Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-107600514-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal.
2Hacer lugar al planteo efectuado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución RESOL-2022-5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Sra. Jefa de División del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto formula Cargo por la suma de U$S 7.254,80, en concepto de tributos.
3Costas al Fisco Nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-46474194-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Mayo de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura para dictar sentencia en los autos caratulados: "FAURECIA ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de Apelación", Expte.
N° EX-2024-107600514- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el IF-2024-107600412-APN-DTD#JGM la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2022-5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 26/07/2022 por la Sra. Jefa de División del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA N° 12196-4241-2013, la cual fue notificada a la firma el 16/09/2024 mediante SICNEA 24001NOTI231235Y, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. en relación a la Destinación de Importación Nº 12 001 IC04 074697 A. En ese contexto, la resolución dispuso, en su ARTÍCULO 1°, ABSOLVER a la firma FAURECIA ARGENTINA S.A. y al despachante de aduana interviniente, respecto de la infracción imputada; y, en su ARTÍCULO 2°, FORMULAR CARGO por la suma de U$S 7.254,80, en concepto de tributos y percepciones por derechos antidumping. La determinación tributaria se fundó en la constatación de la falta de aplicación del Certificado de Origen exigido por la Resolución 763/96 (MEOSP) para la mercadería documentada en la referida destinación, lo que -según la autoridad aduanera- generó un perjuicio fiscal.
En dicho recurso la actora efectúa un breve relato de los hechos, funda sus agravios, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución aduanera apelada, con costas. En sustento de su pretensión, sostiene -en lo sustancial- la nulidad del procedimiento por graves vicios que habrían afectado su derecho de defensa, la prescripción de la acción del Fisco para exigir los tributos reclamados y la ilegitimidad del cargo formulado. Asimismo, argumenta que la mercadería importada es de origen España -no alcanzado por medidas antidumping-, que la Aduana no logró desvirtuar dicho origen ni acreditar uno distinto, y que el ajuste se fundó en meras cuestiones formales vinculadas al certificado de origen, sin relación con la realidad económica de la operación, lo que torna improcedente la exigencia tributaria efectuada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se declare la nulidad del procedimiento, se declare prescripto el reclamo tributario u, oportunamente, se revoque la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
II. A través del IF-2025-20131844-APN-DTD#JGM la representación fiscal se presenta y contesta el traslado oportunamente conferido. Luego de realizar una breve descripción de los hechos, opone excepción de incompetencia, con fundamento en que no se encontraría agotada la vía administrativa previa, en tanto -a su criterio- el acto apelado no reviste carácter definitivo en los términos del Código Aduanero ni ha sido dictado en el marco de un procedimiento de impugnación que habilite la instancia ante este Tribunal. Por ello, solicita que se haga lugar a la excepción de incompetencia planteada, con costas. Subsidiariamente y, para el hipotético caso de rechazarse la excepción, contesta el fondo de la cuestión, niega los hechos invocados por la actora y defiende la legitimidad del procedimiento seguido. Sostiene que la firma no acreditó en debida forma el origen de la mercadería, por cuanto el certificado acompañado no cumpliría con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente -en particular, la Resolución 763/96 (MEOSP)- y existirían inconsistencias entre el origen declarado y la procedencia de los bienes. En consecuencia, considera ajustada a derecho la aplicación de los derechos antidumping y demás tributos determinados. Asimismo, en lo atinente al planteo de nulidad, invoca el principio de instrumentalidad de las formas, señalando que no corresponde declarar la invalidez de los actos administrativos en ausencia de un perjuicio concreto y efectivo al derecho de defensa, extremo que -a su entender- no ha sido acreditado en autos. Finalmente, rechaza la prescripción alegada por la actora, afirmando que la apertura del sumario y la notificación de la liquidación produjeron efectos suspensivos e interruptivos del curso del plazo, conforme lo previsto en los arts. 805 y 806 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas de la causa, hace reserva del Caso Federal y peticiona que se confirme la resolución aduanera apelada, con expresa imposición de costas.
III. Mediante PV-2025-29416673-APN-VOCXIX#TFN se corre el pertinente traslado de la excepción opuesta por la representación fiscal a la actora, quien lo contesta mediante RE-2025-35173389-APN- DTD#JGM. En dicha contestación solicita su rechazo, sosteniendo -en prieta síntesis- que el acto recurrido constituye una resolución definitiva dictada en el marco de un procedimiento sumarial por infracción, lo cual resulta suficiente para habilitar la competencia de este Tribunal. Destaca, además, que la postura del Fisco resulta contradictoria con su propio accionar administrativo, en tanto el expediente ha transitado diversas instancias sin una clara definición de competencia, lo que -a su entender- evidencia irregularidades en la tramitación. Finalmente, reitera la reserva del Caso Federal, por considerar vulneradas garantías constitucionales.
IV. En tales condiciones, a través de la PV-2026-31200104-APN-TFN#MEC se dispone tratar el planteo de incompetencia articulado por la representación fiscal, conjuntamente con el fondo de la causa, declarar la causa de puro derecho y elevar los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. La actuación administrativa SIGEA N° 12196-4241-2013 (embebida en el IF-2025-20127490-APN- DTD#JGM) se inicia a fs. 3 con la remisión efectuada por la Sec. Registro y Cruce -División Registro de Importación- a la Sección Liquidaciones, a fin de que se formulen cargos respecto de la garantía N° 12 001 018007 C (cuya impresión de pantalla obra a fs. 2), en concepto de tributos y multa, ante la falta de presentación del certificado de origen correspondiente a la mercadería documentada en la destinación N° 12 001 IC04 074697 A, exigido en los términos del art. 2 inc. b) de la Resol. 763/96 (MEOSP). A fs. 4/5 obran las liquidaciones aduaneras de los Cargos N° 738 y 739/2014, por los montos nominales de U$S 101,72 y U$S 7.254,80, respectivamente, cuyas notificaciones, de fecha 03/04/2014, lucen agregadas a fs. 7/8.
A fs. 9/20 se presenta la firma "FAURECIA ARGENTINA S.A." e impugna el Cargo N° 739/2014. Posteriormente, a fs. 21, mediante Multinota, la firma se adhiere al pago voluntario del Cargo N° 738/2014, autorizando el débito de la cuenta en el SIM y acompañando impresión de pantalla de disponibilidad de fondos, lo que da lugar a la reliquidación obrante a fs. 23 y al comprobante de pago de la liquidación manual N° 14001LMAN181223T agregado a fs. 24. A fs. 27/35 se acompaña copia del Certificado de Origen que ampararía la mercadería objeto de la denuncia, junto con la constancia de su digitalización. A fs. 37, con fecha 14/10/2016, la División Impugnaciones remite las actuaciones a la Sección Operativa y Registral de Importación (DV CEXA), a fin de que agregue copia digitalizada de la destinación mencionada y su documentación complementaria, y posteriormente se dé intervención a la División Control y Fiscalización Simultánea - Depto.
Operacional Aduanero, para que informe si el certificado de origen aportado resulta de aplicable. A fs. 38 se agrega la carátula de la destinación involucrada, la cual se encuentra digitalizada a través del sistema Depositario Fiel, conforme surge de la Nota N° 5538/16 (SE OREI), obrante a fs. 39. A fs. 41vta., mediante la Nota S/N, de fecha 10/08/2017, se informa que el certificado de origen acompañado no resulta aplicable por no cumplir con lo dispuesto en el art. 7° de la Resol. 763/96. En consecuencia, a fs. 42, con fecha 06/09/2017, se dispone el pase de las actuaciones a la Sección Operativa y Registral de Importación – División Control EX-ANTE (DI ABSA), a los fines de formular denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 954 del C.A. y en el art. 17 de la Resolución N° 763/96.
A fs. 44 obra Acta de Denuncia formulada contra la firma "FAURECIA ARGENTINA S.A." por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 954 del C.A., por no resultar aplicable el certificado de origen exigido en el art. 2 inc. b) de la Resolución N° 763/96, respecto de la mercadería documentada en la destinación N° 12 001 IC04 074697 A. Finalmente, a fs. 45, con fecha 29/12/2017, se dispone la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 47/50, con fecha 26/07/2022, se dicta la Resolución RESOL-2022-5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, apelada en autos, la cual fue aprobada por la Resolución RESOL-2022-613-EAFIP-DILEGA#SDGTLA.
VI. Llegado este punto corresponde expedirse, en primer término, respecto de la excepción de incompetencia articulada por la representación fiscal. Al respecto, cabe señalar que, de las constancias de autos, surge con claridad que la resolución apelada fue dictada en el marco de un procedimiento sumarial por infracción al art. 954 del C.A. Dicho procedimiento culminó con el dictado de un acto administrativo que, si bien absuelve en el aspecto infraccional, impone una obligación concreta de pago en concepto de tributos, configurando así un acto definitivo en los términos del art. 1132 del C.A., por cuanto pone fin al procedimiento y decide de manera sustancial sobre los derechos del administrado.
En este sentido, no resulta atendible la postura de la representación fiscal según la cual debió continuar la discusión en sede administrativa mediante el procedimiento de impugnación previsto en el art. 1053 del C.A. Ello así, en tanto fue el propio servicio aduanero quien, luego de presentada la impugnación del Cargo N° 739/2014, recondujo el trámite hacia un sumario infraccional, desplazando de ese modo la vía impugnatoria originaria y concentrando el debate en el marco del procedimiento previsto para las infracciones. Tal circunstancia no puede ser soslayada por el Fisco sin incurrir en una manifiesta contradicción con sus propios actos.
Asimismo, se advierte que la tesis fiscal -que pretende escindir artificialmente la liquidación tributaria de la resolución dictada en sede infraccional- desconoce que, cuando el reclamo de tributos se formula en el marco de un sumario por infracción, la decisión que lo contiene participa de la naturaleza jurídica del acto final de dicho procedimiento. En consecuencia, reviste carácter de resolución definitiva apelable ante este Tribunal, aun cuando no medie condena en el plano sancionatorio. Admitir lo contrario implicaría imponer al administrado una carga procesal irrazonable, obligándolo a reiniciar un derrotero administrativo ya agotado por decisión de la propia autoridad, con evidente dispendio jurisdiccional y en desmedro de los principios de economía, celeridad y seguridad jurídica.
A mayor abundamiento, cabe señalar que la propia cédula de notificación de la resolución apelada - SICNEA 24001NOTI231235Y, agregada en el RE-2024-107595088-APN-SGASAD#TFN- pone de manifiesto el carácter definitivo del acto, en tanto en ella se hace saber expresamente al administrado la posibilidad de interponer los recursos previstos en el art. 1132 del C.A., circunstancia que resulta plenamente coherente con la naturaleza del pronunciamiento dictado y que desvirtúa, por sí sola, el planteo de incompetencia formulado por la representación fiscal.
En efecto, el citado art. 1132, ap. 1 del C.A. establece que: “Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones, como así también en los supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados al efecto, se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente.”
En consecuencia, habiendo sido dictada una resolución definitiva en el marco de un sumario infraccional - que puso fin a la instancia administrativa y determinó una obligación tributaria concreta-, se encuentra habilitada la vía recursiva prevista en el art. 1132, ap. 1 del C.A., resultando improcedente el planteo de falta de agotamiento de la vía administrativa.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal, con costas.
VII. Sentado ello, corresponde ingresar al análisis de los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora.
La recurrente plantea la nulidad de lo actuado en sede administrativa invocando la violación de lo normado en el Código Aduanero y la garantía constitucional del debido proceso y defensa en juicio, toda vez que la Aduana en la resolución apelada le exige el pago de tributos por los que previamente le había formulado un cargo que fue dejado sin efecto en el año 2017 y, asimismo, cuestiona que el dictado de la apertura de sumario se llevara a cabo sin la previa liquidación tributaria. Sostiene que en las actuaciones administrativas se le ha impedido interponer las defensas que hacen a su derecho y cuestionar el reclamo aduanero, dado que no se dictó y notificó la corrida de vista y que por ello la resolución apelada fue dictada inaudita parte. Cuestiona la falta de agregación de la carpeta original del despacho en cuestión y señala que la instrucción de sumario no cumplió con los requisitos establecidos por el art. 1094 del C.A. Asimismo, plantea la prescripción del reclamo tributario, argumentando que la pretensión fiscal excede los parámetros de razonabilidad y legitimidad, vulnerando las disposiciones legales aplicables en la materia. La representación fiscal, al contestar el traslado del recurso, manifiesta que el auto de apertura de sumario no requiere reunir de manera taxativa todos los elementos del art. 1094 del C.A. por una cuestión de sentido común y para evitar un rigorismo formal excesivo. Argumenta que el auto es plenamente válido si determina los hechos constitutivos de la infracción y ordena las medidas necesarias, habiéndose cumplido en el caso con la identificación de la operación y la orden de liquidar tributos. En este sentido, invoca jurisprudencia de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para rechazar la nulidad por la nulidad misma, señalando que no existe una violación efectiva al art. 18 de la C.N. En cuanto a la prescripción, afirma que la acción para el cobro de tributos se encuentra vigente, debido a que la instrucción del sumario y la posterior notificación de la liquidación operaron como causales de suspensión e interrupción, respectivamente (arts. 805 inc. a y 806 inc. a, C.A.). Finalmente, sostiene que al día de hoy, el curso de la prescripción se mantiene suspendido por la interposición del presente recurso de apelación (art. 1134, C.A.).
Del análisis de la actuación administrativa SIGEA N° 12196-4241-2013 (embebida en el IF-2025- 20127490-APN-DTD#JGM) resulta que la misma se origina con la remisión efectuada por la Sec. Registro y Cruce -División Registro de Importación- a la Sección Liquidaciones, a fin de que se formulen cargos respecto de la garantía N° 12 001 018007 C (cuya impresión de pantalla obra a fs. 2), para exigir tributos y multas derivados de la falta de acreditación de origen en la destinación N° 12 001 IC04 074697 A. Ello dio lugar a la emisión de dos cargos: el N° 738/14 (debidamente cancelado, mediante liquidación manual N° 14001LMAN181223T) y el N° 739/14 (impugnado por la firma el 22/04/2014). Tras la impugnación, la firma presenta el certificado de origen ante el servicio aduanero una vez recibido del proveedor (fs. 27/35). La División Impugnaciones, con fecha 06/09/2017 resuelve, sin notificar, remitir lo actuado hasta ese momento a la Sección Operativa y Registral de Importación “Atento que la situación planteada en autos encuadra en el art. 17 de la Resolución 763/96 (MEyOSP) (...) a los efectos de formular denuncia por infracción al art. 954 del Código Aduanero”, tal como surge a fs. 42 de las actuaciones administrativas. A fs. 43, la Sección Operativa y Registral Exportación (DV CEXA) eleva las actuaciones a Secretaría de Actuación N° 3 “por infracción prevista y tipificada en el art. 954, inc. b) del C.A. por no ser de aplicación el certificado de origen que ampara la mercadería documentada (...)”. A fs. 44 obra acta de denuncia “ART. 954 A 961 DECLARACIÓN INEXACTA” “por no ser de aplicación el certificado de origen D.I. N° 12001IC04074697A”, y a fs. 45, con fecha 29/12/2017 el Jefe de la División Secretaría de Actuación N° 3 (Int.) dispone la apertura de sumario por infracción tipificada en art. 954 del Código Aduanero.
Pasados 7 años desde la disposición de apertura de sumario y, sin que previamente se ordene y notifique la corrida de vista de ley, la firma es notificada directamente del dictado de la Resolución RESOL-2022- 5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 26/07/2022, mediante SICNEA 24001NOTI231235Y (del 16/09/2024).
Mediante la resolución en trato, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros decide, absolver a la firma “FAURECIA ARGENTINA S.A.” y a su despachante de aduanas, de la infracción denunciada pero reclama a la primera de las nombradas el pago de tributos, presuponiendo la existencia de un perjuicio fiscal, sin haberlo constatado, señalando expresamente que "...tampoco puede esta instancia determinar fehacientemente si efectivamente por resultar la denuncia efectuada por un área que nunca tuvo a la vista la mercadería en infracción, dicha mercadería resulta o no ser del origen invocado.” e indicando asimismo que "(...) en la mayoría de las actuaciones de similares características apeladas ante el temperamento condenatorio adoptado, el servicio aduanero obtuvo pronunciamientos desfavorables" y que "(…) por todo ello, y a los fines de llegar a un pronunciamiento justo, es que estima esta instancia que debe aplicarse al caso el principio general constitucional "in dubio pro reo", en caso de duda debe estarse a lo que resulte más favorable al administrado, receptado por el art. 898 del Cód. Aduanero para las infracciones".
Resulta manifiesto que el servicio aduanero resolvió absolver a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) del C.A. al no tener elementos probatorios suficientes para imputarle la conducta mencionada y, que con un actuar incongruente, le intimó el pago de tributos que en el año 2017 había dejado sin efecto, al reconducir el procedimiento de impugnación hacia un sumario infraccional.
Cabe adelantar que, a mi entender, le asiste razón a la actora al cuestionar la resolución apelada y el procedimiento que la antecediera. Ello así, toda vez que el servicio aduanero formula denuncia y dispone instruir sumario a la firma importadora, pero omite correr la vista específicamente reglada en el art. 1101 del C.A., notificándola de la resolución apelada y de la exigencia tributaria en cuestión recién en el año 2024 (incluso, 2 años después de dictado el acto), por haber presuntamente presentado un certificado de origen que no resultaba de aplicación a la mercadería documentada en la destinación N° 12 001 IC04 074697 A, oficializada en el año 2012.
Con relación a la corrida de vista el Dr. Alfredo Abarca señaló "....es la pieza fundamental del ejercicio del derecho de defensa del imputado dentro del procedimiento para las infracciones y para los delitos en sede aduanera. La falta de otorgamiento de la vista o su notificación defectuosa acarrea la nulidad de toda actuación futura, porque ésta es la única posibilidad que concede la ley para la defensa, y de no cumplirse con este acto procesal se estarían violando derechos básicos protegidos constitucionalmente (art. 18 CA) (Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario, pág. 225, 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Guía Práctica: Ediciones Iara, 2017).
En la causa se advierte el cabal incumplimiento del procedimiento reglado en el art. 1080 y sgtes. del C.A. y de los recaudos procesales mínimos para salvaguardar los derechos de la actora, cuestión que no puede ser subsanada ante esta instancia. Ello así, dado que tal como sostiene la recurrente el servicio aduanero ha vulnerado la garantía del debido proceso al privarla de ejercer debidamente su derecho de defensa. Al respecto, cabe destacar que la firma importadora recién tomó conocimiento de las actuaciones sumariales al ser notificada de la resolución aduanera cuestionada, lo que evidencia la falta de participación previa en el trámite.
De lo reseñado en autos se concluye que el proceder del servicio aduanero no se ajusta a derecho. Resulta ilegítimo exigir el pago de tributos en el marco de un procedimiento infraccional sin otorgar previamente al administrado la oportunidad de formular su descargo. Esta omisión vulnera el ejercicio efectivo del derecho de defensa y la garantía del debido proceso, amparados por el art. 18 de la C.N. y las disposiciones del Código Aduanero.
Cabe precisar que la absolución de la actora por la infracción imputada, en los términos del art. 898 del C.A., no implica que la Aduana pueda intimar el pago de tributos prescindiendo de la intervención previa del responsable tributario, resultando imperativo que se establezca en forma clara el marco procedimental del reclamo tributario para salvaguardar la garantía del debido proceso y evitar la indefensión del administrado.
Por lo expuesto, no cabe más que hacer lugar al planteo efectuado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la resolución apelada, en cuanto formula Cargo por la suma de U$S 7.254,80, en concepto de tributos, con costas al fisco.
VIII. Por la forma en la que se resuelve la presente, no corresponde analizar los demás planteos formulados por la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal.
2. Hacer lugar al planteo efectuado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución RESOL-2022-5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Sra. Jefa de División del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto formula Cargo por la suma de U$S 7.254,80, en concepto de tributos.
3. Costas al Fisco Nacional.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la representación fiscal.
2. Hacer lugar al planteo efectuado por la recurrente y declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución RESOL-2022-5703-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada por la Sra. Jefa de División del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en cuanto formula Cargo por la suma de U$S 7.254,80, en concepto de tributos.
3. Costas al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.06 14:46:35 ART Date: 2026.05.06 22:44:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.08 17:20:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.08 17:20:07 -03:00
Fin de la sentencia