Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-2.058/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja interpuesta por la demandada a fs. 21/28 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 162 y vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, por la demandada, a fs. 152/160, de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C. conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
2Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 28.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-2.058/15-TSJ Interlocutorio N°: 3220.-
Actor: FARIAS INES BEATRIZ Demandado: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 13-07-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3220 FOLIO Nº 5312/5315 PROT. ELECT. TSS1 062 I.161
Río Gallegos, 13 de julio de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “FARIAS INÉS BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº F-2058/15-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de queja articulado a fs. 21/28 vta., por la demandada contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en copia a foja 19 y vta., por cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 10/13. Este último se interpuso contra la resolución de Cámara -agregada en copia a fs. 7/8 vta.-, que revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia obrante a foja 5 y vta., que había decretado la caducidad de instancia.- Afirma la recurrente que “Resulta más que evidente que la Excma.
Cámara de Apelaciones excede el marco de jurisdicción formal que se le acuerda en estos casos, para abrazar la defensa de su propio fallo, y concluir sin mayores reparos que el recurso impetrado no puede tener acogida favorable por cuanto se trata en el caso de una sentencia interlocutoria que no reviste el carácter de definitiva según lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley 1687. Si bien esto último no deja de ser cierto, no es menos cierto que esta parte interpone recurso de casación por entender que se ha dejado de lado toda formalidad inherente a las garantías de un proceso justo establecido en nuestro ordenamiento ritual civil y comercial, y ello, por afectar garantías constitucionales, tales como el derecho a la legítima defensa en juicio y el debido proceso legal, las cuales autorizan por sí mismas a recurrir a instancias superiores cuando el fallo deviene arbitrario por absurda valoración de la prueba y hechos…” (cfr. foja 22).
Seguidamente cita distintos fallos que, de acuerdo a la interpretación de la recurrente, “…consideran la procedencia de la caducidad de la instancia cuando la parte actora no impulsa (abandona) por un plazo determinado el proceso, lo que evidencia la falta de interés en la prosecución del trámite judicial y, conforme el principio dispositivo y la injerencia pública de todo proceso ventilado judicialmente, la obtención de un pronunciamiento sin que ello implique un ingreso en el análisis de la cuestión fondal del recurso de casacion” (cfr. foja 23). Por otro lado expresa que “No sólo en el ámbito de nuestro Máximo Tribunal Provincial, sino el ámbito Nacional y en los demás tribunales superiores provinciales, es conteste la jurisprudencia en señalar la procedencia del recurso de casación existiendo arbitrariedad, exceso de ritualismo formal y falta de fundamentación suficiente.
No existe una revisión de carácter formal, ni de las formalidades exigidas por el ritual para la procedencia de la casación, no se ha delimitado si existe jurisprudencia al respecto, o si se cumple con una presentación capaz de tener asidero en nuestro Superior Tribunal, simplemente se sostiene -desde una postura por demás ilógica- un fallo carente de fundamento y por demás arbitrario que se aparta de todas las interpretaciones judicialmente sostenidas por los Tribunales Provinciales en sus distintas esferas jurisdiccionales” (cfr. foja 23 vta.). Alega que “…la resolución en embate no constituye una inducción razonada del ordenamiento jurídico y la doctrina legal vigente, dando lugar a una sentencia descalificable como acto jurisdiccional.
La presente vía recursiva debe obtener andamiento por tratarse de un acto que transgrede la normativa en vigencia (derecho adjetivo), dando lugar a lo que en doctrina se denomina ‘error iuris iudicando’” (cfr. foja 25). Por último expresa que “…de la resolución atacada podemos apreciar una ruptura en los límites impuestos por la ley ritual que desnaturaliza el proceso de conocimiento corrompiendo los principios esenciales de derecho procesal civil como es el principio Dispositivo, el principio de igualdad, el principio de Legalidad y el Debido Proceso Adjetivo, resultando este último una garantía constitucional e internacionalmente reconocida que no puede obviarse…” (cfr. foja 26 vta.).-
II. Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 18º del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C. conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso interpuesto, uno de los requisitos primeros que se han de evaluar a la hora de analizar su admisibilidad, es verificar si nos hallamos ante una sentencia definitiva, caso contrario deberá desestimársela (conf. artículo 1º de la citada norma).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha manifestado que “…los pronunciamientos que desestiman el pedido de caducidad de la instancia no revisten el carácter de sentencias definitivas…” (cfr. “ABN AMRO Bank NV Sucursal Argentina c. Albarras SRL y otros s/ejecutivo”, del 24/08/2010, Cita La Ley on line: AR/JUR/73839/2010).-
En igual sentido, este Alto Cuerpo ha pronunciado refiriéndose a la perención de la instancia que “…es una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria…” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2.622, Folio 3.924/3.926). Por ende, en principio, escapan a la casación cuestiones procesales como lo es el tema de la caducidad de la instancia, a menos, claro está, el supuesto de absurdo; el cual no se encuentra debidamente argumentado en el recurso incoado (conf. Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3166, Folio 5200/5202).-
En el intento que realiza la recurrente por focalizar el cuestionamiento en el carácter definitivo de la resolución en crisis, no logra brindar fundamentos contundentes que den sustento a su recurso, no siendo ellos idóneos para lograr la apertura de la instancia casatoria. En autos la recurrente sólo se ha limitado a enumerar garantías constitucionales que considera menoscabadas, constituyendo tales dichos una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria provincial si no se logra fundar debidamente de qué modo han sido vulnerados tales principios.- Respecto al carácter de definitividad, éste se encuentra conceptualmente asociado a la privación al recurrente “‘… de toda posibilidad de una ulterior tutela judicial de sus derechos…’ (confr. Farsi, Santiago – Yánez, César; Cód. Proc. Civ. y Com. comentado, anotado y concordado, T. 2, pág. 549), cuestión que no se compadece con la situación de autos…” (cfr. TSJ Santa Cruz Tomo XXII, Interlocutorio, Reg. 2731, Folio 4209/421). En efecto, adviértase que la cuestión central gira en torno al rechazo del pedido de perención de instancia, en relación al cual en modo alguno la recurrente argumenta adecuadamente de que manera afecta las garantías constitucionales que invoca.- Tal razonamiento, no hace más que otorgar mayor robustez a la falta de definitividad expresada por la Cámara (conf. fs. 19 vta.), tornándolo en un obstáculo insalvable para su tratamiento en esta instancia extraordinaria. En el caso de autos no se ha decidido de modo concluyente el conflicto jurídico ventilado. Por el contrario, el interlocutorio cuyo desacierto pregona, tiene el efecto de mantener vivo el derecho y el proceso que lo asiste.-
En este sentido es oportuno tener en cuenta que “… ‘la nota de definitividad para los fines de los recursos extraordinarios se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo, y sólo se asimila a la sentencia definitiva la decisión recaída en cuestión incidental en tanto termina con la litis; y la litis es la del proceso principal a la que el incidente accede’ (confr. sum. JUBA, CC 0102 LP, 14 nov. 1989; Arciero de Oldani, Pascualina c/ Seggiaro, Jerónimo, RSI 666-89). Conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo decidido con anterioridad al pronunciamiento final del juicio sólo reviste aquel carácter cuando sella definitivamente la suerte de una pretensión hecha valer en él (Fallos, 248:232; 272:188; 297:486; 298:693; 300:273; 301:197; 305:913 y otros). No lo serán en general todas aquellas resoluciones que no importan pronunciarse sobre la cuestión de fondo (Fallos 305:107) (confr. Morello, Augusto Mario, La Casación: un modelo intermedio eficiente. 2da. ed. Actualizada, Librería Editora Platense, pág. 207)” (cfr. TSJ Santa Cruz fallo cit.).- Este Tribunal ha resuelto que “…resulta claro entonces que la decisión impugnada es una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria, que no comporta definición sobre los puntos que son materia de litigio (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1179, Folio 1557/1558; ídem Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1236, Folio 1631/1632) y que no impiden a la recurrente oponer sus defensas en el momento oportuno. Por lo tanto se requiere que el caso esté acabadamente resuelto o fallado, es decir, que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1285, Folio 1707/1710; ídem Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1775, Folio 2588/2590; Hitters, J.C., ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p 387 y ss.)” (cfr. Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2622, Folio 3924/3926).- Precisamente esta carencia de los requisitos de admisibilidad que exterioriza la presentación recurrente, la torna inaudible en la presente instancia extraordinaria. Así, el hecho de plantear, por este medio impugnativo, cuestiones procesales extrañas al remedio previsto en las normas que regulan el recurso de casación, resulta determinante a los efectos del rechazo de la queja incoada.-
III. Asimismo, examinados los términos del recurso, se advierte que las conclusiones del ad quem no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error de argumentación en el fallo. Se advierte, como se señaló ut supra, que las críticas de la demandada sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara resulta coherente y debidamente fundada, en la medida en que no se deriva de ello lesión a las reglas del debido proceso (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3035, Folio 4910/4912).- El pronunciamiento de la sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo o violación de la ley, circunstancia ésta que no ha ocurrido. No puede, por tanto, prosperar la vía intentada, cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, lógicos y han dado una equilibrada interpretación legal (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros) con una subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicable.-
IV. Por último, tampoco puede prosperar la denuncia de arbi-trariedad de la sentencia, toda vez que, no se observa en el recurso, la alegación y fundamentación adecuada de los presupuestos que la configuran.-
De su lado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha expresado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, ‘“…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’ (cfr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Idem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.)”’ (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3150, Folio 5171/5175, ídem, Tomo XXVII, Reg. 3169, Folio 5208/5212).- En igual sentido, se ha expedido este Tribunal: “…‘La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025); extremos, estos últimos, que no han sido suficientemente fundados a los fines de alcanzar la admisibilidad de la instancia casatoria intentada.-
V. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 21/28 vta. de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 162 y vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 152/160, de dichos autos, todo ello con costas a la recurrente de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado.- En consecuencia, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja interpuesta por la demandada a fs. 21/28 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 162 y vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, por la demandada, a fs. 152/160, de dichos autos; todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del ya citado artículo 18 del libro I, título IV, cap. IV, sec. 6º, parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C. y C. conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15.-
2. Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 28.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani – Vocal a/c Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1062I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3220.-
Folio N°: 5312/5315.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia