Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 21540-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución de fs. 337/341; con costas (art. 68, CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA Buenos Aires, 21 de octubre de 2014.
El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán, dijo:
I. Que, a fs. 337/341, el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la nulidad planteada por Fancy Power SA, con costas. A su vez, confirmó parcialmente la resolución 136/05 en cuanto condena a la actora al pago de una multa por infracción al artículo 954 del Código Aduanero, y la revocó con respecto al reclamo tributario; con costas según los vencimientos. Para resolver como lo hizo, comenzó por recordar que, mediante la destinación 04 033ZFTR 000613A, la actora había documentado el egreso de varias mercaderías de zona franca La Plata con destino a la Aduana de Buenos Aires, para su posterior salida al exterior en el mismo estado de ingreso, resultando de la verificación practicada por el servicio aduanero diferencias de cantidad y calidad (puntualmente, por el ítem 1, se declararon 210 unidades de palos de golf sin marca, resultando 210 sets de palos de golf compuesto por 13 unidades cada uno, marca Callaway; por el ítem 2, se declararon 576 guantes de golf sin marca, resultando la misma cantidad de guantes marca Gostar; por el ítem 3, se declararon 100 cajas de pelotas de golf, origen China, sin marca, resultando marca Titleist, origen USA; por el ítem 4, se declararon 210 bolsas para palos de golf, origen China, sin marca, resultando marca Callaway; y por el ítem 5 se declararon carros para golf dirigidos a mano, origen China, sin marca, resultando marca Callaway).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA El a quo rechazó la excepción de nulidad opuesta por la actora con fundamento en la falta del dictamen técnico clasificatorio que establece la resolución general AFIP 1618/03, porque no constaba en las actuaciones que la actora hubiera presentado la consulta de clasificación arancelaria a que refiere tal resolución; la que, por otra parte, hubiera resultado inviable toda vez que se trataba de mercadería en trámite de despacho.
Especificó que, más allá de la denominación del subrégimen (egreso de zona franca en tránsito al exterior), la operación documentada constituía un tránsito de importación en los términos del artículo 296 del Código Aduanero, y que la cantidad y calidad de la mercadería eran elementos exigibles de la declaración (arg. art. 298, CA), lo que hacía aplicable la figura prevista en el artículo 954 del código, en función de lo previsto en su artículo 956, inciso a.
Explicó que, en el caso, la Aduana no había desestimado el valor declarado por haber dudado de su veracidad y exactitud, sino que determinó el valor de la mercadería en función del resultado de verificación (que arrojó bienes de diferente calidad –y en algún caso, cantidad- que los declarados).
Consideró que el informe del servicio aduanero tenía suficiente sustento en cuanto al origen y marca de la mercadería, pues se basaba en el acta del 29/07/04, en la que constaba la presencia del dependiente del despachante de aduana de la recurrente (v. fs. 4, act. adm.).
Refirió a la falta de diligencia de la actora en el control de la pericia técnica ofrecida, porque su consultor técnico no concurrió a la producción de la prueba y tampoco habría impugnado el informe producido por el perito oficial (v. esp. consid. VI, párrafo 8º, fs. 339vta. in fine).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA Aludió también al resultado negativo de la prueba producida por exhorto a la firma Shenzhen Jinji Industry Develop Co. LLTD, para que se expida sobre la autenticidad de la factura KT 030926 –en función de la cual se efectuó la declaración- e informe si el precio allí consignado fue el abonado por la importadora. En este último sentido, especificó que la firma extranjera desconoció haber tenido negocio y/o transferencia de dinero alguno con la empresa argentina.
Es así que, en función de las constancias de la causa –fundamentalmente, el acta de fs. 4 act. adm.- y los resultados de la prueba producida, tuvo por acreditado que de la verificación resultó mercadería con marca cuando se había declarado sin marca, para todos los ítems; diferencia cualitativa que permitía aplicar la sanción prevista en el artículo 954 del código.
A todo evento, precisó que la inexactitud encuadraba en los incisos a y c de la norma, porque el valor de la mercadería –determinado por el servicio aduanero conforme la metodología de la que dan cuenta las fs. 1/3 de las act. adm y el Acuerdo de Valoración del GATT- resultó superior al declarado, lo que ocasionaba tanto un potencial perjuicio fiscal como un indebido egreso de divisas.
Además, sostuvo que eran inaplicables los precios obrantes en la lista de fs. 66 de las actuaciones administrativas, porque se referían a mercadería sin marca; al igual que el precio de la factura aportada por la actora, toda vez que aquélla fue categóricamente desconocida por el supuesto vendedor del exterior.
Aclaró que la circunstancia de que la declaración se hubiera efectuado sobre la base de la calidad y precios consignados en una factura que fue categóricamente desconocida por quien se indica como vendedor, determinaba que el documento y, por ende, la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA calidad y el precio de la mercadería fueran eventualmente falsos, de modo tal que el hecho podría quedar incurso en el delito de contrabando, debiendo el tribunal declarar su incompetencia y remitir las actuaciones al fuero penal (arg. arts. 864, inc. b y 1026, CA). Sin perjuicio de ello, estimó inoportuno aplicar tal temperamento (por la escasa probabilidad de acreditar la efectiva falsedad material de la factura y el precio verdaderamente recibido por quien resulte haber sido el vendedor) y confirmó la multa aplicada a la actora en los términos del artículo 954 del código, que no exige esos requisitos probatorios para su configuración.
Por último, revocó la determinación tributaria con fundamento en que en el caso se trataba de una destinación suspensiva en la que los tributos habían sido garantizados, y la asimilación dispuesta en el artículo 956, inciso a, del código sólo rige a los fines infraccionales, no tributarios.
II. Que, contra dicha resolución, a fs. 350/vta.
dedujo apelación el Fisco Nacional; la que se concedió a fs. 353 y se tuvo por desistida a fs. 358.
III. Que, por otra parte, a fs. 363 se concedió el recurso oportunamente interpuesto por la actora (v. fs. 359 y 362). El memorial obra a fs. 342/347vta. y fue replicado por su contraria a fs. 369/376.
En primer lugar, plantea que el TFN se arrogó una competencia que le está vedada. Sostiene que el servicio aduanero estimó un valor quinientas veces superior en promedio al declarado y que, por ello, descartado el contenido de la declaración comprometida y del documento complementario (la factura comercial), no pueden quedar dudas de su falsedad. Sobre la base de esa evidencia de delito, cuestiona que el a quo haya omitido remitir los obrados a la Justicia en lo Penal Económico, con específica competencia para el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA juzgamiento del acto. Cita jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
En segundo lugar, sostiene que la multa impuesta equivale a una vez y medio el valor de la mercadería, pese a que el fallo aduanero gradúa la sanción en una vez y el TFN no lo corrige. Considera que no están dadas las condiciones para apartarse del mínimo legal en la graduación.
Seguidamente, cuestiona algunos argumentos de la resolución apelada. Refiere, puntualmente, que la toma de contenido de la mercadería no es obligatoria cuando no hay razones objetivas para dudar de lo efectivamente remitido desde el exterior, y que, en su caso, recién tomó contacto con los bienes en el acto verificatorio. En cuanto a la diferencia de cantidad endilgada con respecto al ítem 1, reitera que se trata de un error imposible de pasar inadvertido porque surge de la propia declaración y de los documentos complementarios (la factura agregada por su representada). Se agravia, a su vez, porque se tomó el valor y la posición arancelaria de bienes de primera marca, cuando es claro que los bienes importados no son tales (insinúa que se trata de imitaciones chinas de una primera marca).
Insiste en que el fallo condenatorio fue dictado por quien no es competente y además contiene un defecto genético, porque se basa en un informe pericial que jamás hubiera sido convalidado en un proceso penal, en la medida en que no aporta ningún conocimiento técnico cierto; sólo plasma lo que cualquier persona habría podido observar al ver los bienes respecto a su originalidad y procedencia, y ni siquiera informa si el logo e identificación de la marca se asemejan a la original o constituyen una mera y burda mención. Por otra parte, cuestiona que se haya denegado la consulta al importador de la marca y omitido toda consideración a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA la impugnación hecha de la pericia (v. esp. fs. 344, 345vta./346 y 347).
Refiere a las destinaciones aprobadas por el servicio aduanero, y acompañadas por su representada como antecedentes para acreditar el valor real de las imitaciones, como así también a la lista de precios remitida por el exportador.
Formula un replanteo de prueba informativa, para que el representante en la Argentina de la marca Callaway informe, entre otras cuestiones, si los elementos consignados son originales de esa marca.
En síntesis, sostiene que no es posible asimilar el valor de los bienes con marca al de los bienes sin marca o con marca imitada, que son los efectivamente adquiridos.
IV. Que, ante todo, cabe recordar que al interponer su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación la actora omitió toda consideración al hecho que ahora denuncia -la evidencia de delito en función de la significativa diferencia de valor-, y la consecuente necesidad de remitir las actuaciones al juez con competencia en lo penal económico (v. fs. 11/17); es por ello que sus reparos resultan producto de una reflexión tardía, incompatibles con su conducta anterior y, por ende, inatendibles.
Por otra parte, el planteo de incompetencia tampoco podría prosperar con sustento en el hecho (sobreviniente) que la operación fuera desconocida por el vendedor del exterior. En este sentido, es dable señalar que no están dadas en la causa las circunstancias que determinaron la solución adoptada en el precedente que invoca el memorial pues, en adición a lo señalado en el párrafo precedente, no hay en autos prueba cierta, clara e inequívoca acerca de la falsedad de las afirmaciones contenidas en la factura comercial y, consecuentemente, del precio declarado. Esto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA es así porque, inquirido sobre la originalidad del documento y concordancia con el precio efectivamente abonado, al responder el exhorto, el supuesto vendedor del exterior se limitó a desconocer la operación (v. fs. 310). Es decir que no se han reunido requisitos mínimos necesarios para considerar probada la falsedad material del documento y, por ende, el contrabando. Por otra parte, cabe remarcar que la inexactitud se detectó mediante un rutinario control aduanero, lo que de por sí es demostrativo de la exacta magnitud de la conducta ilícita y su entidad para dificultar el control aduanero.
En otras palabras, dadas las particularidades de la conducta ilícita y la ausencia de otras pruebas concretas de falsedad documental, la contestación dada al exhorto es insuficiente para afirmar que hay evidencia de delito y tener que remitir las actuaciones a la justicia penal; todo lo cual conduce a desestimar el planteo de incompetencia que formula la recurrente.
V. Que, ello aclarado, cabe recordar que a los efectos de la configuración de la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
A su vez, la figura requiere como elemento del tipo que la inexactitud resulte idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incisos a, b o c del artículo y, en lo que al caso interesa, lo que esa diferencia debió producir o haber podido producir es un perjuicio fiscal o un egreso hacia el exterior de un importe distinto del correspondiente (incisos a y c).
El Máximo Tribunal ha mantenido en forma invariable que el bien jurídico tutelado por el artículo 954 es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA aduanera, al entender que en la confiabilidad de lo declarado reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación se perpetren maniobras que los desnaturalicen o perviertan; agregando también que la función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas. Por ello, se considera que el inciso c de la norma debe ser apreciado desde esa amplia perspectiva (Fallos: 315:929; 315:942; 321:1614; 322:355, entre otros).
Además ha precisado que la falta de demostración de la falsedad de la factura emitida por el vendedor –exportador del exterior- no obsta a la posibilidad de que se configure la infracción prevista en el inciso c del artículo, ya que no se requiere que medie una intención dolosa (Fallos: 325:786).
En ese mismo sentido, esta Sala también sostuvo que, tratándose de un tipo infraccional, no se requiere la existencia de una específica conducta dolosa, pues basta que haya mediado inexactitud entre lo declarado y verificado para presumir la existencia de culpa en el proceder del documentante (confr. esta Sala in re “Megsa SA s/ recurso de apelación”, sent. del 09/10/86).
Asimismo, es dable recordar que la exposición de motivos del Código Aduanero indica, al referirse al artículo 954, que se suprime la calificación de “falsa” que contenía el tipo antes vigente y se reemplaza esa expresión por la de “declaración inexacta” que es más acorde con el carácter de las infracciones aduaneras.
En definitiva, tal como se encuentra redactado el artículo 954 del código, no se exige para su configuración la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA demostración de falsedad del precio declarado, o de la factura que lo contiene. Sólo se requiere que lo que “resultare de la comprobación” o verificación demuestre que dicho precio no se compadece con el valor de la mercadería, a través de los distintos métodos en que su demostración es posible, y que dicha acreditación resulte conclusiva, sin inferencias dudosas o poco convincentes.
VI. Que, como surge del relato precedente y, puntualmente, de las constancias del acta del 29/07/04 (fs. 4, act. adm.), en el caso resultaron diferencias de calidad y cantidad en la mercadería con respecto a lo declarado; aunque la imputación se sostiene exclusivamente en la diferencia de calidad, porque se declaró mercadería sin marca, y resultó mercadería con marca para todos los ítems (v. esp. consid. VII, primer párr. de la sentencia del TFN). Sobre la base de lo expuesto, cabe desestimar en forma preliminar el argumento relativo a que las diferencias de cantidad surgían con evidencia de la propia declaración, a partir de la comparación con los datos obrantes en la factura comercial; ello sin perjuicio de señalar que tal interpretación no condice con la exégesis restrictiva del concepto de declaración contenido en el artículo 959 del Código Aduanero, recientemente adoptada por la Corte Suprema en la causa P.53.XLVIII “Petrobras Energía SA (TF 21509-A) c/ DGA”, sentencia del 06/03/14.
Por otra parte, con respecto a las diferencias de calidad, corresponde advertir que la importadora admitió que se embarcaron bienes distintos de los consignados en la documentación original.
Nótese que, al contestar la vista en las actuaciones administrativas, además de cuestionar la valoración hecha de los bienes desde la perspectiva del Acuerdo de valoración del GATT, y de intentar justificar que el precio indicado en la factura fue el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA efectivamente abonado, la actora requirió en forma subsidiaria el reembarco de la mercadería y afirmó que “el exportador del exterior ha admitido, frente al reclamo de la importadora, su error al embarcar los bienes y las obvias dificultades que ello conlleva” (v. fs. 18/20vta., esp. 18vta.).
Sin perjuicio de lo expuesto, la recurrente ha cuestionado desde un principio las constancias del acta del 29/07/04 en lo referente a la calidad y el origen de la mercadería efectivamente importada, con las consecuencias que ello acarrea en la determinación de su valor en aduana y, lógicamente, del quantum de la pena. Es decir que el eje de la discusión pasa por determinar si, como sostiene la Aduana y fue confirmado por el a quo, se trata de bienes de primera marca, o bien, como afirma la recurrente, son meras imitaciones que no pueden ser valuadas como si se tratara de originales de esas primeras marcas.
En definitiva, lo que debe discernirse es si la actora efectivamente probó que los productos no respondían a las características y valor que les atribuía la denunciante, desvirtuando así las constancias del acta de verificación suscripta por el despachante de aduana.
VII. Que, en este punto, corresponde resaltar que correspondía a la recurrente aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arribó el servicio aduanero sobre el valor de la mercadería.
En este sentido, no debe olvidarse que la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el supuesto de adoptar una actitud omisiva a su respecto (Fallos: 315:2555, entre otros).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA Además, cabe tener presente la doctrina del Máximo Tribunal en cuanto a que las resoluciones emanadas de la Aduana gozan de presunción de legitimidad; y que no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan sus actos, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, sino, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 328:53; entre otros). De este modo, en virtud de la interpretación armónica de los artículos 12 de la ley 19.549 y 377 del CPCCN explicitada precedentemente, no puede sino concluirse que recae sobre el recurrente la carga de acreditar la veracidad de sus dichos, en particular, respecto a que la calidad y consecuentemente el valor de las mercaderías es distinto que el determinado.
VIII. Que, asimismo, en la consideración de las circunstancias de hecho y prueba, este tribunal encuentra un valladar – aunque no absoluto- en el artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero, en virtud del cual no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la anterior, siempre que del ejercicio del a quo de sus facultades propias para apreciar los hechos no surja que hubiera mediado un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (confr. esta Sala, in re “Maritime Shipping Agency SRL (TF 29094-A) c/ DGA”, causa nº 2708/12, sentencia del 26/06/12; entre muchas otras).
IX. Que, en este orden de consideraciones, debe decirse que no escapa a este tribunal la inasistencia del consultor técnico de la actora el día de producción de pericia (v. fs.46/vta. y 198); como así también que la prueba informativa tuvo resultado negativo a los fines pretendidos por el recurrente.
Sin embargo, no es menos cierto que la actora realizó una prolija impugnación del informe pericial (v. fs. 213/vta.)
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA que, pese a lo ordenado a fs. 219, el a quo omitió considerar al momento de dictar sentencia (v. esp. consid. VI, octavo párrafo, fs. 339 in fine).
Por otra parte, este tribunal entiende que el resultado de la pericia no es concluyente, y no ha sido debidamente apreciado por el Tribunal Fiscal en su sentencia.
Adviértase que la finalidad de la pericia, conforme los puntos propuestos a fs. 40, era determinar si la mercadería en cuestión tenía o no marca, si era original, y cuál era el origen de los bienes.
El informe de fs. 206/208 describe las muestras verificadas (un juego de palos para golf integrado por: 2 maderas nros. 3 y 5, 1 driver – Great Big Berta II 10º, 1 sand, 1 putter, 1 explorer y siete hierros numerados: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) y, con respecto a si tienen marca, informa que tienen una inscripción que dice “Callaway – Golf Club X16” (punto a). Por otra parte, en cuanto a su originalidad, manifiesta que “si bien los diseños y la estética de los mismos se corresponderían con la marca y modelos detallados en el punto a), la falta de los certificados, estampillas y/o etiquetas de control y garantía usuales en la marca no permiten determinar su originalidad” (punto b, énfasis añadido). Finalmente, con respecto al origen de la mercadería, aclaró que las muestras de palos de golf no indican procedencia alguna, pero que sus cajas contenedoras poseen impresas las inscripciones “Montevideo – Made in China” (punto c). Cabe también reiterar que dicho informe fue impugnado por la actora a fs. 213 (y por la demanda a fs. 212), quien puso de manifiesto algunas características de los palos de golf marca Callaway determinantes de su originalidad, que no habrían sido tenidas en cuenta por el perito oficial.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA En el contexto indicado, se concluye en que el dictamen no contribuye a formar una opinión, dada la manifestada imposibilidad de verificar la originalidad de la marca y el origen de la mercadería y que, por ello, la prueba ofrecida a fs. 46 y replanteada en la alzada –que consiste en convocar a la importadora oficial de la marca Callaway para que ratifique la originalidad de los productosaparece como un medio idóneo para despejar las dudas en torno a la calidad de la mercadería.
Sólo así podrían válidamente desestimarse los antecedentes agregados a fs. 42 de las actuaciones administrativas y la lista de precios de fs. 66 porque, a estar a los términos de la pericia, hay indicios de la falta de originalidad (ver resaltado). Y, conforme se desprende de los artículos 918 y 919 del Código Aduanero, al fijar el valor en aduana para establecer una la multa por infracciones el Fisco también debe respetar los métodos que fija el Acuerdo de Valoración del GATT.
De tal modo, la decisión del a quo no aparece como el resultado de una evaluación razonable de las pruebas obrantes en la causa, por lo que corresponde dejar sin efecto lo resuelto a fs. 337/341 y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las pautas precedentes (arg. art. 1180, CA).
X. Que, en atención al modo en que se decide, deviene abstracto tratar los restantes agravios de la recurrente, sin perjuicio de lo cual se deja a salvo que la pena correspondiente en caso de confirmarse la imputación de la Aduana es la del inciso c del artículo 954, en función de lo que establece el apartado 2 de dicha norma; y que, según se desprende de la liquidación obrante a fs. 9 de las actuaciones administrativas y de los términos de la resolución aduanera apelada, la multa se estableció adecuadamente en una vez el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA importe de la diferencia entre lo pagado y lo que correspondía pagar (una vez el importe de la diferencia de valor); cifra que podrá modificarse en virtud de lo que se resuelva en el nuevo pronunciamiento a dictar. ASÍ VOTO.-
Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy y Rogelio W. Vincenti, dijeron:
I. Que adhieren al relato de los hechos efectuado en los considerandos I a VIII del voto del juez Morán. Sin embargo, no concuerdan con la solución propuesta.
II. Que, tal como fue señalado precedentemente, no es revisable por la Cámara en los términos del artículo 1180, inciso b, del Código Aduanero la sentencia del Tribunal Fiscal que no remite a la interpretación de las normas aplicables en la especie, sino a la valoración de cuestiones de hecho y prueba, ajenas, en principio, al recurso que autoriza el citado artículo. En efecto, este remedio no da acceso –salvo en caso de manifiesto error- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión a la que el tribunal hubiera arribado al valorarla (confr. Sala II, in re “Panamérica de Plásticos S.A. y otros”, sent. del 9/03/89; en análogo sentido, esta Sala IV, in re “La Rueca Porteña S.A. –TF 9861-I c/ DGI”, sent. del 27/10/98; “Quality Fruits S.A. – TF 10265-A c/ DGA”, sent. del 19/10/00, entre muchos otros).
III. Que en autos, tanto la sentencia del organismo jurisdiccional como los agravios de la recurrente versan sobre la naturaleza de la mercadería auditada, fundándose en consideraciones de hecho resultantes de los informes técnicos producidos, sea en sede aduanera, sea ante el organismo jurisdiccional, sin que la actora haya CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA invocado ni pretendido demostrar que el tribunal administrativo hubiera incurrido en arbitrariedad en la valoración de la prueba producida.
IV. Que, en efecto, el tribunal a quo fundó su decisión en la circunstancia de que, del resultado de la verificación practicada por la Aduana, se comprobó mercadería de diferente calidad que la declarada, conforme surgía del informe de fs. 1/3 de las actuaciones administrativas y del Acta del 27 de julio de 2004. Asimismo, tal hecho fue confirmado con la pericia producida en la causa -que no mereció objeción oportuna por parte de la recurrente- realizada por un agente designado por el Banco Ciudad de la CABA, de la que resultó que la muestra verificada consistía en un juego de palos del golf, marca Callaway - Golf Club X16- integrado por 2 maderas, nros. 3 y 5, 1 Driver Great Big Berta, II 10º, 1 sand, 1 putter, 1 explorer y siete hierros numerados 3, 4, 45, 6, 7, 8 y 9 (ver fs. 206).
Frente a esa afirmación, la apelante se ha limitado a realizar planteos que no constituyen una crítica concreta y razonada de las consideraciones efectuadas por el a quo, por lo que resultan inhábiles a los fines pretendidos.
Sólo cabe agregar que a la limitación que como principio surge del artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero, en el sub lite la actora tampoco fue diligente en orden a probar en la instancia correspondiente la pertinencia de su posición. En efecto, nótese que el consultor técnico de su parte no asistió a la realización de la pericia (v. fs. 46 y vta. y 198), que la prueba informativa no tuvo el resultado que aquélla pretendía y que el a quo fundó su decisión en la apreciación que efectuó de las probanzas incorporadas a la causa. Con relación a la impugnación de la pericia, también es preciso reparar en que, aun cuando se la admitiera por vía CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 8728/2013 FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA de hipótesis, ello tendría incidencia sobre una parte de la mercadería auditada (los palos de golf), pero subsistirían las diferencias detectadas respecto del resto de los bienes.
Todo ello conduce a sostener que, en el caso las quejas del apelante constituyen meras discrepancias con la evaluación de las pruebas que efectuó el Tribunal Fiscal de la Nación, por lo que corresponde desestimar sus agravios sobre el punto.
V. Que, por último, cabe examinar el agravio sobre la graduación de la sanción.
Al respecto, toda vez que se confirma la imputación de la Aduana la pena es la del inciso c, del artículo 954 del Código Aduanero, en función de lo que establece su apartado 2 y, según surge de la liquidación de fs. 9 de las actuaciones administrativas y de los términos de la resolución apelada, la multa se fijó adecuadamente en una vez el importe de la diferencia entre lo pagado y lo que correspondía pagar.
Por ello, también se desestima este planteo.
Por las consideraciones precedentes, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en todos sus términos; con costas (art. 68, CPCCN). ASÍ VOTAMOS.
Por todo lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la resolución de fs. 337/341; con costas (art. 68, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
FANCY POWER SA (TF 21540-A) c/ DGA JORGE EDUARDO MORÁN (en disidencia parcial)
MARCELO DANIEL DUFFY
.
Fin de la sentencia