Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2025-133907485-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el presente recurso de amparo. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-143447872-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Diciembre de 2025 PRODUCTOS ELÉCTRICOS S.A.". Sentencia.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dra. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la Vocalía de la 7º Nominación), Agustina O' Donnell (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 8° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 9º Nominación), para resolver el Expediente EX-2025-133907485-APN-SGAI#TFN caratulado: “FÁBRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.A. s/amparo”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante RE-2025-133903431-APN-SGAI#TFN Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. interpone recurso de amparo en los términos del artículo 182 de la ley 11.683 con el objeto de que ARCA se expida en forma inmediata con relación al pedido de devolución iniciado mediante la Presentación Digital N° 202500886666 y sus complementarias, por la suma de $ 1.106.433.360,93.-, ingresada en forma indebida en concepto de Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAIS), con más sus intereses y costas correspondientes.
Menciona que es una empresa de una de amplia trayectoria en el mercado electrónico, cuya actividad principal consiste en la fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y vídeo y productos conexos, desplegando su actividad a lo largo de todo el país.
Que el 4 de agosto de 2025 presentó ante el Fisco Nacional, en los términos del art. 29 de la ley 11.683, una solicitud de devolución del Impuesto País que había ingresado anticipadamente como consecuencia de las operaciones de importación realizadas durante los años 2023 y 2024.
Señala la normativa aplicable y las particularidades de las operaciones de importación llevadas a cabo en las que abonó en exceso el impuesto en cuestión y alega que en virtud del citado art. 29 de la ley de rito, aguardó un tiempo razonable para que el Fisco Nacional pudiera procesar la solicitud, tomar los recaudos necesarios y resolver favorablemente el reintegro de los fondos solicitados.
Que ante la falta de registro de avance respecto de dicha solicitud, el 6 de noviembre de 2025 interpuso un pedido de pronto despacho mediante la PD 202501313576 con el propósito de impulsar el procedimiento y obtener una resolución sobre el pedido de devolución en forma “simple y rápida”, tal como lo ordena el citado art. 29, pero transcurrido los 15 días hábiles que prevé la norma, no se produjo movimiento alguno en el expediente, lo que motivó la promoción del presente recurso de amparo.
Agrega que no resulta posible verificar en el presente caso, la celeridad y simplicidad a la que alude la normativa, dado que se evidencia un retraso de mas de tres meses sin movimiento alguno.
Asimismo alega que las propias Resoluciones Generales (ARCA) 5720/2025 y 5765/2025, que si bien no aplican para los casos como el de autos, es reveladora de dos cuestiones centrales: el reconocimiento de ARCA de que los pagos a cuenta en exceso deben tramitar bajo el cauce de la devolución y que esta devolución debe ser expedita, limitando los controles sistémicos, ya que preveía un plazo de presentación original hasta el 22 de agosto de 2025, prorrogado luego hasta el 4 de septiembre de 2025 en el primer caso y hasta el 19 de noviembre de 2025 en la segunda RG, comenzando con las devoluciones a partir del 8 de septiembre y 15 de diciembre de 2025, respectivamente.
Afirma que el trámite del art. 29 de la ley 11.683 debe ser igual de expedito, ya que toda la documentación necesaria para el control fue puesta a disposición del organismo fiscal pero que sin embargo, pasan los meses y el expediente no tiene movimiento alguno, por lo que la razonabilidad del plazo, atendiendo a la simplicidad de lo solicitado, está largamente excedida.
Por otra parte sostiene que la ausencia de pronunciamiento acerca de la devolución solicitada le genera importantes perjuicios. Por un lado, perjuicio al derecho de defensa, pues desconoce si su solicitud es procedente o improcedente y el silencio de la Administración afecta claramente la garantía de la defensa en juicio y el derecho de peticionar, todos ellos amparados en nuestra Constitución Nacional. Y por el otro, la clara afectación al derecho de propiedad y al de ejercer toda industria lícita, ya que la envergadura de los montos involucrados en la devolución peticionada le genera un grave problema económico-financiero al no poder disponer materialmente de esa suma para solventar los gastos y costos corrientes que demandan el ejercicio de su actividad, sumado ello a la depreciación monetaria producto de la inflación acumulada y a la sustancial reducción de la tasa de interés aplicable a los supuestos de repetición o devolución. Alega que todas estas cuestiones producen el efecto contrario en ARCA, a quien el tiempo juega a su favor, ya que el interés con que pretende resarcir la demora del deudor en pagar sus acreencias es irrisorio en un contexto inflacionario como el presente.
Cita jurisprudencia a favor de sus dichos, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y en definitiva peticiona que se dicte sentencia haciendo lugar al amparo y ordenando a ARCA a expedirse en los términos peticionados, con costas.
II. Que mediante PV-2025-136047460-APN-VOCIX#TFN esta Vocalía instructora solicitó el informe de ley al Fisco Nacional, el cual es contestado en IF-2025-138205804-APN-DTD#JGM.
Señala que se procedió con la debida urgencia del caso a consultar al área con competencia en el trámite, informando en orden a su competencia la Sección Devoluciones de la División Gestiones y Devoluciones, que “...durante el tiempo transcurrido desde la recepción de las actuaciones, se iniciaron tareas tendientes a cotejar los dichos de la contribuyente en su presentación, agregándose embebidos al presente los archivos que ratifican lo antes señalado, por lo que no le asiste razón a la responsable cuando refiere que “...el expediente no tiene movimiento alguno...” (ver archivos “37 Padrón.pdf”, “38 Consulta Sistema Malvina - Pérdida de vigencia del Impuesto.pdf”, “39 Consulta Sistema Malvina - SIN ACCESO AL MULC-.pdf”, “40 Consulta eFisco - BCRA 2023 y 2024.pdf”, “41 Cruce destinaciones CON ACCESO AL MULC posterior a derogación I PAIS.pdf” y “42 Cruce destinaciones SIN ACCESO AL MULC.pdf”).
Asimismo agrega que “...la solicitud referida se encuentra aún en análisis en el área dada la profusa y voluminosa documental acompañada por la peticionante, que comprende operaciones de importación perfeccionadas desde el mes de Julio 2023 a Noviembre 2024, entendiéndose por todo lo expuesto y con el respaldo de las tareas realizadas en el área a la fecha, que la demora excesiva a la que refiere la responsable en su escrito al presentar el amparo por mora, no resulta tal, sino que se trata del tiempo lógico de control, verificación y análisis efectuados en el área con el fin de resolver la petición formulada el día 04/08/2025”.
Y señala que “...el procedimiento especial establecido por el Organismo mediante las Resoluciones Generales (ARCA) N° 5720/2025 y 5765/2025, como manifestó la contribuyente, no aplica para los casos objeto del presente amparo, por cuanto los controles y las verificaciones a realizar tendientes a resolver la solicitud no solo se limitan a “controles sistémicos”, lo cual se ratifica con la consulta a los Sistemas Informáticos y los papeles de trabajo efectuados en forma manual, que reflejan el análisis realizado a la fecha, concluyéndose en consecuencia que los tiempos incurridos tampoco resultan los mismos”.
Por su parte, el representante del Fisco Nacional agrega que en autos, se da la particularidad inusual de un impuesto que en un primer momento redujo el importe a ingresar para luego dejarse sin efecto el pago a cuenta, motivo por el cual, lejos de tratarse de una cuestión simple y rápida, como afirma la actora en su presentación, se trata de una cuestión novedosa que merece una mayor y correcta atención del organismo fiscal.
Alega que la presente acción de amparo debe ser declarada improcedente debido a que no se ha producido una demora excesiva o injustificada de su parte en el trámite involucrado ni mucho menos imputable a los empleados de esa administración, mucho más, agrega, teniendo en cuenta que se trata de un trámite novedoso e inusual.
Cita jurisprudencia en sentido de que no se verifica en autos una demora culpable y excesiva de su parte, acompaña como prueba instrumental los antecedentes administrativos, hace reserva de caso federal y en definitiva solicita se dicte sentencia, rechazando la procedencia de la vía intentada, con costas o en su caso, sea declarado abstracto, sin costas.
III. Que por PV-2025-142036414-APN-VOCIX#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
En primer lugar, corresponde analizar si se ajusta a derecho el recurso de amparo interpuesto.
Que para la procedencia de la vía preventiva del amparo (art.182 de la ley N° 11.683 t.o. en 1998 y sus modif.) deben verificarse los siguientes requisitos: a) Perjuicio hacia una persona individual o colectiva; b) Existencia de una demora excesiva; c) Trámite o diligencia a cargo de los empleados administrativos de la Dirección General Impositiva. Cabe señalar que con el dictado de la ley N° 25.795, se incorporó a los requisitos referidos la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa y el transcurso de un plazo de 15 días sin que se hubiere resuelto el trámite, requisito éste que se encuentra cumplido con la constancia del 06/11/2025 acompañada por la amparista en RE-2025- 133905710-APN-SGAI#TFN y por Fisco Nacional en IF-2025-138203766-APN-DTD#JGM -archivo embebido-, habiéndose asimismo iniciado el presente recurso de amparo el 03/12/2025.
Es dable destacar que el recurso de amparo instituido por la ley 11.683 (t.o. citado) está destinado a garantizar derechos que resulten vulnerados por dilaciones no justificadas de los empleados de ARCA en realizar trámites o diligencias que estén a su cargo, inactividad del organismo que resulte generadora de un perjuicio real al contribuyente.
IV. Que corresponde analizar entonces las circunstancias fácticas del caso, debiendo examinarse si existe una demora excesiva por parte del organismo fiscal en expedirse respecto de lo solicitado y, en tal caso, si dicha demora es imputable al mismo.
Que conforme se desprende del informe presentado por el Fisco Nacional, la amparista Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A. el 04/08/2025 efectuó una solicitud de devolución por la suma de $ 1.106.433.360,93.- en concepto de pago a cuenta del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAIS), en los términos del art. 29 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), con más sus intereses resarcitorios y el 06/11/2025 solicitó pronto despacho respecto de las actuaciones mencionadas.
V. Que el ente fiscal al presentarse en autos brinda razones coyunturales al explicar que para hacer efectiva la devolución reclamada por la amparista resulta indispensable el control, verificación y análisis de los requisitos y condiciones que hacen a su procedencia y que no se limita a meros “controles sistémicos” sino a la consulta de los Sistemas Informáticos y a los papeles de trabajo de manera manual.
Que además, no puede dejarse de advertir la voluminosa documental presentada para su análisis y que surgen de los antecedentes que se encuentran vinculados a estas actuaciones. Nótese tan solo que el pedido de devolución ingresado por la aquí amparista lo fue mediante la Presentación Digital N° 202500886666 con más de “30” presentaciones digitales complementarias, “debido al peso de los archivos” contenidos en ellos, los que muchos de los mismos superan las 300 página cada uno.
Por otra parte, no puede pasarse por alto que el pedido de devolución fue recién presentado en agosto del corriente año. Ello así, resulta comprensible la envergadura y trascendencia del monto involucrado $ 1.106.433.360,93. (Pesos mil ciento seis millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos sesenta con noventa y tres centavos) y la responsabilidad que implica la devolución pretendida, habiéndose efectuado una primera verificación del pedido y de los despachos de importación pertinentes a través por ejemplo del Sistema Malvina, conforme dan cuenta los antecedentes acompañados por el ente fiscal (vide IF-2025-138203837-APN-DTD#JGM -archivo embebido-, IF-2025-138204100-APN-DTD#JGM - archivo embebido-, entre otros).
Cabe poner de resalto que la vía del amparo -arts. 182 y 183 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.)- le permite a este Tribunal por un lado requerir un informe circunstanciado de las actividades llevadas a cabo por el Organismo Recaudador a ese momento y por el otro, proporcionar los elementos para arribar a una solución en el caso planteado por la amparista. Que ello así, con relación al primero de los aspectos si bien debe existir una razonabilidad entre las actividades llevadas a cabo, las posibilidades de llevarlas adelante y su efectiva realización, su apreciación, está íntimamente relacionada con la segunda parte señalada, es decir la forma de hacerla cesar. A tal punto que si estuviere resuelta al momento de la interposición del pronto despacho o de la confección del informe circunstanciado, la primera parte devendría abstracta. Que frente a ello resulta más que evidente que la celeridad pretendida por la aquí amparista encuentra receptividad en el área involucrada en la resolución del caso, por lo que resultaría innecesaria frente a esos términos y en esta oportunidad, la emisión de una orden de resolver con la consiguiente fijación de un plazo perentorio por parte de este Tribunal, atento que no se vislumbra la existencia de un trámite detenido ni demorado indebidamente, sin perjuicio de los tiempos propios insumidos en el procedimiento administrativo. A mayor abundamiento, cualquier plazo que se impusiera podría, en el presente caso, no resultar suficiente para el compromiso que tiene por delante el Organismo Fiscal.
Por lo tanto, no se encuentra cumplido uno de los requisitos que hacen a la admisibilidad de la acción intentada. Como ya se ha dicho en otras oportunidades la acción de amparo no es un remedio procesal que haya sido instituido para dar jurisdicción a este Tribunal Fiscal para resolver una controversia tributaria, sino para proteger los derechos o intereses de los administrados que se vieran obstaculizados por la demora excesiva en que incurra el Fisco Nacional en la realización de un trámite, lo que en este caso no ocurrió.
VI. Que en consecuencia, corresponde rechazar el presente recurso de amparo. En cuando a las costas, dadas las particularidades que presenta el caso concreto, corresponde que las mismas se impongan por su orden.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos, más disiento con la solución propiciada en el voto precedente.
II. Que previo a todo, corresponde destacar que para que proceda el recurso de amparo regulado por la ley de procedimiento tributario, deben observarse solo los siguientes requisitos: a) la demora de los agentes fiscales en la resolución de un trámite iniciado por los contribuyentes o responsables; b) que dicha demora sea excesiva e injustificada y c) la presentación de un pedido de "Pronto Despacho" ante el organismo fiscal, previo a la presentación del amparo ante este Tribunal, dejando transcurrir un plazo de 15 días desde su presentación ante la AFIP antes de su interposición ante este organismo jurisdiccional.
El remedio aquí analizado tiene por finalidad lograr el pronunciamiento expreso de la Administración cuando ésta es remisa en hacerlo, pero de ninguna manera autoriza a incursionar en el fondo de la cuestión subyacente a una determinada petición, de modo de obtener de este Tribunal una decisión sobre su procedencia, sino tan solo lograr una orden para que aquélla se expida de la forma que considere pertinente. Es decir que mediante esta vía el legislador pretende remediar los efectos nocivos producto de la morosidad del organismo recaudador en llevar a cabo trámites o diligencias. En consecuencia, corresponde que este organismo jurisdiccional a la luz de las constancias allegadas a la causa por ambas partes, examine si existió o no mora excesiva e injustificada en la actuación de la Administración y en caso afirmativo, fije un plazo para que se concluya el trámite administrativo.
III. Que tal como surge de las actuaciones y no se encuentra controvertido por las partes, la amparista solicita la devolución del impuesto PAIS iniciando el trámite correspondiente el día 4/8/2025 por las operaciones de importación realizadas durante los años 2023 y 2024, por un monto de $ 1.106.433.360,93 con más intereses resarcitorios. Ante la falta de respuesta a su petición, con fecha 6/11/2025 presenta un pedido de pronto despacho, el que no fue contestado y el 3/12/2025 interpone el presente recurso.
El 15/12/2025 el Fisco contesta el informe requerido por este Tribunal, invocando tareas que se habrían realizado y manifestando que la solicitud en cuestión se encuentra aún en análisis en el área, dada la profusa y voluminosa documental acompañada por la peticionante.
En relación con la actividad llevada a cabo desde el pedido de devolución, según los datos aportados por el propio ente fiscal, sólo consisten en consultas sistémicas, a saber, Consulta Sistema Malvina -Pérdida de vigencia del impuesto-, Consulta Sistema Malvina Sin Acceso al MULC; Cruce destinaciones con acceso al MULC posterior a derogación I PAIS y Cruce destinaciones Sin acceso al MULC.
Ello así, no se han acreditado en autos diligencias o trámites administrativos llevados a cabo desde agosto del corriente año, tendientes a expedirse respecto de la devolución peticionada o requerimientos emitidos en su transcurso.
IV. Que sentado lo que antecede, ha de considerarse que la resolución General 4815/2020 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) regula el régimen de percepción que se aplicará sobre las operaciones alcanzadas por el impuesto “PAIS” y específicamente en su Título II prevé el procedimiento de devolución para los sujetos que no fueren contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales.
En ese sentido, debe recordarse que la Administración ha de expedirse dentro del plazo establecido al efecto por las leyes o reglamentaciones o en su defecto, si no se fija un término como sucede en autos, en un tiempo que de acuerdo con las circunstancias de cada caso no exceda toda pauta temporal razonable y si bien la RG 4815/2020 prevé una serie de controles y habilita procedimientos de verificación previo al reintegro pretendido, lo cierto es que de los antecedentes administrativos acompañados no surge que desde la petición que motivara el presente recurso, hubiere existido actividad fiscal con entidad suficiente para justificar el tiempo transcurrido desde la iniciación del trámite, toda vez que la cuestión no queda zanjada con los relevamientos de datos obrantes en el sistema de ARCA.
V. Que respecto del perjuicio producido, el mismo surge evidente ante la indisponibilidad del monto de $ 1.106.433.360,93 cuya devolución se intenta.
VI. Que en consecuencia, voto por hacer lugar al recurso de amparo interpuesto, con costas y ordenar a la AFIP-DGI que en el plazo de 30 (treinta) días resuelva el trámite iniciado por la amparista, bajo apercibimiento de poner en conocimiento del superior su incumplimiento.
La Dra. O' Donnell dijo:
I. Adhiero al relato de los antecedentes efectuado en los puntos I y II del voto del Vocal Instructor y a la decisión que allí se propone.
II. Ello así toda vez que no se encuentra en discusión que la solicitud fue presentada el 4 de agosto de 2025, en los términos del art. 29 de la ley 11.683, y que el recurso de amparo ante este Tribunal fue presentado el 3 de diciembre de 2025, previo pedido de pronto despacho en sede administrativa el 6 de noviembre de 2025.
Teniendo en cuenta que la norma citada no prevé la devolución de los pagos en forma automática, sino sujetos a verificación, la cantidad de operaciones involucradas en la solicitud, el volumen de la documentación de respaldo acompañada a la misma, como despachos de importación, facturas y liquidaciones, sumado a la entidad del monto cuya devolución se pretende, no puede tenerse por configurado el presupuesto de demora previsto en el art. 182 de la ley 11.683 que requiere que sea excesiva, es decir, injustificada o irrazonable a la luz de la naturaleza y las características del trámite.
Dicha circunstancia no se produce en el caso, más aún cuando al producir su informe la representación dio cuenta de diligencias efectuadas a partir del inicio del trámite y antes de la presentación del pedido de pronto despacho, lo que demuestra que la Administración Tributaria no estuvo inactiva, sino, tramitando su solicitud.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de amparo. Las costas se imponen por su orden dadas las particularidades del caso.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría SE RESUELVE:
Rechazar el presente recurso de amparo. Costas por su orden.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.12.26 09:47:28 -03:00 Date: 2025.12.26 11:21:08 -03:00 Viviana Marmillon Agustina O'Donnell Vocal Subrogante Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.29 10:12:57 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.29 10:12:58 -03:00
Fin de la sentencia