Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.157-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 la cual condena a la actora FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 85/100 CVOS. ($ 38.065,85) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG15000052D. Costas a cargo de la actora.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 CVOS. (U$S 2.466,20) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 62 % a cargo de la actora y en un 38 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101341925-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”; Expediente N° 38.157-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 12/06/2017, en la actuación SIGEA N° 12206-3274-2007, en cuanto resuelve condenar a la firma FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 38.065,85 y formularle cargo en concepto de tributos por U$S 2.466,20 (derechos de importación, tasa de estadística e IVA) y $ 4.546,71 (IVA adicional e Impuesto a las Ganancias), atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 06073TG15000052D, con vencimiento el 17/04/2007.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 42/49 se presenta, con patrocinio letrado FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución apelada. Inicialmente, relata los antecedentes del caso. Opone la nulidad del auto de apertura y la prescripción de las acciones en cabeza del Fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos. Afirma que la duración del sumario excedió todo parámetro de razonabilidad, afectándose el derecho a obtener un pronunciamiento en “plazo razonable”. Argumenta que dio cumplimiento a las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal, habiéndose reexportado la mercadería mediante los permisos de embarque Nros.
06017EG03002894W, 06017EG03002895A y 06017EG03002897C. Y resultando de aplicación las solicitudes de CTC Nros. 247980/06 y 219101/06. Puntualiza que la falta de emisión del CTC por parte del organismo competente no puede perjudicarla. Subsidiariamente, solicita que se aplique lo previsto en el art. 898 del C.A., el 972 del C.A. e invoca la condonación en el marco de la Ley N° 27.260. Asimismo, se agravia de la graduación de la multa (cinco veces). Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 65/74 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de efectuar un relato de los hechos de la causa, formula una negativa genérica. Se opone a la nulidad planteada por la actora y explica que resulta improcedente por no haber detallado las defensas que se habría visto privada de ejercer. Asimismo, recuerda la aplicación del art. 1051 del C.A. Se expide en relación al régimen de la importación temporal y asevera que se configuró la infracción endilgada. Determina que la actora no aportó elemento alguno que permita tener por acreditado el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el aludido régimen. Cita jurisprudencia. Enfatiza la importancia del CTC, como elemento esencial para determinar la relación insumo/producto. Defiende la graduación de la pena, sustentada en la existencia de antecedentes y asevera que no resulta aplicable la previsión del art. 898 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12206-3274-2007, se inician a fs. 1/6 con la documentación relacionada a la solicitud de cancelación de la DIT. A fs. 7/9 obra la denuncia N° 24/11. A fs. 10 se agrega el sobre del despacho. A fs. 12/13 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 17, en fecha 12/06/2012, se instruye sumario. A fs. 18 obra nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 19 vta. se corre vista de lo actuado, en fecha 05/05/2017, notificada en fecha 08/05/2017 (fs. 20). A fs. 21/62 la actora se presenta, formula descargo y acompaña documental. A fs. 64 el área técnica ratifica la denuncia formulada. A fs. 66/73 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 75/76 se dicta el acto apelado. A fs. 77 la actora se notifica personalmente del acto, en fecha 13/06/2017.
V. Que a fs. 75, en fecha 01/06/2018 se abrió la causa a prueba por sesenta días. En fecha 09/06/2025 se certificó la prueba producida. A fs. 86, se declaró cerrado el período probatorio y se elevó la causa a la Sala “G”. En la misma fecha se pusieron para alegar y, finalmente, en fecha 16/07/2025, pasaron a sentencia.
VI. Que, en este punto, corresponde tratar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora en el escrito inicial Que a esos fines cabe recordar que el art. 934 del C.A. expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años” comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que el 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934, y específicamente en su inc. a) determina como tal al “...dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 17 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 12/13).
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/04/2007 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2008.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 12/06/2012, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 5 meses y 11 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 6 meses y 20 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que teniendo en cuenta que desde el dictado de la resolución apelada (12/06/2017) hasta la notificación (13/06/2017) no transcurrió el plazo antes aludido.
Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta idéntico, a la luz del análisis que a continuación se efectúa.
Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/04/2007 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2008. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 12/06/2012). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 13/06/2012, finalizando el 12/06/2017.
Que, dado que la resolución aduanera se emitió el mismo día (12/06/2017) no cabe más que concluir que no operó la prescripción de la acción para imponer sanciones.
Que, en orden a lo expresado corresponde rechazar los planteos de nulidad del auto de apertura y prescripción de las acciones en cabeza del Fisco, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país.(…)”
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
IX. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que, en el caso de autos, la firma FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. importó-mediante el ítem 1 de la DIT N° 06073TG15000052D- 1.450 unidades de válvulas de escape (P.A. 8409.91.14), oficializada el 17/04/2006 (Aduana de Ezeiza).
Que a fs. 64 (mediante Nota N° 3709/2017 – SE OPRE) la Sección Operativa y Registral de la Aduana de Ezeiza ratificó la denuncia formulada, atento a considerar que “…toda vez que los CTC correspondientes, aportados a fs. 49 y 56, no son de aplicación, ya que la fecha de los mismos es posterior a la fecha de oficialización de los P.E….”
Que asiste razón a la actora en cuanto a que las solicitudes de CTC (Nros. 247980/06 y 219101/06) no resultan de fecha posterior al vencimiento, de forma tal que fueron incluidos en los tres permisos de embarque 06017EG03002894W, 06017EG03002895A y 06017EG03002897C (oficializados el 23/08/2006, antes del vencimiento) involucrados en autos.
Que, sin perjuicio de ello, del cotejo de la referida documentación se advierte que la relación insumo producto que se desprende de ambas solicitudes (8/1) no es la que reflejan las hojas de descarga de los permisos de embarque (236, 880 y 339 unidades) lo que imposibilita efectuar la descarga.
X. Que, sin perjuicio de ello, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 66/73 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón por la cual se graduó la pena en el máximo legal). Al respecto cabe destacar que, según resulta de las referidas constancias, las numerosas resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes-en su totalidad- con anterioridad a la fecha de la infracción de autos (años 2003 y 2005).
Que es por ello que resultan aptas para configurar la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Por ello, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
Que, a la luz de lo expuesto, no cabe más que confirmar el art. 1° del acto apelado.
XI. Que, en relación a los tributos, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 18 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TRIBUTOS ADEUDADOS EN VIRTUD DE LA DIT N° 06073TG15000052D SON DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20 CVOS. (U$S 2.466,20)
Que, respecto de los intereses, corren desde el 22/05/2017 (cfr. constancias de notificación de fs. 20 de las act. adm., en fecha 08/05/2017), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).-CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 la cual condena a la actora FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 85/100 CVOS. ($ 38.065,85) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG15000052D. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 CVOS. (U$S 2.466,20) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 62 % a cargo de la actora y en un 38 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura en lo que respecta a la cuestión de fondo.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).-CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 la cual condena a la actora FCA AUTOMÓBILES ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a PESOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON 85/100 CVOS. ($ 38.065,85) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 06073TG15000052D. Costas a cargo de la actora.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 4224/2017 declarando que la actora adeuda la suma de DÓLARES DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 20/100 CVOS. (U$S 2.466,20) en concepto de tributos, suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 62 % a cargo de la actora y en un 38 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.09.09 23:03:24 ART Date: 2025.09.10 11:11:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.11 18:37:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.11 18:38:13 -03:00
Fin de la sentencia