Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34607
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 2 Departamental, con integración de los Jueces Alexis Leonel Simaz, Alfredo José Deleonardis y Fabián Luis Riquert, en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 67 párrafo 2° del C.P (CN, 18 y 28) y el pedido de extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de falsedad ideológica de instrumento público - hechos VII, IX y XV- que dedujo el Dr. Horacio Mariano Ayesa en representación de su asistido José Luis Fuente. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
CN° 34607 - "FUENTE, José Luis y otros s/falsedad ideológica de instrumento público"
IPP - 08-00-014909-11
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° 34607, y de cuyas constancias,
Que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 Departamental, con integración de los Jueces Alexis Leonel Simaz, Alfredo José Deleonardis y Fabián Luis Riquert, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 67 párrafo 2° del C.P (CN, 18 y 28) y el pedido de extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de falsedad ideológica de instrumento público - hechos VII, IX y XV- que dedujo el Dr. Horacio Mariano Ayesa en representación de su asistido José Luis Fuente.
La decisión ha sido apelada por el profesional, quien en primer término argumentó que el art. 67 párrafo 2° del CP supera el control de constitucionalidad formal pero no el control material delimitado por la razonabilidad o proporcionalidad de las leyes.
Se lee en el recurso: "Los principios de razonabilidad y proporcionalidad pretenden erigirse como herramientas jurídicas obligatorias de fuente constitucional, para hallar la razón y la proporción requerida entre los medios y los fines para el logro de la justicia en el Derecho (valoración axiológica de justicia) y en el caso concreto".
Afirmó el letrado que el Tribunal en lo Criminal N° 2 no realizó un análisis de la naturaleza enunciada y que, por el contrario, se limitó al formal, por lo que la parte recurrente no habría tenido respuesta a sus planteos.
En la continuidad del recurso expuso que "El esquema para el análisis referido se resume a cinco juicios de razonabilidad: juicio de finalidad, juicio de adecuación, juicio de necesidad, juicio de proporcionalidad en sentido estricto y juicio de contenido esencial de los derechos en juego. Estos cinco juicios, deben ser moderados de acuerdo a los casos y derechos constitucionales involucrados".
El Dr. Ayesa sostuvo que la suspensión del término de la prescripción que se funda en el hecho de que alguno de los autores del ilícito se encuentre en la función pública, previsión del art. 67 segundo párrafo del CP, resulta violatoria de la manda constitucional de igualdad ante la ley.
Señaló el recurrente que "La aplicación de la teoría del paralelismo no solo es objetiva, por cada hecho, sino también subjetiva por cada imputado" y agregó "Si la CN impone que cada ciudadano responde por su propia conducta, entonces mantener la suspensión de la extinción de la acción penal ya en base a que otro coimputado se mantenga en el cargo público sobrepasa el principio de proporcionalidad con el fin perseguido. Lo dicho porque resulta contario a la manda constitucional de atribución personal por su propia conducta [...]. La ley de fondo no puede establecer un vínculo formal positivo para mantener la suspensión de la extinción de la acción por eventual posible influencia del cargo en la investigación que resulta un supuesto de peligrosidad procesal anulando un derecho constitucional y otro convencional constitucional como el plazo razonable de duración de un proceso [...]".
Postula el Dr. Ayesa que la norma que pone en crisis provoca "[...] un claro trato diferenciado entre personas sometidas a un proceso penal, y en el caso una dependencia de una sobre otra claramente inadmisible y contraria al derecho constitucional y convencional (que impacta como se dijo en clave de plazo razonable)".
A modo de cierre de este aspecto del recurso, postuló el abogado que la falta de continuidad en la función determina el cese de las posibilidades de que el sujeto interfiera en el proceso penal y que pensar lo contrario hiere el juicio de razonabilidad de necesidad, el juicio de razonabilidad de proporcionalidad y el juicio de razonabilidad de contenido esencial, al violentar el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En lo que hace a la segunda línea argumentativa, el ataque se centró en la interpretación del segundo párrafo del art. 67 del CP que hizo el Tribunal de grado, la que peticiona se haga "bajo la perspectiva de la doctrina jurisprudencial de la C.S.J.N en clave pro-hómine".
En esa directriz señala que los hechos por los que su ahijado procesal continúa sometido a proceso han sido cometidos en el años 2011, que ha pasado a retiro de la institución policial el 8 de mayo de 2017 y que desde esa fecha ha transcurrido un término superior al máximo de la pena previsto para las falsedades ideológicas de instrumento público que se le endilgan.
Particularizando la crítica afirmó en primer término que el a quo, pese al planteo que realizó la defensa, omitió el análisis conceptual diferenciado de los términos cargo público, función pública y empelo público y su relación con la posibilidad cierta de obstrucción de la justicia. Se lee "Esta defensa pide que se debe distinguir entre cargos públicos y función pública con el empleado público ya que los conceptos primariamente referidos se identifican con personas que acceden a los cargos públicos y funciones públicas por el voto democrático electivo y por extensión a designaciones políticas y no alcanza a quienes son empleados públicos ingresantes por una aprobación de capacitación previa o concurso de aptitudes, que justamente a quienes se postulan electoralmente y los designados por los elegidos no son sometidos (ni siquiera un informe psicológico – psiquiátrico de aptitud mental conductual, como tampoco luego que asumen en el cargo público por el que fueron elegidos)".
Luego señaló que en el caso concreto, habiendo transcurrido doce años desde el inicio de la investigación, no se ha verificado que su representado haya realizado actividad alguna que implique un ataque al libre desempeño de la justicia.
En la segunda crítica del segundo tramo del recurso el abogado particular afirmó que en la instancia también se omitió tratar la "La limitación del ámbito del ejercicio del empelo público".
El letrado postuló que el análisis de la capacidad cierta de obstaculizar la acción de la justicia desde el empleo público debe analizarse también desde el plano jurisdiccional, ello en sentido de territorialidad. Es decir, sostiene que el hecho de que el causante fuera desplazado de la Comisaría que ocupaba y que no tuviera injerencia -si se quiere- espacial, opera como un límite real de tal capacidad.
Nuevamente a modo de síntesis, se lee, "Señores Jueces para esta parte la interpretación ajustada a derecho constituye limitar la suspensión de la extinción de la acción por prescripción, mientras los imputados desempeñan su empleo público en el ámbito territorial donde se produjeron los hechos".
Como cierre, pero en un párrafo destacado con subrayado y negrita, dijo el abogado que la prescripción de algunos de los hechos se debe contabilizar desde el 30 de septiembre de 2020 y no desde el 4 de febrero de 2021.
I. Constitucionalidad del párrafo 2do del art. 67 del CP.
La Defensa no ha cuestionado la validez constitucional formal de la norma sino su razonabilidad, con concreta referencia a los juicios de necesidad, proporcionalidad y de contenido esencial, este último en relación al derecho de todo ciudadano a ser juzgado en un plazo razonable.
Parece claro que los dos primeros aspectos apuntan a la norma en sí, en tanto el restante se vincula necesariamente al caso concreto y por ello este último será abordado en un apartado autónomo.
Cabe decir en primer término que el artículo del Código sustantivo que el Dr. Ayesa pone en crisis no atenta contra el principio de igualdad ante la ley, ello en la medida en que selecciona un universo de sujetos que ante idéntica situación personal, en el caso, desempeño de la función pública, ven suspendido el plazo de la prescripción a su respecto o que por el hecho de verse sometidos a procesos a consecuencia de conductas en las que intervinieron sujetos que reúnen esa cualidad personal, la prescripción se suspende hasta que el último de ellos ya no tenga tal condición.
Es decir, dentro del universo de personas procesadas seleccionó a un subgrupo que se conforma por aquellos que han cometido la actividad delictiva al amparo de la función pública o valiéndose de ella.
Las razones que ha dado el legislador son suficientes y bastan para superar, en abstracto, los juicios de necesidad y proporcionalidad. Conjeturar con la posibilidad de que quien ejerce la función pública intente tener injerencia en el curso de un proceso que tramita en su perjuicio o que procure su obstaculización no demanda de un análisis demasiado profundo, de hecho se trata de la misma conjetura que sostiene en definitiva las medidas de coerción personal. La decisión de vedar esa posibilidad y de evitar que a partir de ella se impida el ejercicio de la acción y de hacerlo suspendiendo el término de la prescripción mientras uno de ellos permanezca en función parece la medida legislativa adecuada.
En síntesis, la norma es intrínsecamente razonable en cuanto a la necesidad y proporcionalidad y, por otro parte, el grupo de ciudadanos que son alcanzados por la misma constituye un universo homogéneo, de forma tal que no se viola la igualdad ante la ley. Es por lo expuesto que el art. 67 -segundo párrafo- no resulta contrario a ninguna norma de nuestra Constitución Nacional ni a los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
Recordemos que la segunda crítica de la Defensa se dirigió a la interpretación que hizo el Tribunal de grado del segundo párrafo del art. 67 del CP y a la solicitud de realizarla "bajo la perspectiva de la doctrina jurisprudencial de la C.S.J.N en clave pro-hómine".
En concreto, resaltó que los ilícitos se habrían cometido en el año 2011; que su asistido Fuente pasó a retiro el 8 de mayo de 2017 y desde esa fecha ha transcurrido un término superior al máximo de la pena previsto para las falsedades ideológicas de instrumento público que se le endilgan; que no se realizó un análisis conceptual diferenciado de los términos cargo público, función pública y empelo público y su relación con la posibilidad cierta de obstrucción de la justicia; que no se ha verificado que su representado haya realizado actividad alguna que implique un ataque al libre desempeño de la justicia; y que el análisis abstracto de tal aspecto debe realizarse también desde el plano jurisdiccional, ello en sentido de territorialidad, para lo que destaca que el causante fuera desplazado de la Comisaría que ocupaba.
Comencemos por la distinción conceptual que propone el Defensor, lo que constituye en definitiva un distingo cualitativo del desempeño público. Se lee en el art. 77 del Código Penal que "Por los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente".
En el caso particular, la situación de Fuente no merece un análisis profundo pues resulta claro que en su condición de Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se ve incluido en la previsión legislativa, no es menor recordar que del conjunto de imputados era de los de mayor cargo jerárquico. Por otra parte la defensa no ha puesto en tela de juicio que los delitos que se le atribuyen los ha cometido en ejercicio de la función pública y valiéndose de la misma, por lo que el supuesto fáctico también encuadra en las previsión del art. 67 del CP.
Cabe recordar que el estándar que ha introducido el legislador desde la promulgación de la Ley 25.188 -Ley de Ética Pública- elevó la expectativa que la sociedad debe tener sobre la conducta de quienes forman parte del Estado. Dice el art. 1 de l referido cuerpo normativo "La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado" y agrega en párrafo aparte "Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos".
Reclamar a un Comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se apegue a la ley, máxime en el marco de procedimientos que derivan en allanamientos y detenciones, es una obviedad que no merece un mayor análisis.
Tratándose de un sujeto que pertenece a una institución organizada con un estricto orden verticalista y jerárquico, la posibilidad de incidir en sus pares, mas aun en los de menor rango, tiene fuerte entidad, ello con independencia del espacio físico en que cumpla el rol e incluso encontrándose en disponibilidad. Se colige que la situación de revista no incide en la resolución del caso, como tampoco lo hace el cambio de destino al que pasó a prestar funciones luego de los ilícitos que se le atribuyen.
El hecho de que no se haya verificado ninguna inconducta procesal nada aporta a la situación vinculada a la continuidad del ejercicio de la acción pública. De hecho, si se hubiesen verificado actividades concretas en procura de obstaculizar la acción de la justicia o entorpecer la libertad de quienes oficiaron de testigos, la situación procesal del causante hubiese sido distinta, pues podría haber sido privado de libertad.
Resta decir que el legislador ha previsto que en la medida en que se extienda la condición de funcionario público en uno de los involucrados la suspensión de la prescripción se hace extensible a todos. Lo argumentado hasta aquí sobre la constitucionalidad de la norma, con especial referencia a la particular situación de los funcionarios policiales, es de aplicación al postulado del defensor que se orienta a computar el plazo de prescripción desde el momento en que su representado pasó a disponibilidad, eso en atención . La continuidad en el ejercicio de la actividad policial por parte de uno de sus consortes de causa extiende el plazo de la prescripción hasta la fecha en que éste pasó a retiro.
Por todo lo expuesto, la interpretación de la norma por parte del a quo tampoco resulta inconstitucional en el caso concreto.
III. El Juzgamiento en un plazo razonable Tal como se anunció al inicio de este desarrollo argumentativo, la razonabilidad de contenido esencial, en cuanto se violentaría el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, ha sido diferida a este apartado.
La referencia del abogado no se concretó en un pedido de extinción de la acción por exceso del plazo razonable, por lo que la crítica que realizó a la norma en este sentido, ante la respuesta que han tenido sus postulados, se erige en un supuesto abstracto.
La posibilidad de que no se supere el "juicio de razonabilidad de contenido esencial" en los términos en que fue planteado por el Dr. Ayesa demanda analizar la actividad estatal en el caso concreto y eso no ha sido sometido al análisis de la instancia y por ello se encuentra vedado a esta alzada.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar la decisión del Tribunal en lo Criminal N° 2 Departamental, con integración de los Jueces Alexis Leonel Simaz, Alfredo José Deleonardis y Fabián Luis Riquert, en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 67 párrafo 2° del C.P (CN, 18 y 28) y el pedido de extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de falsedad ideológica de instrumento público - hechos VII, IX y XV- que dedujo el Dr. Horacio Mariano Ayesa en representación de su asistido José Luis Fuente. Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 168 y 171 de la Constit. de la Pcia. de Bs. As.; 1, 15, 21, 106, 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Firmas
Funcionario Firmante: 15/02/2024 10:05:19 - VIÑAS Esteban Ignacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 13:21:55 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 13:22:28 - DE LEÓN PRANDI Juan Manuel - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 15/02/2024 13:24:05 hs. bajo el número RR-14-2024 por DE LEON PRANDI JUAN MANUEL.
Fin de la sentencia