Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.730-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 8676/2014 dictada en la Actuación N° 12197- 8633- 2005, en cuanto condena a la importadora FATE SAICI al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 82/100 ($ 18.080,82). Con costas a la actora.
2Confirmar parcialmente el artículo
3De la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31/100 (U$S 4.459,31) en concepto de Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 01/07/2012 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
3Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-105444756-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante), y Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados: “FATE S.A.I.C.I. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación” Expte. Nro.
35.730-A
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. A fs. 9/18 se presenta, por apoderado, la firma Fate SAICI, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 8676/14 dictada por el Jefe del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente administrativo Act. Nro. 12197-8633-2005 en cuanto la intima al pago de la suma de $ 18.080,82 en concepto de multa, y se le formuló cargo por tributos por la suma de u$s 10.453,03 y $ 15.757,45 en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con más intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A con relación al D.I.T Nro. 03 001 IT15 00042P. Realiza una breve descripción de los hechos y de lo actuado en Sede Administrativa. Funda su recurso señalando la falta de fundamentación de la Nota emitida por la Sección Procedimientos Técnicos la cual impide conocer cuál es la imputación cierta y concreta por el cual el servicio aduanero no puede establecer o tener por regularizada la situación de la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT involucrado. Considera que la falta de motivación del acto que impugna, lo asimila a una sentencia arbitraria. Cita jurisprudencia. Expresa que del muestro de las operaciones realizadas por la firma, la descarga consignada en la DD JJ se corresponde con la descarga efectuada en los Permisos de Embarque. Asimismo, manifiesta que de una nueva revisión de la descarga de insumos, utilizando la técnica de muestreo, permite concluir que de existir diferencias, éstas se producirían por redondeo y no superan, en ningún caso el 0,2%. Invoca que Fate SAICI ha regularizado en tiempo y forma la situación de la DIT 03 001 IT15 00042P, y que ha acreditado tal circunstancia con la documentación aduanera pertinente. En forma subsidiaria, plantea la inconstitucionalidad del Derecho Adicional. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 29/35vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fuere objeto de su especial reconocimiento. Efectúa una breve síntesis de lo acontecido en Sede Aduanera. Expresa que la correcta información de descarga es indispensable para determinar la cancelación de la importación temporaria y atento que no fue presentada por quien tenía la obligación de hacerlo, no corresponde otra cosa que una actitud condenatoria por parte del fisco. Cita y trascribe el art. 274 del CA. Destaca que es característica de la figura infraccional en trato que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes a régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Expresa que la recurrente no ha cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio de la importación temporaria, pretendiendo solo tener presente las normas que lo benefician y no las que le imponen determinadas obligaciones de hacer efectivas para no desvirtuar la finalidad del régimen establecido. Se refiere al Principio Procesal de Preclusión. Insiste en que en el momento procedimental oportuno la actora no aportó las pruebas tendientes a demostrar su cumplimiento, por lo cual resulta inadmisible pretender su absolución en el orden de lo establecido en el art. 898 del CA. En cuanto al agravio de la actora respecto a que la Nota nº 2907/14 carece de fundamento, señala que ello no llega comprenderse ya que es el modelo de informe que usualmente se confecciona en el caso de las infracciones al art. 970 del CA y que se le da intervención al área idónea. Agrega que la recurrente se trata de un importador habitual, por ende no puede desconocer la normativa y practica que hacen a la operatoria aduanera específica. En cuando al Derecho Adicional, señala, que el mismo se aplica en razón de obedecer a la normativa aduanera vigente a la fecha de la comisión de la infracción. Dicha norma es la Resolución Nº 72/92. Lo mismos sucede con el IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relativas a la causa, y solicita se dicte sentencia confirmado el fallo aduanero recurrido, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas Nro. 12197-8633-2005 se inician con el Acta de Denuncia por la supuesta infracción al artículo 970 del CA en relación a la Destinación 03 001 IT15 000042-P. A fs. 4 se agrega sobre con la documentación de la destinación involucrada en autos. A fs. 7/8 obra valoración de la mercadería en infracción. A fs. 11 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del CA. A fs. 12 obra consulta de Garantía Global o Unitaria. A fs. 13 luce liquidación de multa y tributos. A fs. 14 con fecha de 17/04/2012 se corre vista a la firma FATE SA, quedando notificada el 14/06/2012, conforme constancia de fs. 17. A fs. 22/26 contesta la vista conferida. A fs. 27/37 luce documental aportada por la firma. A fs. 39 se tiene por presentada a la firma importadora y se la intima a fin de que presente el certificado de Tipificación correspondiente a la destinación 03 001 IT15 42P. A fs. 42 luce Nota nº 4794/13 (SE PRTE) por la cual se informa la necesidad d contar los CTC definitivos y/o constancia de diligenciamiento oportunamente impulsado ante el organismos emisor. A fs. 43 se rectifica el auto de corrida de vista de fecha 17/04/2012 en cuento a la moneda aplicable y el quantum adeudado por dicho concepto. A fs. 46 luce nota nº 2907/14 (SE PRTE) por él se rectifica el informe de fs. 42. A fs. 47 se pasan los autos a resolver. A fs. 49/50, luce la Resolución DE PRLA Nº 8676/14, aquí apelada. Que luce agregada por cuerda un Anexo relacionado a la Actuación Administrativa nro. 12917-8633.2005.
IV. A fs. 36 se abre la causa a prueba. A fs. 86 se cierra el período probatorio, a fs. 93 se elevan los autos a la Sala “E”, y a fs. 93 se pasan para alegar. A fs. 96/98 se glosa el alegato de la actora y a fs. 102/104 el del fisco nacional. A fs. 106 se pasan los autos a sentencia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso de autos se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con relación a parte -14.196,30kg – de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT Nro. 03 001 IT15 000042-P, registrado por la firma importadora FATE SAICI ante la Aduana de Bs. As. (capital), el 07/01/2003, al amparo del régimen del Decreto 1439/96.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SOC Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
VIII. Que mediante el DIT N° 03 001 IT15 000042-P, oficializado el 07/01/2003 y con vencimiento de plazo de permanencia el 04/01/2004, la firma FATE importó 15.088kg de mercadería amparada bajo la PA 7312.10.10.000M “alambre de acero revestido con bronce o latón – Cables, CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD”.
Que, tras ello, el servicio aduanero formuló denuncia por una totalidad de 14.196,30kg de mercadería (ítem 1) importada temporalmente, por no haber acreditado debidamente su reexportación. Siendo descontado el resto nacionalizado por el PE 03 001 IC82 0000241-D.
Que al contestar la vista del art. 1101 del CA, la importadora manifestó haber cancelado la destinación denunciada mediante la documentación que luce agregada a fs. 27/38 de las actuaciones administrativas. Tras ello, la Aduana intimó a la sumariada a fin de que presente el Certificado de Tipificación correspondiente a la Destinación N° 03 001 IT15 000042-P.
Que a través de la Nota N° 2907/14 (SE PRE) obrante a fs. 46 de las act. adm., la Aduana informó que “… no concuerdan las cantidades insumidas entre la DDJJ y las hojas de descarga de los permisos de embarque adjuntados. De acuerdo a la Declaración Jurada y CTC utilizado, como así también las relaciones insumoproducto, se tiene en cuenta las pérdidas tangibles pero no realiza destinación de nacionalización (IC84)”. Que de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de 14.196,30kg. de la mercadería amparada por la DIT N° 03 001 IT15 000042-P.
IX. Que, en consecuencia, resulta ineludible efectuar un exhaustivo examen de la documentación que obra en la presente causa, a los fines de verificar si la misma resulta suficiente para acreditar la cancelación total del Documento de Importación Temporal (D.I.T.) bajo análisis.
Que, del análisis de la prueba ofrecida por la actora en esta instancia y las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, surge irrefutablemente que asiste razón al Servicio Aduanero al informar la inconsistencia entre las cantidades de insumos declaradas en la Declaración Jurada y las consignadas en las hojas adjuntas a los permisos de embarque presentados. Tal circunstancia se extrae del cuadro de descarga y de los PE obrantes en las Act. Adm.
Que a modo ilustrativo se detalla que de la DECLARACION JURADA PARA LA CANCELACION DE IMPORTACIONES TEMPORALES – obrante a fs. 34/36 de las Act. Adm.-, se desprende:
- la Descarga del PE 03 001 EC03 005559J por un total de 28,598Kg, Merma 1,846kg Perdida 0,793 kg, mientras que de la hoja que obra agregada en el PE se descarga un total de 28.543kg, Perdida 0,84kg y Merma 1,845kg. - la Descarga del PE 03 001 EC03 005562D por un total de 952,17kg, Merma 61,468kg, Perdida 26,422kg, mientras que de la hoja que obra agregada en el PE se descarga un total del 950,511 kg., Perdida 28,08kg, Merma 61,46kg.
- la Descarga del PE 03 001 EC03 005676J por un total de 829,749kg, Merma 53,565kg, Perdida 23,025kg, mientras que de la hoja que obra agregada en el PE se descarga 828.302kg, Perdida 24.47kg, Merma 53,56kg. Que, asimismo, respecto al PE nro. 03 001 EC03 007423B – incluido en la DDJJ-, no surge la descarga del DIT involucrado en autos.
Que, en efecto, resulta imperativo poner de manifiesto que tanto el Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. N° 72/92, referidos en el considerando precedente, establecieron un procedimiento riguroso para la demostración del cumplimiento del régimen de importación al cual se acogió la firma. Dicha normativa, al hacer especial énfasis en la documentación a presentar, exige que a la Declaración Jurada se le reconozca su carácter intrínseco de tal, lo que implica la veracidad y exactitud de su contenido. En este contexto, cobra particular relevancia el hecho de que la propia actora, en su recurso de apelación, reconoce que tras una nueva revisión de la descarga de insumos, ha arribado a la conclusión de que existen ciertas diferencias ínfimas. Tal reconocimiento, por mínimo que sea el desvío, se contrapone irremediablemente con el rigor que le es propio a toda Declaración Jurada, cuya esencia radica precisamente en la ausencia de discrepancias entre lo manifestado y la realidad que pretende reflejar, máxime si se calcula la totalidad de las diferencias resultantes de los más de veinte permisos de embarque adjuntados en la causa. Por ende, no puede admitirse la existencia de diferencia alguna entre lo allí declarado y lo que surge de la documentación aportada.
Que, en virtud de todo lo expuesto, se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, así como el hecho imponible de importación irregular a consumo de la mercadería, tipificado en el artículo 274 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución aduanera en cuanto condenó a la importadora por la comisión de la referida infracción.
X. Que sentado lo precedente corresponde analizar la determinación de la deuda tributaria reclamada y expedirse sobre la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual fue motivo de agravio de la actora en su recurso de apelación.
Que, ello así, y por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (..) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
XI. Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”. Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XII. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos de la mercadería en infracción, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 8 de las actuaciones administrativas.
Liquidación de Tributos DIT nº IT15 000042P RUBROS % TRIBUTOS VALOR EN ADUANA 20.640,21 DER. IMPORTACION 0% 0 TASA DE ESTADISTICA 0.5% 103,20 BASE IMPONIBLE IVA 20.743,41 IVA 21% 4.356,11 TOTAL U$S 4.459,31 XIII.- Que en lo atinente a los intereses, en el caso de autos, corren desde la notificación de la corrida de vista, en el caso practicada en fecha 14/06/2012. Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 01/07/2012 (art. 794 del C.A.).
XIV. Que, en el marco de lo expuesto, corresponde confirmar el art. 1° de la Resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 82/100 ($ 18.080,82).
XV. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 8676/2014 dictada en la Actuación N° 12197- 8633- 2005, en cuanto condena a la importadora FATE SAICI al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 82/100 ($ 18.080,82).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31/100 (U$S 4.459,31) en concepto de Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 01/07/2012 hasta la fecha del efectivo pago.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
4. Costas según los respectivos vencimientos.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a las costas impuestas a la demandada en parte del punto 4 de la parte resolutiva de su voto, toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” en relación a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias, toda vez que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fija el criterio interpretativo respecto de su aplicación, es de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (02/12/2014), como así también a la fecha de interposición del presente recurso (27/04/2015).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo 1°) de la Resolución DE PRLA N° 8676/2014 dictada en la Actuación N° 12197- 8633- 2005, en cuanto condena a la importadora FATE SAICI al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., fijada en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL OCHENTA CON 82/100 ($ 18.080,82). Con costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, la que se reduce, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 31/100 (U$S 4.459,31) en concepto de Tasa de Estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 01/07/2012 hasta la fecha del efectivo pago. Con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente el art. 3°) de la Resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 20-04529633-5, y al fisco nacional en el CUIT 24-38832955-2, y oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis – Vocal Subrogante-, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (Art. 1.162 CA).
Date: 2025.09.22 17:30:00 ART Date: 2025.09.22 18:36:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.22 21:11:57 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.22 21:13:01 -03:00
Fin de la sentencia