meses y 22 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. “a” del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 9/8/2012) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. “a” del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que se trata, esto es, la Resolución dictada el 7/8/2017. Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 9/8/2012 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 7/8/2017 (fecha del dictado de la resolución). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso “a” del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 7/8/2017. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 4 meses y 22 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (4 meses y 22 días) se cumplió el 29/12/2017, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). Que, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, la aludida “notificación de la liquidación tributaria” se efectuó en fecha 16/2/2022 (según surge de la cédula de notificación agregada en la causa como documento Nº RE-2022-22813341-APN-SGASAD#TFN y del Formulario F4 de autos), es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que en tal sentido, el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 894/2017) dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (9/8/2012) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 7/8/2017- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso “a” del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la parte el día 16/2/2022, cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que dicha interpretación ha sido confirmada por la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/3/2024, donde puntualizó que -en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.- “…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 05 001 IT14 001534 A.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país (…).”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. N° 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que en el caso que nos ocupa, no surge que existan los CTC definitivos, pero sí se cuenta con las solicitudes CTC.
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante el DIT N° 05 001 IT14 001534 A, registrado por la firma importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.”, oficializado ante la Aduana de Bs. As., el 24/2/2005, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 24/2/2007, la actora importó 418.777kg de mercadería de la posición arancelaria Nº 4804.39.90.100E correspondiente a: “Extensibles, aptos para la fabricación de sacos (bolsas) Los demás- -Los demás –Los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150g/m2: PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.02 ó 48.03”.
Que de las actuaciones administrativas surge que la infracción que se imputa es por la totalidad de la mercadería importada temporalmente por el DIT en cuestión y que la Sección Operativa y Registral Importación se expidió por Nota Nº 456/17 (DV CEXA) e informó que se formuló denuncia por la totalidad de la mercadería importada mediante la destinación Nº 05 001 IT14 001534 A “toda vez que no habría aportado los CTC definitivos utilizados como así tampoco declara cual correspondería en cada Permiso de Embarque” (v. fs. 164 act. adm.). Que, de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de la totalidad de la mercadería ingresada al amparo del DIT N° 05 001 IT14 001534 A. Que al solicitar la cancelación de la temporal ante el servicio aduanero la importadora acompañó copia de los permisos de embarque a través de los cuales afirma que se habría reexportado parte de la mercadería (fs. 3/101 de las act. adm.). Además, adjuntó -al igual que lo hizo en su escrito de interposición de recurso ante esta instanciaun cuadro de descarga con el detalle de la reexportación de los insumos importados por el DIT de autos (fs. 1 de las act adm), e indicó la cantidad de mercadería que habría sido nacionalizada por el despacho Nº 07 001 IC84 000213 G. Sin embargo, la importadora no adjuntó copias completas de las solicitudes CTC (v. fs. 102/106, fs.107/111, y fs. 112/116 de las act. adm.) como tampoco del despacho Nº 07 001 IC84 000213 G.
Por ello, ofreció ante esta instancia, como prueba informativa, la remisión de copias certificadas del CTC definitivo o, en su defecto, de los Expedientes EXP-S01:0099462/05 y EXP-S01:0165482/2004, por los que tramitaron las solicitudes de CTC, peticionando se libre oficio a la Secretaría de Industria y Comercio a los fines de requerirlos. Las copias certificadas de las referidas solicitudes CTC fueron agregadas a la causa y obran adjuntas al documento IF-2025-72514469-APN-SGASAD#TFN.
Que, siendo ello así, corresponde analizar los permisos de embarque que el fisco no tuvo en cuenta y con los que la actora aduce que descargó la mercadería restante por regularizar.
Al respecto, corresponde poner de manifiesto que, conforme surge del propio detalle de descarga acompañado por la actora, la solicitud CTC Nº S01: 0298226/06 no coincide con ninguna de las dos solicitudes CTC (EXP- S01:0099462/2005 y EXP-S01:0165482/2004) utilizadas por la importadora para acreditar la relación insumo/producto en la reexportación de la mercadería introducida por el DIT en trato. La solicitud CTC Nº S01: 0298226/06 fue invocada en la declaración jurada de los permisos de embarque Nros. 06 026 EC03 000396 N, 06 026 EC03 000407G y 06 026 EC03000408 H, por lo que no serán considerados en la presente.
Asimismo, respecto del permiso de embarque Nº 05 001 EC03 039717 Y, efectuados los cálculos de la relación insumo/producto, no se extrae la cantidad consignada en dicho permiso.
En conclusión, las solicitudes CTC a las que refiere la actora en su recurso y respecto de las que se agregaron las probanzas a la causa son las solicitudes CTC Nros. S01:0099462/05 y S01:0165482/2004, las cuales serán tomadas en consideración a efectos del análisis de la descarga del DIT en trato. De ellas se desprende que: • La Solicitud de CTC Nº S01:0165482/2004 tipifica la relación insumo-producto de mercadería de la PA NCM 4804.39.90 -insumo- para la elaboración del producto de la PA NCM 4819.30.00:
Producto 1: “Bolsas de papel kraft para envasado de cemento (tres pliegues)”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,20kgs de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto, que genera mermas irrecuperables del 15%.
Producto 2: “Bolsas de papel kraft para envasado de cemento (dos pliegues)”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,15kgs. de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto, que genera mermas irrecuperables del 15%.
• La Solicitud de CTC Nº S01:0099462/2005 tipifica la relación insumo-producto de mercadería de la PA NCM 4804.39.90 -insumo- para la elaboración del producto de la PA NCM 4819.30.00:
Producto 1: “Bolsas para envasado de leche en polvo y sus derivados 95CM X 50,5CM X 14CM”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,2710kgs de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto, que genera mermas irrecuperables del 15%.
Producto 2: “Bolsas para envasado de leche en polvo y sus derivados 90CM X 50CM X 14CM”. La referida solicitud CTC indica que se utilizan 0,2590kgs. de insumo para la elaboración de 1 unidad de dicho producto, que genera mermas irrecuperables del 15%.
Por otra parte, cabe señalar que el despacho de importación a consumo Nº 07 001 IC84 000213 G no obra agregado en autos y, por ende, no puede ser tomado en consideración.
XI. Que sentado lo que antecede, corresponde efectuar el análisis de los PE, oficializados con anterioridad al vencimiento del DIT cuestionado -24/2/2007-.
Que los citados PE descargan la mercadería ingresada temporalmente del siguiente modo:
Que en los casos de los permisos de embarque ut-supra individualizados que descargan parcialmente el DIT en trato corresponde mencionar que:
- En cada uno de los permisos de embarque obra la correspondiente hoja de descarga en la que se especifica: número de DIT, fecha de vencimiento, número de CTC, número de producto en el CTC, consumo unitario kgs., cantidad mercadería en unidades, cantidad de insumos descargados en kgs., CIF unitario, CIF total, todo ello conforme lo dispuesto por la normativa.
- Las solicitudes CTC aplican para el insumo importado y para el producto exportado bajo la posición arancelaria y la descripción conforme se describe en el DIT y en los permisos de embarque acompañados (resultado de las probanzas producidas en la causa).
- Los permisos de embarque fueron oficializados con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado (24/2/2007). Que así las cosas, si bien la copia completa de las solicitudes CTC fueron agregadas –como prueba- recién ante esta instancia, la observación formulada por la Aduana no ha sido óbice para realizar el cruce de rigor de la documentación que fuera oportunamente presentada y efectuar la descarga correspondiente. De esta manera, resulta que la mercadería importada mediante el DIT en trato ha sido regularizada parcialmente con anterioridad al vencimiento del plazo otorgado.
Que, por ello, cabe concluir que se reexportaron 335.769,08kg de los insumos documentados con el DIT en trato. En consecuencia, se ha configurado en la causa la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. con relación a 83.007,92kg de los insumos del DIT no regularizados, por los que corresponde el pago de una multa de $59.635,35.-.
XII. Que las costas se imponen a la actora por los montos que se confirman (83.007,92kg de la mercadería en infracción), y por su orden en relación con el resto de la mercadería por la que se revoca parcialmente la resolución, en razón de considerarse reexportada la cantidad de 335.769,08kg de la mercadería en trato, atento que la Aduana pudo oportunamente considerarse con derecho a litigar. Ello, teniendo en consideración que las copias certificadas –completas- de las solicitudes CTC recién fueron agregadas ante esta instancia (resultado de las probanzas producidas en la causa) y, por ello, resulta equitativo imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala “E” de este TFN en la causa 10.694-A “Molinos Rio de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Por ello, voto por:
1. Rechazar las excepciones de nulidad y de prescripción de la acción del fisco para imponer penas, sin costas atento a su tratamiento integrativo con el fondo.
2. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05 001 IT14 001534 A, por la firma “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.”, en la Actuación Nº 12197-7584-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
3. Confirmar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17 dictada en la Actuación N° 12197-7584-2008, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 83.007,92Kg de la mercadería, la que se fija en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($59.635,35.-). Costas a la actora.
4. Revocar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 335.769,08kg de la mercadería. Costas por su orden -en los términos del Considerando XII.-.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente la descripción efectuada por el vocal preopinante con relación al objeto del proceso, los fundamentos de la apelación y la contestación del traslado (considerandos I y II). Estimo, a su vez, que, a diferencia de lo manifestado por el voto que me precede, corresponde revocar la Resolución n° 6055/17, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 7 de agosto de 2017. Esto último, en virtud de los fundamentos que se detallan a continuación II. Tanto el art. 805, inc. a), del C.A., como el art. 937, inc. a), del mismo plexo normativo, establecen que el dictado del auto por el cual se ordenase la apertura del sumario trae como consecuencia la suspensión de la prescripción de la acción para percibir los tributos, y la interrupción de la acción para imponer penas respectivamente. En sentido contrario a mi convicción, la interpretación mayoritaria sostiene que estos efectos se producen automáticamente, sin que sea necesario que el acto sea notificado al presunto deudor/infractor. En otras palabras, el solo dictado del acto administrativo que dispone la apertura del sumario interrumpe o suspende el cómputo del plazo prescriptivo. Este criterio, que ha sido avalado en sede tanto administrativa como judicial, se funda en la lógica de que la investigación sumarial, una vez iniciada, genera efectos sobre la prescripción con independencia de la participación del sumariado.
Con relación a la hermenéutica a tener en cuenta para la determinación del alcance de cada una de estas disposiciones, ya tuve oportunidad de manifestarme sobre la importancia que presenta la notificación de aquellos actos administrativos que poseen un efecto interruptivo de la prescripción liberatoria (causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”). Allí sostuve, con relación específicamente al auto de apertura del sumario, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012, inciso b), del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificarlo; y que la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria previstas en los artículos 937, inc. a), y 805, inc. a), del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de un acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida en que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación -, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración.
No cabe duda, a mi entender, que estamos hablando de algo más que de la mera “eficacia”; estamos haciendo referencia a su entidad jurídica, es decir, de su “validez”. Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, este debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En este sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “[…] [s]i el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40).
La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho […]” (Corte Constitucional - Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados; es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate, de alcance general y particular.
III. Sin perjuicio de lo que antecede, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En efecto, mediante el examen detenido de lo actuado en sede administrativa, se llega a observar que, si bien el auto de apertura del sumario pertinente fue dictado el 9 de agosto de 2012 (a fs. 24 de las actuaciones administrativas n° 12197-7584-2008), la determinación de la corrida de vista (a fs. 129 ibid.) y su posterior notificación (a fs. 130 ibid.) recién se llevaron a cabo, respectivamente, el 16 de febrero y el 9 de mayo de 2017, aproximadamente diez años a posteriori del vencimiento de las destinaciones de importación temporaria objeto de la presente investigación, y más de cuatro años después de la correspondiente apertura del sumario. A su vez, se constata que, entre este último acto de apertura en 2012 (a fs. 24 ibid.) y la efectiva notificación a la parte afectada en 2017 (a fs. 130 ibid.), el único movimiento en el expediente administrativo consistió en la inclusión de la pertinente liquidación (a fs. 125/128 ibid.); cuestión, esta última, que, desde ningún puno de vista, pudo haber consumido cuatro años. A lo mencionado con anterioridad, corresponde agregar que, si bien la resolución definitiva, objeto del presente recurso, fue finalmente dictada el 7 de agosto de 2017 (a fs. 171/176 ibid.), su efectiva notificación recién tuvo lugar el 21 de febrero de 2022 (a fs. 179 ibid.); es decir, la notificación de este último acto administrativo se llevó a cabo luego de haber transcurrido cuatro años, seis meses y catorce días a posteriori de su correspondiente dictado. Por último, si se tiene en cuenta que el hecho generador de la obligación tributaria y de la investigación infraccional se concretó el 24 de febrero de 2007 (fecha en que produjo el vencimiento de la importación temporaria bajo examen) y que la notificación de la resolución definitiva, como acabamos de ver, se efectivizó el 21 de febrero de 2022, se logra constatar que el procedimiento desarrollado en sede administrativa tuvo finalmente una duración de 14 años, 11 meses y 27 días.
En tales condiciones, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales. Por lo tanto, la inusitada demora en la notificación de la resolución aquí apelada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
IV. Manifestada mi posición disidente con relación a la resolución de las cuestiones preliminares oportunamente planteadas por el apelante, corresponde a continuación presentar, a título de obiter dictum, algunas observaciones con respecto al alcance otorgado por el vocal preopinante a lo dispuesto por el art. 805, inc. a) in fine, del C.A. frente a aquellas situaciones donde la notificación de la resolución objeto del presente recurso (acto administrativo a partir del cual, según lo estipulado por la disposición mencionada, debería retomarse el conteo del plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos) se haya llevado a cabo en un plazo particularmente irrazonable (en la presente litis, [como se observó ut supra, considerando III] si bien dicha resolución fue dictada por la autoridad competente el 7 de agosto de 2017, fue notificada al interesado recién el 21 de febrero de 2022). Así, según lo manifestado mediante el voto que me precede, a los fines de que el plazo prescriptivo no quede suspendido sine die, se debería tener en cuenta lo estipulado por el art. 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto n° 894/2017) y, por consiguiente, correspondería entender que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el art. 805, inc. a), del C.A., sólo debería operar hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, “…reanudando su cómputo a partir de dicho instante”. A su vez, con el objeto de justificar su posición, el vocal preopinante haría referencia a lo manifestado por el voto mayoritario en la causa Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación (expediente EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN, sentencia del 3 de febrero de 2022; decisión donde tuve oportunidad de manifestar mi opinión al respecto, diferente a la desarrollada por la mayoría).
En mi opinión, el asunto traído a debate, lejos de agotarse en la mera exégesis del art. 805 del C.A., nos conduce a una nueva reflexión que no puede quedar relegada al margen del expediente y debe dejarse expresamente plasmada en este pronunciamiento. En efecto, el contraste entre los actos que abren el sumario y aquellos que lo clausuran o deciden sobre la acción del Fisco impone distinguir, con rigor conceptual y sentido de justicia, los requisitos de eficacia que cada uno demanda, so pena de convalidar un sistema procesal asimétrico donde el tiempo se detiene o reinicia al arbitrio exclusivo de la Administración. Así, la apertura del sumario no constituye un acto meramente interno ni un trámite burocrático destinado a engrosar el expediente, sino el punto de partida de un contradictorio que afecta la esfera jurídica del encartado. Su oponibilidad frente al particular sólo se cumple con la notificación válida, pues de otro modo se consagraría un procedimiento secreto en el que la prescripción quedaría paralizada sin que el justiciable tuviera siquiera noticia de la imputación, en flagrante contradicción con el derecho de defensa que garantiza la Constitución.
Distinta es la lógica respecto de las decisiones que ponen fin a la suspensión del curso del plazo, pues aquí lo decisivo no es abrir el debate, sino evitar que la autoridad administrativa prolongue artificialmente su poder de persecución. En tales supuestos basta el mero dictado del acto administrativo, ya que condicionar su eficacia a la notificación implicaría otorgar al Estado la llave de un reloj que podría detener y reanudar a su antojo, con la sola excusa de no haber cumplido una carga que le incumbía. En este sentido, resulta inaceptable que el órgano que concentra la potestad de dictar y notificar pretenda beneficiarse de su propia omisión, configurando un inadmisible abuso procesal bajo el disfraz del formalismo. No se trata aquí de discutir sutilezas doctrinarias, sino de aplicar el principio más elemental de buena fe: nemo potest commodum capere de injuria sua propria. El Estado no puede colocarse en la cómoda posición de ampliar sus plazos por la sola vía de demorar la entrega de lo ya resuelto.
La interpretación propuesta no sólo armoniza la normativa aduanera, sino que encuentra sólido fundamento en principios de jerarquía superior como el del plazo razonable y la tutela administrativa efectiva. Un procedimiento que se prolonga indefinidamente, no por la complejidad del caso sino por la desidia del órgano, no es un procedimiento justo sino un laberinto kafkiano. En otras palabras, lo que depende por entero de la Administración y redunda en su exclusivo provecho debe leerse en el sentido más restrictivo a su posición. De allí la regla dual: dictado suficiente para poner fin a la suspensión del artículo 805, inc. a) del C.A., notificación indispensable para que la resolución condenatoria del artículo 937 inc. d), del C.A. interrumpa. La hermenéutica propuesta armoniza el ordenamiento y se ancla en principios de jerarquía superior. El plazo razonable impide que los procedimientos se eternicen por desidia del órgano. La tutela administrativa efectiva impide que se alarguen en secreto por cargas que el propio órgano retacea cumplir. Porque, en definitiva, el derecho administrativo debe garantizar un equilibrio honesto entre la defensa del encartado y la eficacia del interés fiscal.
De esta manera, la doctrina que se fija preserva la seguridad jurídica sin desarmar el sistema.
En virtud de lo expuesto, voto por:
1. Revocar la Resolución n° 6055/17, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros el 7 de agosto de 2017.
2. Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar las excepciones de nulidad y de prescripción de la acción del fisco para imponer penas, sin costas atento a su tratamiento integrativo con el fondo.
2. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 05 001 IT14 001534 A, por la firma “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.”, en la Actuación Nº 12197-7584-2008, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
3. Confirmar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17 dictada en la Actuación N° 12197-7584-2008, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 83.007,92Kg de la mercadería, la que se fija en la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($59.635,35.-). Costas a la actora.
4. Revocar parcialmente el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 6055/17, en cuanto condena a la importadora “FABI BOLSAS INDUSTRIALES S.A.” al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. respecto de 335.769,08kg de la mercadería. Costas por su orden -en los términos del Considerando XII del voto de la Dra. Sarquis-.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.02.20 15:13:47 ART Date: 2026.02.26 13:44:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.26 13:48:38 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.26 13:49:14 -03:00
Fin de la sentencia