Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-1982/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el codemandado, Sr. Leandro Luis Muliere, a fs. 458/466 vta., y parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 441/455.-
2Casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 421/429, revocando el punto 7º y parcialmente el punto 1° de su parte resolutiva.-
3Componer positivamente la litis y en consecuencia condenar al codemandado Raúl Osvaldo Laperchuk al pago de la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT con más intereses, conforme las pautas previstas en el apartado V del considerando., y a la entrega de las certificaciones previstas en el mismo artículo, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente.-
4Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que no hubiera sido motivo de agravios.-
5Imponer las costas de esta instancia al actor y al codemandado Laperchuk en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada uno (art. 71 CPC y C por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444).-
6Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-1982/14-TSJ Interlocutorio N°: 613.-
Actor: FARREL FRANCISCO NORBERTO Demandado: LAPERCHUC RAÚL OSVALDO Y OTRO Objeto: S/ LABORAL-COBRO DE PESOS Fecha: 07-07-2017 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 613 FOLIO Nº 3522/3530 PROT. ELECT. TSS1 009 S.171
Río Gallegos, 07 de julio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “FARREL FRANCISCO NORBERTO C/ LAPERCHUC RAÚL OSVALDO Y OTRO S/ LABORAL-COBRO DE PESOS”, Expte. Nº F-14.333/10 (F-1982/14-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud de los recursos de casación interpuestos a fs. 441/455 por la parte actora, y a fs. 458/466 vta., por el codemandado Sr. Leandro Luis Muliere, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 421/429.
Esta última confirmó, parcialmente, la sentencia de Primera Instancia, obrante a fs. 345/351 vta., y condenó a los codemandados Raúl Osvaldo Laperchuk y Leandro Luis Muliere al pago del sueldo adeudado por el período octubre del 2009 a junio del 2010 y los siete días que trabajara como sereno a liquidarse de conformidad con el Convenio Colectivo del Sector, previa deducción de los montos efectivamente abonados por los empleadores; con más la tasa de interés pasiva promedio mensual que establece el Banco Central de la República Argentina; e intimó a la entrega de las certificaciones previstas en el artículo 80 de la LCT, bajo apercibimiento de la aplicación de una multa de pesos cien ($100) por cada día de demora. Asimismo confirmó la condena en costas a las demandadas en forma solidaria.- El caso se presenta en los siguientes términos: el Sr. Francisco Norberto Farrel promueve demanda laboral contra el Sr. Raúl Osvaldo Laperchuk, su empleador, y contra el codemandado Sr. Leandro Luis Muliere, en virtud del artículo 30 de la LCT, por salarios adeudados -razón por la que se considera despedido- y otros rubros indemnizatorios (conf. foja 28 vta.). El demandado invoca el artículo 247 de la L.C.T fundado en la crisis pesquera (conf. foja 67 vta.) y con el codemandado solicitan el rechazo de la demanda (conf. fs. 69 vta. y 83 vta.).-
II. Que en el recurso de casación del actor su apoderado invoca, en primer término, la violación de la siguiente normativa: artículos 14, 14 bis., 17 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; Convenio 95 OIT; y artículos 103, 104, 105 y 107 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. foja 443 vta.). Sobre el particular cita jurisprudencia que consigna que para fundamentar el despido por falta o disminución de trabajo debe acreditarse la imprevisibilidad, la inevitabilidad y la irresistibilidad del hecho por quién lo aduce (conf. foja 444 vta.).-
Afirma que las demandadas no invocaron ni probaron haber iniciado el procedimiento preventivo de crisis establecido en la Ley Nº 24013 (conf. foja 445). Concluye el primer punto de agravio diciendo que: “...no habiendo los codemandados probado la fuerza mayor que alegan como fundamento de su pretensión, los empresarios deberán satisfacer los salarios impagos al trabajador, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo para la actividad de la Pesca.” (cfr. foja 446).-
Asevera que se ha violado el artículo 80 de la LCT (conf. foja cit.). Al respecto, dice que no se ha analizado la conducta de las partes en el proceso administrativo laboral y que en dicha instancia el actor solicitó la entrega del certificado del artículo 80 de la LCT (conf. foja 447). Señala que anoticiados de tal circunstancia los demandados comparecieron a las “...audiencias señaladas sin dicha documentación.” (cfr. foja 446 vta.). Agrega que no existe óbice para conceder la indemnización del artículo 80 de la LCT ante la falta de entrega de los certificados de servicios y aportes ya que el requerimiento fue notificado a los demandados al corrérsele traslado de la demanda (conf. foja cit.). Añade que en la audiencia celebrada el 14 de julio en la Secretaría de Trabajo el Sr. Laperchuk toma vista del reclamo por lo que afirma que se notifica personalmente que debe entregar el certificado de marras (conf. foja 447). Sostiene que los demandados concurrieron a las audiencias del 23 de julio, 2 de agosto y 11 de agosto de 2010 en las que habrían tomado cabal conocimiento de la petición del trabajador en cuanto a la importancia del certificado y pone de relieve que al momento de la interposición del recurso no los habrían entregado (conf. foja cit.). Entiende que la Cámara ha omitido aplicar los principios que hacen a la notificación por medio de un instrumento público, como es el expediente administrativo, por lo que, a su entender, incurre en un exceso ritual de interpretación contrario a la ley, todo en perjuicio del trabajador (conf. foja 447 vta.).- Expresa que el Sr. Farrel percibió hasta junio de 2009 el ítem salarial producción, pues existieron capturas importantes, y desde julio el ítem asegurado, pues el porcentaje de captura habría sido menor al sueldo mínimo asegurado (conf. foja 448).-
Destaca que el empleador estaba en mejores condiciones de probar los salarios que percibía el trabajador; y que esta era su obligación legal. Que el nombrado no trajo a juicio los libros de navegación ni el detalle de las especies capturadas y tal incumplimiento no puede perjudicar al actor al momento de determinar los salarios adeudados (conf. foja cit.).-
Señala que el salario goza de tutela legal y constitucional, menciona los artículos 124 de la LCT; 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y Convenio 95 de la OIT (conf. foja cit.).-
Sostiene que le agravia que la Alzada haya pasado por alto que el 15 de mayo de 2010 y el 4 de junio de 2010 el Sr. Farrel “...también ingresó a Puerto y que el barco en más de una oportunidad ingresa al mar y no sale en el mismo día tema que se hubiere dilucidado si la empleadora en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 52 LCT hubiera traído a juicio los libros de sueldos y jornales que la ley le impone solicitados por el Juez de Primera Instancia, y los obligatorios para la actividad de pesca como lo son el de Rol de Tripulación y Reginave...” (cfr. fs. 448 vta./449). Manifiesta que no se tuvo en cuenta la Libreta de Embarco, la que acreditaría que el actor estuvo embarcado a las órdenes de la empresa desde el 4 de febrero al 1° de marzo de 2010 (conf. foja 449).- También indica que la empresa realizó, aunque de manera irregular, aportes al Anses durante todo el año 2009 (conf. foja cit.). Afirma que no comprende cómo la Cámara pudo decidir que la prestación laboral fue irregular cuando fue la empleadora “...quién no trajo a juicio los libros de ley -art. 52 LCT- y los obligatorios en la materia, y además realizó los aportes en forma irregular...” (cfr. foja 449 y vta.). Por lo expuesto, plantea que se ha violentado el principio protectorio del derecho laboral y su derivado: el “in dubio pro operario”, artículo 9 de la LCT, lo que constituiría -según estima- una clara vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional (conf. foja 449 vta.). Agrega que al haber incumplido las demandadas la carga procesal de acompañar los libros requeridos por el Juzgado se configuró un supuesto de duda razonable que imponía resolver la situación a favor del trabajador (conf. foja cit.).- Entiende que se debe ordenar que se practique la liquidación tomando como parámetro la mejor remuneración del obrero mensual, normal y habitual; o, en su caso, el promedio de las últimas; o la suma de Convenio; siempre la mejor y la más favorable al obrero (conf. foja 448 y vta.).-
Aduce que “…la fórmula empleada por el actor en su telegrama de fs. 15 al decir ‘…me consideraré despedido…’ no es la más feliz, pero cuando se analiza el expediente administrativo en su contexto queda de manifiesto que existe una voluntad inequívoca del actor en disolver el vínculo contractual por cuanto no cobró los salarios devengados en el transcurso del año 2009 y principio de 2010.” (cfr. foja 450 y vta.). Entonces, entiende que existió una intimación previa y una decisión extintiva en orden a los antecedentes e incumplimientos en que habría incurrido la patronal (conf. foja 451). Pone de relieve que en el expediente administrativo los demandados guardaron silencio y que allí hubo un reconocimiento de que el contrato de trabajo estaba finalizado por exclusiva culpa de estos últimos (conf. foja 451 vta.).- Destaca que la sentencia de Cámara incurre en contradicción al acoger el primer agravio de la apelación de Muliere y el segundo de la apelación de Laperchuk; y seguidamente mandar a liquidar los salarios de octubre de 2009 a junio de 2010 con más los días en que trabajara como sereno (conf. foja 452 vta.).-
Afirma que la sentencia atacada es arbitraria ya que la Alzada se habría apartado de la sana crítica racional y de las probanzas rendidas; y porque desarrolla considerandos y resuelve de manera dogmática y voluntarista (conf. foja 454).-
Formula reserva del caso federal (conf. foja 454 vta.).-
Por su parte, el codemandado Leandro Luis Muliere expresa en su recurso de casación, que lo interpone por quebrantamiento de formas, violación de la ley y arbitrariedad (conf. foja 458).-
Señala que la sentencia de Cámara recae sobre una cuestión no pedida por la actora en su demanda, produciendo la violación del principio de congruencia, en una aplicación que estima arbitraria y antijurídica del artículo 40 de la Ley Nº 1444, pues resuelve “extra petita” (conf. foja 459). Sobre esta cuestión indica que no se demandó la entrega de la documental mencionada en el artículo 80 de la LCT y que la sentencia lo condenó por ello (conf. foja cit.). Entiende que tal circunstancia habría implicado una violación de los derechos y garantías constitucionales consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional y artículo 34 inciso 4° del CPC y C (conf. foja 459 vta.). Señala que el Juez puede fallar “ultra petita”, pero siempre que se trate del mismo rubro o concepto reclamado (conf. foja 460).- Sostiene, además, que se condena, sin fundamento ni sustento, a su parte a la entrega de la documental del artículo 80 de la LCT de forma arbitraria y violatoria de la ley ya que nunca fue empleador del actor (conf. fs. 459 vta. y 465). Argumenta que él sólo le alquilaba a Laperchuk un buque de su propiedad y, entonces, no se configura la situación del artículo 30 de la LCT (conf. foja 465).-
Hace reserva del caso federal (conf. foja 466 y vta.).-
Ambos recursos fueron declarados admisibles por la Excma. Cámara de Apelaciones a fs. 469/470.-
Que a foja 483 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Supe-rior de Justicia, declarándolos bien concedidos y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- haciendo uso de ese derecho la parte actora y la codemandada, Sr. Muliere.-
A fs. 487/495, la parte actora, presenta el memorial y se remite a todos los fundamentos de su recurso de casación (conf. foja 487 vta.). Asimismo amplia fundamentación en lo relativo a que la falta de presentación de libros por parte de la empleadora debía jugar como una presunción en su contra (conf. fs. 488/490). En relación al recurso del codemandado Muliere afirma que el Juez tiene la facultad de fallar ultra y extra petita (conf. foja 492 vta.); y que corresponde que se extienda al Sr. Muliere la obligación de entrega de los certificados a que hace referencia el artículo 80 de la LCT (conf. foja 494 vta.).- Hace reserva del caso federal (conf. fs. 494 vta./495).-
A fs. 497/501, el codemandado Sr. Muliere presenta memorial sosteniendo que “…se advierte en el memorial casatorio de la contraria una manifiesta desorganización en el tratamiento de las supuestas cuestiones que justificarían su planteo recursivo en esta instancia extraordinaria, surgiendo como evidente las manifiestas impresiciones, los planteos que no guardan relación alguna con el objeto de la demanda y tampoco con las cuestiones introducidas por las partes y resueltas en las sentencias de primera y segunda instancia…” (cfr. foja 497 vta.).-
Sostiene que el actor reconoció que cobró subsidios desde fines de 2009. Que la actividad pesquera se encontraba paralizada. Señala que el informe de foja 182 pone de relieve la situación de crisis en que se encontraba el sector de la pesca (conf. foja 498). A partir de este marco de situación, entiende que únicamente correspondería el pago de la garantía horaria que establece el Convenio Colectivo de la actividad para Marinero, que asciende a la suma pesos mil doscientos cincuenta ($1250), con más pesos trescientos cincuenta ($350) por ticket, y “...no la totalidad de los salarios impagos...” (cfr. foja 498 y vta.). Añade que es correcto el rechazo de las indemnizaciones por despido indirecto, ya que el actor nunca se dio por despedido (conf. foja 498 vta.).- Hace reserva del caso federal (conf. foja 500 vta.).-
A fs. 503/506 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos brevitatis causae, concluye que la sentencia de Cámara se encuentra ajustada a derecho por lo que no debe hacerse lugar a los recursos de casación interpuestos (conf. foja 506).-
A foja 507 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 508 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordina-ria provincial articulada por la parte actora y por el codemandado Leandro Luis Muliere, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2 y 3 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Por cuanto la impugnación del actor se fundamenta en violación de los artículos 14, 14 bis., 17 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; Convenio 95 OIT; y artículos 80, 103, 104, 105 y 107 de la LCT; y arbitrariedad; y la del Sr. Muliere se basa en el quebrantamiento de las formas, violación de ley y arbitrariedad.- A fin de lograr una mayor claridad expositiva se tratarán primero los agravios del actor y luego los del Sr. Muliere.-
En lo relativo a la finalización de la relación laboral, tanto el Juez de Primera Instancia, como la Cámara entendieron que aquella había concluido por la causal de abandono de la relación, prevista en el artículo 241 de la LCT y no por despido indirecto (conf. fs. 349 vta. y 426).-
De la lectura de la sentencia de Cámara se constata que la Alzada realiza una interpretación de los elementos probatorios que no se advierte como arbitraria o violatoria de la ley aplicable al caso. Al respecto, la Cámara entendió que no se habían cumplimentado los requisitos formales del artículo 243 de la LCT para que se tuviera por configurado un supuesto de despido indirecto. En este sentido afirmó: “...toda vez que la documental arrimada a este proceso no ha logrado acreditar de manera alguna que el señor Farrell ha comunicado fehacientemente a su empleador que se da por despedido en los términos de los arts. 242 y 243 de la LCT, no debiendo confundirse la expresión ‘me consideraré despedido’ o el reclamo de las indemnizaciones de ley por despido incausado, con una formal comunicación de la voluntad de darse por despedido...” (cfr. foja 425 vta.).- Efectivamente, y como lo destaca la Alzada, surge del telegrama agregado a foja 15 (TCL 75978743), del 23 de diciembre de 2009, que el actor no se da por despedido, sino que tan sólo advierte que se daría por despedido si no se respondían sus reclamos.
La frase “me consideraré” despedido no cumple con el requisito de manifestación de voluntad rescisoria exigida para que se configure el despido indirecto. Por lo tanto, no puede considerarse que existió despido indirecto, ante la falta de la manifestación de voluntad clara y expresa del trabajador en tal sentido (de considerarse por despedido). Por otro lado, ninguno de los demandados despidió al Sr. Farrel (conf. foja 350).- Sobre el tema que nos ocupa, la doctrina tiene dicho que el despido indirecto “…es un acto jurídico disolutorio emanado del propio trabajador...” (cfr. Mario Ackerman (Director), Diego Tosca (Coordinador) y Alejandro Sureda (Coordinador), “Tratado de derecho del trabajo, La relación individual de trabajo-III”, Ru-binzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo IV, pág. 257).
El artículo 246 de la LCT califica como despido indirecto a la denuncia del contrato de trabajo formulada por el propio empleado con justa causa. En este caso tendrá derecho a las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la LCT.- En coincidencia con el criterio que se sustenta en esta sentencia, -en cuanto a que no hubo despido indirecto-, el cimero Tribunal Bonaerense ha dicho: Si bien quedó acreditada la existencia de la deuda invocada y ello pudo constituir injuria causante del distracto, para que efectivamente lo sea y se perfeccione el despido indirecto, el trabajador debe exteriorizar su voluntad en ese sentido -intimando previamente- y tal decisión tiene que llegar a conocimiento del empleador (conf.
SCBA, “Ramadori, Nolberto C. contra Du Pont Argentina S.A. Indemnización por despido, preaviso”, 18 de agosto de 1998, causa L. 70.264); y “…La existencia de una deuda de salarios ‘puede’ constituir injuria, pero para que efectivamente ‘lo sea’ es necesario que el dependiente exteriorice su voluntad en ese sentido, para lo cual es indispensable que llegue a conocimiento del destinatario no sólo la previa intimación del trabajador dirigida a su empleador a los efectos de establecer su situación respecto del pago de salarios, sino también su posterior decisión de considerarse despedido mediante comunicación por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.” (cfr.
“Brizuela, Elena C. v. Mundo Deporte y otros”, 12 de mayo de 1992. www.informacionlegal.com.ar. Cita Online 70016460).- En la misma inteligencia, Raúl Horacio Ojeda sostiene que uno de los requisitos que deben estar presentes para que se configure el despido indirecto es la existencia de un “...acto expreso que materialice la decisión resarcitoria.” (cfr. autor cit., “Ley de contrato de trabajo. Comentada y concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo III, pág. 465).-
El juez de primera Instancia, acertadamente, señala que: “...este sentenciante ha de concluir que en la medida en que no se acredite la notificación fehaciente de la decisión, de una y otra parte, de resolver el contrato, se presume que se mantiene la relación jurídica, situación de hecho ocurrida entre las partes hasta el día 25/06/2010 en donde ambas demostraron con su actuar la intención verosímil de abandonar la relación laboral que las unía hacia lo futuro, aunque fuere de manera tácita.” (cfr. foja 350).-
De las constancias obrantes en la causa, se advierte que varios meses después de remitir el Telegrama agregado a foja 15 -despachado el 23 de diciembre de 2009-, recién el 25 de junio de 2010, el actor interpone denuncia en sede administrativa, en la cual tampoco le comunica expresamente a Laperchuk su voluntad de disolver el vínculo laboral, sino que directamente reclama el rubro indemnización por despido (conf. foja 2 del expediente administrativo “Farrel Francisco Norberto s/ Reclamo Laboral C/ B/P La Cruz del Sur y/o Laperchuk Raúl -Expte. N° 17.022 C/2000-”). Con posterioridad a dicha fecha, no existe ninguna actividad de las partes que procure continuar con la relación laboral.- Lo expuesto, lleva a afirmar que la relación laboral que unía a las partes concluyó por voluntad concurrente de ambos contratantes, en los términos del artículo 241 -in fine- de la LCT, tal como concluyen las instancias de grado. La última parte de esta disposición contempla la causal de extinción de la relación laboral por abandono, al decir: “...Se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívocamente el abandono de la relación.”. Sobre esta disposición se ha sostenido: “La última parte del artículo comentado [241 LCT] prevé expresamente la posibilidad de que la relación laboral quede extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resulta del comportamiento concluyente y recíproco de ambas, que traduce inequívocamente el abandono de la relación.” (cfr. Carlos Alberto Etala, “Contrato de trabajo”, Ed. Astrea, 2008, pág. 234).- En virtud de lo antedicho, debe confirmarse lo decidido por la Alzada en el sentido de que la causal de distracto fue por abandono de la relación (conf. art. 241 de la LCT), lo que determina que el actor no tenga derecho a indemnización por despido. Por lo que debe rechazarse el agravio.-
Asimismo el actor reclama la indemnización por la falta de entrega del certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. El Tribunal de Segunda Instancia rechaza este pedido aduciendo que el actor no efectuó la intimación previa para habilitar el pago de la indemnización (conf. foja 426 vta.). En esta cuestión debemos disentir con lo decidido en la sentencia atacada.-
El artículo 80 de la LCT establece, como obligación contractual a cargo del empleador, el deber de ingresar los fondos de seguridad social y los sindicales a su cargo tanto como obligado directo o como agente de retención. Expresa también que cuando el trabajador lo requiera a la época de extinción de la relación laboral, o cuando existieren motivos razonables para su pedido durante la existencia del vínculo, que debe entregarle constancia documentada de que ellos se hicieron. Asimismo impone al empleador, cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, la obligación de extender al trabajador un certificado de servicios que deberá contener el tiempo de prestación de servicios; la naturaleza de estos; y constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social (conf.
Julio Armando Grisolía, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2004, Tomo I, págs. 661/671).- El último párrafo del artículo 80 de la LCT fija una indemnización equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador el último año de la relación o durante el tiempo de la prestación de servicios, si este fuere menor, para el caso que el empleador no cumpliere con la entrega de las constancias o el certificado dentro de los dos días hábiles de efectuado el requerimiento en forma fehaciente. Ambas obligaciones impuestas por el citado artículo 80 requieren el emplazamiento al empleador para la procedencia de la indemnización.- Si bien el artículo 80 de la LCT hacía referencia a dos días hábiles, el Decreto Nº 146/2001 (B.O. 13/2/2001) -reglamentario de esa norma- establece el plazo perentorio de 30 días dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo por cualquier causa, debe entregar al trabajador el certificado.
En definitiva el plazo que tiene el empleador para entregar el certificado es de treinta (30) días contados desde la disolución de la relación laboral y la indemnización es debida si no lo entrega vencido el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la intimación, realizada luego de treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo (conf. autor y ob. cit., págs. 672/674).- Ahora bien, la Cámara consideró que el actor no había efectuado la intimación de entrega del certificado necesaria para la procedencia de la indemnización (conf. foja 426 vta.). En contraposición, la actora aduce que tal intimación tiene que considerarse cumplida con el reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social; y/o con el traslado de la demanda (conf. foja 446 vta.).-
Del estudio de las actuaciones se desprende que la fecha del abandono de trabajo acaeció el 25 de junio de 2010, oportunidad en la cual el actor inequívocamente exterioriza su voluntad de dar por extinguida la relación laboral (conf. art. 24 LCT) al formular denuncia ante la Secretaria de Trabajo y reclamar indemnización por despido al Sr. Raúl Osvaldo Laperchuk (conf. foja 2 del expte administrativo cit.).-
Ahora bien, en sede administrativa el actor realiza el reclamo laboral por la certificación de servicios y remuneraciones mediante acta denuncia del 25 de junio de 2010, reclamo que fue notificado al Sr. Laperchuk en dos oportunidades, en las audiencias del 14 de julio y 2 de agosto de 2010 (conf. fs. 2, 11 y 20 de las actuaciones administrativas citadas). Entre la última notificación del reclamo de fecha 2 de agosto de 2010, y la finalización de la relación laboral, datada el 25 de junio de 2010, transcurrió el plazo de treinta (30) días que prevé el Decreto 146/01 y también los dos días que contempla el artículo 4 de la Ley 25345 sin que el Sr. Laperchuk entregara al actor la documentación de marras (conf. expte administrativo cit.).- Aquí, es pertinente dejar sentado que debe considerarse válida la intimación formulada en al ámbito de la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social a los efectos de la procedencia de la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT.
Con este criterio este Alto Cuerpo ha entendido que: “En principio corresponde señalar que, si bien es cierto que al momento de efectuarse el requerimiento al que alude la norma, no había transcurrido el plazo de treinta días (tal como lo establece el decreto 146/01) no lo es menos que en la audiencia celebrada con fecha 9 de mayo de 2006, a la que concurren ambas partes, el trabajador reitera los rubros reclamados ante la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, a saber: ‘…3º) Aplicación Multa Art. 80 Ley de Contrato de Trabajo…’ (confr. acta de fs. 14 ). En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, se ha expedido señalando que: ‘…El actor cumplió con los recaudos previstos en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la ley 25.345 -ésta última norma modificatoria del art. 80 de la LCT-, pues el reclamo efectuado ante el SECLO en el que se incluyó la pretensión de entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT debe considerarse razonablemente constitutivo de la intimación que prevé la norma citada…’ (confr.
CNTrab, sala II, 15/05/09, ‘Fedullo, Juan Domingo c. Citibank N.A. y otro’; CNTrab, sala II, 04/06/08, ‘Zapata, Griselda Elizabeth c. Obra Social Bancaria Argentina’) [...] En virtud de lo expuesto, se concluye que, si bien la intimación para la entrega del certificado previsto en la citada norma fue realizado antes, petición que se reitera al detallar los rubros del reclamo en la audiencia del 9 de mayo de 2006, lo cierto es que la empleadora no entregó la totalidad de los certificados dentro de los treinta días que el decreto reglamentario le concede a su favor, lo que torna procedente la multa allí prevista, y en consecuencia las objeciones formuladas por el recurrente con sustento en el citado artículo 80 deben rechazarse.” (cfr.
Sentencia, Tomo XIV, Reg. 484, Folio 2628/2634).- En razón de lo antedicho, al haberse intimado al Sr. Laperchuk a la entrega de los certificados y al no haberlo hecho en el plazo legal es procedente la indemnización prevista en el artículo 80 último párrafo de la LCT, equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el Sr. Farrel en el último año de prestación de servicios.-
Vinculado con la alegada contradicción del resolutorio atacado, de la atenta lectura de las apelaciones de los Sres. Muliere y Laperchuk, y de la sentencia de Cámara, se advierte que aquella no existe.-
La sentencia de Cámara admitió el primer agravio de la apelación del Sr. Muliere y el segundo de la apelación del Sr. Laperchuk (conf. punto 2° de la parte resolutiva a foja 428 vta.). En la apelación del Sr. Muliere, éste se agravia (primer agravio) de que se lo hubiera condenado al pago de salarios no obstante que realizó pagos parciales y que el actor no cumplió su débito laboral; y sostiene que en última instancia sólo le corresponde abonar los montos “sueldo garantizado” y “ticket canasta” reconocidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (conf. fs. 366 vta./369). A su turno, el demandado Laperchuk, en el segundo agravio de su apelación, formula análogo planteo (conf. fs. 378 vta./381 vta.). Y, concretamente, fue a esto a lo que hizo lugar la sentencia de la Alzada (conf. foja 425). Se revocó la condena al pago de salarios liquidados en base al salario mínimo vital y móvil (conf. foja 424 vta.). En cambio se admitió la demanda tomando como base la suma asegurada de pesos mil seiscientos ($1.600) mensuales, conformado por los ítems “sueldo garantizado” y “ticket canasta”, más siete (7) días trabajados como sereno, de acuerdo con lo resuelto en el apartado III del considerando de la sentencia de marras (conf. fs. 424/425 vta.).- Por lo tanto es improcedente también este agravio.-
En cuanto a la alegada violación de los artículos 14, 14 bis, 17, 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y Convenio 95 OIT se advierte que la parte actora se limita a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
Asimismo, el agravio relativo a la alegada violación del principio “in dubio pro operario”, consagrado en el artículo 9 de la LCT, resulta inabordable, pues en relación a él no se ha demostrado absurdo, arbitrariedad; ni violación de la ley o de la doctrina legal alguna (conf. SCBA, “Da Silva, Miguel Angel y otro c/ Transportes La Perlita S.A. y otro s/ Indemnización”, del 3 de junio de 2009, causa L. 92.958).-
En cuanto a la invocada arbitrariedad en la valoración de la prueba (conf. foja 453 vta.), se debe señalar que el examen de las cuestiones de hecho y prueba son, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo. Lo que, como se ha analizado, no se presenta en el sub lite.-
En conclusión, son improcedentes los agravios del actor, con excepción del vinculado a la indemnización del artículo 80, último párrafo de la LCT, el que debe prosperar.-
IV. Que en lo relativo al agravio formulado por el codemandado Muliere vinculado a la entrega de los certificados previstos en el artículo 80 de la LCT, corresponde afirmar que el mismo fue condenado en autos en virtud de la asunción de responsabilidad a la que se compromete en la cláusula sexta inciso g) del convenio celebrado entre los codemandados y que se encuentra glosado a foja 3/5 (conf. foja 350 vta.). Sin embargo, tal circunstancia no habilita a que se le haga extensiva la obligación por la entrega del certificado del artículo 80 de la LCT a alguien que no fue empleador del actor (conf. foja 429).- En efecto, en un supuesto similar al planteado al sub lite, la Suprema Corte de Justicia Bonaerense llegó a la misma conclusión que: “Como se anticipara y aun reconociendo que la acción por la entrega de los ‘Certificados de Servicios’ había sido dirigida únicamente a Nestlé Argentina S.A.
(v. fs. 50 y 1268 in fine), el órgano jurisdiccional de la instancia de origen resolvió que la solidaridad expresada en la ley (art. 29 de la L.C.T.) comprende ‘a todas las obligaciones emergentes de la vinculación laboral y de las que se deriven del régimen de la seguridad social’ […] Con esa perspectiva, constituyendo la entrega del certificado de trabajo una obligación de hacer del empleador, no puede ser extendida a un tercero que no lo sea, aun cuando este último resulte responsable solidario por las obligaciones laborales de aquél (en igual sentido, Ackerman, Mario E. ‘La indemnización por incumplimiento de las obligaciones del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o)’, D.T.- 2001-A-548)…” (cfr.
“Abendaño, José L. c/ Nestlé Argentina S.A. y otro s/ Cobro de pesos”, del 28 de septiembre de 2011, L. 92.086, voto mayoritario del Dr. Negri).- En la misma inteligencia Vázquez Vialard sostiene: “No obstante que la ley le impone a un tercero -respecto de la relación contractual laboral que vinculó al trabajador con su empleador-, la solidaridad en el pago de las obligaciones de este último, no lo considera empleador. Por lo tanto, las obligaciones propias de éste, entre otras: asentar la relación en sus libros laborales, denunciar la existencia de la misma al Sistema Unico de Registro Laboral, a la ANSeS (arts. 52 LCT, 18 ley 24.013), no son asumidas por el tercero (vicario), toda vez que las mismas en cierta manera son intuitu personae del empleador (arg. art. 80, párrafo 2 a 4; 21, 22, 26 LCT).
En consecuencia, entendemos que no cabe condenar a aquél a que certifique el curriculum laboral del trabajador que debe surgir de los libros y documentación contable que debe llevar quien ha actuado como titular (en ese carácter) de la relación.” (cfr. autor cit., “La posibilidad que el acreedor laboral le reclame directamente al deudor vicario”, www.microjuris.com, Cita: MJ-DOC-4038-ARMJD4038, del 7 de junio de 2013).- Entonces al no haber sido el codemandado Muliere empleador del actor -tan solo deudor solidario con el alcance previsto en las cláusulas tercera y sexta inciso g) del convenio agregado a fs. 3/5- no tiene la obligación de entregar los certificados del artículo 80 de la LCT. Satisfecho, en este aspecto el requerimiento del demandado Muliere, es innecesario expedirse acerca del alegado carácter de extra petita de la sentencia.-
Por otra parte, no se le podrá imponer al Sr. Muliere el pago de la indemnización por la no entrega del certificado, pues su responsabilidad contractual alcanza a las deudas originadas hasta la finalización del contrato agregado en copia a fs. 3/4 vta., es decir, hasta el 26 de noviembre de 2009, ya que el convenio tiene un plazo de duración de un año a partir del 26 de noviembre de 2008 (ver cláusulas tercera y decimo tercera del convenio agregado en copia a fs. 3/4 vta.), y la obligación de pagar la indemnización se originó recién en julio de 2010, es decir a los treinta (30) días de disuelto el vínculo laboral, en atención a la intimación a la entrega del certificado que formuló la actora y al incumplimiento del empleador. La fecha hasta la cual responde solidariamente Muliere fue decidida en la sentencia en Primera Instancia (conf. foja 350 vta.) y tal cuestión no fue apelada por el actor (conf. fs. 358/360 vta.) con lo que ha quedado firme lo atinente al alcance temporal de la solidaridad de Muliere en función del artículo 30 de la LCT.-
V. En lo tocante a la remuneración a tomar como base para practicar la liquidación, se debe recordar que -en atención a lo hasta aquí resuelto- al actor no le corresponde indemnización por despido indirecto; pero sí el pago de salarios adeudados -de octubre de 2009 a junio de 2010- y la indemnización por la no entrega del certificado del artículo 80 de la LCT, debida por el Sr. Laperchuk en función de lo dispuesto en el último párrafo de este artículo.-
En primer término, se determinará el salario a considerar para calcular el rubro salarios adeudados.-
Sobre esta cuestión, debe desestimarse el agravio del actor por el que se intenta atacar el monto tomado por la Cámara como base de la condena pues sabido es que esta es una cuestión de hecho y prueba cuya revisión es inviable en esta instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre que el tribunal de grado hubiera incurrido en arbitrariedad o absurdo (conf. SCBA, “Ochoa, Martha Elba c/ Asociación Vecinal Villa 9 de Julio y otro/a. s/ Despido”, del 4 de junio de 2014 LP L 113346 S; ídem, “Flores, Roberto Héctor c/ Ricardo Nini S.A. s/ Despido”, del 16 de mayo de 2012, LP L 101117 S). Extremos que no se constatan en el sub lite.- Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la decisión de la Alzada sobre esta cuestión no puede ser objeto de censura en esta instancia extraordinaria. Sobre este tópico la Cámara correctamente destacó -en atención al informe de prefectura, agregado a fs. 123/134- que el Sr. Farrel ingresó al Puerto de Caleta Paula por las funciones que desempeñaba en la embarcación La Cruz del Sur, sólo los siguientes días: 7 de octubre de 2009, 25 de abril de 2010; 13 y 15 de mayo de 2010; y 27, 28 y 30 de junio de 2010 (conf. foja 424). Es decir siete días en el lapso de seis meses. Además señala que trabajó dos horas el 12 de octubre de 2009 (conf. foja cit.). Como complemento de estos datos, se debe poner de relieve el informe de la Secretaría de la Producción que da cuenta que la flota amarilla estuvo inactiva desde octubre de 2009 hasta principios de 2011 (conf. foja 182), lo cual es tenido en cuenta por la Cámara (conf. foja 424); y que durante el lapso en que el actor reclama las acreencias salariales percibió una ayuda económica del Estado Provincial (conf. foja 424 vta.). En atención a lo cual, sigue en su acertado razonamiento la Alzada, resulta desajustado asignarle al Sr, Farrel los salarios que le hubiesen correspondido si hubiese desempeñado jornadas laborales completas (conf. fs. 177/178 y 424 vta.).- Es más, la parte actora reconoce, en su recurso de casación, que a partir de julio de 2009 percibió el sueldo asegurado, ya que el porcentaje de captura fue menor que el sueldo mínimo asegurado (conf. foja 448); y también admite en su absolución de posiciones que se encontró percibiendo subsidios por parte del Estado (conf. foja 177/178 y 424 vta.).-
Por otro lado, se constata de la lectura del Acta Acuerdo entre el SOMU y la Cámara representativa de la actividad pesquera del Puerto Caleta Paula, homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación mediante Resolución N° 257/2006, Expte N° 1.105.488/05, que la solución a la que arribó la Cámara es la correcta. Esto es así ya que el artículo cuarto del Acuerdo le asegura al tripulante una remuneración mínima de pesos mil doscientos cincuenta ($1.250.-) más pesos trescientos cincuenta ($350.-) en concepto de ticket canasta. Esta es la suma que le correspondía al Sr. Farrel en atención a los pocos días en que se embarcó y al mínimo salarial previsto en la Convención Colectiva aplicable cuando no haya una prestación laboral horaria completa. Además es el convenio que se le debía aplicar según sostiene el propio actor (conf. foja 33 vta.).- En concordancia con el criterio adoptado sobre la inviabilidad del pago del salario mínimo vital y móvil cuando no se cumplió con jornadas laborales completas, se ha dicho: “Más allá de las contradicciones e inconsistencias que exhibe la crítica, lo relevante para descartarla es que el salario mínimo vital y móvil se determina con arreglo a la jornada legal de trabajo (art. 116, L.C.T.), lo que permite que se establezcan reducciones proporcionales para los trabajadores que cumplan jornadas de trabajo reducidas (art. 119, L.C.T.).” (cfr. SCBA, “Monzón, Néstor Martín c/ Cuba Rodríguez, Francisco s/ Diferencias salariales”, del 5 de junio de 2013, LP L 111600 S).- Entonces, por las razones expuestas se debe confirmar el salario base establecido por la Cámara en razón de lo estipulado en el punto cuarto del Convenio Colectivo de Trabajo.-
Por otro lado, se debe concluir que también se debe tomar el importe de pesos mil seiscientos ($1600.-) a efectos del pago de la indemnización por la no entrega del certificado de trabajo previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. art. 80, último párrafo de la ley cit.). Esta solución se impone pues es la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador en el último año laboral, el cual finalizó en junio de 2010 -según lo que correctamente resuelve la Alzada, conf. foja 425-, mes en el que Sr. Farrel interpone su denuncia ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (conf. foja 2 expte administrativo cit.).- A las sumas que el codemandado Laperchuk adeuda por la indemnización de marras se le deberá adicionar los intereses correspondientes a la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, calculada a partir de los dos días de que fue intimado, es decir, desde el 16 de julio de 2010 (conf. fs. 2 y 11 del expediente administrativo cit.) y hasta el efectivo pago (conf. TSJ, Sentencia, Tomos III, Reg. 472, Folio 2565/2572 y VI, Reg. 217, Folio 1171/1175).-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 458/466 vta., por el codemandado, Sr. Leandro Luis Muliere, y parcialmente al recurso de casación interpuesto por la actora, a fs. 441/455, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción judicial obrante a fs. 421/429, revocando el punto 7º y parcialmente el punto 1º de su parte dispositiva. Componer positivamente la litis y en consecuencia condenar al codemandado Raúl Osvaldo Laperchuk al pago de la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT con más intereses, conforme las pautas previstas en el considerando V y a la entrega de las certificaciones previstas en el mismo artículo.- Debe confirmarse la sentencia recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravio.-
En atención a que lo resuelto fue totalmente favorable a lo solicitado por el codemandado Muliere; y parcialmente favorable a las pretensiones del actor, las costas en la presente instancia serán impuestas sólo a los Sres. Farrel y Laperchuk en razón de un cincuenta por ciento (50%) cada uno, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 CPC y C, al que remite el artículo 121 de la Ley Nº 1444, difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el codemandado, Sr. Leandro Luis Muliere, a fs. 458/466 vta., y parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 441/455.-
2. Casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 421/429, revocando el punto 7º y parcialmente el punto 1° de su parte resolutiva.-
3. Componer positivamente la litis y en consecuencia condenar al codemandado Raúl Osvaldo Laperchuk al pago de la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT con más intereses, conforme las pautas previstas en el apartado V del considerando., y a la entrega de las certificaciones previstas en el mismo artículo, en el término de diez (10) días de quedar firme la presente.-
4. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que no hubiera sido motivo de agravios.-
5. Imponer las costas de esta instancia al actor y al codemandado Laperchuk en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada uno (art. 71 CPC y C por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444).-
6. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1009S.171 Tomo: XVIII Interlocutorio: 613.-
Folio N°: 3522/3530.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia