Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8848/25 Sentencia: Definitiva Actor: Falcón Lucas Ramón Demandada: La Segunda ART S.A Objeto: Accidente de Trabajo Fecha: 26-11-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 26 del mes de Noviembre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “FALCON, LUCAS RAMÓN C/LA SEGUNDA ART S.A S/ACCIDENTE DE TRABAJO" Expte. Nº 19.789/2020 que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8848. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Griselda Bard para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 16/42 se presenta el Sr. Lucas Ramón Falcon con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Raúl Sabbatella y promueve demanda en contra de La Segunda A.R.T. S.A. reclamando el cobro de la suma de $ 2.016.355,16 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse con más sus intereses, actualización, costos y costas desde que cada rubro es debido y hasta su pago. Reclama dicho importe por diferencias de indemnización de pago único establecido por el art. 14 de la Ley de Riesgo de Trabajo para el caso de incapacidad permanente parcial y definitiva resultante de un accidente de trabajo.
Solicita la inconstitucionalidad de los arts. 21,22 y 46 apart. Ley 24.557 modificada por ley 27.348, de la intervención de las comisiones médicas y su revisión judicial para acceder al procesamiento pleno del pleito mediante las normas procesales locales. Plantea asimismo la inconstitucionalidad del art. 17 bis de la ley 26.773 y del DNU 669/2.019 que modifica la redacción del art. 12 de la LRT por violación al art. 28 CN en cuanto afecta el derecho de peticionar ante la justicia, defensa en juicio y debido proceso. Funda la competencia de la jurisdicción provincial e invoca la no adhesión de la Provincia de Santa Cruz al sistema previsto en la ley 27.348. Al relatar los hechos dice que ingreso a trabajar para Cristina Vicenta Godoy el 28/10/2.018 realizando tareas de albañil, señalando que la empleadora se dedica a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios residenciales y no residenciales.
Precisa que el 2 de Noviembre de 2.018 mientras se encontraba realizando tareas en su lugar de trabajo subido a un andamio de 2 metros de altura aproximadamente, resbalo y cayó al piso sufriendo fractura de ambas muñecas y codo izquierdo con importante limitación funcional y compromiso neurológico con cicatrices. Expone que el 5 de Septiembre de 2.019 la ART determina el cese de la ILT hasta que la Comisión Médica Nro. 201 de Caleta Olivia dictamina un grado de incapacidad del 33,24 % de la T.O. sosteniendo que no está de acuerdo con lo determinado ya que estima que según el Baremo General para el Fuero Civil de José Luis Atube, padece una incapacidad del 51% de la T.O. Luego se explaya en torno a la inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas, de los arts. 21, 22, 46, 50 y 8 apartado 3 de la ley 24.557 y los decretos 717/96 y 1278/00, 410/01.
Solicita la inexistencia de actos realizados bajo el sistema administrativo de la ley 24.557, argumenta que se incurre en violación a la defensa en juicio y que es inaplicable la teoría de los actos propios bajo el sistema administrativo de la ley 24.557. Plantea igual la inconstitucionalidad del DNU 669/19, del art. 9 de la ley 26.773 y precisa que reclama prestación dineraria de la ley 24.557. Compara liquidaciones del art. 11.4ª LRT para demostrar confiscatoriedad, solicita tasas de interés activa del BNA, solicita la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 y para el caso de que se considere pertinente del art. 20 de la ley 27.348. Señala que las deudas de la LRT son deudas de valor y solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.928 art. 7 y 10 del art. 4 de la ley 25.561.
Ofrece prueba, hace reserva de la cuestión federal, funda en derecho y hace su petición final.
II. Que por PE 309374-2021 se presentan los Dres. Carlos Linares y Silvina Godoy en calidad de apoderados de “La Segunda ART” y contestan la acción. Niegan todos y cada uno de los hechos formulados por el actor, dan su versión de los hechos, hace referencia a la teoría de la actos propios invocando la existencia de cosa juzgada administrativa, oponen la excepción de pago total, contestan los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557 y del DNU 669/19, solicitan el rechazo del art. 17 bis de la ley 26.773, plantean la improcedencia y el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 20 de la ley 27.348, solicitan la aplicación del art. 730 del CCCN, ofrecen prueba, formulan reserva de caso federal, fundan en derecho y formulan su petición final. Al argumentar su postura dicen que recibieron la denuncia del siniestro ocurrido el 2/11/2.018 y que dieron trámite a la denuncia recibida y brindaron la totalidad de las prestaciones, otorgando el alta en fecha 1/4/2.019. Dicen que luego el actor compareció ante la Comisión Médica 201 que ordenó que continúe con las prestaciones a cargo de la ART y que con posterioridad al alta, determinó el grado de incapacidad que se fijó en un 25.95 % y sumados los factores de ponderación se arribó a un total de 33,24 %.
III. Que por PE 1700444-2025 se dicta sentencia definitiva en fecha 27 de enero de 2025, inscripta al Tomo: XXI, Registro: 08, Folio: 76/86, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21, 22 y 50 de la ley 24.557 y de las disposiciones pertinentes de los Decretos Nros. 717/96, 1278/00 y 410/01, se rechaza la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773, declara abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 de la ley 24.557, 20 de la ley 27.348 y art. 17 bis de la ley 26.773, declara la inconstitucionalidad del Dec. Nro. 669/19 y hace lugar a la demanda interpuesta por Lucas Ramón Falcón en contra de la demandada La Segunda A.R.T. condenándola al pago de diferencias por indemnización conforme art. 14 inc. 2 apartado a) de la ley 24.557 y art. 3 ley 26.773 por incapacidad sufrida del 95 % de la T.O. restante (66,76%) a consecuencia del accidente laboral ocurrido el día 2 de noviembre de 2.018, ordenando descontar la suma ya abonada por la A.R.T. demandada en función del valor que arroje el nuevo cálculo, haciendo saber que se deberá abonar en el plazo de diez (10) días de notificada la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial. Se imponen costas a la parte demandada y se difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia.
IV. En contra del fallo dictado, por PE 171420-2025, la parte demandada interpone y funda recurso de apelación, cuestionando la sentencia de grado a través de tres agravios. En el primero de ellos, la queja recae sobre el porcentaje de incapacidad establecido del 95 % de la T.O. con fundamento en el dictamen del perito médico oficial. Refiere en ese sentido que éste se aparta de las disposiciones del Baremo de la Ley de Riesgo de Trabajo, tal como su parte lo expreso al momento de impugnar la pericia médica, circunstancia que no fue considerada por el magistrado. Cuestiona también que el juez de grado por un lado establece la plena vigencia del art. 9 de la ley 26.773 y por lo tanto la aplicabilidad de la Tabla de Evaluación de Incapacidades establecida en el Dec. 659/96 y por el otro considera válido y determina el porcentaje de incapacidad en base a un dictamen médico que se aparta de las disposiciones del Baremo de la ley de Riesgo de Trabajo incurriendo en contradicción.
Concluye su agravio sosteniendo que no puede tomarse en consideración el dictamen del perito médico. Se agravia también porque según su punto de vista la determinación del porcentaje de incapacidad de la sentencia constituye un absurdo que se aparta de la ley de riesgo de trabajo. Explica que la incapacidad que supere el 66 % constituye una incapacidad total, por lo que cualquier porcentaje superior significa lo mismo en términos económicos. Razona entonces que el juez realiza una incorrecta valoración de la incapacidad al establecerla en un 66,76 % sin tomar en cuenta el porcentaje de incapacidad que ya fue indemnizado de un 35 %, el que entiende no fue descontado ya que la incapacidad total fijada tiene el mismo valor económico que la incapacidad total del 95 %.
Que por tanto considera que deberá descontarse el porcentaje ya reconocido y por el que su parte ha respondido en la instancia administrativa. En su tercer agravio sostiene que la sentencia determina que debe descontarse la suma ya abonada por la ART demandada pero no prevé la actualización de dicho monto a través de la aplicación de intereses sobre el pago anteriormente formulado, lo que se traduce en un resultado injusto. Invoca el precedente “Conejero Martin Sebastián C/La Segunda ART SA y Otro S/Accidente de Trabajo” Expte. 36.819/2.018 y razona que la sentencia de grado arriba a un resultado injusto al ordenar la actualización de intereses de la diferencia que existiría a favor del actor pero no del pago realizado por su parte.
Entiende entonces que siguiendo el criterio de ésta Excma. Cámara se ordene la actualización del pago parcial realizado de la misma forma en la que se debe actualizar el monto de condena, para después descontarlo y arribar a la diferencia que pueda adeudarse para evitar un enriquecimiento sin causa a favor del actor.
V. Por PE 1715536-2025 la parte actora también cuestiona la sentencia de grado. En su primer agravio sostiene que el juez se equivoca al restar al porcentaje de incapacidad determinado por el perito médico (95%) el porcentaje que fue fijado por la Comisión Médica Nro. 201 de ésta ciudad de Caleta Olivia. Argumenta en ese sentido que el perito determinó un 95 % de incapacidad y por lo tanto debe tenerse en cuenta el total del porcentaje fijado dado que el 32,24% que otorgó la Comisión corresponde al mismo siniestro, pudiendo observarse de ese dictamen que el actor no presenta preexistencia y al realizar el cálculo se tomó en cuenta el 100 % de su capacidad laboral. Concluye razonando que cuando se trata de una incapacidad total, es decir, mayor o igual al 66 % a los fines de realizar el cálculo del quantum indemnizatorio se toma en cuenta el 100 % de incapacidad por tratarse de una incapacidad laboral permanente total, por lo que solicita se otorgue el total del porcentaje de incapacidad determinado por el perito. En su segundo agravio se queja porque según su postura el juez de grado omitió la aplicación del adicional de pago único previsto en el art. 11 inc. 4 apartado b) de la ley 24.557, el que entiende la corresponde por el periodo en que se produjo la primera manifestación invalidante. Argumenta en ese sentido que teniendo en cuenta que la PMI fue el 2/11/2.018 corresponde aplicar la Nota G.C.P 18347/18 que comprende el periodo 01/09/2.018 a 28/02/2.019 y por lo tanto la suma que le corresponde percibir al Sr. Falcon en concepto de adicional de pago único por una incapacidad mayor o igual al 66% es de $ 981.465. Agrega también que no se debe perder de vista que el Dec. 472/2.014 reglamentario de la ley 26.773 en su art. 2 inc. 2 párrafo 2 establece la forma en que se debe efectuar la suma de la compensación adicional de pago único (art. 11 inc. 4 apartado a LRT). Por último resume lo que entiende sería la forma correcta de aplicar el adicional de pago único por la incapacidad igual o mayor al 66 %. Se agravia también por la ausencia de aplicación del art. 770 inc. b del CCYC., manifestando que corresponde su procedencia por los mismos argumentos que para la aplicación del art. 770 inc. c) Expresa que el art. 770 es de orden público y corresponde su aplicación directa y por ende, debe efectuar la capitalización desde la fecha de notificación de traslado de la demanda como surge del inc. b.
En su cuarto agravio solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.928 art. 7 y 10 y art. 4 de la ley 25.561 y a los fines de evitar la pérdida del poder adquisitivo del actor se solicita se aplique el coeficiente CER más una tasa pura del 6 % anual. Sostiene que las prestaciones dinerarias son deudas de valor y que el trabajador tiene derecho a recibir en pago las presentaciones por Incapacidad Laboral Permanente Definitiva en un monto idéntico al valor que debió recibir al momento de nacer la prestación con más los intereses compensatorios y punitorios y de ahí solicita la declaración de inconstitucionalidad de las normas mencionadas en tanto de aplicarse aquel sufriría una reducción sustancial de su indemnización y sus créditos laborales y que se lesionaría su garantía de la propiedad privada con desmedro del debido proceso e igualdad de partes. Remarca que las crisis financieras impactan en las relaciona jurídicas y que a la actualidad nos encontramos en un contexto distinto en el que se dictó la ley 23.928 reformada por la ley 25.561 y que la inflación que aqueja a la economía de nuestro país es un factor corrosivo para el equilibrio negocial y para la realización eficaz de los derechos. Profundiza sus argumentos sobre esos mismos ejes y solicita la capitalización de intereses desde la fecha de notificación de la demanda. En cuanto a la actualización del capital de condena solicita la aplicación del CER desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el pago de la ART en comisión médica y sobre el saldo resultante de la correcta imputación del pago parcial no cancelatorio de la ART, se lo actualice mediante el CER desde al día posterior al pago de la ART en comisión médica hasta la fecha del efectivo pago. Pide aplicar una tasa pura del 6 % anual desde la PMI hasta la fecha de la sentencia con capitalización a la fecha de la notificación del traslado de demanda.
VI. Que por PE 1728904-2025 la parte actora replica el recurso de la demanda. En relación al primer agravio que recae respecto de la determinación de incapacidad establecido en la sentencia de grado, sostiene, luego de explayarse acerca de las lesiones que padece el actor en codo izquierdo y muñeca izquierda y derecha que se tienen presentes, que las manifestaciones brindadas no son suficientes ni demuestran error del juez de origen, no demostrando el desacierto de la sentencia definitiva.
Que en cuanto al segundo agravio, señala que cuando se trata de una incapacidad total, es decir que la incapacidad es mayor o igual al 66 %, a los fines de realizar el cálculo del quantum indemnizatorio se toma en cuenta el 100 % por tratarse de una incapacidad laboral permanente total. Entiende que el descuento que pretende realizar la demandada es erróneo ya que se trata del mismo siniestro.
En relación al tercer agravio, argumenta que el pago parcial no cancalatorio de la ART es a cuenta de capital e intereses y que si no se especifica en concreto a que rubros se refiere debe imputarse en primer término a intereses (art. 903 CCYC) lo que es consecuencia del principio de accesoriedad. Cita jurisprudencia y explica cual es lo correcto de lo que se debe pagar.
VII. Los agravios de la parte actora fueron contestados por la parte demandada por PE1731516-2025.
En relación al primer agravio dice que de ninguna manera se puede condenar a su parte por el 95 % de la incapacidad y desconocer el pago con efectos cancelatorios que fue realizado oportunamente por su parte y que fue reconocido por el actor, por lo que entiende que el reclamo del actor solo podrá eventualmente prosperar por la diferencia entre las sumas que ha percibido por el siniestro ocurrido en oportunidad de tramitarse las actuaciones administrativas, que corresponden al total de las prestaciones por la incapacidad determinada en dicha oportunidad y el total de la incapacidad que se determine en esta instancia, no pudiendo desconocerse la determinación de incapacidad anterior, el cual no solo debe ser reconocido sino actualizado conforme al criterio de ésta Cámara. En cuanto al pago adicional previsto en el art. 11 ap. 4 LRT entiende que no corresponde en virtud a que el actor no padece un porcentaje mayor al 66 % ya que el pericia médica ha incurrido en errores que la invalidan.
Por último se opone a la procedencia de la capitalización de intereses en los términos del art. 770 inc. b CCYC que plantea la actora y en relación a la actualización de sumas que eventualmente pueda llegar a ser adeudada, señala que ellas no han sido objeto de su reclamo inicial. Invoca también el criterio de esta Cámara en el sentido de que las sumas pagadas deben ser actualizadas por aplicación de la tasa de interés aplicada.
VIII. Expuestos los cuestionamientos formulados por las partes en contra de la sentencia de grado como así también las réplicas que cada una le dedico a la otra, inicio el estudio del caso por los agravios expresados por la demandada.
Definido el orden tratare entonces la primera de sus quejas a través de la cual critica el dictamen del perito médico oficial. Según su punto de vista el perito se aparta de las disposiciones del Baremo de la Ley de Riesgo de Trabajo al determinar el porcentaje de incapacidad e invoca que el magistrado de grado no tuvo en cuenta lo expresado por su parte al momento de impugnar la pericia. Le achaca una contradicción al establecer por un lado la plena vigencia del art. 9 de la ley 26.773 y de la tabla de evaluación de incapacidades del Dec. 659/96 y por el otro, le otorga validez a un dictamen que se aparta de las disposiciones del Baremo de la ley de riesgo de trabajo. Critica también los porcentajes de incapacidad otorgados por la limitación funcional del codo izquierdo y ambas muñecas. Para resolver el punto tengo presente primero que “si bien la opinión del experto y sus conclusiones no obligan al juzgador, al tratarse de cuestiones de orden científico o técnico ajenas al específico saber jurídico, el apartamiento del sentenciante a las conclusiones de un dictamen técnico requiere de razones serias y fundadas” y que “debe recordarse que el informe de los peritos designados por sorteo, se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están protegidas mediante normas específicas que regulan su actividad (CSJT, sentencia N° 674 de fecha 15/8/2012)”
Bajo esa óptica interpreto que los argumentos que sostienen el agravio no son suficientes para restarle eficacia al informe pericial utilizado en la sentencia de grado. Opino así dado a que en primer término, tal como surge de la pericia médica oficial llevada a cabo por el perito Dr. Marcelo Ocampo, la determinación de la incapacidad la ha realizado según el Dec. 49/2.014 y por tanto no hay apartamiento del experto de los baremos del sistema de reparación de daños previsto en la LRT. Remarco en éste sentido que la tabla de evaluación de incapacidades laborales contenida en el Dec. 659/96 fue modificada por el anexo II del Decreto mencionado que era el vigente al momento del siniestro. Que por ende no se observa tampoco la contradicción invocada en agravios. Que en lo que respecta al cuestionamiento de la quejosa a la interpretación del perito para determinar el porcentaje de incapacidad por limitación funcional del codo izquierdo, indicando que lo que se pondera es la flexo extensión y no la flexión y extensión por separado, tengo en cuenta para resolver esta crítica que la medición de la incapacidad se basa en la limitación que presenta en relación al rango normal de movimiento que es de 0 grados para la extensión y aproximadamente 140 a 150 grados para la flexión. Es decir, en la extensión completa (codo estirado) se considera el punto de referencia de 0 grados y en la flexión máxima (codo doblado) el valor normal máximo de flexión es de alrededor de 140 a 150 grados. En virtud a esos puntos de referencia para ambos movimientos, concluyo que la medición del perito se ajusta a la normativa aplicable. Igual opinión cabe respecto de los porcentajes de incapacidad otorgados por la lesión en las muñecas, pues, no se advierte que el cálculo realizado por el perito sea incorrecto tal como lo indica el apelante, máxime cuando éste no ahondo en argumentos que sostengan la procedencia de su postura, pues, no ensayo un análisis que detalle las razones por las que considera que el porcentaje correcto es de 35 % y no 36 % ni llevó a cabo tampoco en la instancia de grado actividad probatoria alguna que ponga en duda lo aseverado por el profesional, tal como lo razona el magistrado de la instancia anterior cuyo criterio comparto.
Bajo ese entendimiento concluyo que las cuestiones planteadas en éste primer agravio por la demandada no se interpretan como razones fundadas que aconsejen apartarse de la pericia y por ende de lo resuelto en la primera instancia, por lo que habrá de rechazarse el agravio formulado. Así lo propongo al acuerdo.
Que en el segundo agravio el recurrente cuestiona el porcentaje de incapacidad de la sentencia de grado al que califica de absurdo ya que considera que la incapacidad que supere el 66 % constituye una incapacidad total y cualquier porcentaje superior significa lo mismo en términos económicos, interpretando por ello que debe descontarse el 35 % ya reconocido y por el que su parte ha respondido en la instancia administrativa.
Que tal argumento lo entiendo inadmisible en virtud a que como bien lo señala la parte actora en su responde, no estamos ante un supuesto de capacidad residual, es decir, de aquella que le queda al trabajador después de haber sufrido un infortunio laboral, la que ciertamente debe ser tenida en cuenta en las incapacidades sucesivas.
En el caso, el trabajador no ha tenido incapacidades previas a las lesiones que sustentan su acción y por ello el porcentaje de minusvalía debe fijarse sobre la capacidad total obrera considerada en un ciento por ciento, pues, no corresponde que se descuente el porcentaje otorgado por la Comisión Médica de la LRT ya que aquí, las lesiones padecidas fueron provocadas todas por un mismo hecho traumático.
De allí que no sea procedente que los disímiles porcentajes de incapacidad reconocidos en las sendas evaluaciones médicas a las que se sometió el reclamante, sean restados aritméticamente entre sí, pues, lo valorado en la faz administrativa no influye a lo dictaminado en ésta etapa jurisdiccional, ya que se tratan de valoraciones técnicas independientes.
En ese sentido aprecio que el experto forense aplico su ciencia desde la óptica que explico con suficiencia tanto en el dictamen presentado como en la contestación a la impugnación efectuada en la anterior instancia por la apelante y fue así que el magistrado de la instancia anterior, conforme a los fundamentos expuesto en la resolución emitida y que comparto, recepto lo dictaminado por el Sr. Perito del Cuerpo Médico Forense el que determinó que el actor, posee una incapacidad del 95 % de la T.O.
Que por ende se deberá también rechazar este segundo agravio en tratamiento.
Que en cuanto al tercer agravio, la apelante sostiene que el juez de grado al ordenar se descuente la suma ya abonada por la ART demandada, no previó la actualización de dicho monto a través de la aplicación de intereses, lo que se traduce en un resultado injusto que contradice el criterio de ésta Cámara en el precedente “Conejero” Expte. Nro. 36.819/2.018. Sostiene por ello que las sumas abonadas debían ser actualizadas de la misma manera que el monto de condena.
En este aspecto, observo que la sentencia atacada determina en sus considerandos que la demandada en virtud del dictamen de la Comisión Médica N° 201 que fijó el grado de incapacidad en 33,24 % de la T.O., pagó al actor mediante cheque del Banco Macro N° 84779434 de fecha 4/11/2.019 una indemnización en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial definitiva la suma $ 1.296.265 y que se descontará del valor que arroje el nuevo cálculo que tendrá como parámetro el 66,76 % que surge de descontar el porcentaje ya abonado en instancia previa a la incapacidad que arrojó la pericia ordenada en estos autos (95 %) conforme a los parámetros de recomposición ordenadas, esto es, conforme a la pautas del art. 12 de la ley 24.557 según redacción otorgada por el art. 11 de la ley 27.348. Así las cosas, aclaro primero que ya no estamos ante una incapacidad laboral permanente parcial sino ante una incapacidad permanente total y definitiva conforme al art. 8 inc. 2 de la ley 24.557, el que dispone: “la incapacidad laboral permanente será total, cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66”.
Dicho esto, debo dar la razón a la apelante en tanto interpreta que lo pagado por su parte debe ser actualizado bajo la misma manera que el monto de condena, pues, siguiendo el criterio de mis colegas en otros precedentes al que adhiero, opino que de no ser ello admitido, conllevaría a un enriquecimiento injusto de la contraparte que se vería nítidamente beneficiada. EL Dr. Humberto Monelos, en los autos “Pérez, Raúl Ramón c/Minera Santa Cruz S.A. s/demandada laboral” N° de Cámara 7797 Tomo LXXXV interlocutorios Registro 8846 folio 131/132 Prot. Elect. A201 089 I.231 sostuvo que: “…sostener lo contrario implicaría un enriquecimiento ilícito en cabeza del actor máxime teniendo en cuenta la realidad inflacionaria vigente desde hace algunos años atrás como se sostuvo en la propia sentencia. En virtud de ello, las sumas abonadas deberán ser actualizadas de las misma manera que el monto de la condena y luego descontadas al practicarse la liquidación correspondiente.” Que en consecuencia, una vez actualizada la suma abonada por la ART al trabajador desde la fecha de pago hasta el momento de practicarse la liquidación final, se la deberá deducir del monto de condena, de modo de garantizar que los pagos anticipados no pierdan valor adquisitivo y respetan la integridad del crédito del trabajador.
Por todo ello entiendo que deberá hacerse lugar al tercer agravio de la parte demandada y así lo propongo al acuerdo.
Que ingresando al tratamiento de los agravios de la parte actora, y siendo que a través del primero de ellos se cuestiona que el juez de grado haya restado del porcentaje de incapacidad determinado por el perito médico (95%) el que fue fijado en la instancia administrativa, en virtud al criterio del suscripto expuesto al resolver el segundo agravio de la parte demandada, debo darle la razón al apelante.
Efectivamente, observo en este sentido que el magistrado, sin perjuicio de estar al dictamen del perito médico oficial, le resto a la capacidad total obrera considerada en un ciento por ciento (100%) el porcentaje de incapacidad fijado por la Comisión Médica Nro. 201 de ésta ciudad, es decir 33,24 %, lo que dio como resultado 66,76 % que tomo luego como parámetro a los fines de la indemnización reconocida. Dispuso después descontar la suma abonada por la ART en función del valor que arroje el nuevo cálculo.
Que como lo adelante párrafos antes, entiendo en éste punto pertinente el planteo del apelante, pues en el caso, estamos en presencia de una incapacidad permanente total, tanto con el porcentaje del 95 % que otorgo el perito médico o como con el 66,76 que toma el juez como parámetro. Recordemos que en virtud de lo previsto por el art. 8 in. 2 de la LRT la incapacidad será total cuando la disminución de la capacidad laborativa permanente fuere igual o superior al 66 %.
A partir de allí es que, según mi entendimiento, a los fines del cálculo del quantum indemnizatorio se deberá tomar el 95 % de la total obrera y no el 66,76 % tal como se dispuso en la instancia de grado, pues, no es procedente descontar el porcentaje abonado por la ART del valor que arroje el nuevo cálculo que se practique tomando como parámetro éste 66,76%, en razón de que en él, ya está deducido el porcentaje reconocido en la instancia administrativa.
Que en consecuencia, considero que se debe tomar el total del porcentaje de incapacidad determinado por el perito médico a los efectos de la liquidación de las prestaciones reconocidas y una vez practicada, se deberá deducir la suma abonada por la ART en la instancia administrativa, actualizadas ambas sumas bajo la misma forma o método determinado.
Que por las razones dadas corresponde admitir éste primer agravio.
Igual suerte corre el segundo de los agravios formulados por esa parte, pues, en virtud a que el trabajador reclamante como consecuencia del siniestro que ha padecido quedó con una incapacidad permanente, total y definitiva, claramente le corresponde por derecho percibir, además de las prestaciones reconocidas en la sentencia de grado, la compensación dineraria adicional de pago único conforme a lo previsto por el art. 11 ap. 4 inc. b) de la ley 24.557 en los términos en la que fue peticionada. Establece la norma en cuestión: “Régimen legal de la prestaciones dinerarias: …4) En los supuestos previstos en el art. 14, ap. 2 inc b), art. 15 ap. 2 y art. 17 y 18 ap. 1 de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas, los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único, conforme se establece a continuación: …b)En los casos de los artículos 15 apartado 2 y del articulo 17 apartado 1) dicha prestación adicional será de Pesos Cuarenta Mil ($40.000). Que a los fines de determinar el monto por el que procede la prestación, deberá estarse al importe vigente por éste concepto a la fecha de la primera manifestación invalidante, esto es, el 2 de noviembre de 2.018 conforme a la normativa aplicable.
Que por ende la pretensión reclamada en agravios es admisible por lo que debe hacerse lugar a ésta queja.
Que en el tercer agravio la parte actora solicita la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC. Sobre éste punto, remarco primero que nuestro Cimero Tribunal, en el precedente “Oliva”, dijo que “El artículo 770 de dicho Código establece una regla clara según la cual “no se deben intereses de los intereses” y por consiguiente, las excepciones que el mismo artículo contempla son taxativas y de interpretación restrictiva”.
Que en éste caso y conforme al criterio adoptado en el precedente de ésta Excma. Cámara “Perez C/Minera Santa Cruz), al que adhiero, el pedido de anatocismo a partir de la demanda fundado en el art. 770 inc. B del CCYC “no es acumulable al progreso de la indexación acordada por cuanto dicho artículo se dictó en una situación de prohibición de indexar”. Acumular la indexación y el anatocismo como se pretende podría derivar en resultados desproporcionados contrarios al principio de equidad.
Que por otra parte el apelante, al exponer el agravio en cuestión, tampoco ahondo en argumentos que sostengan la procedencia de su postura de capitalizar intereses a modo de excepción a la regla prohibitiva que contiene el primer párrafo de la norma invocada. Es decir, no explicó con suficiencia la necesidad de aplicar en el caso el anatocismo, sin que ello importe incurrir en afectación a principios que pueden verse alcanzados frente a resultados desproporcionados que prescinden de la realidad, tales como el derecho de propiedad y defensa en juicio.
Que por tanto entiendo se debe rechazar este tercer agravio.
En relación al cuarto agravio, la quejosa solicita se declare la inconstitucionalidad de la ley 23.928 art. 7 y art. 4 de la ley 25561 a los fines de evitar la pérdida del poder adquisitivo solicitando se aplique el coeficiente CER mas una tasa pura del 6 % anual.
Inicio el análisis de la crítica, poniendo de resalto que la función jurisdiccional de fijar las pautas para actualizar los créditos reconocidos, la que se ejerce dentro del margen de discrecionalidad que ostenta en éste sentido, debe adaptarse siempre a la justicia del caso. Si bien cierto es que la doctrina casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (vgr. “Diaz, Graciela c/Provincia de Santa Cruz – Poder Ejecutivo Pcial. S/Accidente de Trabajo (L 24.028) Expte. 15.526/97, T: XI, R:404, F:2187/2193) 26-10-2004, entre otros precedentes), se inclina por la tasa pasiva para la actualización del capital, no lo es menos que bajo aquel entendimiento, no se puede dejar de apreciar si frente al ascendente proceso inflacionario que atraviesa nuestro país en éste último tiempo, efectivamente las tasas de interés se erigen como la herramienta suficiente para compensar las pérdidas que experimentan ante ese contexto las deudas dinerarias, es decir, si se mantienen o no como la vía indirecta de recomposición de capital. Como ya sostuve en otros precedentes en los que opine sobre este punto, no paso por alto que la ley 23.928 prohíbe la actualización de las deudas de dinero mediante la utilización de índices (indexación)
No obstante, numerosos precedentes jurisprudenciales han puesto en crisis el criterio que sostiene que los intereses moratorios constituyen efectivamente una vía de recomposición de capital y han buscado distintos caminos para sortear el cuestionamiento que recae sobre la aplicabilidad del art. 7 de aquella ley. En ese sentido nuestro Cimero Tribunal ha abordado la problemática inflacionaria adoptando decisiones que han variado en el tiempo según los contextos del país y la normativa vigente. En la causa “Massolo, Alberto c/Transporte del Tejar S.A.” del año 2.010, convalido la aplicación de las normas que prohíben el ajuste por inflación por entender que las cláusulas contractuales invocadas por la actora invalidaban su aplicación, en tanto tenían un “inequívoco propósito indexatorio”.
Se sostuvo en tal dirección que si bien la actualización por depreciación monetaria podía constituir una defensa eficaz del derecho de propiedad, su perduración sine die, podría alimentar el fenómeno de la inflación. En comentario a dicho fallo, se dijo que se trata de una decisión adecuada a fin de acompañar la política monetaria impuesta por el Congreso Nacional, no obstante, se señaló también que la prohibición de indexar resulta tolerable en la medida en que se configuren niveles de inflación estables y moderados, supuesto en el que los mecanismos de recomposición serán indirectos y en tal entendimiento, se advirtió que: “…en cambio, si la marcha económica se orienta hacia una aceleración de aumento de precios, la regla nominalista irá perdiendo nuevamente sus contornos”.
En este mismo sentido se sostuvo que para juzgar constitucionales las disposiciones de emergencia, como el caso de la ley de convertibilidad, era necesario establecer términos razonables de vigencia, desde que su mantenimiento indefinido y su aplicación a contextos económicos tan diversos, atentaba contra el principio de equidad en las relaciones jurídicas. ( Inflación e intereses: El principio de realidad económica como pauta orientadora – Dra. Giselle Mazza-Dra. Analía Mazza – www.magistrados-santafe.org.ar). Y conforme con lo dicho hasta aquí, es opinión del suscripto que cuando se trata de créditos laborales como es el caso, es decir, de obligaciones de valor que por definición doctrinaria están ligadas a un valor intrínseco generalmente relacionado con el poder adquisitivo y las necesidades del trabajador y su familia, la naturaleza alimentaria de estos créditos deviene indiscutible y como tales merecedores de protección (Convenio 95 OIT).
De lo que se trata entonces, por una estricta razón de justicia, es de preservar ese valor, es decir, mantenerlo inalterado hasta el efectivo pago. Con ese horizonte, no podemos desconocer la necesidad de aplicar las herramientas idóneas para hacerle frente a la depreciación monetaria y evitar así que el crédito laboral se vea fuertemente menguado debido a los altos índices inflacionarios del último tiempo. No hacerlo no sería más que dejar de lado el principio de la realidad económica. Nuestra Suprema Corte en la causa “Bonet, Patricia S/Experta Aseguradora”, considero irrazonable la aplicación automática de una tasa de interés, sin tomar en consideración si la misma importaba arribar a un resultado desproporcionado y prescindente de la realidad económica.
Conforme con ello, aplicar tasas de interés que importen arribar a resultados injustos, implicaría marginar esa realidad que debe estar por encima de fórmulas abstractas por aplicación del principio de la equidad.
Bajo éste sendero argumental, interpreto entonces, que la prohibición de cualquier forma de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas contenida en el art. 7 de la ley 23.928 modificado por ley 25.561, no puede superar, frente a la realidad económica imperante, un examen de constitucionalidad.
Es por esos motivos expuestos que en ejercicio del control de constitucionalidad de normas que le cabe al poder jurisdiccional y apoyado en el principio de tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, corresponde declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561. Conforme con ello y a partir del criterio adoptado por ésta Excma Cámara en otros precedentes, estimo justo disponer que las indemnizaciones reconocidas se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, tomando como índice final el del mes correspondiente a la liquidación final. Que a esos efectos dichos créditos laborales se deberán actualizar desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, debiendo tenerse presente en éste aspecto lo decidido en el agravio anterior en el que se considero inadmisible la aplicación al caso del art. 770 inc. b del CCYC,por lo fundamentos allí desarrollados y a los cuales me remito.
Que por último y en caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348.
Que por lo expuesto opino que se debe hacer lugar parcialmente al agravio tratado. Asi lo propongo al acuerdo.
IX. Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente justa, con costas en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante y por lo tanto adhiero a su voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Rechazar el primero y el segundo agravio de la parte demandada debiendo confirmarse el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica confeccionada en autos. 2°) Admitir el tercer agravio de la parte demandada y por ende actualizar bajo el mismo método los montos correspondientes a lo abonado por la ART en la instancia administrativa y a las indemnizaciones reconocidas tanto en grado como en la presente resolución. 3º) Admitir el primero y el segundo agravio de la parte actora confirmando el porcentaje de incapacidad y reconocer el pago de la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 ap. 4 inc b) de la LRT conforme a las pautas dadas en los considerandos 4°) Rechazar el tercer agravio de la parte actora denegando la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC 5°) Admitir parcialmente el cuarto agravio de la parte actora y en consecuencia declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, disponiendo que la indemnización reconocida en la instancia de grado y en la presente resolución se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, tomando como índice final el del mes correspondiente a ésta última. A dicho importe se le deberá descontar el monto abonado por la ART actualizado desde la fecha de pago conforme a las pautas ordenadas en éste punto. En caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348. 6°) Imponer las costas en ésta instancia a la parte demandada. 7°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 8°) Tener presente la reserva del caso federal. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 26 de Noviembre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar el primero y el segundo agravio de la parte demandada debiendo confirmarse el porcentaje de incapacidad determinado en la pericia médica confeccionada en autos. 2) Admitir el tercer agravio de la parte demandada y por ende actualizar bajo el mismo método los montos correspondientes a lo abonado por la ART en la instancia administrativa y a las indemnizaciones reconocidas tanto en grado como en la presente resolución. 3º) Admitir el primero y el segundo agravio de la parte actora confirmando el porcentaje de incapacidad y reconocer el pago de la compensación dineraria adicional de pago único prevista en el art. 11 ap. 4 inc b) de la LRT conforme a las pautas dadas en los considerandos. 4°) Rechazar el tercer agravio de la parte actora denegando la aplicación del art. 770 inc. b del CCYC. 5°) Admitir parcialmente el cuarto agravio de la parte actora y en consecuencia declarar para éste caso particular, la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, modificado por el art. 4 de la ley 25.561, disponiendo que la indemnización reconocida en la instancia de grado y en la presente resolución se actualicen conforme al Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más un interés puro del 3 % anual, desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la liquidación final, tomando como índice final el del mes correspondiente a ésta última. A dicho importe se le deberá descontar el monto abonado por la ART actualizado desde la fecha de pago conforme a las pautas ordenadas en éste punto. En caso de mora se deberá proceder en los términos previstos en el inc. 3 del art. 12 de la ley 24557 según redacción de la ley 27.348. 6°) Imponer las costas en ésta instancia a la parte demandada. 7º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 8°) Tener presente la reserva del caso federal. 9º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. La Dra. Griselda Bard no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201067S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3160 Folio Nº: 086/096 Secretaria: 1
Fin de la sentencia