Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17177-MP1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por mediar deserción, el recurso de apelación deducido por la actora (arts. 56 inc. 3° y 77 del C.C.A; 260 del C.P.C.C). Las costas de Alzada se imponen a la recurrente, en atención a su objetiva calidad de vencida (conf. arts. 51 inc. 1°, primera parte del C.C.A).
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la condenada en costas, al estimar altos los honorarios fijados.
3Estese a la regulación de honorarios que por auto separado se práctica.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17177-MP1E "FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PROCESO SUMARIO DE ILEGITIMIDAD - OTROS JUICIOS " con arreglo al sorteo de ley, cuyo orden de votación resulta: doctores Mora y Ucín.
I. Con fecha 22-12-2025 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, rechazó la demanda presentada por la firma "FCA de Ahorro para Fines Determinados" contra la resolución dictada por el Juez de Faltas de la Municipalidad de General Pueyrredón el 24-10-2023, en el marco de las actuaciones administrativas n° 5997/18. En el mismo acto, impuso costas a la vencida y fijó los honorarios profesionales del Dr. Juan Pablo Ambos, apoderado de la actora y de la Dra. Dora Mariana Giovanini, apoderada de la demandada, en 7 (siete) JUS -ley 14.967- a cada uno.
II. Declarada la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la firma actora el día 9-2-2026, replicado por la contraria con fecha 5-3-2026, y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El magistrado de grado se pronunció en el sentido indicado en los Antecedentes.
Para así decidir, precisó que la firma actora promovió la presente demanda contra la Municipalidad de General .Pueyrredón ".con el objeto de obtener la declaración de nulidad de la resolución del 24 de octubre 2023 dictada por el Juzgado de Faltas N° 4 mediante la cual se le impusiera una multa de pesos $ 500.000 por violación a los arts. 42 de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución Provincial, 4 (deber de información) y 37 (deber de buena fe) de la ley 24.240 .".
Seguidamente, analizó las constancias administrativas que dieran origen a la presente causa judicial, y extrajo la siguiente información, a su entender, útil para resolver el pleito: (i) ". el 06/12/2018 el Sr. Matías Alberto Crespi formuló una denuncia ante Defensa del Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón contra la firma FCA de Ahorro para Fines Determinados por violación a la Ley de Defensa del Consumidor ."; (ii) ". fracasada la audiencia conciliatoria a la que fueron convocadas las partes (07/02/2019), se dictó el auto de imputación n° 07/2022 de fecha 17/03/2022 por el que la Dirección General de Protección al Consumidor imputó a FCA de Ahorro Para Fines Determinados la presunta infracción a los arts. 42 de la Constitución Nacional y 38 de la Constitución Provincial, arts 4, 19 y 37 de la ley 24.240 solicitando al juez de faltas que fije una multa de $ 850.000 ."; (iii) ". FCA de Ahorro Para Fines Determinados presentó su descargo el 30/03/2022 ."; (iv) ". el Director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor procedió al cierre de la instancia sumarial quedando la causa en condiciones de ser resuelta (15/6/2022) ."; y (v) "... el 24/10/2023 el juez de faltas resolvió imponer a "FCA de Ahorro Para Fines Determinados." una sanción de multa de $ 500.000 por violación a lo normado en la Ley de Defensa del Consumidor .".
Con este panorama verificó -a la luz de la ley regula el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la normativa legal de consumo (ley 13.133)- ". que el acto fue dictado por la autoridad competente, siguiendo el procedimiento establecido conforme los antecedentes de hecho y de derecho, con plena, oportuna y útil participación del imputado, quien presentó el descargo correspondiente, ejerciendo así su derecho de defensa .".
En ese andar, relató que ". que recepcionada la denuncia por parte del Sr. Matías Alberto Crespi, se fijó la audiencia conciliatoria con fecha 07/02/2019, la que fue notificada correctamente, dando inicio a la etapa conciliatoria prevista en el art. 46 de la ley 13.133. Al no haber arribado a acuerdo alguno, se continuó con el procedimiento ."; luego ". En oportunidad de celebrarse la referida audiencia, la funcionaria actuante intimó a la sociedad a informar y acreditar algunas circunstancias particulares con relación a los hechos denunciados ."y, posteriormente, la firma actora, ". formuló una presentación con el objeto de dar respuesta a las intimaciones formuladas por la autoridad de aplicación .". De esta presentación se le dio traslado al denunciante -Sr. Crespi- notificado el 28-2-2019.
En su análisis del procedimiento administrativo transitado, señaló que, el 11-3-2019 ". el denunciante formuló una nueva presentación, dándose traslado de la misma a la denunciada (15/03/2019) a fin de que ésta se expidiera, y haciéndole saber a la sociedad que sus respuestas deberían ser amparadas por elementos probatorios idóneos, siendo notificada el 20/03/2019 .". En respuesta, la sociedad actora, materializó su réplica el día 26-3-2026, ratificando sus posiciones anteriores.
Luego -continuó- en fecha 5-4-2019, ante un nuevo escrito del denunciante, con idénticos fundamentos de su presentación anterior, ". la Dirección General de Protección al Consumidor, como medida para mejor proveer, intimó a la denunciada a que en el plazo de diez días hábiles de notificada se expidiera en relación a la presentación del denunciante ."; la firma denunciada -hoy actora- resultó notificada de la nueva intimación el 20-1-2021, ". sin que la misma se expidiera al respecto .".
Finalmente, la Administración dictó ". el auto de imputación conforme lo establece el art. 50 de la ley 13.133, el que fuera notificado a la imputada el 21/03/2022 .", quien en fecha el 30 de marzo de 2022 ". presentó su escrito de descargo ejerciendo su derecho de defensa .".
Concluyó que, del análisis realizado ". no surge que se hubieran producido irregularidades en el procedimiento, tal como alega la actora, habiéndose garantizado en todo momento su derecho de defensa .".
Por otro lado, advirtió que, ". la accionante se limita a expresar su disconformidad con lo resuelto por la autoridad administrativa, centrando su ataque en el auto de imputación .", estimando que el planteo resulta extemporáneo e improcedente; en tanto el acto de imputación de la OMIC, ". no reviste carácter de sanción .".
A continuación, ingresó al conocimiento de la transgresión normativa que se le imputa (arts. 4 y 37 de la ley 24.240).
En este segmento ponderó ". que uno de los aspectos fundamentales del derecho del consumidor es el deber de información, el cual se consideró violado por la firma denunciada .".
Bajo esta perspectiva, remarcó ". que el artículo 42 de la Constitución Nacional consagra el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz. Este artículo es complementado por el art. 4 de la ley 24.240, por lo tanto, resulta obligatorio para el proveedor en todos los supuestos referidos a una relación de consumo .".
En tal dirección, consideró que el fundamento de proteger ese derecho radica en la necesidad de ". suministrar al consumidor conocimientos suficientes, a fin de permitirle efectuar una elección racional y fundada respecto de un determinado bien o servicio.disminuyendo de tal modo la desigualdad de conocimientos que naturalmente existe entre quien concibe, elabora y/o vende un producto o servicio y aquél que lo adquiere o piensa adquirirlo .".
A lo expuesto, agregó que el deber de buena fe -previsto en el art. 37 de la ley 24.240- debe imperar en las relaciones de consumo.
Con tal norte, indagando en la prueba obrante en el expediente, extrajo que el ". El Sr. Crespi, en su denuncia, manifestó ser titular y poseedor de un plan de ahorro de 84 cuotas, correspondiente al grupo 12254, orden 141, modelo SE9 Siena 1.4. Denunció que las cuotas mensuales estaban mal conformadas, pues se encontraban sobrevaluadas.indicó padecer un constante hostigamiento.en los cuales se le endilgaba la deuda de una cuota del plan suscripto.manifestó haber recibido un reclamo escrito de parte de un estudio jurídico, aunque al momento de la recepción de dicha intimación ya había efectuado los pagos correspondientes. Adjuntó documentación respaldatoria de sus dichos .". Asimismo, expuso que ". no fue notificado de la discontinuidad en la fabricación del rodado y experimentó un aumento en las cuotas correspondientes a su plan, ya que se le cobraba en razón de un modelo Cronos Drive 1.3 GSE .".
Por su parte la ahora accionante, en la audiencia conciliatoria del 7-2-2019, ". señaló que la unidad de ahorro suscripta por el denunciante correspondía al modelo SE9 Siena 1.4. Informó que el avance del grupo se correspondía con la cuota nº 44, de las cuales 25 habían sido abonadas en término, 14 fuera de término, 17 licitadas y 5 cuotas devengadas e impagas (de la 39 a la 44). Asimismo, indicó que el bien fue adjudicado por licitación y entregado el 21/06/2016 .".
La firma denunciada, ". sostuvo que, a raíz del reclamo del denunciante, hubo un intercambio epistolar, y alegó haber adjuntado a las actuaciones administrativas la respuesta correspondiente a la carta documento; no obstante, dicha documentación no obra en el expediente .". También hizo saber al denunciante que ". la discontinuidad no fue notificada fehacientemente al denunciante, dado que el valor móvil de la unidad no experimentó un incremento superior al 20% al momento de discontinuidad del bien.más allá de esta afirmación, no acreditó dicho extremo.".
Acto seguido, resaltó que, ". la denunciada presentó un escrito en diciembre de 2019, reiterando que no existió notificación de la discontinuidad en la producción del bien tipo, al considerar que al momento de sustituirlo el valor de la unidad no superaba el 20%, fundando su actuación en lo dispuesto en la solicitud de adhesión. Informó que la fecha de discontinuidad fue el 01/02/2018 .".
De lo expuesto, manifestó que ". el Sr. Alberto Crespi, ante las irregularidades advertidas, remitió una carta documento a FCA solicitando información al respecto. La firma denunciada, en el escrito presentado en la audiencia del 7/02/2019, reconoció la existencia de un intercambio epistolar entre las partes, indicando haber respondido la carta documento remitida por el denunciante, respuesta que supuestamente fue acompañada a las actuaciones .".
Sin perjuicio de lo dicho, concluyó que ". tal como señala la autoridad administrativa, no consta que dicha contestación haya sido agregada, incumpliendo así el deber de información .".
Valoró que ". FCA tuvo diversas oportunidades para brindar explicaciones sustentadas en elementos probatorios que avalaran sus dichos, lo que no ocurrió .".
En tal dirección, agregó que ". Las partes coinciden en que la empresa FCA sustituyó el modelo del vehículo pretendido por el Sr. Alberto Crespi sin mediar notificación de por medio, como así también que la nueva versión/modelo tenía un mayor costo que la originalmente contratada, lo cual supuso un incremento del valor mensual de la cuota, circunstancia que tampoco fue notificada al actor .".
En definitiva, concluyó que ". la firma contó con diversas oportunidades para justificar su accionar y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones, en particular del deber de información que pesaba sobre ella. Sin embargo, optó por guardar silencio y no aportó dato alguno al respecto .".
En apoyo a su postura, afirmó que ". la actora no aportó prueba alguna tendiente a acreditar la existencia y contenido de la solicitud de adhesión en la que basa sus argumentos .":
De ahí que, estimó aplicable la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, la cual cuenta con recepción legislativa en el artículo 53 de la ley 24.240, e impone al proveedor de un bien o servicio ". el deber de aportar todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para la elucidación de la cuestión debatida .", en razón de la posición de supremacía que ocupa en la relación de consumo.
Por todo lo manifestado, consideró acreditada la infracción al deber de información (art. 4 ley 24.240), a la vez que, existió por parte de la empresa un comportamiento negligente, imprudente y descuidado (artículo 37 ley 24.240).
En lo que respecta a la graduación de la pena, toda vez que estimó verificados los antecedentes de hecho, consideró conjugadas debidamente la discrecionalidad, la motivación y la razonabilidad de la actividad de la Administrativa.
De tal forma, ". la multa de $ 500.000 impuesta a FCA de Ahorro para Fines Determinados, aplicada por las infracciones cometidas.se encuentra comprendida dentro de las previstas en el artículo 73 de la Ley 13.133 .", el cual establece que ".las sanciones que se aplicarán en caso de existencia de infracciones, según las circunstancias del caso, serán: 1) ...Multa de cien (100) pesos a quinientos mil (500.000) pesos.".
Por todo lo dicho, el juez de la instancia resolvió rechazar la demanda intentada, imponiendo las costas del proceso a la accionante y fijó honorarios por las tares efectuadas.
2. Con fecha 9-2-2026, la parte actora apela la sentencia.
Se duele al afirmar que la sentencia cuestionada ha impuesto una sanción a su representada, sin que se haya acreditado transgresión a la normativa consumeril.
Insiste en que, conforme lo establece solicitud de adhesión ". en caso de que el fabricante reemplace el bien tipo por otro nuevo modelo, las variaciones de precio que superen el 20% deben ser notificadas fehacientemente a los adherentes .", manifestando que no le correspondía efectuar notificación alguna.
En tal dirección, se ampara en diversos artículos de la Resolución General Inspección General de Justicia 8/2015, que darían cuenta que ". no existió obligación alguna de informar al requirente sobre la discontinuación del modelo ahorrado .".
Por otro lado, adujo que las variaciones del valor de las cuotas se debieron a ". ajustes en la alícuota por diferencias entre el monto de emisión y el de pago, así como a una multa aplicada como interés punitorio .", afirmando que ". El hecho de que las cuotas mensuales son de carácter móvil constituye la esencia propia del sistema de ahorro previo .".
Manifiesta que el denunciante -Sr. Crespi- ". celebró libremente un contrato de ahorro previo y esta sociedad ajustó su accionar a los términos pactados .", cuyo objeto consiste en ". generar un ahorro previo para un fin determinado, que en el caso se trata de la adquisición de vehículos .".
Asimismo, se agravia del acto dictado por la autoridad administrativa, manifestando que ". el auto de imputación emitido por la administración careció de motivación suficiente .".
En tal sentido, agrega que ". durante toda la instancia conciliatoria, esta parte no tuvo oportunidad de presentar adecuadamente su defensa .".
Finalmente se agravia de la imposición de costas a su cargo, y apela honorarios por estimarlos altos.
3. El Municipio demandado replica agravios propiciando la confirmación del pronunciamiento dictado (v. escrito del 5-3-2026).
II.1. El recurso no prospera por la marcada insuficiencia del memorial de apelación (arts. 56 inc. 3° del C.C.A, 260 y 261 del C.P.C.C.) al no contar con una crítica concreta y razonada de los fundamentos -más allá de su acierto o no- en los que se sustentó la decisión de primera instancia.
En tal sentido observo que la firma recurrente centra sus agravios en meras afirmaciones, manifestaciones y reiteraciones relativas a pasajes de su escrito de demanda -las cuales ya han sido puestas a consideración del magistrado de la instancia- en torno a la ausencia de una conducta de su parte que sea merecedora de sanción alguna, limitándose a enunciar que su accionar se cimento sobre las cláusulas contenidas en el contrato de adhesión suscripto por el denunciante, sin siquiera acompañar ya sea ante la Administración o en esta instancia judicial, copia de la Solicitud de Adhesión emitida por la sociedad "FCA de Ahorro para Fines Determinados" firmado por el denunciante y ello, como bien apunta el juez de trámite, en razón de la posición de supremacía que ocupa en la relación de consumo, omitiendo intentar rebatir el derecho que asiste a los consumidores a una información adecuada y veraz, el cual a criterio del juez de grado, se vio frustrado por la omisión en el accionar de la actora.
Repárese que, el magistrado de la instancia al analizar el acto administrativo dictado por el Juez de Faltas, argumentó que la sociedad actora no aportó elemento probatorio alguno tendiente a acreditar la existencia de vicios en los elementos del acto administrativo cuestionado, no encontrando fundamento que dispense al peticionante del deber de acreditar los extremos fácticos que hacen a su reclamo.
Y, en este sentido, de acuerdo a lo prescripto por el art. 375 del C.P.C.C., es quien demanda quien tiene la carga de aportar -por regla- la prueba de sus afirmaciones, es decir, acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca (arg. art. 77 C.P.C.A.).
Vale recordar, en este punto, que la fundamentación de la apelación constituye la herramienta que intenta desbaratar la ratio decidendi que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de grado, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis. La postulación recursiva requiere, pues, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (art. 56 inc. 3° del C.C.A. y argto. esta Cámara; A-2582-AZ0 "Confeggi", sent. del 15-07-2011; C-7165-MP1 "Muñoz", sent. de 18-05-2017; C-7603-BB1; C-11870-MP2E "Supermercados Toledo S.A."; sent. del 30-05-2024, entre otros).
Así, en su tarea en apelación, el recurrente debe criticar todas las partes del fallo que le sirven de sustento y, si en dicho cometido, deja incólumes o incuestionadas parcelas que -por sí- tienen entidad para sostenerlo, el pronunciamiento debe mantenerse (cfr. doct. CSJN Fallos 335:1368; 334:1302; 334:842; S.C.B.A. causas Ac. 92.995 "J., D.", sent. del 24-V-2006; C. 103.709 "Saracho", sent. de 16-04-2014; esta Cámara causas C-3967-BB1 "Rapezza", sent. de 4-07-2013; C-5403-AZ1 "Buscarini", sent. de 27-03-2015; C-7336-MP2 "Inc S.A.", sent. de 29-08-2017; C-11294-NE1 "Prisma", sent. del 21-10-2021; C-9839-BB1 "Aldaya", sent. del 12-02-2022; C-9622-DO1 "Napolitano", sent. del 1-6-2023; entre otros).
Atendiendo a lo anterior, verifico que la conducta procesal de la apelante, huérfana de toda precisión y desprovista de una seria, adecuada y prolija técnica recursiva, ha soslayado las exigencias rituales establecidas en el art. 56 inc. 3° del C.C.A, circunstancia que impide la apertura de la jurisdicción revisora de este Tribunal revisor. De allí la improcedencia por insuficiente del recurso impetrado por la firma actora.
2. Por último, considero que mal puede agraviarse la recurrente de la imposición de costas a su cargo dispuesta en el punto 2 de la parte dispositiva del fallo de grado por cuanto, teniendo presente el resultado final del pleito y el actual régimen vigente de imposición de costas a (art. 51 del C.P.C.A. -texto según ley 14.437), la parte recurrente es quien reviste en el caso el carácter de perdidoso.
3. Ahora bien, en relación a la parcela del recurso que cuestiona los honorarios fijados por estimarlos altos, corresponde tener en cuenta (i) que los Dres. Juan Pablo Ambos -por la actora- y Dora Mariana Giovanini -por la demandada- se desempeñaron en carácter de apoderados; (ii) el resultado de la contienda conforme sentencia de grado, confirmada por este Tribunal; iii) las labores desarrolladas en dos etapas (demanda, su contestación y alegatos); (iv) el monto de la base regulatoria ($ 500.000) y respetando los mínimos legales, el monto de los honorarios regulados en favor de los letrados en la suma equivalente a siete (7) Jus arancelarios a cada uno, objetado por altos, no merecen reproche y corresponde su confirmación por esta Alzada (cfr. esta Alzada causas C-10852-DO1E "Castro" res. del 1-07-2021; C-10992-DO1 "Castro", res. del 15-07-2021, entre otras).
III. Demostradas las razones por las que advierto la escasa entidad del memorial de agravios para procurar la revocación de lo decidido, se propone al Acuerdo declarar desierto el recurso de apelación deducido por la firma accionante (arts. 56 inc. 3° y 77 del C.C.A; 260 del C.P.C.C). Habiendo mediado contradicción, las costas de Alzada deberían imponerse a la recurrente, en atención a su objetiva calidad de vencida (conf. arts. 51 inc. 1°, primera parte del C.C.A).
Asimismo, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la condenada en costas, al estimar altos los honorarios fijados.
Así lo voto .
El señor juez doctor Ucín, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el doctor Mora vota la cuestión en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Desestimar, por mediar deserción, el recurso de apelación deducido por la actora (arts. 56 inc. 3° y 77 del C.C.A; 260 del C.P.C.C). Las costas de Alzada se imponen a la recurrente, en atención a su objetiva calidad de vencida (conf. arts. 51 inc. 1°, primera parte del C.C.A).
2. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la condenada en costas, al estimar altos los honorarios fijados.
3. Estese a la regulación de honorarios que por auto separado se práctica.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 Anexo único del Acuerdo 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21- y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1023-2026
Fin de la sentencia