Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.973-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución (AD MARD) n° 294/18, dictada en la Actuación SIGEA n° 12604-106-2014, en cuanto condena al Sr. Héctor J. Falagan al pago de una multa y al comiso de la mercadería por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con los alcances conforme con lo establecido en los Considerandos IX y X del voto del Vocal Preopinante.
2Costas según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo de la actora y un 40% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-64524238-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 13 de Junio de 2025 ADUANAS s/ recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Horacio J. Segura, para dictar sentencia en los autos caratulados “FALAGAN HÉCTOR JOSÉ c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, expte. nº 39.973-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 6/17, se presenta por derecho propio el Sr. Héctor J. Falagan e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD MARD) n° 294/18, recaída en el SIGEA n° 12604-106-2014, en cuanto lo condena por la presunta infracción al art. 970 del C.A., al pago de una multa de $ 71.887,07 y al comiso del vehículo objeto de autos. En primer término, solicita que se ordene de inmediato el cese del comiso y plantea su inconstitucionalidad. Considera que el comiso se ordenó en los términos de una medida cautelar, no encontrándose el servicio aduanero habilitado para establecer tal medida sin la intervención del poder judicial. Manifiesta que la mercadería no es prohibida. Plantea la nulidad de la resolución apelada por violación al derecho de defensa, a la garantía del debido proceso y por vicio en el objeto.
Refiere a que el rechazo de la Aduana sobre la prueba ofrecida al contestar la vista, lo ha colocado en una situación de indefensión absoluta. Hace referencia a los requisitos esenciales del acto administrativo. Realiza consideraciones acerca de la naturaleza penal de las infracciones aduaneras. Sostiene la invalidez de la Declaración Jurada de Admisión Temporaria de Vehículos de Turistas, puesto que no fue por él suscripta y se trata de una instrumento anónimo que no se encuentra firmado. Asimismo, expresa la invalidez del trámite otorgado por el servicio aduanero al momento de ingresar el vehículo. Relata que nunca fue voluntad del encartado el ingreso del camión con fines turísticos como erradamente se consigna en la DDJJ.
Manifiesta que en oportunidad de labrar el acta de secuestro del automotor dejó en claro que su real intención fue siempre la de nacionalizar el vehículo. Sostiene que se trata de un claro error excusable ya que no logró comprender acabadamente el trámite temporario que la Aduana equivocadamente estaba imprimiéndole al ingreso del camión. Manifiesta que nunca fue un turista y que por lo tanto no puede imputársele una infracción con relación al régimen de importación temporaria. Considera que no corresponde la sanción del comiso por estar al amparo de la Resolución n° 1568/92 y que no es mercadería prohibida. Solicita se autorice la regularización y nacionalización en consideración a las disposiciones de la Ley n° 27.260.
Subsidiariamente, se agravia del valor en aduana declarado determinado por la Administración y solicito que el valor se determine conforme al Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 38/46, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Refiere a la imposibilidad del Tribunal Fiscal de la Nación de declarar la inconstitucionalidad de las normas. Expresa que la nulidad planteada por la actora no puede prosperar toda vez que conforme se desprende de las actuaciones administrativas la actora conoce perfectamente el objeto y el motivo por el cual la Aduana está efectuando el reclamo en cuestión. Manifiesta que la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. se debe a la falta de nacionalización de la mercadería documentada. Hace referencia a los elementos del acto administrativo, al plazo razonable y rechaza la nulidad planteada por la parte toda vez que existiendo una etapa judicial posterior a la administrativa no se produce una efectiva violación por cuanto cabe la posibilidad de subsanarse. Sostiene que no resulta una defensa jurídica válida alegar el desconocimiento de las leyes y menos aun cuando se somete voluntariamente a un régimen aduanero. Realiza consideraciones en cuanto a la teoría de los actos propios. Considera que la actora no rebate hechos en materia de juzgamiento sino que se limita solo a consideraciones de orden interpretativo acerca del régimen jurídico que pretende aplicar. Expresa que la carga de la prueba en el cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Manifiesta que las solas expresiones de la recurrente no alcanzan para desvirtuar las pruebas aportas en la causa verificándose la existencia de la infracción aduanera. Hace mención a la indisponibilidad del crédito fiscal y al principio de igualdad. En cuanto al beneficio de la condonación, expresa que no resulta en esta instancia pertinente para peticionar tal beneficio. Indica que el acto verificatorio no fue desvirtuado con la prueba correspondiente por lo que es un acto que goza de legitimidad. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 52, se declara la causa de puro derecho. A fs. 58 se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12604-106-2014 se inician, a fs. 1, con el Acta n° 288/14 Secuestro de Automotor. A fs. 2, obra la Declaración Jurada Admisión Temporaria Vehículos de Turistas. A fs. 3, luce el Acta de Denuncia de fecha 2/7/14. A fs. 13, consta la clasificación y el aforo de la mercadería. A fs. 17, obra la apertura de sumario. A fs. 21, se corre vista de todo lo actuado al Sr. Héctor José Falagan. A fs. 26/26 vta., se notifica 8/8/16. A fs. 27/34 vta., la recurrente contesta la vista conferida. A fs. 56/58 y 67/69, obran los Dictámenes n° 210/17 y 211/17. Finalmente, a fs. 83/85, se dicta la Resolución (AD MARD) n° 294/18, aquí apelada.
V. En primer lugar, corresponde dilucidar si la multa a cuyo pago se condena a la recurrente por la infracción tipificada en el art. 970 del CA, es pasible de ser condonada en los términos de la Ley 27.260. Cabe advertir en el presente que, la resolución apelada no formula cargos tributarios, por ende, no es posible aplicar el beneficio de la condonación toda vez que no se acreditó en el caso que la sanción estuviese vinculada con una obligación tributaria previamente ”cancelada” o “regularizada mediante pago al contado o plan de facilidades”, tal como lo exigen los arts. 56 de la ley 27.260 y 6° de la Resolución General AFIP n° 4007- E/17.
VI. En segundo lugar, debe analizarse el planteo de nulidad opuesto por la actora, en relación a la privación del derecho de defensa juicio, del debido proceso y los vicios en el objeto de la resolución apelada, atento a las posibles consecuencias que conllevan su declaración.
El agravio vertido por la actora radica en que el servicio aduanero ha rechazado la prueba ofrecida en el procedimiento sumarial incoado al efecto y en la omisión en el tratamiento de las cuestiones planteadas en su contestación de vista.
Tales cuestionamientos deben ser rechazado sin más por cuanto no se advierte lesión alguna al derecho de defensa y al debido proceso adjetivo de las partes involucradas en los trámites cumplidos por la D.G.A., precisamente, en oportunidad de investigar la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
El argumento del rechazo de la prueba ofrecida no resulta suficiente para respaldar la nulidad que se intenta introducir, pues es necesario indicar concretamente las defensas y las pruebas de las que se habría visto privada, que hubieran conducido a una solución distinta de la alcanzada.
En cuanto a la falta de tratamiento de los planteos de la recurrente en la resolución recurrida, cabe señalar que siendo la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención a todos los argumentos esgrimidos por la imputada.
La resolución atacada refiere a que el pronunciamiento condenatorio obedece a la falta de acreditación por parte de la actora de la documentación que ampara el legal ingreso al territorio aduanero del vehículo en cuestión, siendo tal fundamento suficiente para dar respuesta al planteo expuesto por la actora en el ámbito administrativo.
Es decir, que no se constata en el sumario, error o vicio alguno, que causaren a la agraviada indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia, por lo cual, atento a la posibilidad de la recurrente, en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud y exponer todos los argumentos que estimen convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
En virtud de ello, debe rechazarse el pedido de nulidad efectuado.
VII. Seguidamente corresponde resolver en autos sobre la procedencia de la multa reclamada al Sr. Héctor J. Falagan, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del CA.
La aquí recurrente -de nacionalidad argentina- con motivo de su regreso al país, importó temporariamente un camión, dominio 0943BJF, modelo Renault 2001, de origen extranjero, mediante una “Declaración Jurada de Admisión Temporaria de Vehículos de Turistas” obrante en el sistema informático ENYSA (ver a fs. 2 de las act. Adm.), que permitía la circulación dentro del territorio nacional por un plazo de 10 días, debiendo al vencimiento del plazo regularizar la situación, sea mediante la reexportación del vehículo o su importación para consumo.
En cuanto a la declaración precitada, cabe señalar que la actora en su escrito de apelación sostiene la falsedad del documento precedente en cuanto indica que es “una pieza anónima que no está firmada y por ende no constituye una declaración jurada (…) …la falsedad de la DDJJ que consigna el trámite de admisión para turistas dando cuenta el error de Aduana…”, seguidamente –en la misma presentaciónhace hincapié en esto último en cuanto a que refiere a que se trató de un error en el trámite ante el servicio aduanero, indicando que “desconocía totalmente las formalidades aduaneras para ingresar definitivamente sus bienes (…) Sin dudas se generó un error en el trámite que la Aduana imprimió a su pretensión…” (el resaltado me pertenece).
Lo expuesto, exige adecuar el sentido de las palabras, ante una evidente contradicción por parte de la recurrente en la formulación de los hechos, debiendo dejar en claro que la falsificación de un documento es un delito, que no puede presumirse lisa y llanamente. La falsedad debe acreditarse, ni puede tenerse por producida con el sólo argumento de que la impresión de la DDJJ obrante en el sistema ENYSA es una “pieza anónima”. En este sentido, en lo que aquí respecta tal aseveración no surge acreditada, ni el momento de dictarse la resolución apelado ni ahora en la apelación de autos.
Por otro lado, otro argumento distinto -y opuesto al anterior-, es la existencia de un error en la formulación del trámite por una equivocación en el conocimiento o en la representación que se tiene de la realidad de las cosas, manifestación esta que deberá examinarse en autos.
Aclaradas las ideas precedentes, entiendo necesario, previo a resolver la cuestión de fondo planteada, recordar que si bien la convicción del juzgador se logra con las pruebas obrantes en la causa, valoradas con sana crítica, el orden dialéctico persuasivo del relato en la apelación debe guardar coherencia con la plataforma fáctica que se describe, ya que aportar argumentos que contradigan una conducta que resulta incompatible con la que previamente se asumió, implica infringir la teoría de los actos propios, así como también, afectar los principios de la buena fe y la seguridad jurídica.
Por lo tanto, aun pese a lo querido por la parte o al error de interpretación en el que incurrió en el trámite de ingreso del vehículo en cuestión, tal circunstancia no torna descalificable, lo que se corrobora en el expte. administrativo que es la existencia de una importación temporal de vehículos para turistas, ya que la ignorancia o el error de hecho o derecho en la gestión de ingreso del camión no la exime de la sanción que pudiere corresponderle ante el incumplimiento al régimen jurídico que le resulta atribuible (art. 902, punto 2, del C.A.).
VIII. De la declaración jurada de admisión temporaria de vehículos de turistas, acompañada a fs. 2 de las actuaciones administrativas, surge que se otorgó un plazo de permanencia de 10 días (desde el 3/2/14 hasta el 13/2/14) para el egreso de un vehículo (camión) marca Renault, de título de propiedad n° 0943BJF, modelo 2001, que se comprometió "a retornar al exterior con el vehículo (...) dentro del plazo acordado, o en su defecto a pagar los derechos y gravámenes que correspondan"; y se obligó, "a cumplir las instrucciones que figuran al dorso [de la declaración]" y se dio por notificada "que la salida fuera de término constituye una infracción penada por la Legislación Argentina con una multa cuyo valor será de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo y que no podrá ser inferior al 30 % del valor en Aduana del vehículo, aun cuando no estuviere gravado (Ley 22.415 - art. 970)". Resulta, por lo tanto, que a la fecha de vencimiento del plazo de la admisión temporaria, la situación del vehículo no se regularizó, ya sea mediante su reexportación o consecuente importación a consumo, como tampoco se había solicitado prórroga al efecto. Por el contrario, la recurrente se constituyó ante la Aduana de Mar del Mar del Plata –pese al plazo vencido- con la intención de “nacionalizar” el camión respectivo, situación está que derivó en el secuestro obrante a fs. 1 de las act. Adm. del transporte en cuestión. Que en la declaración jurada se estipuló un “Compromiso de Retorno” que indicaba que los vehículos debían retornar al exterior dentro del plazo acordado, o en su defecto a pagar los derechos y gravámenes que correspondían, dándose por notificada que la salida fuera de término constituía una infracción penada por el art. 970 del CA. Por ende, no puede dejar de evidenciarse un accionar un tanto deliberado por parte de la recurrente al omitir informarse sobre ciertos hechos o circunstancias del ingreso del vehículo. Como se ha visto, en la causa no surge que la recurrente haya dado cabal cumplimiento con lo normado, por lo que habiendo vencido el plazo de admisión temporaria de vehículo de turistas sin que se haya reexportado o importado para consumo la mercadería en trato, ha de tenerse por configurada la infracción endilgada.
En consecuencia, corresponde confirmar la resolución apelada en autos.
IX. Sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de los conceptos de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que conforman la liquidación de la resolución en crisis.
En orden a lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que no corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
X. Conforme a lo precedentemente resuelto en el Considerando precedente del presente decisorio, se procede a practicar la siguiente liquidación:
Liquidación de multa:
Valor en Aduana de la mercadería: $ 67.843,59 Derechos de importación (35%): $ 23.745,26 Tasa de estadística (0,5%): $ 339,21 Base imponible I.V.A: $ 91.928,06 I.V.A (21%): $ 19.304,90 Total de multa adeudada: $ 43.389,37 Por ello, corresponde declarar que, en estos autos, el importe adeudado en concepto de multa asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTE Y SIETE CENTAVOS ($ 43.389,37.-).
XI. Por tratarse en el caso de mercadería de importación prohibida por el régimen general, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado 2, del art. 970 del C.A., correspondiendo además de la multa, el comiso de la mercadería.
El Decreto n° 110/99 dispone la prohibición de la importación para consumo de los vehículos usados, salvo determinadas excepciones, entre ellas la que se encuentra los vehículos automotores de propiedad de ciudadanos argentinos con una residencia en el exterior no menor a un año y que retornen al país para residir definitivamente en él (inc a) del art. 7, de la norma legal citada). En idéntico sentido, lo ha establecido el Anexo III “A” de la Resolución n° 1568/92.
Ha quedado demostrado que la residencia en el extranjero de la recurrente ha superado el período anual, mediante una nota del Director de la Secretaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca que certifica respecto de la apelante, que residía en la calle CE Gabriel Carbonell 60 Pis 1 Pta 1, Palma de Mallorca – España, desde la fecha 23/02/01, siendo la fecha de expedición del certificado el 12/11/15.
No obstante, no puede determinarse que la recurrente haya regresado al país a los fines de su residencia definitiva, confundiendo una obligación jurídica, cuando ha ingresado por la vía de la admisión temporal de vehículos de turistas la introducción del bien al territorio aduanero, por un período determinado y en calidad de turista. Más no bajo el régimen de mudanza, que contiene una clara intención de permanencia. Por lo tanto, los elementos de la causa demuestran que no hay razones para apartarse de la prohibición general que veda la introducción de vehículos usados al territorio aduanero, debiendo confirmarse el comiso impuesto en los términos de la normativa precitada.
Atento a lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución (AD MARD) n° 294/18, dictada en la Actuación SIGEA n° 12604-106-2014, en cuanto condena al Sr. Héctor J. Falagan al pago de una multa y al comiso de la mercadería por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con los alcances conforme con lo establecido en los Considerandos IX y X.
2. Costas según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo de la actora y un 40% a cargo del Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos y conclusiones que resultan de los Considerandos I a V del voto que antecede.
II. Que en cuanto al fondo del asunto, nunca debe perderse de vista, al momento de resolver, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).
En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet).
En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822).
Asimismo, también debe tenerse presente que el Alto Tribunal ha consagrado en materia de infracciones tributarias el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que “sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos: 271:297; entre muchos otros).
III. Que, bajo tales premisas, cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el CÓDIGO Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.
En la Exposición de Motivos del CÓDIGO Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el artículo 902 del citado ordenamiento legal establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].
Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el artículo 8° de la CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126). Al respecto, cabe destacar que el artículo 4 del CÓDIGO Penal establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr. Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.
IV. Que, bajo tales postulados, a los fines de la imposición de una sanción de palmaria naturaleza penal, la resolución debiera, al menos, contener una clara exposición de elementos esenciales, a efectos de no vulnerar el debido proceso adjetivo. Se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional. Dichos elementos son:
a) los hechos que la sustentan, b) los elementos de juicio que constan en el expediente y que acreditan la existencia de la contravención, c) las razones que ameritan tener por configurado el hecho punible, tanto en su faz objetiva como subjetiva (culpa o dolo, según correspondiere), y d) los fundamentos de la graduación de la sanción aplicada en el caso particular.
A tal fin, la DGA tiene que describir la conducta punible en forma precisa, sin recurrir a fórmulas genéricas, como así también debe hallarse probada en forma clara y suficiente la maniobra denunciada, debiendo ponerse de manifiesto todos los elementos considerados por la Administración que demuestren que la decisión adoptada es fruto de la valoración de la conducta del agente.
En efecto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible aplicación de los enunciados penales supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el dolo del agente, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, el servicio aduanero, como órgano acusante, debe probar la culpabilidad del recurrente -lo que en la especie NO se encuentre suficientemente acreditado-, y no exigirle a éste la difícil prueba de su inocencia, en virtud de que no se debieran, a tal fin, utilizar únicamente los mismos elementos que fueran contemplados para cuantificar el perjuicio fiscal, para presumir y tener por probada la existencia de la conducta infraccional.
V. Que, bajo la plataforma fáctica que se desprende del sub-lite, lo cierto es que se advierte la falta de elementos que permitan considerar que la demandada ha efectuado un acertado encuadre jurídico de la situación descripta en relación al recurrente.
Por ende, cuando el resultado disvalioso no permite inferir la falta de cuidado y previsión de la apelante, no se puede atribuir responsabilidad, salvo que se trate de una ley que atribuye responsabilidad sin culpa, lo que estaría en contra de los principios elementales del derecho penal, como así también de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Por lo tanto, tanto en materia penal como en la infraccional, la efectiva operatividad del principio de legalidad impone la necesidad de practicar una hermenéutica que, basada en las palabras utilizadas para la elaboración del tipo legal, resuelva las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización. En consecuencia, la opción en favor de una exégesis que amplifique el ámbito de la prohibición penal compromete ciertamente la garantía que implica el nullum crimen sine lege y, por ello, resulta preferible la elección de la interpretación más restrictiva de la punición en la medida en que, además, no provoca en el caso una consecuencia ridícula o absurda (CSJN in re “Valerga, Oscar Alfredo”, del 28 de agosto de 2007: disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
VI. Que, a mayor abundamiento, cabe aclarar que en la especie el servicio aduanero no ha logrado probar de modo concluyente la efectiva configuración del elemento subjetivo, a los fines del reproche infraccional endilgado en la litis, para brindar suficiente sustento al factor de atribución de responsabilidad aduanera. En consecuencia, y no existiendo un nexo causal de tipo subjetivo entre la infracción endilgada por el servicio aduanero y la conducta del sujeto recurrente, se encuentra suficientemente probada en la litis la imposibilidad de realizar respecto del Sr. Héctor José Falagán el principio de culpabilidad, siendo que no resulta jurídicamente admisible la alternativa de exigirle un comportamiento diferente al desplegado en autos, precisamente por su incapacidad –en el caso sometido a análisis del Tribunal- de acción y de autodeterminación, pues ello implicaría, sin más, negar la base misma del juicio de reproche.
VII. Que, por lo tanto, habida cuenta las especiales circunstancias de la causa, propicio que se revoque la multa aplicada a la parte actora por aplicación del principio del artículo 898 del CÓDIGO Aduanero (“Beneficio de la Duda” o “Benefit of the doubt meaning”), en tanto no se deprende del sub lite una participación reprochable que de manera acabada o convincente concluya en la pretendida atribución de responsabilidad, siendo que la prueba rendida resulta insuficiente a tales efectos, al carecer de la significación incriminatoria necesaria para proporcionar la certeza de la responsabilidad del recurrente en la producción del evento dañoso, máxime que en la especie se desprende la existencia de elementos de juicio que ponen en duda la presencia del elemento intencional integrativo del tipo que le fuera reprochado por la Administración en el suceso, conforme fuera supra relatado.
Por lo demás, el principio de la duda como pauta de valoración de la conducta del imputado en el proceso es una consecuencia natural de la presunción de inocencia contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Sala IV CAF in re “Prodmet S.A. c/ ANA” del 15/3/96; “Solanas Country S.A.” del 3/4/01; y “Curtiembre Pelicce S.A. (T.F. 9684-A) c/ DGA”, del 31/8/2004).
Consecuentemente, quien suscribe considera que las penas impuestas mediante los artículos 1° y 2° de la resolución apelada en autos -Disposición Nro. 294/2018 (AD MARD)- deben revocarse por estricta aplicación del artículo 898 de dicho ordenamiento, norma que recepta en debida forma garantías constitucionales de ineludible aplicación en la materia.
Todo ello, sin perjuicio del criterio que he asumido– por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, Expte. Nº 36.507- A, del 06/03/20, entre muchos otros).
VIII. Que admitir una solución contraria a la propiciada implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.
IX. Que, por lo demás, también se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
X. Que en relación a las costas del pleito, en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo, resulta ajustado a derecho distribuirlas en el orden causado; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la parte actora. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Gonzaléz Palazzo.
Así lo voto.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución (AD MARD) n° 294/18, dictada en la Actuación SIGEA n° 12604-106-2014, en cuanto condena al Sr. Héctor J. Falagan al pago de una multa y al comiso de la mercadería por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., con los alcances conforme con lo establecido en los Considerandos IX y X del voto del Vocal Preopinante.
2. Costas según sus respectivos vencimientos, las que se estiman en un 60% a cargo de la actora y un 40% a cargo del Fisco.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.06.10 13:57:18 ART Date: 2025.06.11 14:23:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Date: 2025.06.13 17:18:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.13 17:18:56 -03:00
Fin de la sentencia