Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2020-56029946-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada, en todos sus términos. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-64787759-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Julio de 2026 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente EX-2020-56029946- -APN-SGAI#TFN, caratulado: “FADELU S.R.L. s/recurso de apelación”, La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante RE-2020-56029884-APN-SGAI#TFN la recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 20/2020 (DV RRNO) de la A.F.I.P-D.G.I., de fecha 12/03/2020, en la que se determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 03/2014 a 02/2017 y 04/2017 a 08/2017. Asimismo, se liquidaron intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de sanciones, en los términos del art. 20 de la ley 24.769.
Plantea excepción de nulidad en razón del incumplimiento al procedimiento establecido en el art. 17 de la Ley 11.683 -to.v.- por falta de fundamento de la resolución y la vulneración de su derecho de defensa en juicio. A su criterio, la resolución no expone los fundamentos de derecho en que reposa las impugnaciones formuladas sobre los proveedores observados ni cuáles son los elementos que exige el artículo 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado que no se han cumplido.
Explica que su actividad es la venta de ropa al por menor y que al contratar con proveedores, toma recaudos tales como verificar que éstos estén inscriptos fiscalmente, que les provean los insumos y que las facturas sean válidas. Afirma que no se han tenido en cuenta ni se ha indagado sobre la verdad objetiva y jurídica de los hechos económicos instrumentados en las facturas cuestionadas y, sobre todo, que no se ha recurrido al principio de realidad económica, sustento de nuestro ordenamiento tributario.
Afirma haber consultado el CAI y CAE de las facturas y la base APOC al momento de realizar las operaciones con los proveedores observados y que no surgió información que hiciera presumir que las facturas podían ser apócrifas. Asimismo, reitera que las operaciones existieron y fueron abonadas con cheques propios a la orden de los proveedores.
Señala que el Fisco Nacional consideró e incluyó a sus proveedores en las bases como apócrifos luego de que realizara las operaciones, por razones ajenas a su control y que se encuentra acreditada la existencia de los bienes. Adjudica la responsabilidad de lo ocurrido al organismo fiscal y a sus funcionarios.
Cita doctrina y jurisprudencia en torno al art. 12 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y sobre la condición de los créditos fiscales cuestionados. A su vez, efectúa un apartado de conclusiones conforme los argumentos precedentes.
Por último, ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2020-74398835-APN-DTD#JGM, contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución recurrida, con imposición de costas. Acompaña como prueba las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2021-73906271-APN-VOCII#TFN se abre la causa a prueba.
Mediante IF-2022-43878968-APN-DTD#JGM fue presentado el informe pericial contable.
En PV-2023-107738149-APN-VOCII#TFN y ante la inactividad de la recurrente, se dio por decaído el derecho a la producción de la prueba informativa.
Por PV-2026-28617409-APN-VOCII#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y mediante IF-2026-35079508-APN-VOCII#TFN se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho el Fisco Nacional (IF-2026-35079508-APN-DTD#JGM) y no haciendo uso de tal derecho, la recurrente Finalmente se ponen los autos para dictar sentencia mediante IF-2026-60911539-APN-VOCII#TFN.
IV. Que del informe final de inspección (vid. IF-2020-74618041-APN-DTD#JGM e IF-2020-74618272-APN- DTD#JGM) y de la resolución apelada, surgen los fundamentos que dieron lugar a la determinación de oficio realizada.
La O.I. N° 1707586 se generó en la División Investigación Dirección Regional Norte, en virtud de la Nota 391/2018 de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de fecha 12/7/2018, de donde se desprende que, en el marco de una causa penal, la Fiscalía interviniente solicitó el inicio de un procedimiento de fiscalización de diversas firmas, entre las que se encontraba la recurrente.
Además, previamente, bajo la O.I. N° 1613757, la recurrente había comenzado a ser investigada por ser usuaria de proveedores incluidos en la Base Eapoc.
Su actividad declarada era la de venta al por menor de prendas y accesorias de vestir.
Ante la unificación de ambas, se verificó la concordancia de los débitos y créditos exteriorizados en sus declaraciones juradas de IVA con los consignados en sus libros IVA Compras y Ventas acompañados. Allí se observaron operaciones con proveedores incluidos en la base Eapoc.
Los elementos tenidos en cuenta por el organismo fiscal para su inclusión en aquella base, fueron, entre otros: la falta de pagos de los impuestos al valor agregado y a las ganancias; declaraciones juradas presentadas con una relación de débito/crédito fiscal aproximadamente de uno; integrantes de las sociedades sin solvencia patrimonial; ningún o pocos empleados en relación de dependencia; no haber realizado retenciones y la falta de localización en sus domicilios fiscales.
Los mencionados proveedores calificados de apócrifos fueron:
- Con la condición de “Sin capacidad operativa/financiera.”: ORIENTECH S.A, BD TEXTIL S.A., DESIGN & GLAMOUR S.A. y PROYECT TEAM S.A.
- Con la condición de “Sin Capacidad Económica”: LINEA PROFESIONAL UNIF S.A., ESTILEX S.A., DIMMAR S.R.L., GRUPO MODA S.A., DUSSEL S.A., CABER-MAS S.A., ABC FASHION S.A y PANTS S.A.
Debe destacarse que los proveedores ABC FASHION S.A y PANTS S.A. se encontraban investigados en una causa penal, surgiendo elementos que acreditaban que se encontraban vinculadas, a saber: 1) I.P. de donde se emiten las facturas; 2) Operaciones intergrupo; 3) Domicilios declarados ante el organismo fiscal; 4) Integrantes, contadores, cotitulares de cuenta bancaria y administradores de clave fiscal; Personas autorizadas a realizar publicaciones en el Boletín Oficial. Elementos estos que reforzaron las pruebas para que fueran incluidos en la base E-Apoc con el estado “Denuncia Penal” y “Sin capacidad económica”.
- Con la condición “Contribuyentes con Resistencia a la fiscalización”: COOLTEX S.A.
En consecuencia, con sustento en los elementos obtenidos en la fiscalización, el juez administrativo impugnó las operaciones con los mencionados proveedores, originando el procedimiento de determinación de oficio, que culminó con la resolución en crisis.
V. Que, la recurrente plantea en primer término, la excepción de nulidad que autoriza el artículo 171, inciso h) de la ley ritual.
De los argumentos que expone, se colige que pretende la declaración de nulidad por falta de fundamentación, lo que acarrearía –entiende- ausencia de motivación y causa, en tanto no se han expuesto las normas en las que se sustenta el acto, con la consiguiente vulneración a su derecho de defensa.
Es importante tener presente que el acto aquí apelado es un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto; 2) la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad.
La recurrente afirma que el organismo fiscal violentó dicho precepto al ignorar la obligación de fundamentar jurídicamente su decisión, vulnerando, como se dijo, su derecho de defensa al no respetar el debido proceso adjetivo y renunciar a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.
Sentado ello, cabe adelantar que no le asiste la razón a la actora en su planteo.
En efecto, ante todo, debe señalarse que del análisis de las actuaciones administrativas acompañadas puede constatarse que se cumplió debidamente con las pautas establecidas en los arts. 17 y siguientes de la ley 11.683, toda vez que -mediante la resolución dictada, firmada por el Juez Administrativo-, surgen claramente los hechos tenidos en cuenta para impugnar las operaciones realizadas con los proveedores cuestionados, se le otorgó el plazo correspondiente de 15 (quince) días para que formule su descargo y ofrezca las pruebas que estimare convenientes para la defensa de sus derechos, lo que así pudo hacer mediante su escrito de descargo presentado a fs. 452/468 de los antecedentes administrativos (vid. IF-2020-74618503-APN-DTD#JGM e IF-2020-74618608-
APN-DTD#JGM).
Ahora bien, en puntual contestación a los argumentos esgrimidos por la recurrente, cabe recordar que, como explica el Profesor Hutchinson, la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que, desde el punto de vista del particular, responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (Hutchinson, T., “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Tº I, pag. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos.
No cabe duda que, para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado precepto (art. 7, inc. 5 de la LPA), en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias. En definitiva, la motivación es la manifestación y justificación del comportamiento jurídico administrativo y si bien no debe confundirse con la causa, pues esta constituye los antecedentes de hecho y derecho del acto, se encuentran entrañablemente vinculadas a punto tal que el vicio de uno y otro no es indiferente para la existencia conjunta. En ese sentido, un acto podrá ser muy motivado, pero si la causa es ilegítima o falsa, de nada servirán las frases que lo justifiquen y motiven (vid. Coviello, Pedro José, “La Motivación del acto administrativo como medio de control judicial del ejercicio de las potestades discrecionales” en “El control de la Actividad Estatal”, I, Asociación de Docentes, UBA, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2016, pág. 130 y sgtes.). Definida así la motivación, cabe advertir que la recurrente se limita a cuestionar el accionar fiscal, al señalar que la metodología utilizada pues a su criterio implica la ausencia de tal requisito y en consecuencia el dictado de actos arbitrarios, más no señala agravios concretos.
En esa dirección, es dable reiterar que tanto de la resolución que confirió vista como de la determinativa, se advierte una exposición clara y concreta de los hechos y el derecho que se tuvieron en cuenta para iniciar el procedimiento determinativo y concluir con el acto impugnado.
Por último, tampoco son atendibles sus quejas sobre la violación al derecho de defensa.
En efecto, cabe destacar que es conteste la doctrina emanada de nuestro Máximo Tribunal en sostener que “…cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del artículo 18 de la Constitución Nacional no se produce, en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia" (cfr. CSJN, Fallos: 205:549, 267:393, entre otros). Ello así, en autos el recurrente ha podido ofrecer y producir las medidas probatorias tendientes a probar sus dichos, por lo que tales agravios no pueden ser acogidos favorablemente.
En rigor, la recurrente dirige sus agravios a impugnar los argumentos que llevaron al juez administrativo a concluir como concluyó, circunstancia que se vincula más con el fondo de la causa que con la ausencia de motivación nulificante del acto.
En consecuencia, corresponde rechazar la defensa articulada por el recurrente.
VI. Que de acuerdo con el relato efectuado en autos, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas inconsistencias que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones impugnables con los proveedores mencionados.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VII. Que en primer término, cabe llamar la atención a la recurrente toda vez que en su escrito de recurso incurre en inconsistencias pues refiere a proveedores de cereales (vid. pág. 11, 12) o de alimento para aves (pág. 17), situación que no se vincula con la de autos, en tanto se dedica a la venta al por menor de prendas de vestir. Sentado ello, es pertinente destacar que la defensa de la actora consiste -fundamentalmente- en sostener que verificó que los proveedores estaban registrados, que consultó el CAI y CAE de las facturas y la base APOC al momento de celebrar las operaciones y que los bienes que originaron las operaciones existieron. Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con los proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes mencionados, elementos que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés".
VIII. Que aclarado ello y con respecto a la impugnación de los créditos fiscales resulta oportuno recordar que del texto del artículo 12 de la ley de IVA y normas complementarias, resulta necesario a los fines de que se pueda computar el crédito fiscal que -éste sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; - que se encuentre facturado y discriminado en la factura o el documento equivalente; -que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; -que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; -que se vincule con operaciones gravadas cualquiera que fuese la etapa de su aplicación; -que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA y -que las operaciones que originan crédito fiscal hubieran generado para el vendedor, importador, locador o prestador el débito fiscal respectivo-.
A su vez, en todos los casos, la norma exige que se hubiera perfeccionado el hecho imponible respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios.
Cabe traer a colación la importante doctrina sentada por esta Sala, en su otra integración, en numerosos pronunciamientos (vid. por todos “Impulso S.A.”, 27/3/98), en la que se sostuvo que “de la de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la “doctrina de la concurrencia de los elementos material-formales del crédito fiscal”. En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Dicho criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esa inteligencia, corresponde a la actora acreditar la fehaciencia de sus operaciones.
IX. Que, por lo tanto, con relación a las operaciones cuestionadas respecto a los proveedores observados, cabe señalar que el Fisco Nacional fincó su pretensión a partir de una serie de inconsistencias –descriptas supra- que acreditan –a su criterio- la incapacidad de los proveedores objetados para producir o vender los bienes o prestar los servicios facturados.
En forma liminar, debe señalarse que las inscripciones, registraciones, documentos emitidos no forman parte del cuerpo probatorio apto para rebatir la posición fiscal, dado que, precisamente, el sustento de esta última reposa en que se está frente a una operatoria de armado y utilización de facturas apócrifas.
Ahora bien, la recurrente ofreció y produjo prueba pericial contable con el objeto de desvirtuar las conclusiones del ente fiscal y probar, entre otros extremos, la real existencia de las operaciones impugnadas (vid. IF-2022- 43878968-APN-DTD#JGM). Debe destacarse que entro otras observaciones, los expertos manifestaron que: no se proporcionaron la totalidad de los comprobantes vinculados a los proveedores impugnados; en lo que respecta al pago, se exhibieron recibos en forma parcial donde se encuentran detallados los cheques con los que se habrían abonado las facturas, más no se aportaron copias de los cheques ni de los extractos bancarios a fin de compulsar la información; los registros contables no se corresponden con el medio de pago que, según la actora, se habría utilizado y no se exhibieron remitos. Se agrega que no se han realizado retenciones con respecto a las facturas relevadas.
De lo expuesto surge palmariamente que la probanza producida no logra comprobar los dichos de la recurrente, sobre quien, como se dijo, pesaba la carga probatoria.
En esa dirección, preciso es recordar lo sostenido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa “Romane S.A. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, de fecha 29/10/2015, donde señaló que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº 43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).”
Y, agregó “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
Y, concretamente, en supuestos en los que el cuestionamiento radicó en la identidad del sujeto vendedor, nuestro máximo tribunal ha sostenido que: “…el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación…resultan inhábiles por sí solos, ante la gravedad de los indicios expuestos, para tener por acreditada la existencia de las operaciones…” (C.S.J.N., “Stop Car S.A.” c/D.G.I.”, del 21/8/2013, criterio reiterado en “Floriner S.A. c/D.G.I.”, del 10/12/2013).
Finalmente, cabe traer a colación, el conocido precedente de la Corte Suprema, en el que debatiéndose acerca de la identidad de los vendedores, como en el caso de autos, se afirmó que “…la norma transcripta (en referencia al artículo 12 de la ley del gravamen) subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquel les adjudicó” (C.S.J.N., “Feretti, Félix Eduardo”, 10/3/2015).
De tal forma, corresponde concluir que los agravios de la recurrente, sobre quien pesaba la carga de probar sus afirmaciones, al no ser sustentados por prueba fehaciente, resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran destruir las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos. Por lo tanto, corresponde confirmar el ajuste fiscal efectuado en la resolución determinativa, con costas.
X. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, toda vez que la recurrente no ha expresado agravios, corresponde su confirmación. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto que antecede.-
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada, en todos sus términos. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52, segundo párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-
Date: 2026.07.01 12:38:32 ART Date: 2026.07.01 15:08:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.01 15:09:27 -03:00
Fin de la sentencia