Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 135.846
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto.
2Imponer las costas de Alzada al apelante vencido.
3Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.
REGISTRO Nro. 140-S FOLIO Nro. 658/68 Expediente N° 135846 Juzgado N° 1 En la ciudad de Mar del Plata, a los 23días del mes de Junio de 2015, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "FAIENZA HECTOR OSVALDO C/ BANK BOSTON NA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.POR DEL.Y CUASID.SIN USO AUTOM.(SIN RESP.EST.)", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es nula la sentencia de fojas 4496/504?
2ª) En su caso, ¿es justa?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. En su extensa pieza recursiva de fojas 4552/92, el apelante comienza por cuestionar que el juez a quo no se haya expedido sobre la absolución de posiciones del representante legal del banco, entendiendo que las respuestas dadas constituyen una prueba palmaria acerca de la falsedad de la denuncia penal formulada en su contra.
Achaca también la falta de resolución respecto de la negativa por parte del CEO y representante legal de Bank Boston NA a absolver casi la mitad de las posiciones opuestas en el pliego, sin fundamento alguno. Entiende que ello, sumado a otras cuestiones que hicieron a la prueba producida en autos que demostraban fehacientemente la mala fe volcada en los términos de la denuncia penal no fueron mencionadas en la sentencia y ello la torna nula por arbitraria y violatoria de la congruencia exigida.
II. No le asiste razón en su planteo.
De modo claro establece el artículo 384 del Código Procesal que el juez no tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
Ello desde que la selección del material probatorio constituye una facultad de los jueces de las instancias de mérito quienes pueden preferir unos elementos y descartar otros (SCBA, fallo del 18/8/10, en Juba sumario B14450, cit. por Quadri, Gabriel H., en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, López Mesa –director- Rosales Cuello –coordinador-, La Ley, Buenos Aires, 2014, T. III, pág. 1208). Es por ello que el alto tribunal provincial ha sentenciado que no existe arbitrariedad por el solo hecho de que el tribunal de grado prefiera u otorgue trascendencia a un medio probatorio respecto de otro o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular (fallo del 28/5/96, en juba sumario B8994), sin que sea preciso expresar en la sentencia la valoración de todos ellos, sino únicamente de los que resulten necesarios para el fallo de la causa (sent. del 26/6/13, en Juba B14062, idem cit. ant., pág. 1209). En atención a ello, corresponde desestimar el pedido de nulidad de la sentencia.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
I. La sentencia de fojas 4496/504 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo de la apelación deducida por el actor a fojas 4509.
En lo que al recurso interesa, el juez rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Héctor Osvaldo Faienza contra Bank Boston NA y STANDARD BANK LONDON LIMITED o STANDARD BANK PLC, con costas al actor vencido.
Para resolver de tal modo, luego de encuadrar la pretensión bajo la figura de la acusación calumniosa y señalar cuáles son los distintos requisitos que deben reunirse para que se configure la responsabilidad de los demandados, hizo hincapié en el análisis de lo actuado en el proceso penal y que constituye la causa del perjuicio que invocó el actor. Observó que el 10 de julio de 1998 el Dr. Wenceslao Tejerina, en calidad de apoderado del Bank Boston NA, formuló denuncia penal contra el Sr. Osvaldo Faienza, Omar Vanucci y Sebastián Uzquiano, por la posible comisión del delito de administración fraudulenta, defraudación tipificada por el artículo 173, inciso séptimo del Código Penal, y eventual asociación ilícita. Relató que en la sucursal Mar del Plata de su mandante, se había montado una operatoria absolutamente informal y carente de resguardos, lo que implicaba mandas verbales, registraciones tardías, pagos sin las debidas autorizaciones, discordancias entre las registraciones y la realidad, etcétera. Que como hechos comprobados, indicó que Faienza, con la colaboración del tesorero Vanucci y el silencio del oficial de empresas Uzquiano, logró extraer del tesoro de la entidad la suma de $800.000, presuntamente para abonar 8 cheques de la firma Nicolas Dazeo Sacifi, a pesar que la cuenta de la mencionada firma se encontraba embargada en un proceso judicial tramitado por ante la Justicia Federal de esta ciudad. Advirtió que tal denuncia fue ampliada el 3 de marzo del mismo año. Allí, en base a la auditoria efectuada en el banco, aquél letrado indicó que Faienza había creado una mesa de dinero, paralela a su cargo de gerente, la que era manejada con desconocimiento y en perjuicio del Bank Boston NA. Que a tales fines, aquél extrajo fondos, en forma ilegitima y sin sustento, de las cuentas de los mayores clientes de la sucursal, depositando tales sumas en las cuentas de los tomadores de los préstamos o bien sacando directamente el dinero de la entidad; operatoria que luego fue reemplazada por los denominados créditos transitorios.
Señaló que en virtud de los hechos denunciados y el contenido de la documentación arrimada por el denunciante, el Juez del fuero penal dispuso la realización de un informe preliminar a cargo de la CPN Liliana Delgado, perito oficial; el que fuera confeccionado a fojas 1772/8 con fecha 27 de agosto de 1998, y en el que la auxiliar destacó una serie de irregularidades en la contabilidad del banco y en el manejo de las cuentas. Apuntó que el 7 de septiembre de ese mismo año el Juez penal de actuación ordenó la detención de Faienza, extrayendo de tal resolutorio los puntos que entendió salientes: que se acreditó que durante el año 1997 y hasta el 3 de julio de 1998, se conformó en el Bank Boston NA, sucursal Independencia de Mar del Plata, un grupo organizado y dirigido por el gerente de dicha institución e integrado al menos por un gerente regional, dos tesoreros y el oficial de créditos y empresas, dedicados a la comisión de delitos indeterminados consistentes en la extracción ilegítima de grandes sumas de dinero de cuentas corrientes de clientes, la extracción indebida de dinero de cuentas corrientes cerradas con anterioridad en las que se depositaban previamente créditos internos indebidos, el otorgamiento de créditos personales e hipotecarios sin el necesario respaldo documental y certificaciones falsas; que tales operatorias se atribuyen a Faienza, en relación a quien, con la finalidad de ocultar los retiros de dinero a través de notas de crédito y débito ilegítimas, no remitió los extractos de las cuentas a los clientes; que éste organizó, paralelamente, una mesa de dinero donde aportando fondos provenientes de las maniobras ilícitas descriptas con anterioridad, y otros sumados por prestamistas, facilitaba dinero a terceros en calidad de prestamos, recibiendo a cambio cheques posdatados como garantía, cobrando un interés en beneficio propio; y que se consideró reunidos los extremos del artículo 180 del CPP en relación a los delitos de asociación ilícita agravada y defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con los delitos de estafa. Observó que tal pronunciamiento fue confirmado por la Excma. Cámara Penal local conforme luce a fojas 1845/46, el 16 de septiembre de 1998, respecto a Faienza y sobre los delitos de estafa.
Indicó que, tal como surge de fojas 2444/5, el juez penal dispuso con fecha el 26 de abril de 1999 el comparendo de Faienza en relación a los delitos de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con estafa y ordenó el 4 de junio de ese año la conversión de la detención en prisión preventiva, en virtud de los presuntos delitos imputados.
Luego reseñó que la Sra. Agente Fiscal de intervención, en oportunidad de contestar la vista conferida en relación al sobreseimiento peticionado por la defensa técnica de Faienza, consideró que no se encuentra en discusión las maniobras delictivas desplegadas por los imputados, sino el grado de participación de cada uno de ellos y el perjuicio ocasionado.
Finalmente, indicó que el 24 de noviembre del 2005 se declaró prescripta la acción penal derivada del hecho calificado como constitutivo del tipo penal defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con estafas reiteradas respecto de Faienza; la que se complementa con el pronunciamiento del 6 de junio del 2013, por el que se decretó el sobreseimiento con alcance de cierre definitivo e irrevocable del proceso. En atención a los antecedentes reunidos en el proceso penal citado, las resoluciones de tal órgano jurisdiccional de actuación y sus fundamentos y las constancias de mérito allí colectados, adelantó que no existen elementos que permitan inferir la falsedad en la denuncia formulada o al menos negligencia que justifique la responsabilidad civil de las entidades bancarias demandadas.
A ello adunó que la prueba informativa cumplimentada en esta causa ante Materia Hnos. Sacifi, Clínica Privada de Ojos, Astillero Naval Federico Contési SA, Abete y Cia. y Havana SA, fundamenta la denuncia de los indicados acerca de irregularidades en las cuentas de las que eran clientes en la sucursal del Bank Boston NA de esta ciudad; extremos que permitieron razonablemente, a esta última entidad, entender que tales situaciones meritaban la formulación de la denuncia penal.
A modo de conclusión, determinó que no se ha justificado un obrar doloso ni negligente de la accionada que sirva de sustento a la acción intentada.
Y consideró que, si bien en el proceso penal se dictó el sobreseimiento (con carácter de cierre definitivo e irrevocable del proceso) en relación a Faienza, debe tenerse en cuenta que éste obedeció, conforme fundamentos de tal pronunciamiento, a lo dispuesto por el artículo 323, inciso primero del Código Procesal Penal Provincial, en cuanto dispone su dictado en el caso que la acción penal se haya extinguido (como ocurriera en el caso); lo que determina que su simple existencia no da sustento suficiente al reclamo reparatorio impetrado.
Con cita de doctrina en su apoyo, explicó que el solo sobreseimiento definitivo, que puede responder a una variedad de causas, no es una circunstancia que permita calificar como maliciosa o culposa la conducta obrada por el denunciante, correspondiendo a los jueces civiles el examen de los hechos para llegar a una conclusión sobre la responsabilidad civil por acusación calumniosa; más aun, cuando como en el presente caso su dictado se ha fundamentado, exclusivamente, en la extinción de la acción penal y la previsión legal expresa al respecto.
Por otro lado consideró irrelevante lo actuado y la sentencia dictada en el proceso “Faienza, Hector Osvaldo c/ Bank Boston N.A. s/ diferencia de sueldos e indemnizaciones”, de trámite por ante el Tribunal de Trabajo nro. 2 Departamental, toda vez que aquí se trata de determinar la responsabilidad atribuida por un accionar calumnioso que se atribuye a la entidad bancaria, y no tiene relación con las causas del despido y su indemnización correspondiente.
Concluyó en que no se han justificado los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción intentada, por lo que corresponde el rechazo de la demanda articulada.
Finalmente consideró caído en abstracto el planteo efectuado por la firma Standard Bank London Limited o Standard Bank PLC, que al comparecer a hacer valer sus derechos, se opuso a su citación como tercero, en cuanto afirmó que su mandante no ha participado en modo alguno en la transferencia de los activos de Bank Boston NA, en razón de que su interés estaría subsistente en tanto se hubiera determinado la responsabilidad atribuida en relación a Bank Boston NA, la cual el actor pretendía hacer extensiva a la citada.
II. Síntesis de los agravios.
La parte recurrente expresa sus agravios a fojas 4552/92, que merecieron réplica a fojas 4599/602.
En primer lugar cuestiona que el magistrado no haya hecho uso del principio de iura novit curia, atento que en la sentencia excluyó la posibilidad de que exista en el caso una denuncia culposa o negligente por parte de la demandada.
Luego hace una síntesis de algunos hechos que a su entender resultan relevantes ocurridos en la causa penal.
Recién a fojas 4565 comienzan los agravios.
En el primer punto de disconformidad cuestiona lo que denomina errónea o ausente apreciación de los hechos y de la prueba. Puntualiza que en más de 4000 fojas algo de prueba debe haberse producido, sin perjuicio de la destacada en el alegato de bien probado cuya extensión supera las 200 fojas, y pese a ello la sentencia de primera instancia sólo valora parcialmente, a su entender, las constancias de la causa penal y algunas pruebas informativas.
A la par en lo que titula “equivocada inteligencia de las normas aplicables” apunta que la sentencia es tajante en este aspecto y que el juez adelantó que se circunscribiría al encuadre que le dio el accionante a su pretensión.
Cuestiona que descartó la culpa o negligencia, sin describirla ni valorarla.
Cita abundante jurisprudencia y destaca que el banco demandado nunca fue previsor ni tuvo buena fe; no corroboró la existencia de un embargo que afirmó enfáticamente había sido comunicado al banco oportunamente, no obstante sostuvo su existencia para que apareciera una irregularidad o violación materializada por Faienza; no corroboró si éste se apoderó de los $800.000 que le endilgó al denunciarlo, ni tampoco hizo mención a que los cheques en cuestión ya habían sido debitados en la cuenta del librador al momento de denunciarlo; ni si el librador se quejaría de tal débito por haber o no percibido la suma correspondiente (lo que no ocurrió y, entiende, convalida la falsedad de la denuncia en este aspecto). Se pregunta si el Banco al menos no debió representarse previamente la posibilidad de que no hubiera delito, de que no todos los denunciados serían imputados y condenados, si la inacción probatoria en sede penal no reflejaría esa culpa rayante del dolo. Asimismo se ve sorprendido por la falta de reclamo patrimonial hacia él por parte del banco, si con su obrar hubiera causado un perjuicio patrimonial como enfáticamente afirma. Por el contrario se reclamó a Nicolás Dazeo SACIFI y esta empresa no negó la deuda. Advierte que el magistrado nada dice al respecto. Apunta que no estamos frente a un denunciante cualquiera, sino que es un banco con indiscutible capacidad operativa, asesoramiento y recursos tecnológicos, financieros y legales que debió aplicar los principios de prudencia mínima corroborando, al menos básicamente, los términos de su denuncia previamente a efectuarla.
Entiende que no actuó como toda entidad con la debida profesionalidad que el caso exigía y en cambio, con toda negligencia y ligereza culposa, procedió a efectuar una denuncia grave y a publicitarla como si sus afirmaciones fueran de allí en más irrebatibles, por haberse previamente comprobado todas sus afirmaciones.
Afirma que no puede aseverar que existió la premeditada intención de dañarlo, pero si, cuanto menos, que al denunciarlo no le importaba hacerlo ante la ligereza en radicar la denuncia. Entiende que aunque dicho obrar no resultara reprochable en sede penal por que no se llegara a condenar la calumnia, sí debe generar un resarcimiento en sede civil, cuando se falta al deber de obrar con mayor cuidado y previsión. A fojas 4575 vuelta comienza nuevamente a enumerar agravios como si recién iniciara su pieza procesal, a pesar de que ya se escribieron 47 carillas.
Así expresa que el juez no supo identificar en la denuncia penal que concurren todos los elementos que configuran el delito de acusación calumniosa, previstos por el artículo 1090 del Código Civil.
Se agravia de la omisión en la valoración de la absolución de posiciones del representante legal de la demandada y la equivocada inteligencia de las normas aplicadas en esta cuestión.
Se queja de la valoración que hace el magistrado respecto del sobreseimiento dictado a su favor en el proceso penal, que lo tilda de erróneo.
Apunta que el juez ha omitido la valoración de una prueba que corrobora la acusación calumniosa, cual es el acta notarial suscripta por Carlos Nicolás Dazeo.
En otro punto de disconformidad denuncia errónea interpretación de la prueba informativa de la causa penal y de la pericial producida en esa misma causa.
Se aflige también por la omisión en la valoración de los hechos nuevos denunciados en autos; de la falta de valoración de la prueba procedente del Tribunal de Trabajo; por la omisión de apreciar la testimonial incorporada con motivo del trámite del beneficio de litigar sin gastos. En el décimo agravio se queja de que se haya omitido considerar la doctrina que sanciona la temeridad y malicia actuada en autos por el banco demandado.
Por fin, en el undécimo agravio denuncia la omisión de considerar la prueba que emergería de unos autos que fueron agregados por cuerda III) Consideración de los agravios.
a. Previo avocarme al análisis del fallo recurrido, creo necesario efectuar una breve observación respecto del escrito de expresión de agravios glosado a fojas 4552/4592.
Aconsejaba el maestro José Ramiro Podetti, que "…Como las sentencias y las demás piezas jurídicas que integran el proceso, la expresión de agravios debe ser precisa, concreta, clara y concisa… debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada y concisa, "por qué" la sentencia no es justa… mostrar lo más objetiva, clara y sencillamente posible, los "agravios"… Procediendo así, cumple con los deberes de colaboración y respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo…" ("Derecho procesal civil, comercial y laboral - Tratado de los recursos", Ed. Ediar, Bs.As., 1958, pág. 163 y ss.). No caben dudas de que, en aras de defender acabadamente los derechos de su cliente, el abogado puede ser vehemente y hasta reiterativo en la formulación de los agravios, pero sin perder de vista elementales exigencias de precisión y economía de medios en el modo de desarrollar sus conceptos que faciliten la labor del Tribunal, coadyuvando a una mejor administración de justicia.
Sin ánimo de desmerecer el empeño puesto de manifiesto por los letrados para abogar por los intereses de su patrocinado, no puedo dejar de señalar que la notable extensión del escrito de expresión de agravios (82 carillas), sumada a la reiteración de conceptos y transcripción textual de largos fragmentos del expediente, conspiran contra dicho propósito, dificultando su lectura y restando eficacia a la argumentación. Daría la impresión que se valora la bondad de la prueba o la fundabilidad de la pretensión por el cúmulo de fojas que contienen algunos de los actos procesales que se han producido. Así se menciona las 223 carillas del alegato, las más de 4000 fojas que ha alcanzado ya este expediente y –agrego- las 108 carillas del escrito de inicio –sin contar las ampliaciones posteriores- y las 82 de su expresión de agravios. Lo cierto es que la cantidad no va, indefectiblemente, de la mano de la razón. Muchas de las veces pareciera ser que la falta de ésta provoca la necesidad de escribir o producir más, y en autos tenemos un claro ejemplo de que ello no es así.
b) Con esa aclaración, intentaré, entonces, resumir los fundamentos aducidos por los apelantes en apoyo de su pretensión de revocación del fallo:
1. Que el magistrado no haya hecho uso del principio iura novit curia, atento que en la sentencia excluyó la posibilidad de que exista en el caso una denuncia culposa o negligente por parte de la demandada, circunscribiendo la cuestión al encuadre que le dio en su pretensión.
2. Que el juez no supo identificar en la denuncia penal que concurren todos los elementos que configuran el delito de acusación calumniosa, previstos por el artículo 1090 del Código Civil.
3. Que se ha omitido la valoración de la absolución de posiciones del representante legal de la demandada, y del acta notarial suscripta por Carlos Nicolás Dazeo y considera errónea la valoración de la prueba informativa y pericial de la causa penal.
4. Que es errónea la valoración que hace el magistrado respecto del sobreseimiento dictado a su favor en el proceso penal.
5. Que no se valoraron hechos nuevos denunciados, ni la prueba procedente del Tribunal de Trabajo y se ha omitido apreciar la testimonial incorporada con motivo del trámite del beneficio de litigar sin gastos.
6. Que no se haya considerado la doctrina que sanciona la temeridad y malicia actuada en autos por el banco demandado.
7. Que no se haya valorado la prueba que emergería de unos autos que fueron agregados por cuerda.
c) Analizaré seguidamente los argumentos reseñados, aclarando que en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. Éstas expresan que los jueces no están obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino tan sólo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Loutayf Ranea Roberto G. “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, t. 2 págs.310/313, Astrea, 2ª ed. act. y amp., Bs.As. 2009).
d) Como correctamente fue reseñado por el magistrado de la instancia anterior, la acusación culposa puede generar responsabilidad por el daño sufrido por el acusado, no solo por imperio del artículo 1090 del CC, sino también del 1109 de dicho Código, configurándose como un cuasidelito (conf. CNCiv., Sala G, del 6/7/84, LL 1985-B-563, cit. por Salas, Trigo Represas, Lopez Mesa, "Código Civil Anotado", T. IV-A, pág. 531, Ed. Depalma, 1998).
Hace unos años tuve oportunidad de señalar, citando a Zabala de González, Matilde (“Resarcimiento de Daños – Daños a las personas”, T. 2 C, Hammurabi, Bs. As., 1994, pág. 406) que actualmente la doctrina y jurisprudencia no exigen el dolo del denunciante: basta que su denuncia obedezca a una actitud temeraria o imprudente. La culpa es factor atributivo suficiente para el surgimiento de la correspondiente acción resarcitoria por el daño causado (expte. n° 117.463, in re “González Britez Martín c/ Rodríguez Roberto y otros s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 15/3/07, RSD 35-07). La acusación calumniosa que prevé el artículo 1090 del CC presupone la falsedad de la denuncia, es decir, que se haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito que da lugar a acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido o atribuyéndolo al denunciado en forma imprudente, mediante un obrar culposo o negligente (conf. CNCiv., Sala A, 23/11/88, LL 1989-B- 484, entre otras, cit. por Salas, Trigo Represas, Lopez Mesa, "Código Civil Anotado", T. IV-A, pág. 531, Ed. Depalma, 1998).
En otras palabras, para configurar la acusación calumniosa es menester, entre otros supuestos, la falsedad del acto denunciado, el conocimiento de la falsedad por parte del acusador y la existencia del dolo. La falta de este último elemento no excluye que la acusación pueda ser culposa, en cuyo caso comprometería, en cuanto cuasidelito civil, la responsabilidad del acusador (conf. CNCiv., Sala B, 14/11/80, JA 981-III- 538, en ob. cit., misma pág.).
Ahora bien, el primer punto de disconformidad está dado por la circunstancia que el juez –según el apelante- no analizó los hechos a la luz de una posible acusación culposa, circunscribiendo la cuestión a la acusación calumniosa del artículo 1090 del Código Civil.
No le asiste razón en su planteo. Si bien el punto 1 de los considerandos el sentenciador hizo referencia a los términos en que se articuló la pretensión, la que se fundó exclusivamente en la existencia de dolo al formular la denuncia penal, lo cierto es que seguidamente en el punto 2, citando jurisprudencia del más alto Tribunal provincial y de esta Cámara de Apelaciones señaló que no solo podría condenarse a los demandados en esa calidad, sino también a título de culpa (ver fs. 4500 y vta.). Luego en el punto 4 concluyó que no existían elementos que permitan inferir la falsedad de la denuncia formulada o al menos negligencia que justifique la responsabilidad civil de las entidades bancarias demandadas; y más abajo remarcó que no se ha justificado un obrar doloso ni negligente de la accionada que sirva de sustento a la acción intentada (ver fs. 4502 vta.).
A lo expuesto por el juez agrego que, tal como ha adoctrinado mi distinguido colega de Sala, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sentado doctrina al decir que “La reparación de los perjuicios derivados de una denuncia sólo procede cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad o, por lo menos, con ligereza culpable” (SCBA, Ac. 41.227, S 21-11-89, “Gurfinkel, Dardo c/ Raso Hermanos SACIF y otros s/ Daños), la que ha sido reiterada por el mismo tribunal con fecha 8 de septiembre de 2004 en Ac. 87.049, “Simón, Oscar Horacio c/ Banco Municipal La Plata s/ Daños y Perjuicios” (Loustaunau, Roberto J., “El delito civil de acusación calumniosa”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2006-2, Ruvinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2006, pág. 213). Estimo que en el caso no ha existido por parte del demandado siquiera ligereza culpable. De conformidad a los acontecimientos probados en esta causa como en la penal, surge justificada la denuncia efectuada en la medida que tuvo por finalidad poner en conocimiento de la judicatura una serie de hechos, por lo menos irregulares, ocurridos en la entidad bancaria (ver fojas 1525/29, 1559/63, 1719, 1772/8, 1832/8, 1845/6, 2444/5, 2456/506, 3159/60, 3309, 4357/8; conf. arts. 375, 384, 394 y cc. del CPCC). Es que las irregularidades detectadas en el desempeño del actor en el marco de su actividad laboral en el banco demandado, abrigaron sobradas sospechas de la comisión de conductas delictivas y, por ende, justificaron la denuncia entablada.
De ningún modo tampoco puede atribuirse responsabilidad al demandado a título de culpa, en la medida que la denuncia fue formulada luego de efectuar una auditoria interna y verificar las anomalías, lo que demuestra a las claras que aquélla no resultó imprudente ni precipitada (art. 1109 del CC) y mucho menos hecha con mala fe (art. 1090 del CC). De modo que este primer agravio debe ser desestimado sin más.
e) En el segundo plantea que el juez no supo identificar en la denuncia penal que concurren todos los elementos que configuran el delito de acusación calumniosa, previstos por el artículo 1090 del Código Civil. El sentenciador no sólo ha valorado correctamente las constancias de la causa penal, sino que, al contrario de lo que sostiene el apelante, y como dije recién, no surgen ni mínimamente acreditados esos extremos, sino más bien, resulta por demás razonable la denuncia formulada por el demandado, a la luz de los acontecimientos ocurridos en la entidad bancaria que culminaron en el mes de julio del 1998 con el despido del actor y el comienzo de la auditoria interna ya mencionada.
Este agravio tampoco prospera.
f) Luego el apelante entiende que se ha omitido la valoración de la absolución de posiciones del representante legal de la demandada, y del acta notarial suscripta por Carlos Nicolás Dazeo; a la par considera errónea la valoración de la prueba informativa y pericial de la causa penal. Ninguno de esos argumentos es atendible.
Como expuse al tratar la primera cuestión, el artículo 384 del Código Procesal dispone que el juez no tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa. Lógicamente que no se encuentra relevado de apreciar las pruebas, sino que lo que la ley habilita en esta norma es que no exprese en la sentencia la valoración que haga de todas ellas.
Es suficiente, entonces, que se mencionen las que han sido soporte de su razonamiento, de conformidad con las reglas de la sana crítica (conf. Cám. Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala I, RSD 53-4 del 4/3/04; cit. por Quadri, Grabiel Henrán, “La Prueba en el Proceso Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág. 164). Sin perjuicio de ello, al revisar esas pruebas no se extrae de ellas nada relevante para la dilucidación de la cuestión, esto es, no surgen de esos elementos probatorios que la denuncia penal hecha haya sido calumniosa o culposa (art. 384 del CPCC).
g) En el próximo punto de disconformidad el apelante considera errónea la valoración que hace el magistrado respecto del sobreseimiento dictado a su favor en el proceso penal.
En este punto el sentenciador señaló que el simple sobreseimiento, fundado en la extinción de la causa penal no es sustento suficiente para el reclamo resarcitorio impetrado.
Coincido plenamente con esa conclusión.
La jurisprudencia, en reiteradas ocasiones, se ha expedido en el mismo sentido.
Así ha resuelto la Corte local que: “…La decisión que culminó en el sobreseimiento no implica que el denunciante haya incurrido, sin más, en acusación calumniosa ni que se le pueda atribuir responsabilidad civil, cuando la forma en que se presentaron los hechos, autorizaba la posibilidad de denuncia de la demandada… (SCBA, Ac. 73.292, fallo del 19/02/02, voto del Dr. Negri).
En Ac. 87.049, el Dr. Roncoroni, citando a Salvat, recordó que: “…puede perfectamente ser absuelto el acusado y sin embargo, no haber incurrido el querellante o denunciante, en el delito de acusación calumniosa ni contraer responsabilidad civil, cuando la forma en que se presentaron los hechos que dan margen a la querella realmente autorizaban la opinión de la existencia del delito…” (sentencia del 8 de septiembre de 2004). También la jurisprudencia nacional ha resuelto de igual modo:
“…Debe rechazarse la demanda de daños y perjuicios intentada por quien fue denunciado en una causa criminal en la que fue sobreseído -en el caso, por el delito de estafa-, pues dicho sobreseimiento por sí sólo no habilita la acción resarcitoria intentada contra el denunciante, si no se demuestra la actuación dolosa o culposa de éste…” (CNCiv. Sala B, fallo del 3/3/04, DJ 2004-2, 822).
Es decir que no basta que el denunciado haya sido sobreseído o absuelto para que nazca el deber de reparar, pues, en tal caso, el juez civil deberá analizar si las circunstancias autorizaron a considerar verosímil la comisión de un delito por parte del denunciado (conf. Loustaunau, Roberto J., ob. cit. pág. 206).
h) Achaca el apelante que no se valoraron hechos nuevos denunciados, ni la prueba procedente del Tribunal de Trabajo y se ha omitido apreciar la testimonial incorporada con motivo del trámite del beneficio de litigar sin gastos.
Reiterando conceptos expuestos más arriba, memoro que los jueces no se encuentran obligados a tratar todos los argumentos y planteos de las partes sino los que estimen decisivos para la solución del asunto (Cám. Apel. Civ. Com. de Trenque Lauquen, causa 8.456, RSD 16- 14, sentencia del 31/5/87).
En autos, evidentemente, y por el modo como se resolvió la pretensión y los fundamentos en los que se apoyó, no resultó relevante ni trascendente dar tratamiento a todos los hechos nuevos denunciados, sino solo a los que eran estrictamente necesario para el dictado del fallo. En cuanto a la prueba emanada de las actuaciones laborales, no le asiste razón en la medida que a fojas 4503, último párrafo, expresamente hizo referencia a la irrelevancia de lo allí resuelto en esta causa donde se trata de determinar la responsabilidad por un supuesto accionar calumnioso que se atribuye al demandado.
Por lo que se debe rechazar también este argumento.
i) Se queja también de que no se haya considerado la doctrina que sanciona la temeridad y malicia actuada en autos por el banco demandado.
Al margen que en este punto solo se hacen referencias de tipo doctrinarias y a opiniones propias del apelante, al haberse desestimado la pretensión no hubo lugar para aplicar una multa en concepto de temeridad y malicia al demandado.
f) Finalmente, plantea que no se haya valorado la prueba que emergería de unos autos que fueron agregados por cuerda.
Vale aquí recordar lo que se dijo más arriba en cuanto a que el artículo 384 del Código Procesal dispone que el juez no tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa.
De modo que deben rechazarse todos los agravios y confirmarse la sentencia cuestionada.
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto.
2. Propongo que las costas de Alzada se impongan al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
3. Sugiero diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la ley 8904)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: 1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto. 2. Imponer las costas de Alzada al apelante vencido. 3. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno. Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC). Devuélvase.
RICARDO D. MONTERISI ROBERTO J. LOUSTAUNAU ALEXIS A. FERRAIRONE SECRETARIO
Fin de la sentencia