Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-43433376-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución DE PRLA N° 2417/2022, dictada en la actuación SIGEA N° 12196-3655-2013, en cuanto confirmó el Cargo N° 815/2015 respecto de los rubros Derechos Antidumping e Impuesto al Valor Agregado, los que se dejan sin efecto. Con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-94649120-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 28 de Septiembre de 2026 S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”.
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación, y con la presidencia a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos: “FAURECIA ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, EX-2022-43433376- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. En el caso, se trata de resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2417/2022, dictada el 29/03/2022 y notificada el 13/04/2022, en el marco de la actuación administrativa N° 12196-3655-2013, que RECHAZÓ la impugnación impetrada por la firma importadora FAURECIA ARGENTINA S.A., y por ende se CONFIRMÓ el cargo N° 815/2015, respecto de los rubros tributarios “DERECHOS ANTIDUMPING” e “I.V.A.” por sus importes nominales con más los intereses del art. 794 del C.A. desde el 02/06/2011 hasta la fecha de su total y efectivo pago, debiendo aplicar para su liquidación las pautas establecidas en la Resolución General AFIP N° 3271/12 (arts. 1053 inc. a) y c.c. del C.A.) y que asimismo, DEJÓ SIN EFECTO el rubro PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS correspondiente al Cargo N° 815/2015.
II. Las Resolución recurrida dispuso, como se indicara en el párrafo precedente, rechazar el procedimiento de impugnación impetrado por FAURECIA ARGENTINA S.A. confirmando el cargo en concepto de Derechos Antidumping e I.V.A. vinculados a la destinación de importación a consumo Nro. 11 001 IC04 105215 D, ítems 1 y 2, por la cual la actora importó a consumo productos laminados originarios de la Unión Europea, en particular de Alemania y Países Bajos.
III. Contra el pronunciamiento administrativo, a saber, Resolución DE PRLA N° 2417/2022, la firma importadora interpone entonces el recurso de apelación en análisis.
Manifiesta que, mediante el despacho de importación N° 11 001 IC04 105215 D oficializado con fecha 02/06/2011, FAURECIA ARGENTINA S.A. documentó la importación a consumo de productos laminados, como más arriba se indica, según afirma, originarios de Alemania y Países Bajos.
Sostiene que la mercadería ingresó bajo posiciones arancelarias que se encontraban sujetas al régimen de control no preferencial de conformidad con el inc. b) del art. 2) de la Resolución N° MEOSP 763/96, en cuanto mediante las Resoluciones ME N° 159/2001 y complementaria MEP N° 117/2006 y MP N° 81/2002 y compl. MEP N° 525/2008 se fijaron para la exportación a la República Argentina de productos laminados planos de hierro o acero sin alear, derechos antidumping “ad valorem” para las mercaderías originarias de República Federativa de Brasil y Federación de Rusia y productos originarios de República de Eslovaquia, Rumania Sudáfrica y Kazajtán, respectivamente.
Arguye que, dado que al momento de registrar las operaciones de importación ante la Aduana local no contaba con los certificados de origen debidamente legalizados que acreditaran el origen de las mercaderías importadas, pese q que el origen no era uno de los sancionados por las medidas antidumping, procedió a garantizar los mismos en los términos de la Resolución General AFIP N° 2793/2010.
Agrega que se establecieron garantías, en los términos del art. 453 inc. f) del C.A., cubriendo los importes máximos correspondientes a los derechos antidumping establecidos en las resoluciones señaladas, el proporcional de Impuestos al Valor Agregado y las Percepciones de Impuestos a las Ganancias.
Describe que una vez que el proveedor del exterior envió el certificado de origen que amparaba las mercaderías importadas, el original del mismo fue presentado ante el servicio aduanero, tal como surge de la Multinota incorporada por el Despachante de Aduana de fecha 15/09/2011, la que luce agregada en el sumario aduanero y en la cual se solicitó la liberación de las garantías constituidas, en oportunidad del despacho y mediante la que se solicitó la liberación de las garantías. Adiciona que el certificado de origen fue presentado para su digitalización y guarda mediante SIGEA N° 12195-4481-2012/0.
Manifiesta que pese a que adunó el certificado de origen de referencia que amparaba la mercadería documentada, la Sección Liquidaciones formuló cargo con fundamento en que “la copia del certificado A089290 que luce a fs. 12 del sumario aduanero no resultaba de aplicación en virtud a que no cumplía con los requisitos establecidos en el art. 4° y 6° inc. g) de la Res. 763/96 MEOSP, por lo que no correspondía la liberación de la garantía y agrega que el servicio aduanero pretendía que la mercadería importada, de origen Alemania y Países Bajos, recibiera un tratamiento idéntico al aplicable a los países más arriba mencionados, investigados y luego sancionados por las medidas antidumping.
Relata que, con fecha 30/11/2015, impugnó el cargo de marras y luego de transcurridos cuatro (4) años, la División Evaluación y Desarrollo Informático emitió el informe técnico de su competencia informando que el certificado de origen no resultaba de aplicación por considerar que el país de origen debía coincidir con el de procedencia, excepto para la situación prevista en el punto 1.2 de la Instrucción General (SDG LTA) N° 53/2002 y modificatoria.
Se agravia la actora respecto a la resolución aduanera, en primer término, ya que sostiene que la pretensión de la Aduana está sustentada en una ficción, la de insistir el servicio aduanero en que las mercaderías en juego eran originarias de países sobre los cuales regía una medida antidumping, implicando esto un grave desconocimiento directo e ilegítimo del Régimen de Origen No Preferencial y del Certificado que acreditaba su cumplimiento en violación al principio de legalidad en materia tributaria y al de jerarquía normativa, que surge de nuestra Constitución Nacional.
Argumenta que el certificado de origen que la Aduana consideró inaplicable contiene una declaración del exportador respecto del origen de la mercadería, por lo que sostiene deben darse por cumplidos los requisitos exigidos en el primer párrafo de la norma citada.
Explica que tratándose de un certificado de origen emitido por la Unión Europea, que constituye un único territorio aduanero, corresponde tener por acreditado el requisito previsto en el art. 4° de la Res. 763/96 con la declaración del exportador europeo certificada por el único organismo habilitado a dichos efectos por dicho bloque comercial a saber, la Cámara con competencia territorial en el domicilio del expedidor. Señala que debe interpretarse el término “país de origen” dispuesto en la Res. 796/96 como una referencia al “territorio aduanero de origen” ya que una interpretación contraria implicaría supeditar la no aplicación de derechos antidumping al cumplimiento de requisitos formales de imposible cumplimiento establecidos por la normativa interna nacional.
Subraya que de los antecedentes del caso surge evidente que se acreditó que, dado el origen Alemania y Países Bajos de la mercadería, origen real que no fue cuestionado, no resulta procedente aplicar a su respecto una medida antidumping oportunamente dictada para otros orígenes, por lo cual resulta claro que la resolución aduanera es manifiestamente contraria a derecho e inconstitucional.
Acusa que la Aduana privilegia los requisitos de forma de los certificados de origen y otras formalidades establecidas mediante normativa interna, por sobre la verdad sustancial respecto al origen de la mercadería. Alude a lo establecido en el art. 2° de la Res. 381/96 que estipula expresamente que: “Para los casos previstos en el inciso c) del Artículo 2º de la norma citada precedentemente, los certificados de origen emitidos en países de la UNIÓN EUROPEA serán aceptados aun cuando en la declaración efectuada por el productor, fabricante o exportador se afirme que las mercaderías fueron producidas en dicha unión aduanera, sin especificar en qué país de la misma”.
Insiste en que en el certificado de origen presentado en autos, se puede verificar que se cumple con la certificación del exportador exigida por el art. 4° de la Resolución 763/96 y que aún en el supuesto en que la Aduana considere que este documento es inaplicable a la destinación en trato, este hecho no convierte a la mercadería originaria de Alemania y de los Países Bajos automáticamente en mercadería de los orígenes alcanzados por las medida antidumping.
Alega que de lo contrario, el servicio aduanero estaría desconociendo directa e ilegítimamente el régimen de origen vigente, como asimismo el Certificado de Origen Nro. A089290 presentado que acredita su cumplimiento y reúne todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la los inc. a) y g) el art. 6 de la Res.763/1996. Que dicho instrumento resultó plenamente aplicable a la operación involucrada por cuanto en el mismo se consignó el nombre del productor IHC Industrie Handels Center Siebengebirge AG, con detalle de la dirección, que coincide con el productor indicado en la factura comercial Nro. 2006288 declarada y fue expedido por una entidad certificante habilitada por la República Federal de Alemania, Cámara de Industria y Comercio de Bonn/Rhein-Sieg, conforme la metodología y con las formas instituidas a tal fin corroborada por el Consulado General de Bonn.
Señala, asimismo que, en virtud del extenso tiempo transcurrido desde la emisión del Certificado de Origen y las facturas comerciales declaradas en el mismo, esto dificulta la producción de prueba tendiente a ratificar la autenticidad de estos documentos por parte del ente certificante como el fabricante de la mercadería, en el sentido que no tenemos certeza que cuenten en la actualidad con los registros que permitan responder a las consultas que le serían formuladas.
Destaca que la autenticidad del Certificado de Origen A 089290 donde surge el origen Países Bajos (Holanda) y Alemania de las mercaderías y las facturas comerciales declaradas no fue controvertido en autos, por el contrario, la documentación complementaria de la destinación de importación en modo alguno vincula la mercadería como procedente de algún país respecto del cual corresponda aplicar derechos antidumping.
Alude que la autenticidad del Certificado de Origen como la calidad del ente certificante fueron ratificadas por parte de la representación consular argentina en la ciudad de Bonn, República Federativa de Alemania, al momento de autenticar la documentación, lo cual puede apreciarse en las actuaciones administrativas, información requerida por la aduana al ente certificante agregada al sumario aduanero, según constancia de la foja de autenticación de la representación consultar de Bonn.
Así las cosas, remarca que esto implica un reconocimiento de que la firma legalizada se corresponde con la obrante en los registros de la representación argentina como funcionario de la Cámara de Industria y Comercio de Bonn/Rhein-Sieg, siendo el solicitante IHC Industrie Handels Center Siebengebirge AG productor de la mercadería.
A mayor abundamiento, manifiesta que el primer párrafo del art. 6 de la Res. 763/93 dispone que “No se exigirá formulario o formato especial predeterminado para los certificados de origen”. Colige de ello que rechazar la aplicación del certificado de origen por defectos formales implicaría un apartamiento de la jurisprudencia de la CSJN en los fallos “Autolatina Argentina S.A. (TF 8371-A) c/DGA (Fallos 325:113) y “Mercedez Benz Argentina SACIFIM (TF 8010-A) C/ANA (Fallos: 322:3193) y resultaría contrario al principio de buena fe que rige en las convenciones internacionales en las que la Argentina es parte.
Otro de los agravios que desarrolla se fundamenta en el hecho que la Aduana no puede ignorar un Tratado Internacional que compone el ordenamiento jurídico de la Nación con rango supralegal (arts. 31 y 75 inc. 22 y 24 de la Constitución Nacional) sobre la base de supuestos incumplimientos, meramente formales, detectados en un documento elaborado y certificado en el exterior.
Describe, que tanto la Argentina, como Alemania y Países Bajos son miembros de la OMC y partes del GATT, el cual se basa en el principio de no discriminación.
Como parte del GATT, la Argentina se halla asimismo vinculada por la norma dispuesta en el art. VI del GATT, y del Acuerdo para la Aplicación del Art. VI del GATT (o “Acuerdo Antidumping”) aprobado por Ley 24.425 y que forma parte del Acuerdo de Marrakech.
Sostiene que dicho acuerdo constituye un Tratado en los Términos de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ratificada por Ley 19.865 en función del cual se restringen las hipótesis de aplicación válida de los derechos antidumping en el marco del GATT. En concreto, el art. 1º del “Acuerdo Antidumping” dispone que “Sólo se aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el art. VI del GATT de 1994 y en virtud de las investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones del presente acuerdo…”
Se agravia entonces alegando que en un contexto de Estado de Derecho y en virtud de lo expuesto, no correspondía aplicar derechos definitivos antidumping sino luego de una investigación en la materia que involucre a las partes interesadas, entre las cuales están los productores/exportadores de la mercadería del origen investigada, por tanto en la operación aquí involucrada la mercadería objeto del Cargo reitera, era de “origen Alemania” y “origen Países Bajos”, respecto de los cuales ni al momento de la oficialización de las destinaciones de importación ni al tiempo de interponer el recurso, había fijados a su respecto, derechos antidumping vigentes ni tampoco investigación alguna de dumping en curso.
La Resolución Nº 763/96 no cumple con las directrices transcriptas por el citado tratado internacional y por ende es inválida por aplicación de la jerarquía que surge de nuestra Constitución Nacional.
Asimismo, ante la falta de presentación en forma del certificado de origen en los términos del inc. b) de la Res. Nº 763/96, o en caso de fundadas dudas sobre la validez o sobre la veracidad de los datos consignados en el certificado de origen, la aduana se encontraba habilitada para formular denuncia en los términos del art. 954 del CA a fin de iniciar una investigación tendiente a determinar si el origen de la mercadería corresponde a los orígenes investigados.
Alude que este procedimiento es el criterio del propio Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires. Efectivamente, dicha dependencia entiende que la División Impugnaciones resulta incompetente para sustanciar impugnaciones de cargos formulados en los términos del inc. b) del art. 2 de la Resolución Nº 763/96. Así las cosas, en el marco de las actuaciones SIGEA Nº 12196-3026-2011, 12196- 3651- 2013, 12196-3652-2013 y 12196-3654-2013 tramitaron impugnaciones análogas a la presente. Sin embargo, el Departamento de Procedimientos Legales aduanero decidió declarar abstractas las impugnaciones impetradas por mi mandante y dejar sin efecto los cargos. Ello con fundamento en “Que la situación planteada en autos encuadra en el citado artículo 17 de la Resolución Nº 763/96 (MEOSP) y por lo tanto corresponde dejar sin efecto los cargos y remitir las actuaciones a la DIVISION REGISTRO DE IMPORTACIÓN a los efectos de formular denuncia por infracción al art. 954 del Código Aduanero y posterior remisión a la DIVISION SECRETARÍA DE ACTUACIÓN Nº 3”.
Ahora bien, toda vez que no se cuestione el origen de la mercadería, el hecho que no proceda la aplicación del certificado de origen no convierte a la declaración en inexacta.
La destinación de importación involucrada en autos cursó canal Rojo de Selectividad. El hecho que no haya recaído denuncia al momento de la verificación física de la mercadería evidencia la veracidad del origen declarado, en virtud de lo cual queda descartada sin más la posibilidad de ocurrencia de una declaración inexacta. Finalmente argumenta sobre la improcedencia del cómputo de intereses anteriores a la fecha de la notificación del cargo imputado, insistiendo en que corresponde su cálculo partir de los 10 días de notificado el mismo, a saber, en el supuesto de autos, 27/11/2015, fundando su tesitura en las previsiones del art. 794 del CA. Suma doctrina y jurisprudencia, a fin de dar sustento a sus dichos. Y en subsidio plantea y solicita que la liquidación de los intereses que se devenguen lo sea en pesos de acuerdo a la Resolución General 3271/2012. Ofrece Prueba. Plantea la Cuestión Federal y solicita que, oportunamente, se revoque las Resoluciones apeladas, con costas a la AFIP-DGA.
IV. De su lado, en su responde, la representación fiscal se presenta, a través del IF-2022-94991863-APN- DTD#JGM, contesta recurso, acompaña actuaciones administrativas y solicita se rechace totalmente la apelación deducida con costas por su orden, en virtud a la excepción que en el Pto. IV interpone. Niega todas las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su especial reconocimiento. En primer término, hace una breve reseña histórica de la normativa aplicable al caso de autos y en subsidio contesta el traslado conferido.
A continuación, expresa que el accionar del Servicio Aduanero fue correcto a la luz del Acuerdo, como así también la procedencia del cargo tributario impuesto.
Agrega que es la actora quien incurre en una confusión al considerar que el Servicio Aduanero solo podría pretender el pago de derechos antidumping en el supuesto de “real” declaración inexacta.
Basa este argumento en que el importador de este tipo de mercaderías se encuentra sujeto a la OBLIGACIÓN de presentar como documentación complementaria de la operación de importación un certificado de origen el cual tiene como objetivo determinar la aplicación o no de derechos antidumping.
Relata que, ante la imposibilidad de su presentación, el art. 219 del CA, prevé que con el fin de no entorpecer el tráfico comercial y no hacer incurrir en multa al interesado, otorga la posibilidad de otorgar el libramiento de la mercadería siempre que, previamente se garantice la eventual multa automática y, en virtud de las características de la documentación complementaria pendiente de presentación, el valor en aduana o los posibles tributos a ser percibidos por el Servicio Aduanero, debiendo acompañar dicha documentación dentro de los 10 días. Explica que la Resolución General (AFIP) Nº 2793/2010 establece la documentación complementaria que debe presentarse a los efectos del registro de las destinaciones de importación. Asimismo, determina aquella documentación que podrá garantizarse su presentación DE FORMA TRANSITORIA.
Indica que, al momento de oficializar la destinación involucrada en autos, la firma, conforme surge del apartado ‘Documentos a presentar – CERTIFIC.ORIGEN=SE GARANTIZA’, procedió a garantizar la presentación del certificado de origen a los efectos de obtener el libramiento de la mercadería.
Y agrega que atento a que la posición arancelaria de la mercadería involucrada en la destinación se encuentra dentro de aquellas sujetas al control de origen no preferencial en virtud de las disposiciones establecidas por la Resolución 412/06 (posición arancelaria SIM 7208.54.00), la Compañía garantizó la diferencia de tributos más el 1% del valor en aduana de la mercadería en concepto de multa. (conf. inc. a), apartado 1.4., Título II “Garantías”, del Anexo II de la Resolución 2793).
Continúa y expresa que, transcurrido los 10 días mencionados anteriormente, la importadora no presentó el Certificado de Origen por lo que el Servicio Aduanero procedió a ejecutar la garantía en concepto de “Multa Automática” y a formular el cargo correspondiente a los tributos adeudados. Dicho cargo fue impugnado mediante Expediente SIGEA 12196-3655-2013 por la aquí actora, agregándose a fs. 64/65 el Certificado de Origen Nº 089290 presentado para la destinación Nº 110011IC04105215D.-
Agrega que, como se desprende de dichas actuaciones, a fs. 109/110, mediante Nota 789/2019 (DV EDIM) se emite un informe técnico en la órbita de su competencia informando que: “Esta instancia entiende que el certificado de origen aportado no resultaría de aplicación por no cumplir con los términos de la entonces vigente Resolución Nº 381/96 MeyOySP, modificatoria de la Resolución 763/96, respecto de que los certificados de origen emitidos en países de la Unión Europea, solo serían admisibles para los casos previstos en el inciso c) del artículo 2° de la Resolución MeyOySP Nº 763/96”.
Refiere a que se mencionó en un párrafo de la resolución que se cuestiona que:”[…] Conforme a la normativa vigente al momento de la configuración del hecho imponible, atento que la destinación en análisis involucraba mercadería alcanzada por medidas antidumping, por lo que se encontraba enmarcada en el inciso b) del artículo 2° de la Resolución antes citada, el país de origen debía ser coincidente con el de procedencia, excepto la situación prevista en el punto 1,2 de la Instrucción General (SDG LTA) N.º 53/2002 y modificatoria; situación que no se desprende de los documentos adjuntos (certificado de origen, documento de transporte) y de la declaración comprometida”. Siendo esta conclusión coherente con todo lo actuado a lo largo del expediente administrativo, siendo acorde con los antecedentes que de este surgen.
Considera, a partir de estas apreciaciones no entender el agravio de la Compañía cuando esta manifiesta que “En efecto, en la operación aquí involucrada la mercadería objeto del Cargo es de “origen Alemania” y “origen Países Bajos”, respecto de los cuales ni al momento de la oficialización de las destinaciones de importación ni en la actualidad hay fijados derechos antidumping vigentes ni tampoco investigación alguna de dumping en curso”.
Remarca que la DGA jamás insinuó cosa semejante, sino que atento a que la posición arancelaria de la mercadería involucrada en la destinación se encontraba dentro de aquellas sujetas al control de origen no preferencial en virtud de las disposiciones establecidas por la Resolución 412/06 (posición arancelaria SIM 7208.54.00) es que a quien le correspondía acreditar su origen era a la actora con el Certificado correspondiente, que cumpliera por supuesto con las formalidades y que se condiga con la operación, lo que asegura la demandada no ocurrió.
Cabe resaltar que los certificados de origen deben emitirse en cumplimiento de determinados requisitos, siendo estos requisitos fundamentales y no meramente accesorios, que le confieren validez y aplicabilidad, siendo imprescindible su cumplimiento a los fines de acreditar el origen de la mercadería amparada por aquellos. Un certificado que, pese a su invalidez, resulta igualmente eficaz, carece de todo sentido. Con esta postura interpretativa, el certificado y el régimen que lo crea pierden su razón de ser.
Lo que se trata en el presente caso es de acreditar el origen de la mercadería para demostrar que la misma no se encuentra sujeta a la aplicación de derechos antidumping, acreditación que se encuentra en cabeza de la actora que es quien persigue exceptuarse del pago de dichos derechos, siendo incluso que garantizó los mismos oportunamente.
En efecto, mediante el escrito en conteste, la recurrente pretende que se le tenga por acreditado el origen de la mercadería y no se le apliquen los derechos antidumping, para lo cual resulta requisito ineludible la validez del certificado de origen, pero sin cumplir con dicha exigencia "sine qua non". Cita jurisprudencia. A mayor abundamiento, reitera que, conforme la jurisprudencia pacífica sobre el particular, tampoco corresponde tener por acreditado el origen de la mercadería en trato por otro medio que no sea la presentación del certificado de origen.
Por último, en lo que respecta a la liquidación tributaria la actora la impugna considerando que correspondería aplicarse el tipo de cambio vigente al momento de la importación, cuestión ya zanjada jurisprudencialmente en contra del criterio de la actora.
A este respecto recuerda la doctrina sentada por el fallo el fallo Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA” (S.C. V. 312, L.XLV), específicamente el considerando IV del Dictamen de la Procuración General de la Nación, conjuntamente con las disposiciones del CA en materia de intereses en los procedimientos de impugnación.
Observa que a tenor de lo dispuesto por el art. 7° de la Ley 23.928, ésta sólo estaba dirigida hacia las obligaciones de dar sumas determinadas en moneda nacional y no a las obligaciones determinadas en dólares, que justa y específicamente regula el art. 20 de la Ley 23.905 aplicable a este caso. Agrega que el art. 10° de la Ley 23.928 también refiere a sumas que corresponda pagar en pesos.
Considera que tampoco es dable la aplicación del art. 639 del C.A. y la referencia que se hace al art. 728 del C.A., por el simple y concreto hecho de que la Ley 23.905 los ha derogado atento a ser posterior su dictado al C.A.- Éste ha sido el criterio pacífico de la jurisprudencia. Refiere jurisprudencia (Expte. Nº 103/13. Procesadora de Boratos Argentinos S.A. –TF 28419-A c/DGA s/Aduana Tribunal Fiscal).
Insiste en que los derechos se expresan en Dólares Estadounidenses a los fines de su “determinación”, conforme el uso habitual en comercio internacional, y surge claramente de la liquidación obrante en las actuaciones administrativas que los tributos en trato han sido determinados en esa moneda, en cumplimiento con lo prescripto en el art. 20 de la ley mencionada anteriormente.
Indica que este criterio fue receptado jurisprudencialmente y que la razón de la ley 23.905 radica, principalmente, en que las operaciones de comercio exterior (importación o exportación) se realizan sobre la base de la moneda norteamericana y es de uso internacional manifestar los precios FOB en dólares estadounidense, como así también son facturados en dicha moneda el seguro y el flete, que forman parte del valor en aduana y conforman la base imponible de los derechos y demás tributos aplicables.
Esto encuentra sustento en cuestiones de la operatoria comercial que se encuentra involucrada: la compraventa internacional de mercaderías. En este caso, las importaciones son efectuadas sobre la base de un valor FOB expresado en dólares estadounidenses.
El art. 20 de la Ley 23.905 estableció, en cuanto al momento imponible, que el tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda de curso lugar será el vigente al día anterior a la fecha de pago de tributos. Ésta norma regula el modo en el cual el deudor de una obligación tributaria puede hacer efectiva la misma al Fisco Nacional. Es por ello que lo alegado por la actora respecto de la liquidación efectuada en dólares estadounidenses es considerado un sistema de repotenciación, no puede prosperar de ninguna manera, tanto porque surge de la propia letra de la ley lo que esta Representación Fiscal sostiene, como así también es pacífica la jurisprudencia al respecto.
Acerca de la Tasa de Interés aplicable concluye que, en la causa citada el Alto Tribunal concluyó que los importes de las “determinaciones tributarias aduaneras suplementarias” deben ser calculados en dólares estadounidenses hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre ellos, deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del C.A. Resulta evidente que si la deuda en concepto de tributos no fuera calculada tomando el tipo de cambio del día anterior a la fecha del efectivo pago, tal como lo establece el artículo 20 de la ley 23.905, por cuanto ella quedaría licuada por el mero transcurso del tiempo ya que la firma actora quedaría obligada a pagar la misma cantidad al tipo de cambio del día en que se configuró la infracción, que ya ha dejado de ser representativa del respectivo porcentaje del valor en dólares de la mercadería importada. En tal sentido y, además, a los importadores les bastaría con impugnar los cargos y apelarlos, para dilatar lo máximo posible el momento del efectivo pago y, por ese medio, pagar una cantidad de dólares menor que la inicialmente adeudada. Dicho esto, cabe destacar que la Resolución General AFIP 3271/2012, que erróneamente interpreta la contraria, en su artículo 1 dispone: “Establécense para las obligaciones tributarias aduaneras "originarias o suplementarias" expresadas en dólares estadounidenses que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y su modificación, se ingresen en moneda de curso legal, lo siguiente: a) Para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informa el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago. b) Cuando correspondan intereses, los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado "en pesos" hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido por el artículo 794 y concordantes del Código Aduanero (…)”.
Ello así, la Resolución citada siempre refiere a la conversión del capital adeudado a pesos al momento del efectivo pago, y en ningún momento menciona una conversión distinta (al tipo de cambio histórico) como propone la actora.
Por ello, siguiendo la lógica de la reglamentación reseñada, al momento de abonar la obligación tributaria, en primer lugar, el capital de la misma debe convertirse a pesos al tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago y, en segundo lugar, si correspondiere el cálculo de accesorios, el mismo debe realizarse sobre el capital adeudado en pesos, hasta la fecha de su pago. Reserva caso federal. Ofrece prueba y solicita se rechace la apelación incoada confirmándose el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
V. Que mediante providencia PV-2023-114054981-APN-VOCXV#TFN de fecha 26/09/2023, se dispuso la apertura a prueba en las presentes actuaciones, cuya producción fue certificada mediante providencia PV-2026- 73229327-APN-VOCXV#TFN de la que surge quel as actuaciones administrativas Nº 12196-3655-2013 se tuvieron por acompañadas mediante providencia PV-2026-64362849-APN-VOCXV#TFN, digitalizadas en forma legible mediante documento IF- 2026-37864881-APN-DTD#JGM. A continuación mediante providencia PV-2026-74522010-APN- VOCXV#TFN, se declaró clausurado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala "E", la que, mediante providencia IF-2026-79499846-APN-VOCXV#TFN dispuso los autos para alegar, derecho del que únicamente hizo uso la actora conforma constancia PV-2026-85963062-APN-SGASAD#TFN. Mediante providencia IF- 2026-87165017-APN-VOCXV#TFN, del 8/09/2026, la Sala E dictó autos a sentencia, providenia ampliada mediante PV-2026-90340101-APN-VOCXV#TFN del 16/09/2026.
VI. Con fecha 03/08/2026, por providencia PV-2026-74522010-APN-VOCXV#TFN se declarar clausurado el período de prueba y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”. El día 18/08/2026, mediante providencia IF-2026-79499846-APN-VOCXV#TFN se dispone poner las presentes actuaciones a disposición de las partes, para alegar. Y, mediante IF-2026-87165017-APN-VOCXV#TFN, el día 08/09/2026, se llaman autos a sentencia. Por PV-2026-90340101-APN-VOCXV#TFN de fecha 16/9/2026, se amplía la providencia precedente, teniendo por presentadas a las nuevas letradas apoderadas del Fisco y por constituido el nuevo domicilio electrónico de la demandada.
VII. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12196-3655-2013 se inician a fs. 1 con la Nota suscripta por el Sr. Daniel O. Russo, Despachante de Aduanas representante de la firma importadora peticionando la liberación de la garantía dumping que amparaba la destinación de importación a consumo 11 001 IC04 105215 D. A fs. 12/14, consta copia del Certificado de Origen Nro. A089290. A fs. 16, Nota Sección de Registro informando que el certificado de origen acompañado no cumple con las exigencias previstas en el art. 4° y 6° inc. g) de la Res N° 763/96, como para autorizar la liberación de las garantías solicitadas. A fs. 20, luce la liquidación del cargo 815 y a fs. 21, la cédula de notificación a la actora del mismo de fecha 13/11/2015. De fs. 22 a 35, obra la impugnación de dicho cargo por parte de FAURECIA ARGENTINA S.A. A fs. 42, Multinota adjuntando a fs. 43/45 y 83/87, el certificado de origen original, certificado por la Cámara de Comercio de la Unión Europea. A fs. 104, se ratifica lo resuelto a fs. 16 de las actuaciones administrativas – Y finalmente a fs. 11/112 vta., con fecha 29/03/2022, se dicta la Resolución 2417/2022, que se cuestiona en estas actuaciones, y que fuera notificada a la recurrente con fecha 13/04/2022, según consta en la cédula de notificación glosada en el sumario aduanero a fs. 113.
VIII. Que, en las condiciones señaladas, corresponde examinar si la Resolución DE PRLA N° 2417/2022 se ajusta a derecho, en cuanto confirmó el Cargo N° 815/2015 formulado respecto de la destinación de importación para consumo N° 11 001 IC04 105215 D.
La recurrente documentó mediante la referida destinación, oficializada el 2 de junio de 2011, la importación para consumo de productos laminados comprendidos en posiciones arancelarias sujetas al régimen de control de origen no preferencial previsto en el art. 2°, inc. b), de la Resolución MEyOSP N° 763/1996, por encontrarse alcanzadas determinadas mercaderías de esa especie por medidas antidumping aplicables según su origen.
Al momento de la oficialización, la importadora no contaba con el correspondiente certificado de origen no preferencial. En virtud de ello, documentó la operación bajo el régimen de garantía previsto en la Resolución General AFIP N° 2793/2010, que contempla expresamente como documentación garantizable el certificado de origen no preferencial exigido en el marco de los incisos b) y c) del art. 2° de la Resolución MEyOSP N° 763/1996.
Posteriormente, la firma presentó el Certificado de Origen N° A089290 y solicitó la liberación de la garantía constituida. El servicio aduanero rechazó esa petición por considerar que el documento no satisfacía las exigencias establecidas en los arts. 4° y 6°, inc. g), de la Resolución MEyOSP N° 763/1996, criterio que dio lugar a la formulación del Cargo N° 815/2015 y, finalmente, a la resolución apelada.
En este punto corresponde distinguir dos cuestiones que, aunque relacionadas, no resultan equivalentes. La primera se refiere a la aptitud formal del certificado presentado para producir los efectos específicos previstos en el régimen de control de origen no preferencial. La segunda concierne al origen material de la mercadería importada y, consiguientemente, a la configuración del presupuesto necesario para aplicar los derechos antidumping reclamados.
En cuanto al primer aspecto, las áreas aduaneras intervinientes observaron que el Certificado de Origen N° A089290 no se ajustaba íntegramente a las formalidades previstas en la Resolución MEyOSP N° 763/1996. En particular, señalaron deficiencias vinculadas con la individualización del país de procedencia y con los requisitos exigidos por el art. 6° de aquella norma.
Asimismo, la recurrente invocó las previsiones de la Resolución MEyOSP N° 381/1996, en cuanto admite, para determinados supuestos, que los certificados emitidos en países integrantes de la Unión Europea indiquen como origen esa unión aduanera. Sin embargo, dicha disposición se refiere expresamente a las mercaderías comprendidas en el art. 2°, inc. c), de la Resolución N° 763/1996, mientras que la operación examinada quedó sometida al control previsto en el inc. b) del mismo artículo, relativo a mercaderías alcanzadas por medidas antidumping.
En consecuencia, no corresponde sostener que el certificado presentado cumplía sin más con todas las formalidades reglamentarias exigibles. Ello no conduce, sin embargo, a tener por demostrado que la mercadería era originaria de alguno de los países alcanzados por las medidas antidumping que dieron sustento al cargo. La ineficacia formal de un certificado de origen impide reconocerle automáticamente los efectos probatorios específicos establecidos por el régimen. Pero esa circunstancia no permite atribuir a la mercadería, también automáticamente, un origen distinto del que resulta de las restantes constancias de la operación, ni aplicar derechos antidumping establecidos respecto de terceros países sin verificar que se encuentre configurado su presupuesto de hecho.
IX. Que, sentado lo anterior, corresponde valorar el conjunto de la documentación incorporada a las actuaciones. El Certificado de Origen N° A089290 individualiza como países de origen a la República Federal de Alemania y al Reino de los Países Bajos. El instrumento fue certificado por la Cámara de Industria y Comercio de Bonn/Rhein-Sieg y posteriormente legalizado por el Consulado General de la República Argentina en Bonn. Las facturas comerciales Nros. 2006288 y 2006289 identifican las mercaderías correspondientes a la operación y consignan su origen europeo. Tales documentos deben ser examinados conjuntamente con el certificado presentado, con la destinación de importación y con el documento de transporte, y no de manera aislada. Por su parte, del conocimiento de embarque N° ERK022929 surge que el expedidor se encontraba radicado en Koenigswinter, República Federal de Alemania, mientras que la ciudad de Amberes, Reino de Bélgica, fue consignada como puerto de embarque.
La circunstancia de que en la destinación se haya indicado a Bélgica como país de procedencia no resulta, por sí sola, suficiente para concluir que la mercadería era de origen belga ni, menos aún, que provenía de alguno de los países sujetos a las medidas antidumping aplicadas en el cargo. El país de origen, el país de procedencia y el puerto de embarque constituyen datos jurídicos y comerciales diferentes, que no deben ser asimilados. A ello se añade que, de las actuaciones administrativas, surge que la documentación presentada se correspondía con la mercadería documentada y verificada, aun cuando el certificado fuera observado en cuanto al cumplimiento de determinados recaudos formales.
En tales condiciones, las deficiencias señaladas por el servicio aduanero pueden afectar la aptitud formal del certificado dentro del procedimiento reglamentario, pero no resultan suficientes para tener por acreditado que la mercadería era originaria de Brasil, Rusia, Eslovaquia, Rumania, Sudáfrica, Kazajstán o de algún otro país alcanzado por las medidas antidumping consideradas en la liquidación.
Los derechos antidumping no constituyen una consecuencia general derivada de la falta o invalidez formal de cualquier certificado de origen. Su percepción exige que la mercadería importada se encuentre comprendida, tanto objetiva como subjetivamente, en el ámbito de aplicación de la medida: debe tratarse del producto alcanzado y, además, ser originario del país respecto del cual fue establecido el derecho.
En el caso, el servicio aduanero no determinó que las mercaderías fueran originarias de alguno de los países alcanzados por las medidas antidumping. Por el contrario, el conjunto de la documentación comercial, el certificado presentado y las constancias de la verificación permiten vincular la operación con mercadería originaria de Alemania y de los Países Bajos, orígenes que no se encontraban comprendidos en las medidas que sustentaron el Cargo N° 815/2015.
Por ello, aun cuando el Certificado de Origen N° A089290 no reuniera íntegramente las formalidades exigidas por la Resolución MEyOSP N° 763/1996, esa circunstancia no basta para tener por configurado el presupuesto material de los derechos antidumping reclamados.
Una conclusión distinta importaría convertir una deficiencia relativa al medio de acreditación del origen en una presunción de que la mercadería posee un origen sujeto a antidumping, consecuencia que no surge de la normativa aplicable.
En virtud de lo expuesto, corresponde concluir que el Cargo N° 815/2015 carece de sustento en cuanto exige el pago de derechos antidumping y del impuesto al valor agregado vinculado con aquellos, por lo que la resolución apelada debe ser revocada, con costas a la demandada vencida (art. 1163 del Código Aduanero).
X. Que, en atención a la conclusión alcanzada respecto de la inexistencia del presupuesto material del Cargo N° 815/2015, deviene inoficioso pronunciarse sobre los agravios subsidiarios de la recurrente vinculados con la moneda en que fue formulada la determinación, la fecha inicial del cómputo de los intereses y la prescripción de las diferencias que excederían el importe originalmente liquidado.
En efecto, dejada sin efecto la obligación principal, no subsiste capital susceptible de conversión, actualización o generación de intereses, ni diferencia tributaria cuya prescripción corresponda examinar.
Por ello, voto por:
Revocar la Resolución DE PRLA N° 2417/2022, dictada en la actuación SIGEA N° 12196-3655-2013, en cuanto confirmó el Cargo N° 815/2015 respecto de los rubros Derechos Antidumping e Impuesto al Valor Agregado, los que se dejan sin efecto. Con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial, al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución DE PRLA N° 2417/2022, dictada en la actuación SIGEA N° 12196-3655-2013, en cuanto confirmó el Cargo N° 815/2015 respecto de los rubros Derechos Antidumping e Impuesto al Valor Agregado, los que se dejan sin efecto. Con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación– cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero.
Date: 2026.09.28 19:56:45 ART Date: 2026.09.28 21:29:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.28 21:30:04 -03:00
Fin de la sentencia