Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Mercedes · Causa SI-122774
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
Confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1
Expte: SI-122774 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N∞ 2 Dptal Juicio: FAGALDE CLAUDIO ESTEBAN Y OTRO/A C/ CHIOZA ROBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SIMULACION En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres.
EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO,
(designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI-122774 , en los autos: “FAGALDE CLAUDIO ESTEBAN Y OTRO/A C/ CHIOZA ROBERTO LUIS Y OTRO/A S/ SIMULACION”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Emilio Armando IbarlucÌa y Gabriela Andrea Rossello
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
I. La sentencia de fecha 28/02/25 es apelada por la parte actora, que expresa agravios el 17/04/25, los que no son contestados.
II.- 1.- La sra. Estela Mendoza y el sr. Claudio Esteban Fagalde promovieron demanda contra el sr. Roberto Luis Chiozza y la sra. MarÌa Virgina Fagalde por simulaciÛn de las compraventas de la unidad funcional n∞ 363 (lote 97) y del 50 % indiviso de la unidad funcional nro. 108 (lote 98) del consorcio Club de Campo Estancia La TradiciÛn, sito en Francisco Alvarez, Partido de Moreno, celebradas el 23/05/2001 por escritura p˙blica n∞ 189 ante el escribano Eduardo Leber.
Dijeron que en 1989 adquirieron la parcela 97 y la mitad de la parcela 98 (contiguas), y desde entonces ejercÌan la posesiÛn en forma p˙blica, pacÌfica, continua y sin oposiciÛn de terceros. Expresaron que era la vivienda ˙nica, de ocupaciÛn permanente de la actora Mendoza y tambiÈn lo fue de Fagalde y de sus dos hijos, y que pagaban la totalidad de los gastos de conservaciÛn y mantenimiento (crÈdito hipotecario, impuestos, expensas del consorcio, gas natural, servicios p˙blicos, televisiÛn por cable, jardinerÌa, etc.). Continuaron narrando que en 2001 el actor padeciÛ los efectos de la crisis econÛmica del paÌs y le cancelaron la mayorÌa de sus trabajos de su emprendimiento particular. Como necesitaba financiaciÛn y no podÌa acceder al crÈdito bancario o particular por ese motivo, le propuso a su hermana MarÌa Virgina Fagalde y a su cÛnyuge Roberto Luis Chiozza celebrar en forma conjunta una venta simulada y un mutuo hipotecario en cabeza de los demandados para poder obtener el dinero que necesitaba.
Dijeron que los accionados accedieron al pedido y ellos se hicieron cargo de todos los gastos y honorarios de la operaciÛn, de manera que la simulaciÛn fue absoluta. Aclararon que la hipoteca fue parcialmente real dado que ellos afrontaron los pagos de devoluciÛn del capital con los intereses; en este caso la simulaciÛn fue respecto de quienes tomaron el crÈdito y lo devolvieron.
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Destacaron que no se firmÛ contradocumento por la confianza existente con motivo del parentesco, y que los demandados no tenÌan hijos, por lo que los actores eran los eventuales herederos, adem·s de que Chiozza en esa Època trabajaba con Fagalde. Aclararon que Chiozza no retirÛ de la escribanÌa el tÌtulo antecedente ni el testimonio de la escritura, y tampoco se tramitó la cancelación de la hipoteca dado que para Fagalde “operaba como resguardo” y para los demandados no revestía interés alguno.
Manifestaron que una vez hecha la escritura la familia Fagalde continuÛ viviendo en el inmueble y los demandados en su casa de la calle Tulipaneros n∞ 1742 de Francisco Alvarez. El ˙nico ingreso del matrimonio Chiozza provenÌa de su trabajo como agrimensor, lo que no le permitÌa ahorrar como para comprar la casa del country. Los demandados eran propietarios de la casa donde vivÌan, que estaba hipotecada a favor del Bank Boston, luego de 2002 dejaron de pagar las cuotas y les iniciaron una ejecuciÛn hipotecaria, que culminÛ con la subasta y desalojo de la propiedad.
Expresaron que esa pÈrdida provocÛ el distanciamiento entre las partes, y tambiÈn que los demandados durante aÒos estuvieron impedidos de “restituir” la casa de Estancia La Tradición porque estaban inhibidos por el saldo remanente del juicio hipotecario.
Relataron que el consorcio les pidiÛ que firmaran unos papeles para unificar los dos lotes de las unidades funcionales, a lo que Chiozza se negÛ. Como le explicaron al consorcio lo de la operaciÛn simulada, les generaron en 2017 una cuota social de ingreso, que se cobraba a los nuevos propietarios.
Motivados por los requerimiento de la administraciÛn el letrado de los actores enviÛ a Chiozza una carta-documento intim·ndolo a instrumentar el acto que dejara sin efecto la venta simulada, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, reclamando tambiÈn por los daÒos y perjuicios provocados por la negativa a unificar los lotes y por la cuota adicional generada, m·s los gastos por honorarios. Chiozza contestÛ negando la simulaciÛn e intim·ndolo a abonar el alquiler por el contrato verbal incumplido. El letrado contestÛ a su vez negando la relaciÛn locativa y recordando los daÒos generados por su negativa a unificar los lotes y por la cuota adicional ya mencionada. Finalmente dijeron que hubo un intercambio de cartas documentos con la administraciÛn del country, donde Èsta reconociÛ que en 16 aÒos nadie le habÌa informado el cambio de titularidad de los lotes. Sintetizaron todos los elementos que demostraban la simulaciÛn alegada e hicieron reserva de accionar por daÒos y perjuicios, como de pedir, en el caso de que los demandados triunfaran en el presente juicio, el reintegro de lo pagado por el crÈdito hipotecario.
2. Corrido el traslado de ley, resultÛ negativo el intento de notificaciÛn de los demandados en el domicilio denunciado, el mismo informado luego por el RNP (MartÌnez Melo 75 de Moreno). TambiÈn resultaron infructuosos otras citaciones (Victoria 216 de Moreno, y Tulipaneros 1742 de Francisco Alvarez). Se publicaron edictos, y finalmente se dio intervenciÛn al Defensor Oficial.
3. Luego de explicar los intentos frustrados de comunicarse con los accionados, el Defensor Oficial contestÛ la demanda. NegÛ todo salvo los instrumentos p˙blicos y la CD del 13/09/17, y dijo que la simulaciÛn debÌa probarse por medio de contradocumento, no siendo justificaciÛn suficiente su no existencia debido al vÌnculo familiar (que no eran de primer grado ni tampoco sÛlidos, y tampoco la relaciÛn laboral denunciada). DestacÛ que por CD los accionados habÌan desconocido el car·cter simulado de la operaciÛn y reafirmado su car·cter de propietarios.
3. Producida la prueba y presentado el alegato por la actora, se dictÛ sentencia rechaz·ndose la demanda, con costas.
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Para asÌ decidir, el juez entendiÛ que estaba plenamente probado que la compraventa habÌa sido simulada y el mutuo hipotecario parcialmente en relaciÛn a los verdaderos contrayentes del prÈstamo. No obstante, considerÛ que la acciÛn no podÌa prosperar dado que se trataba de una simulaciÛn ilÌcita toda vez que la operaciÛn se habÌa hecho para eludir las reglas administrativas que impedÌan a los actores acceder a prÈstamos hipotecarios de acuerdo a su situaciÛn personal y patrimonial. Por tal motivo utilizaron a los demandados para obtener de una entidad bancaria un prÈstamo, cuya cancelaciÛn no purgaba el perjuicio y la ilicitud original.
Dijo el juez que con tal soluciÛn se beneficiaba a los cÛmplices que se quedaban con el inmueble sin haberlo pagado, pero que la ley elegÌa el mal menor, impidiendo alegar la propia torpeza para desalentar esta clase de maniobras. AÒadiÛ que le causaba malestar fallar de esa manera dado que eran beneficiarios quienes no sÛlo habÌan sido cÛmplices del acto ilÌcito sino que habÌan desconocido la simulaciÛn sin haber afrontado gasto alguno, pero que era la soluciÛn que propiciaba la doctrina. Dijo que el principio de que nadie es oÌdo cuando alega su propia torpeza inspiraba al art. 959 del C.C. y al actual art. 335 del CCC., y que no podÌa analizarse el contexto del ilÌcito a˙n cuando los terceros cuyo interÈs se tutelaba estuvieran indeterminados y el daÒo llegara o no a concretarse. AÒadiÛ que ninguna relevancia tenÌa que los actores vivieran en el inmueble o que se hubiese cancelado el mutuo dado que la excepciÛn que la norma preveÌa era que no pudieran obtener beneficio alguno de la nulidad. Sostuvo que en el caso se intentaba revertir la situaciÛn precisamente cuando el perjuicio al banco o a terceros ya se habÌa concretado.
III. El actor Claudio Fagalde, por medio de apoderado, expresa agravios. Argumenta que la simulaciÛn no fue ilÌcita dado que no tuvo por finalidad eludir reglamentaciones estatales para operaciones de crÈdito, que no eludieron ning˙n tipo de normativa y que no obtuvieron un crÈdito hipotecario por parte de una entidad financiera.
Dice que el juez confunde el crÈdito hipotecario celebrado con un particular (Crespi) sobre los inmuebles de autos con el que habÌan contraÌdo los demandados con el Bank Boston respecto de su vivienda de la calle Tulipaneros 1742 de Francisco Alvarez (que luego resultÛ subastada). Por el contrario, en la operaciÛn que motiva el juicio el mutuo hipotecario se contratÛ con la sra. MarÌa Cristina Crespi, que fue cancelada en su totalidad por los actores (conf. prueba producida). Expresa que es obvio que al contratarse ese mutuo con una persona particular no se violÛ normativa bancaria alguna.
Afirma que su parte ha probado acabadamente el car·cter simulado de la compraventa de su vivienda, y que la causa fue lÌcita dado que se obtuvo un prÈstamo de un particular, el que fue devuelto. O sea, no ha habido perjuicio a terceros. Dice que los demandados “rebeldes” no se han opuesto y que la defensorÌa no ha producido prueba alguna, no hay terceros interesados que se hayan opuesto, los demandados no iniciaron ning˙n juicio pese a sus amenazas de desalojo pasados seis aÒos, no hay daÒos que determinen la antijuridicidad del acto, est· justificada la inexistencia de contradocumento por el parentesco entre hermanos, la relaciÛn de empleo y la falta de descendientes. Dice que la posesiÛn de la vivienda permaneciÛ siempre en manos de los vendedores y los demandados carecÌan de capacidad econÛmica para comprarla.
IV. Como ha sido referenciado, el juez rechaza la demanda porque entiende que se tratÛ de una simulaciÛn ilÌcita y el art. 959 del C.C. (vigente a la fecha de la operaciÛn) claramente prohibÌa ejercer la acciÛn para dejar sin efecto el acto si las partes pueden obtener alg˙n beneficio de ello (previsto tambiÈn en el art.335 del C.C.C.).
El apelante sostiene que no se violÛ ninguna reglamentaciÛn cambiaria (como dice la sentencia) dado que el crÈdito se contrajo con una persona particular (la sra. MarÌa Cristina Crespi), a quien se le devolviÛ Ìntegramente el prÈstamo, como surge del recibo extendido por el Dr. JosÈ MarÌa N DE JUST ICIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL A-1 Vera de cancelaciÛn total de la deuda de fecha 2/04/04 (agregado con la demanda), que fue reconocido por el Dr. JosÈ MarÌa Vera en contestaciÛn a oficio, agregada el 4/07/22 en Cuaderno de Prueba Actora.
Es cierto esto ˙ltimo y surge de la escritura que se cuestiona (n∞ 189 del 23/05/2001), que la sra. MarÌa Cristina Crespi otorgÛ poder especial al Dr. JosÈ MarÌa Vera para percibir las cuotas del crÈdito hipotecario, pero seg˙n surge del informe de dominio agregado el 25/11/24 del cuad. de prueba, la hipoteca hasta el dÌa de hoy no ha sido cancelada.
No es un tema menor porque declarar absolutamente simulada la compraventa del 23/05/01 (escritura n∞ 189) implicarÌa resolver que los propietarios de los inmuebles son Claudio Esteban Fagalde y Estela Mendoza y no Roberto Luis Chiozza y MarÌa Virgina Fagalde, lo que no puede hacerse sin la conformidad expresa de la acreedora hipotecaria MarÌa Cristina Crespi, que no ha sido parte en estas actuaciones (litisconsorcio necesario, art. 89 CPCC). La cancelaciÛn de una hipoteca requiere ser hecha en escritura p˙blica con la conformidad del acreedor (art. 1184 inc. 11 C.C. y art. 2204 inc. a)
C.C.C.)
Ello es suficiente para rechazar la demanda, pero la razÛn de fondo es la que ha esgrimido el juez. El actor en la demanda dijo que se llevÛ a cabo la venta simulada porque necesitaba financiaciÛn y no podÌa acceder al crÈdito debido a los inconvenientes por los que atravesaba. Si ello ocurrÌa era porque el actor tenÌa deudas impagas y probablemente figuraba en la Central de Deudores del Banco Central y en los organismos autorizados a proveer tal informaciÛn (Veraz, Nosis). Es decir, tenÌa acreedores a quienes se pretendiÛ eludir haciendo la venta simulada. Es asÌ que el mismo actor dijo en la demanda que nunca se tramitó la cancelación de la hipoteca que pagó “ya que operaba como resguardo y para los demandados no revestía interés alguno”. Es decir, resguardo de la persecuciÛn de acreedores.
Coincido con el juez “a quo” en cuanto a que produce escozor que los demandados, partÌcipes en el acto simulado ilÌcito y que no afrontaron los gastos ni el crÈdito hipotecario (lo cual doy por probado) se queden con el inmueble, pero es la soluciÛn inexorable que se desprende del art. 959 del C.C. Entre dos males la ley elige lo que entiende que es el mal menor, ya que, de lo contrario podrÌan habilitarse actos en fraude de terceros con sÛlo dejarlos sin efecto pasado un tiempo. En el caso, est· reconocido por los propios actores que pretenden obtener un beneficio de la declaraciÛn de simulaciÛn. Como ha dicho la Sala C de la C.N.Civ., interpretar otra cosa serÌa una gravÌsima inmoralidad, significando un verdadero aliciente a para la ilicitud de ciertas simulaciones (sent. del 19/11/98, en TR LaLeyAR/JUR//1864/1998; tambiÈn: CNCiv., Sala B, sent. del 27/03/01, TR LaLey 20012922). Basta para la ilicitud de la simulaciÛn la intenciÛn de perjudicar a terceros, aunque se trate de acreedores indeterminados y no estÈ probado que el daÒo se haya producido (SC de Mendoza, Sala 1, “Barros c. Barros de Lasanta", sent. del 8/08/95, en TR LaLey AR/JUR/1498/1995). Por lo expuesto, propugno que se confirme la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden por no haber mediado oposiciÛn (art. 68 2do. p·rr. CPCC).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es: Confirmar la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
ASI LO VOTO.
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La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido..
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser confirmada POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia apelada, con costas de alzada por su orden.
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol.
SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia