Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 39158-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA Nº 6.456/2024; “FATE SAICI (TF 39158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de Septiembre de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En el año 2006, la firma FATE SAICI ingresó mercadería bajo el régimen de importación temporaria. En 2013, se formuló un acta de denuncia contra la firma, atento a que la mercadería no habría sido regularizada dentro del término concedido, el cual operó en 2008. En 2013 se instruyó el sumario, del cual nunca se dio vista a la parte actora. En 2018, mediante una resolución, se dispuso el archivo de las actuaciones por la cuestión de la multa por no superar el monto mínimo y, al mismo tiempo, se formuló cargo por los tributos adeudados. La mencionada resolución se notificó en 2018. En consecuencia, la firma FATE SAICI inició una demanda y planteó la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos. El Tribunal Fiscal de la Nación admitió la acción.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia obrante a fs. 147/151 del expediente en soporte papel resolvió: i) declarar la nulidad del auto de apertura a prueba del sumario; ii) declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12197-339-2013 con relación al DIT 06 001 IT15 000092 A; e iii) imponer las costas a la DGA. Para decidir de ese modo, luego de hacer una reseña de lo actuado en sede administrativa, señaló que de las actuaciones administrativas surgía que el curso de la prescripción de la infracción endilgada había comenzado a correr a partir del 1/1/2009, que el acto administrativo que había ordenado la instrucción del sumario databa del 3/12/2013, y que se había notificado todo lo actuado el 29/5/2018. Ello así, puntualizó que correspondía aplicar al caso bajo análisis el criterio establecido en las causas “AIT S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN; “Aseguradores de Cauciones SA Cia de Seguros c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2019- 70389086-APN-SGASAD#TFN; y “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN; en las cuales se estableció que de conformidad con lo previsto en el artículo 1012 inciso b) del Código Aduanero, la DGA tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inciso a) y 805 inciso a) del Código Aduanero, no se producen sino a partir de dicha notificación.
Asimismo, en los mencionados precedentes, se determinó que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley Nº 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado ya que, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
Así las cosas, teniendo en cuenta que del auto de apertura de sumario dictado el 3/12/2013 no había constancia alguna de su notificación al interesado, concluyó que el acto examinado carecía de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inciso a) y 805 inciso a) del Código Aduanero.
En consecuencia, indicó que habiéndose iniciado el cómputo de la prescripción el 1/1/2009 –en tanto se trataba de una importación temporaria cuyo vencimiento se había producido el 25/5/2008–, la misma había operado –no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas– el 31/12/2013, es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 23/5/2018.
En este orden de ideas, destacó que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario, habían sido CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 6.456/2024; “FATE SAICI (TF 39158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
dictados cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
De este modo, refirió que habían transcurrido aproximadamente 10 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada, sin que se advirtiera en el expediente administrativo la existencia de algún acto previo al dictado de la resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tuviera efecto interruptivo o suspensivo de la prescripción en los términos de los artículos 936, 937, 805 y 806 del Código Aduanero, ni razones que hubieran justificado la demora excesiva del servicio aduanero en el dictado (y notificación) de un pronunciamiento oportuno.
Por otro lado, expresó que del análisis de las actuaciones administrativas individualizadas, surgía que el auto de apertura de sumario del 3/12/2013, se había instruido sobre la base de datos informáticos relativos a la destinación de importación temporal, y que se había imputado a la firma actora la comisión de una presunta infracción, sin adjuntar en ningún momento los originales del DIT involucrado. Ello así, señaló que al no obrar en la causa el despacho cuestionado, no se podían verificar los hechos, ni analizar los fundamentos en que se había sustanciado la denuncia, en tanto de las constancias del SIM no surgía la descripción de la mercadería implicada, ni el régimen por el cual se había documentado la operación.
Al respecto, postuló que, debido a que luego del dictado de la apertura del sumario no se le había dado intervención a la importadora, la cual recién había tomado conocimiento del sumario con la notificación del dictado de la resolución apelada en la causa bajo estudio, la firma FATE SAICI no había podido tomar intervención en los actuados con el fin de esgrimir las defensas de las que pudiera valerse.
Finalmente, concluyó que debido a que la autoridad administrativa había actuado fuera del marco de su competencia temporal, en virtud de haber dictado el acto de apertura de sumario sin contar con el DIT original cuestionado, y por no haberse corrido vista a la presunta imputada de lo actuada a fin de que pudiera ejercer plenamente su derecho de defensa, el acto de apertura de sumario resultaba nulo de nulidad absoluta.
III. Agravios del fisco nacional Contra aquel pronunciamiento, el fisco nacional interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 14/12/2023 –confr. fs. 160/169vta.–, los que fueron contestados por la parte actora el 29/2/2024 – confr. fs. 175/177vta.–.
En primer lugar, aduce que el Tribunal Fiscal de la Nación consideró inválido el auto de apertura de sumario por no haber integrado, con anterioridad a su dictado, el sobre de la DIT involucrado. Ello así, entiende que se efectúo una errónea interpretación respecto del artículo 1094 del Código Aduanero, en tanto se pretende que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma, con anterioridad a su dictado.
En este sentido, sostiene que el artículo 1094 del Código Aduanero se refiere claramente a actos futuros que se pueden ordenar en el acto de apertura de sumario, pero que de ninguna manera lo deben integrar o estar agregados previamente.
Por otro lado, expresa que la resolución aduanera cuestionada por la parte actora no constituyó una presunción de culpabilidad que deba juzgarse en el marco del procedimiento para las infracciones, sino que dicho procedimiento fue “archivado”. Así, expresa que desde un primer momento la DGA planteó en autos la separación e independencia de la esfera de la responsabilidad infraccional (por la que correspondería la aplicación de sanciones) por un lado; y de la esfera de responsabilidad tributaria, por la que se origina la formulación del cargo.
Seguidamente, se refiere a la interpretación de la Instrucción General Nº 9/17. Sobre la cuestión, manifiesta que una correcta exégesis de lo que implica el archivo dispuesto de la investigación infraccional entendería sin dudas que ella implica, al menos, el desligue absoluto de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 6.456/2024; “FATE SAICI (TF 39158-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional (archivada).
Así las cosas, indica que no podría nunca existir vulneración real a un derecho de defensa, puesto que el derecho en cuestión ha perdido virtualidad en la medida en que el procedimiento infraccional en que habría sido coartado se archivó. Aduce que la falta de reexportación de la mercadería se encuentra acreditada en autos, y ante tal circunstancia, ha acaecido el hecho imponible correspondiendo el pago de los tributos. En esta línea, expresa que la causa de la obligación tributaria reclamada es el acaecimiento del hecho imponible y no la comisión de la infracción.
De este modo, sostiene que el Servicio Aduanero no omitió correr vista de lo actuado, sino que decidió dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso, y procedió a formular cargo por el tributo debido por haberse vencido el plazo para reexportar la mercadería. Considera que aquel hecho se encuentra probado y que la actora no lo ha llegado a desvirtuar en sede judicial.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Carraro Argentina SA c/ EN-AFIP-DGA-SIGEA 12210- 4661- 2012 RESOL 9384/18 s/ Direccion General de Aduanas”, Causa Nº 23.858/2023, del 25/4/2024, entre otros).
V. Circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se tienen a la vista. De este modo, de las constancias obrantes en las Actuación Nº 12197-339-2013 surge lo siguiente:
(i) El 23/1/2013 se labró el Acta de Denuncia por infracción prima facie tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero para la destinación 06001IT15000092A, cuyo vencimiento operó el 25/5/2008 (confr. fs. 4).
(ii) El 4/10/2013 la Aduana formuló la liquidación de tributos relacionados con la supuesta infracción (confr. fs. 9). (iii) El 3/12/2013 el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dio inicio a la instrucción del sumario en los términos del artículo 1090 inciso c) del Código Aduanero (confr. fs. 10). (iv) Posteriormente, sin que se hubiese notificado a la actora de ninguno de los actos cumplidos con anterioridad, mediante Resolución DE PRLA Nº 003475, del 23/5/2018, se resolvió archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General Nº 9/17, la cual determinó el archivo de las mismas cuando el importe de la multa no supere los $30.000, y se formuló cargo a FATE SAICI en concepto de tributos adeudados por la suma de dólares estadounidenses U$S 14.045,10 y de pesos argentinos de $18.697,17 en concepto de percepción de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias (confr. fs. 16).
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(v) La Resolución DE PRLA Nº 003475 fue notificada a la firma FATE SAICI el 28/5/2023 (confr. fs. 17).
VI. Desestimación de los agravios del fisco nacional:
aplicación de precedentes sustancialmente análogos al caso Sentado lo expuesto, cabe señalar que la cuestión sometida a análisis resulta sustancialmente análoga a lo resuelto por esta Sala en el precedente “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 61642926-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 21.905/2021, del 11/8/2022, y a lo decidido por la Sala IV del fuero, en el caso “Medix Medical Devices SRL (TF 15015541-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 47.883/22, del 1/11/2022.
En aquellos precedentes, se resolvieron supuestos similares y se declaró la prescripción de la acción del fisco nacional para reclamar los tributos adeudados (en supuestos en el que se había procedido al archivo de la denuncia infraccional debido a la escasa significación de la sanción aplicable) en tanto no se había corrido vista de las actuaciones administrativas, por lo que las firmas actoras habían tomado conocimiento de lo actuado al notificarles las resoluciones de la DGA que formulaban el cargo de los tributos.
En efecto, en la causa “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” esta Sala puntualizó que los tributos cuyo pago se intimó son exigibles solamente en la hipótesis de que, efectivamente, la importadora hubiera incumplido con la obligación de reexportar los bienes ingresados al país bajo el régimen de destinación suspensiva prevista por el artículo 970 del Código Aduanero, extremo fáctico que determinaría el elemento material de la infracción endilgada. Sin embargo, a raíz de no haber sido oportunamente citados a tomar la intervención que les correspondía en el sumario instruido, ni la aseguradora ni el importador pudieron expresarse ni ofrecer prueba alguna (considerando V).
Así las cosas, en el precedente mencionado se resaltó que no se había cumplido con el requisito de correr vista del acto de apertura del sumario, de acuerdo a lo normado en el artículo 1101 del Código Aduanero, el cual establece que cumplidas las medidas dispuestas por el artículo 1094 del Código Aduanero, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de diez días a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Por lo tanto, al igual que en el fallo “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” citado, en el presente caso se prescindió de correr la vista contemplada en el procedimiento regido por el Código Aduanero. De esta manera no fueron analizados los hechos ocurridos y, en consecuencia, no se pudo determinar si se había cometido la infracción endilgada y, por lo tanto, si se debían los cargos tributarios que correspondían a la mercadería en infracción y si la acción para exigir el pago de dichas gabelas se encontraba prescripta.
En la misma línea, la Sala IV, en el precedente “Medix Medical Devices SRL”, citado, al constatar que no se había corrido vista de las actuaciones y la empresa imputada recién había tomado conocimiento de lo actuado cuando le fue notificada la resolución que formuló cargo por los tributos, concluyó que la apertura del sumario “constituyó un acto de mero trámite, al que no cabe reconocer efectos suspensivos ni interruptivos de la prescripción de las acciones del Fisco en los términos de lo dispuesto por los artículos 805, inciso a, y 937, inciso a, del Código Aduanero. Ello, por haber sido dictado en violación a la ley y en detrimento del derecho de defensa en juicio de la recurrente (arg. art. 1094, del CA)” (considerando 4).
En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada.
VII. Costas En lo que respecta a la distribución de costas, en atención al resultado del recurso y a la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
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Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas– y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la parte demandada vencida (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia