Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 40.021-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución nro. 932/2018 (AD PASO), con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-140360116-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Diciembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, para resolver en los autos caratulados “FAURECIA SISTEMA DE ESCAPE DE ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, Expediente nº 40.021-A; y sus acumulados nros. 40.141-A caratulado “BOUCHET WALTER ALEJANDRO c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación” y 40.140-A caratulado “UNIDAS TRANSPORTE LIMITADA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 27/36 la firma Faurecia Sistemas de Escape Argentina S.A., mediante apoderado, se presenta e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD PASO) N° 932/2018 dictada por la Aduana de Paso de los Libres en fecha 22/11/2018, recaída en la Actuación SIGEA N° 17421-45-2015/1, por la que dispuso no hacer lugar al procedimiento de impugnación impetrado en dicho expediente aduanero, y confirmar el Cargo 15042LMAN019841X en concepto de tributos adeudados por la Destinación Suspensiva de tránsito de Importación involucrada en la litis, en los términos de los artículos 310, 311, 312, 315, 780 y 794 del CÓDIGO Aduanero.
Expone que el procedimiento objeto de autos se inició con motivo de la Destinación Suspensiva de Tránsito de Importación 15042TRAS023470T, individualizada con el MIC/DTA BR 326103046, correspondiente a la carta de porte BR 325103684.
Destaca que el embarque de referencia no arribó a destino como consecuencia del robo con armas de la mercadería transportada y del medio transportador con fecha 4/5/2015, hecho que fuera puesto oportunamente -en debido tiempo y forma- mediante denuncia ante la Comisaría nro. 51 de la Policia Federal Argentina, como del servicio aduanero, mediante la correspondiente Multinota, que se encuentra agregada en las actuaciones administrativas.
Continúa manifestando que la DGA, como consecuencia del hecho descripto, procede a formular el Cargo mediante la Resolución apelada en la litis, pretendiendo responsabilizarla por los tributos aduaneros, por considerar que la mercadería en cuestión había sido nacionalizada para consumo.
Peticiona expresamente la declaración de nulidad de la Resolución apelada en la especie, como así también del Cargo formulado por el servicio aduanero, en virtud de las razones que invoca en su líbelo inicial, sosteniendo la improcedencia del referido Cargo, por razones de caso fortuito y fuerza mayor.
Invoca Beneficio de Excusión y, en subsidio, solicita la aplicación de exclusión del régimen de percepciones, impugnando la liquidación de autos.
Cita doctrina y jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto en autos, con costas a la DGA.
II. Que a fs. 46/52 vta., la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido.
En primer lugar, realiza un breve resumen del objeto de la causa y de lo actuado en sede aduanera. Relata los hechos del caso. Asimismo, por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora y la documentación por ella acompañada que no sean objeto de su especial reconocimiento.
Refiere a que en autos no se discuten los hechos que dieron lugar a la formación del cargo cuestionado, sino sólo la interpretación efectuada por el juez administrativo de la normativa que resulta aplicable al caso en cuestión, sosteniendo la actora que no corresponde efectuar una interpretación literal de la normativa aplicable (art. 315 del C.A.) por considerar que no resulta justo y razonable poner en cabeza de quien sufrió el ilícito, dicha responsabilidad.
Manifiesta que, por lo tanto, nacida tal obligación atento verificarse el faltante total de la mercadería deviene insoslayable e ineludible la obligación que le cabe a la recurrente, en virtud de la aplicación de la normativa vigente, que así lo establece. Cita jurisprudencia.
Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y formula reserva del caso federal.
III. Que a fs. 69/80 ref. y 132/140 ref. se presentan, en idénticos términos, el A.T.A. Sr. Walter Alejandro Bouchet y la empresa Unidas Transportes Limitada, respectivamente, interponiendo recurso de apelación contra la Resolución Nro. 932/2018 (AD PASO).
IV. Que a fs. 104/111 la AFIP (DGA) contesta el traslado del recurso articulado por el Agente de Transporte Aduanero interviniente en la causa.
V. Que a fs. 204/204 vta. se tienen por no presentados los recursos interpuestos por el A.T.A. Walter Alejandro Bouchet y por la firma Unidas Transportes Limitada, atento no haberse cumplido con lo requerido oportunamente por este Tribunal, no obstante las reiteradas intimaciones cursadas en la especie.
VI. Que habiéndose elevado los autos a la Sala “F”, quedan los mismos en condiciones de dictar sentencia.
VII. Que corresponde resolver en autos si se ajusta a derecho la Resolución n° 932/2018 (AD PASO) de fecha 22/11/2018, que rechazó la impugnación deducida en sede aduanera y, en consecuencia, confirmó el Cargo n° 15042LMAN019841X, formulado en concepto de tributos, con motivo de la falta de cumplimiento de la destinación suspensiva de tránsito de importación objeto de autos.
En tal sentido, cabe señalar que las circunstancias fácticas que precedieron la cuestión debatida en autos no se encuentran controvertidas por las partes, esto es, el incumplimiento de la destinación referida, así como que ello fue consecuencia del robo del camión marca Scania, dominio IEU-7511, con semiacoplado, dominio IEV-6719, como así también de la mercadería objeto de tránsito, con fecha 4 de mayo de 2015.
VIII. Que la parte actora considera que no resulta responsable de la obligación tributaria exigida, por cuanto la pérdida de la mercadería se debió a un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.
Por ende, corresponde dilucidar si existe responsabilidad tributaria por el incumplimiento de la operación involucrada en autos, aún cuando los supuestos responsables puedan resultar ajenos al evento dañoso. Que la operación de tránsito de importación se encuentra regulada en los arts. 296 y siguientes del Código Aduanero, y constituye un régimen en virtud del cual se autoriza que la mercadería importada, es decir aquella ingresada al territorio aduanero, pero que carece aún de libre circulación en el mismo, sea transportada desde la aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana para ser sometida a otra destinación aduanera, previéndose al efecto la no sujeción a la imposición de tributos, con excepción de las tasas retributivas de servicios (art. 304 del CA).
Que la principal obligación que el régimen impone recae en el transportista, es decir en el empresario que asume su propia responsabilidad por la operación que compromete frente al servicio aduanero, teniendo a su cargo el deber de transportar la mercadería a la aduana de destino (de salida o interior), dentro de un plazo fijado, cuidando que arribe la misma mercadería (art. 317) y en su totalidad (art. 310), sin haber sufrido ninguna modificación ni haber sido utilizada.
Que el análisis de la normativa mencionada denota que la finalidad de las normas que regulan el presente régimen, es la de asegurar el control aduanero sobre el adecuado cumplimiento del mismo a fin de desechar la posibilidad de maniobras de sustitución de mercaderías, u otras que desnaturalicen el régimen, priorizando la renta fiscal.
Que, en relación al caso que nos ocupa, el art. 313 del C.A. establece que “Lo dispuesto en los arts. 310, 311 y 312, será de aplicación sin perjuicio de la responsabilidad por las sanciones que pudiesen corresponder por los ilícitos que se hubieren cometido”, lo que determina la responsabilidad tributaria por el faltante en tránsito, con prescindencia de la responsabilidad penal (por infracción o por delito) que pudiese corresponder si el hecho configurara infracción o contrabando. Ello así, por cuanto las posibles penas se originan en las diferencias que surgieren entre lo declarado (art. 298) y lo que resultare de la comprobación (arts. 954 y 956, inc. a), del CA), si no mediaran causales probadas de exculpación, pero no en el hecho de la importación para consumo irregular presumida por la ley a fines extrapenales.
Que, a su vez, el art. 315 del CA dispone: “La mercadería irremediablemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
IX. Que, bajo tales premisas, en lo que hace al fondo de la cuestión, a fin de resolver la presente corresponde remitirse al voto emitido por el suscripto en la causa "BRASKEM PETROQUIMICA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 31.933-A, del 4/6/2013, y sus citas, en toda su extensión, por tratarse de una cuestión sustancialmente análoga a la de autos, toda vez que la Aduana no ha desconocido el ilícito perpetrado en la especie, de la que da suficiente cuenta las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, siendo que la denuncia policial (4/5/2015) y el posterior aviso a la DGA (5/5/2015) han sido realizadas en tiempo oportuno, de conformidad con el artículo 308 del CÓDIGO Aduanero, y teniendo en cuenta las particularidades del caso, por lo que corresponde resolver en el mismo sentido en que lo hiciera esta Sala F, por mayoría, con fecha 12 de junio de 2014 en el expediente N° 27.438-A caratulado “ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” y su acumulado, expediente N° 27.502-A caratulado “THONE FEDERICO S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación” -entre otros-, donde se estimó que la inmediatez a la que se refiere el artículo 308 del CÓDIGO Aduanero no puede superar las 24 horas (en el caso, la denuncia del robo del medio de transporte que derivara en una posterior desaparición de mercaderías, como así también la comunicación al servicio aduanero, se han realizado en tiempo oportuno, de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, que tengo a la vista).
X. Que, en efecto, resulta cierto que la exención tributaria que establece el CÓDIGO Aduanero con relación a la destrucción o pérdida de la mercadería debido a fuerza mayor en el régimen de tránsito de importación (artículo 315 de la ley 22.415) en principio aparece limitada por la declaración que formula el párrafo final de dicha norma, en sentido que “no se considerará irremediablemente cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiera ser empleada por un tercero”.
Por ello, si se interpreta literalmente la norma, es evidente que el presunto responsable del ilícito puede disponer de la mercadería, aunque la haya habido ilícitamente. Aunque, cabe aclarar que para acreditar tal empleo de la mercadería por un tercero no es suficiente una mera conjetura desprovista de elementos de prueba, esto es, cuando no hay respaldo fáctico de que la mercadería fue aprovechada por un tercero, esa utilización no puede presumirse.
XI. Que, sin embargo, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las excepcionales particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813). Ello así, pues si bien es cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
Esta afirmación encuentra sólido fundamento en el tantas veces reiterado criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que “...La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, pero además la misión judicial no se agota en ello, ya que los jueces, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma; todo ello, a su vez, de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la C.N.”: de que por esas razones “...la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador, y por esto se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas de las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Fallos: 279:142, 300:1080, y 303:1041); y de que “...por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de los jueces indagar lo que ellas dicen jurídicamente.
En esta interpretación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos: 303:612).
Pues bien, en el marco del indicado criterio jurisprudencial. además de la elemental razonabilidad (lógica y equidad) antes aludida, también la interpretación sistemática y la armonización de las normas en su contexto imponen inexcusablemente concluir en el rechazo del cargo aduanero formulado en autos.
XII. Que, en efecto, no parece justo ni razonable que se considere que quien ilícitamente se apropió de lo que no era suyo ponga en cabeza de quien sufrió el ilícito la responsabilidad tributaria, por un presunto uso, que ni siquiera se pudo determinar atribuido.
XIII. Que la razonabilidad es garantía innominada de la Constitución Nacional y, como tal, debe informar la tarea legislativa. Nótese que en la especie tampoco se dio el supuesto contemplado en los artículos 306 y 308 del CÓDIGO Aduanero.
Por ello, resulta contrario a la garantía constitucional de razonabilidad la pretensión de exigir a la víctima del delito el pago de los tributos de importación, por aplicación analógica del artículo 312 de la ley 22.415. Que, en este aspecto, se comparte la posición del Dr. Enrique Barreira, para quién en los supuestos de sustracción, la exigibilidad del tributo recae en cabeza del ladrón y no ya en la de los responsables del régimen pues no se puede hablar de que haya habido incumplimiento de las obligaciones del régimen o negligencia en el cuidado de la cosa (v. “Código Aduanero Comentado”, T. I, p. 658, Abeledo-Perrot, 2011). Asimismo, ha sentenciado al respecto la Sala I de la Alzada, en “Panamericana de Plástico”, sentencia del 19/6/90, que, por aplicación analógica del art. 513 C.C., como lo había hecho la minoría del a quo en su momento, debía dispensarse al recurrente del pago de los tributos. Dijo, en efecto: “(…) De ahí que, verificada en la especie la existencia de hechos imprevisibles e inevitables que tornaban de cumplimiento imposible el deber de informar el destino de la mercadería introducida en franquicia, por la sencilla observación de que nunca llegó a destino como consecuencia del robo perpetrado, debe compartirse la conclusión de la minoría que se asienta en el mentado principio general, máxime si se tiene en cuenta, que si bien el derecho privado ha perdido la preeminencia que antes tenía sobre el derecho tributario, por los conceptos, principios, institutos y métodos con que este cuenta, no por eso esta disciplina está al margen de la unidad general del derecho, ni es incompatible con los principios del derecho privado (…)”. El mismo criterio expuso la misma Sala I de la CNACAF, en la más reciente sentencia del 20/05/10, recaída en “Industria Metalúrgica Sud Americana S.A.”.
XIV. Que, por lo demás, no puede dejar de señalarse que el grado de irrazonabilidad del procedimiento de marras no puede ser cubierto con ningún argumento formal, porque pretender gravar con tributos aduaneros en virtud de una presunción que la Administración no ha podido comprobar -adviértase que la carga de probarla no puede imponerse al administrado, pues constituiría una exigencia procesal de cumplimiento imposible que frustraría el derecho sustancial (en el mismo sentido, confr. Fallos: 319:2211, consid. 5°, tercer párrafo, in fine) - a aquél sujeto a quién su mercadería le ha sido robada, y por ende cabe reputar a la misma como irremediablemente perdida, es un acto manifiestamente irracional y el principio republicano (art. 1° de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
XV. Que no se trata de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por el Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a nuestras luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar de los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional.
Por ende, es deber de este Tribunal Fiscal, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico.
Y no se trata de perderse en discusiones de siglos pasados para reconocer que ningún acto de gobierno debe estar reñido con la racionalidad republicana y menos aún con los principios constitucionales y lógicos a que deben atenerse los poderes del Estado en esa forma de gobierno. Si bien es deber jurídico del contribuyente pagar sus impuestos y también es deber jurídico del Fisco percibirlos y exigir su cobro, nunca puede ser deber jurídico del Fisco cobrar tributos de cualquier naturaleza cuando, cómo sucede en la especie, no se ha podido verificar el aspecto subjetivo del hecho gravado (imponible), porque el Estado constitucional no puede actuar en forma contraria a los principios republicanos. A ningún ciudadano se le podría explicar lo contrario razonablemente -es decir, que debe pagar tributos sobre una mercadería que jamás pudo disponer por haberle sido robada- y convencerlo de que es correcto percibir impuestos sin que exista una relación de causalidad adecuada, máxime cuando el interés tutelado por la normas tributarias no es el de proteger la recaudación, sino gravar la exacta capacidad contributiva presupuesta en el hecho imponible.
XVI. Que el interés recaudatorio constituye una valor esencial -al respecto no está de más recordar que ya en la Antigua Roma Marco Tulio Cicerón había sostenido que “los impuestos son los tendones del Estado”- de toda política pública en el marco de un estado constitucional y democrático de derecho, con justicia social y plena vigencia, desarrollo y efectividad de los derechos humanos, que no son sólo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, todos los derechos que resultan fundamentales a la dignidad del hombre. Pero jamás puede ejercitarse dicho interés fiscal violentando garantías constitucionales de los administrados, como lo hacen las normas aduaneras en crisis, en virtud de una presunción legal “iuris et de iure”, que no admite prueba en contrario e impide determinar la verdad de los hechos del caso, en franca contravención con el fin último y supremo de todo Tribunal que imparte justicia.
XVII. Que, en efecto, no se trata en el caso de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados precedentemente, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia (doctrina de Fallos:302:1284; 234:482 y sus citas).
XVIII. Que, por último, no escapa al juicio del suscripto, que la adopción de criterios como el precedentemente expuesto, puede dar lugar al incremento de la modalidad delictiva comúnmente denominada como “autorobo” de mercaderías en tránsito, a fin de evitar el pago de tributos aduaneros; constituyendo una finalidad no deseada por este tribunal jurisdiccional con plenas funciones judiciales.
No obstante, corresponde hacer notar que dicha modalidad, en tanto no resulte aislada u ocasional, jamás puede realizarse sin que exista algún tipo de connivencia de las agencias del Estado, en sus diversas competencias y ámbitos propios de actuación.
Por ello, constituye un deber esencial e indelegable del propio Estado brindar un nivel adecuado y suficiente de seguridad a todos los habitantes, resguardando la integridad de quienes transitan el suelo nacional; debiendo prevenir, investigar, perseguir y, eventualmente, condenar a los autores y responsables del delito, antes que hacer caer la responsabilidad tributaria en cabeza de las víctimas.
En efecto, el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Velásquez Rodríguez”. Fondo, nota 20, párr. 177; Caso “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)”, nota 16, párr. 138; Caso “Rosendo Cantú y otra”, nota 9, párr. 175).
XIX. Que, asimismo, tampoco el suscripto desconoce destacada jurisprudencia de este Tribunal, que señala que resulta obvio que el criterio interpretativo expuesto en las normas aduaneras “no resulta inequitativo para el transportista (o para su agente solidariamente responsable, arts. 312 y 780 del C.A.), en el sentido de que éste resulta responsable (tributariamente) por un hecho que en rigor le es ajeno; y no resulta inequitativo porque es obvio que, quien transporta bienes bajo su custodia y guarda, debe, razonable y previsoramente, constituir un seguro que cubra tanto el riesgo de la destrucción total o parcial de la mercadería (esto frente al titular de la mercadería) como el riesgo del robo de la mercadería (esto último -reitero, en caso de robo- frente al titular por el valor de la mercadería, y -en la parte correspondiente- frente a la aduana por el importe de los tributos que corresponden por el juego armónico de los arts. 311 y 315 del C.A.)” (confr. “Ardoino S.A. c/Dirección General de Aduanas s/rec. de apelación”, Expte. Nº 21.775-A, sentencia de la Sala G del 6 de abril de 2009, voto del Dr. Sarli; entre muchos otros).
XX. Que, por lo demás, similar criterio al seguido en la litis a los fines de resolver ha aplicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Tevelam S.R.L. (TF 22.427-A) c/ D.G.A.”, del 11de diciembre de 2012, donde señalo que “...el sistema descripto no puede conducir a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha mediado una sustracción -y por el solo hecho de que aquélla pudiera ser utilizada por un tercero- no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro...", por lo que no corresponde responsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del artículo 315, segunda parte, de aquel ordenamiento; máxime cuando el Alto Tribunal ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores, a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., las leyes 23.018 y 22.415 (CÓDIGO Aduanero)”.
XXI. Que, sin perjuicio de ello, a los fines de evitar las consecuencias disvaliosas emanadas de las normas en crisis, la asunción de un seguro por parte del transportista sería de carácter puramente opcional y no legitimante, pues ya por el sólo hecho de transitar por el suelo argentino el sujeto adquiere el derecho a gozar de una adecuada preservación de espacios de libertad y movilidad común, siendo que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución Nacional ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley -en el caso contratar a su cargo un seguro contra robo-, ni privado de lo que ella no prohíbe.
XXII. Que, por lo demás, entiendo que en el sublite las recurrentes han actuado con la debida diligencia del buen hombre de negocios, haciendo todo lo posible que estuviera a su alcance para sortear la inverosímil condición en que el robo de marras la había colocado.
Que atento el modo en que se vota el presente, se torna inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por ello, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho expuestas en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
Revocar la Resolución nro. 932/2018 (AD PASO), con costas a la DGA.
El Dr González Palazzo dijo:
Hago propio el relato de los hechos y de la prueba acollarada efectuada por el Sr. Vocal preopinante, a cuyas constancias me remito.
Adhiero a la solución propuesta, en cuanto corresponde revocar la Resolución (AD PASO) N° 932/2018 y dejar sin efecto el cargo tributario confirmado, con costas, en tanto:
El caso se decide por aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Tevelam S.R.L. (TF 22.427-A) c/ D.G.A.” (11/12/2012), en cuanto impide concluir —sin más— que en todo supuesto de sustracción resulte inexorable la obligación tributaria por el solo hecho de que la mercadería pudiera ser utilizada por un tercero, cuando se acreditan los recaudos del régimen y el responsable ha cumplido sus deberes inherentes. En autos se encuentran acreditados los presupuestos relevantes de esa doctrina: el siniestro (robo) que determinó el incumplimiento del tránsito y, en particular, la comunicación inmediata al servicio aduanero en los términos del art. 308 del Código Aduanero, efectuada sin dilaciones y con respaldo documental en las actuaciones administrativas.
En estas condiciones, y a la luz del art. 315 del Código Aduanero, corresponde tener por configurada la hipótesis de mercadería irremediablemente perdida a los efectos tributarios, sin que resulte jurídicamente admisible negar la dispensa sobre la base de una afirmación meramente conjetural acerca de su eventual aprovechamiento por terceros.
Dicho de otro modo: la solución no requiere mayores piruetas hermenéuticas. El precedente Tevelam ya trazó el carril, y cuando el caso —como aquí— encaja en sus presupuestos, insistir en desarrollos extensos y autoreferenciales sólo añade densidad donde el derecho ofrece una respuesta sencilla.
Así lo Voto.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución nro. 932/2018 (AD PASO), con costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dra. Ana Verónica Pampin (27-20015378-8). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.12.18 17:11:51 ART Date: 2025.12.18 18:18:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.18 18:19:17 -03:00
Fin de la sentencia