Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 142.759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada de fecha 06/02/2026 que declara la nulidad de lo actuado por el doctor Gustavo Javier Valdes en su presentación de fecha 03/09/2025, con costas de ambas instancias por su orden.
MCM/YAN
En la ciudad de La Plata, a los 7 días del mes de Julio de 2026 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, y por disidencia el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36, ley 5827) para dictar sentencia en la causa caratulada: "FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. C/ LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA Y OTROS S/ COBRO ORDINARIO DE SUMAS DE DINERO " (causa: 142759 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 06/02/2026?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. El 06/02/2026 la Juez de la instancia previa declaró la nulidad de lo actuado el 03/09/2025, con costas al letrado Gustavo Javier Valdes. Consideró para ello que no se ratificó la gestión del 03/09/2025 en representación de Miguel Angel Sena -contestación de demanda- en tiempo y forma (art. 48 CPCC).
1.2. Contra esa declaración se alzó el letrado mediante el recurso de apelación que dedujera el día 08/02/2026 sosteniendo que la resolución no tiene fundamento, obedece a un error material y no se ajusta a derecho; que al contestar la demanda por el accionado Miguel Angel Sena, y en el mismo momento, adjuntó la ratificación de gestión correspondiente y luego el demandado le otorgó poder, agregándoselo inmediatamente.
2. Tratamiento de los agravios.
2.1.. El art. 48 del C.P.C.C. recepta la figura del gestor procesal, que es aquel profesional del derecho que, invocando la representación de un tercero o careciendo de poderes suficientes, comparece en nombre de aquél para realizar actos que no admiten demora, con el compromiso de acreditar su personería u obtener la ratificación en un plazo determinado (Morello, Augusto M. - Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales...", Abeledo Perrot, 2015, Tomo II, §236, coment. art. 48, pág. 718).
En virtud de tratarse de un supuesto de representación irregular o anómala, el art. 48 del C.P.C.C. establece que, al obrar de tal modo, el letrado asume el compromiso de acreditar su personería u obtener la ratificación en un plazo determinado, que la legislación procesal local fijó en 60 días (art. cit.).
Dicho plazo es de carácter perentorio y comienza a correr desde el mismo momento en que se invocó la representación, no necesitando para que ello ocurra, de resolución ni intimación alguna (Morello - Sosa - Berizonce, "Códigos...", T° II cit, pág. 723 y jurisprudencia allí citada). Es decir, el plazo para ratificar comienza a correr desde la fecha en que se invocó la gestión, sin que sea necesario el dictado de providencia admisiva de la intervención del gestor en el carácter invocado (esta Sala, causa B-79.966, reg. sent. 13/95).
Tal término, por ser de carácter procesal, debe computarse conforme las pautas de la ley ritual, es decir, en días hábiles y con exclusión de aquellos que no lo sean (arts. 155 y 156 del CPCC; cfr. SCBA, C. 117.998, 15/07/2015; Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala I LP, 157.147, RSI 15/75; idem, Sala II, LP, 146.766, RSI 187/71; esta Sala, B-82305, RSI 151/96; 138.110, 24/9/2024, RSI.372/2024; esta Cámara, Sala II, B-40.150, RSI 203/75; Sala III, B-33.853, RSI 56/72).
Es precisamente debido a ese carácter perentorio que revisten los plazos procesales -entre los cuales se halla el establecido en el art. 48 del CPCC-, que la nulidad que la ley imputa a la falta de presentación del poder o ratificación dentro del plazo previsto al efecto debe tenerse por configurada por el mero transcurso del tiempo (art. 155 del CPCC; Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, T. III, séptima reimpresión, Abeledo Perrot, p. 75). En otras palabras, el solo cumplimiento del plazo previsto determina su caducidad imposibilitando el cumplimiento posterior, en cuyo caso procede de oficio la declaración de nulidad (SCBA, "Ac. y Sent. 1963-II, 735), siendo innecesaria una resolución judicial reiterativa para que se haga efectiva, sin perjuicio de que es práctica de esta Sala que cuando se invoca el art. 48 y el plazo no ha vencido -intimar luego de vencido el plazo no corresponde-, intimar al letrado para que cumpla con la acreditación o ratificación correspondiente.
Empero, como la nulidad no es un acto mágico requiere de una resolución judicial que así lo disponga.
Así entonces, la norma establece que si los instrumentos que acrediten la personería no fueren presentados o no se ratificase la gestión "dentro" del plazo de 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados (esta Sala, causa 90.915, reg. sent. 63/99).
En este sentido, la SCBA sin intimación previa, en un supuesto donde no se ratificó por la parte actora la gestión realizada por su letrado, ni habiendo éste acompañado el poder correspondiente conforme a lo previsto por el art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, declaró nulo lo actuado por el gestor y tuvo por no presentados los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos, con costas al citado profesional (SCBA, Rc. 124.874, I, 11/05/2022; Ac. 82.249, I, 31/10/2001).1 Empero, si se ratifica la gestión luego del plazo legal, ello es convalidado judicialmente, y dicha providencia adquiere firmeza, se habrá superado la nulidad emergente de la no ratificación en el tiempo legal.
2.2. En la especie, el letrado Gustavo Javier Valdes, adjuntó en el mismo acto de contestar demanda e invocar el art. 48 un escrito en formato digital bajo el título "Ratifica lo actuado", el mismo recibió el siguiente despacho: "Respecto del archivo adjunto en pdf, toda vez que las presentaciones electrónicas a realizarse en el proceso judicial deben ser generadas y efectuadas en soporte digital, así como rubricadas con tecnología de firma electrónica/digital, y considerando que esta no se ajusta ni cumple con las pautas previstas por el art 1 y 5 del anexo I de la Ac. 4013/21 de la Suprema Corte de Justicia, previo a proveer lo solicitado, deberá subsanarse dicha circunstancia", lo cual arriba firme y consentido. El juez no sólo advirtió la anómala presentación, sino que dispuso las medidas del caso.
Cabe agregar -por el contenido de los agravios- que la pieza de ratificación precitada no se compadece con lo manifestado en el cuerpo del escrito que refiere expresamente en el capítulo I de Personería "...Por razones de urgencia procesal, vengo a invocar el art. 48 del C.P.C.C., en nombre y representación del codemandado SENA Miguel Ángel, con domicilio en Manzana 9 Barrio Obrero NRO 257, de Berisso, Provincia de Buenos, por encontrarse el mismo en el interior del país por razones familiares, comprometiéndome a acompañar el poder correspondiente o la ratificación de la gestión, en el término procesal oportuno, y en tal carácter vengo a contestar la demanda....".
La jueza dictó el proveído del 10/9/2025 en los siguientes términos: "... Intimase al letrado presentante para que en el término de sesenta días ratifique la gestión invocada bajo apercibimiento de aplicarse la sanción establecida en el artículo 48 del C.P.C.....", lo cual fue consentido por el apelante.
Pese a la intimación dispuesta, el peticionante no se presentó dentro del plazo otorgado por el juez para ratificar la gestión invocada. La circunstancia que el 15/09/2025 -dentro del plazo legal- se le otorgara un poder judicial especial que recién acompañó en autos el 02/02/2026, ya vencidos los 60 días, no conmueve lo decidido en la instancia de origen. Por el contrario, y sobre la base de lo expuesto por el propio quejoso, no se advierte situación de excepción que permita apartarse de tal conclusión, máxime cuando los plazos procesales son perentorios, el apelante resulta ser un profesional del derecho, conocer de las normas aplicables, y su proceder no hace más que evidenciar un "olvido" injustificado de justificar la representación invocada en tiempo oportuno.
2.3. Entiendo que la nulidad del gestor procesal (art. 48, C.P.C.C.), debe ser interpretada en favor del mantenimiento de la acción, aunque sin llevar las cosas al extremo de convertir en letra muerta lo normado o modificar la norma en función de un informalismo que permita ratificar la gestión luego del plazo (¿un día? ¿un mes? ¿un año?), máxime cuando los plazos deben ser observados y las reglas no sólo hacen a la seguridad jurídica sino que favorecen el avance del proceso. No se discute que el gestor obtuvo el poder dentro del plazo para ratificar la gestión, el problema es que lo acompañó luego de que venciera dicho plazo. Considero que corresponde la nulidad, por una cuestión de orden, ya que de lo contrario el letrado que invocó el carácter de gestor procesal y obtuvo un poder dentro del plazo puede justificar su obtención en cualquier momento, lo cual sería un desatino. El principio de flexibilidad no puede llevar a consagrar ello.
2.4. Por ende, dado que el letrado Gustavo Javier Valdes, no ha ratificado la personería invocada el 03/09/2025 en tiempo y en forma, la declaración de nulidad de lo actuado por aquél, respecto al codemandado Miguel Angel Sena, se ajusta a derecho y debe ser confirmada (art. 48, 155, 260, 261 y 384, CPCC; conf. esta Sala, causa 118517, del 31/3/2015, RSD 34/2015).
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo:
1. Si bien anteriormente he seguido el criterio sustentado por mi distinguido colega acerca de los efectos derivados del incumplimiento de la carga prevista por el art. 48 del Código Procesal, lo hice dejando a salvo mi opinión y en consideración a la doctrina de la Suprema Corte provincial sobre la materia.
No obstante, entiendo que corresponde revisar aquella postura a partir de las particularidades que presenta el caso y, especialmente, de la necesidad de interpretar la norma procesal en armonía con el art. 369 del Código Civil y Comercial. En tal sentido, disiento con la solución propuesta.
2. El 3 de septiembre de 2025, el letrado Gustavo Javier Valdes contestó la demanda invocando la franquicia prevista por el art. 48 del Código Procesal en representación del codemandado Miguel Ángel Sena. En esa misma oportunidad adjuntó un escrito denominado “Ratifica lo actuado”, cuya presentación fue observada por no reunir las exigencias propias de los documentos electrónicos y de la firma digital. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2025, se lo intimó para que ratificara la gestión dentro del plazo legal.
El 15 de septiembre de 2025, esto es, dentro de los sesenta días hábiles previstos por la norma, Miguel Ángel Sena otorgó al profesional poder especial judicial. El instrumento fue incorporado al expediente el 2 de febrero de 2026 y la nulidad fue declarada cuatro días después, el 6 de febrero de 2026, sin que la contraparte hubiera solicitado previamente su aplicación.
Estas circunstancias resultan relevantes para determinar si, al momento de declararse la nulidad, subsistía un defecto de representación que justificara privar de eficacia a la contestación de demanda.
3.1. El sistema procesal civil y comercial se revela como un conjunto de instituciones enderezadas a permitir la elucidación, por parte del órgano judicial, de los derechos y defensas que las partes someten a su decisión. Es un sistema destinado a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de ambas partes, mediante la posibilidad de alegar, probar, controlar la prueba y obtener una decisión fundada. De allí que, en cuanto se trate de derechos disponibles, aquello que ingresa al litigio puede ser también objeto de reconocimiento, renuncia, conciliación o transacción. En esta visión, el régimen de las nulidades procesales ha descartado aquellas que tengan como único fundamento la nulidad por sí misma. La incorporación de los distintos elementos al proceso, más allá de la libertad de las partes para introducirlos o no, se encuentra regida por los principios de buena fe, colaboración, búsqueda de la verdad jurídica objetiva, conservación de los actos procesales y tutela judicial efectiva. A ello debe agregarse el cuidado de no convertir al proceso en un obstáculo para la realización del derecho sustancial que está llamado a tutelar (Morello, Augusto M., Sosa, Gualberto L. y Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Abeledo Perrot, 1982, t. I, pág. 44, n.º 11, y jurisprudencia allí citada).
Tuve oportunidad de expedirme desde antaño sobre estas cuestiones que revisten una envergadura formal que no pueden ser superadas sin un criterio amplio Ver mi voto en Causa “ARRIETA JIMENA GRACIELA C/ CARATTI PABLO EMILIANO Y OTRO S/ DS. Y PS." Causa 118.517 publicada en ED 83, sumario 31.920 aunque en ese momento por mayoría se decidió en favor de la nulidad de lo actuado por el gestor. En tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha admitido, en circunstancias excepcionales, presentaciones efectuadas una vez vencidos plazos considerados inexorables -CSJN, M.955, "Majdalani c/ M.T. Majdalani S.C.A.", sentencia del 13 de octubre de 1981-.
La Suprema Corte provincial ha sostenido que la nulidad contemplada por el art. 48 del Código Procesal no es de la índole de las reguladas por los arts. 169 y siguientes del mismo cuerpo legal.
Según esa doctrina, mientras en el régimen general de las nulidades procesales el transcurso del tiempo puede convalidar el vicio y resulta necesaria la existencia de un perjuicio, en el supuesto de falta de acreditación del poder o ausencia de ratificación es precisamente el vencimiento del plazo el que acarrea la sanción de ineficacia. Se trataría, así, de una nulidad ex lege que opera automáticamente y que el juez se limita a declarar, sin posibilidad de que desaparezca por el consentimiento expreso o tácito de la contraparte (SCBA, Ac. 32.684, "Correa de Núñez, Aniceta Ana -sucesión- c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción declaratoria", sent. del 7-X-1986, AyS 1986-III-407; Ac. 49.124, "Bordignon, Pedro Félix c/ Bernart de López de Armentía, Blanca Ester y otros s/ cumplimiento de contrato", sent. del 26-X-1993; Ac. 55.366, "Vila, Oscar A. y otra s/ tercería de dominio y/o mejor derecho", sent. del 20-V-1997, AyS 1997-II-836).
3.2. No desconozco la autoridad de esa doctrina ni que el texto del art. 48 establece expresamente que, si los instrumentos no fueran presentados o la gestión no se ratificara dentro del plazo de sesenta días hábiles, será nulo todo lo actuado por el gestor.
Sin embargo, la caracterización de la sanción como nulidad ex lege describe la consecuencia que se atribuye al vencimiento del plazo, pero no dispensa al intérprete de determinar su alcance mediante una lectura sistemática del ordenamiento jurídico. La denominación asignada al instituto no puede constituir, por sí sola, una razón suficiente para excluir toda posibilidad de subsanación, pues ello importaría utilizar la consecuencia cuya procedencia se debate como fundamento exclusivo para sostenerla. Dicho de otro modo, afirmar que la nulidad opera automáticamente porque pertenece a la categoría de las nulidades ex lege no resuelve la cuestión previa consistente en determinar si el supuesto contemplado por el art. 48 debe necesariamente quedar excluido de los principios de conservación, subsanación y tutela efectiva que gobiernan el proceso. El problema no radica, entonces, en negar la existencia normativa del plazo ni su carácter perentorio, sino en establecer si, una vez vencido, la posterior ratificación carece siempre y necesariamente de eficacia, aun cuando haya sido incorporada antes de toda petición de la contraparte y de cualquier pronunciamiento judicial que declare la nulidad.
3 .3.- La cuestión debe ser examinada, además, a la luz del art. 369 del Código Civil y Comercial, norma posterior a los precedentes en los cuales se asentó inicialmente la doctrina antes señalada.
El precepto dispone que la ratificación suple el defecto de representación y que, producida ésta, la actuación se considera autorizada con efecto retroactivo al día del acto, aunque resulta inoponible a los terceros que hayan adquirido derechos con anterioridad.
La norma amplió el marco de actuación de la ratificación y obliga a armonizar sus efectos con el art. 48 del ordenamiento procesal. Frente a ambos preceptos pueden formularse dos interpretaciones: considerar que el plazo de sesenta días hábiles constituye un límite absoluto que impide toda ratificación posterior, o entender que, mientras no exista una petición de nulidad ni una decisión judicial que reconozca una situación procesal consolidada en favor de la contraparte, la ratificación conserva la eficacia retroactiva que le atribuye el art. 369 del Código Civil y Comercial.
3.4. Entre tales opciones corresponde preferir aquella que, sin desconocer la existencia y finalidad del plazo, preserve el acto procesal, asegure el derecho de defensa y permita una interpretación coherente del ordenamiento en su conjunto (arts. 1, 2 y 369, CCyC; 15, Const. prov.; 18, Const. nac.; 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; 163, 164 y 384, CPCC).
Esta fue, precisamente, la solución adoptada por esta Sala en la causa 132.394, "Villan, Ezequiel Marcelo c/ Buroni, Lorena Graciela y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 11 de octubre de 2022.
Allí se consideró que la ratificación posterior al vencimiento del plazo previsto por el art. 48 podía suplir el defecto de representación cuando, al momento en que se producía, no había existido petición de la contraparte ni pronunciamiento judicial acerca de la nulidad. Se entendió que, en tales condiciones, no se había configurado un derecho adquirido que tornara inoponible la ratificación en los términos del art. 369 del Código Civil y Comercial.
Adherí entonces a aquella solución y agregué que el supuesto debía ser examinado bajo los principios generales de las nulidades procesales; que la nulidad no debía tenerse por operada de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo y que una interpretación contraria podía afectar la tutela efectiva del derecho sustancial, para cuya realización el proceso constituye un medio.
No advierto razones para apartarme de ese criterio en el caso que ahora se examina.
4.1. En el caso el poder especial fue presentado el 2 de febrero de 2026. A esa fecha la contraparte no había solicitado la nulidad y tampoco existía un ronunciamiento judicial que la hubiera declarado.
La nulidad fue dispuesta recién el 6 de febrero de 2026, es decir, después de que se incorporara al expediente el instrumento que acreditaba la representación.
Por consiguiente, al momento de producirse la ratificación no existía una posición procesal consolidada de la contraparte que pudiera considerarse un derecho adquirido en los términos del art. 369 del Código Civil y Comercial. La representación había quedado acreditada antes de que se promoviera o declarara la invalidez del acto.
A ello se añade una circunstancia especialmente significativa: el poder había sido otorgado el 15 de septiembre de 2025, dentro del plazo de sesenta días previsto por el art. 48. Aunque su incorporación al expediente fue posterior, el instrumento demuestra que, desde una fecha temprana y anterior al vencimiento, el demandado había exteriorizado formalmente su voluntad de conferir al letrado la representación judicial invocada. Asimismo, junto con la contestación de demanda se intentó acompañar un escrito de ratificación. Es cierto que esa presentación no satisfizo las exigencias reglamentarias aplicables a los documentos electrónicos y que la providencia que ordenó su subsanación fue consentida. No corresponde, por ello, tenerla por una ratificación formalmente eficaz. Sin embargo, conserva valor como elemento contextual, pues revela que desde el inicio existió la intención de hacer propia la actuación cumplida por el gestor.
4. 2. - Como queda expuesto, la secuencia integrada por el intento contemporáneo de ratificación, el otorgamiento del poder dentro del plazo legal, su incorporación antes de la declaración de nulidad y la ausencia de toda petición previa de la contraparte demuestra de manera inequívoca que la contestación de demanda respondió a la voluntad del codemandado Miguel Ángel Sena.
No se advierte, en cambio, que la conservación del acto produzca perjuicio concreto alguno a la actora, quien tendrá plena posibilidad de controvertir las defensas opuestas y producir la prueba que estime pertinente.
El Código Procesal contiene diversas disposiciones que revelan una orientación favorable a la subsanación de los defectos de personería y a la conservación de los actos procesales.
Los arts. 46 y 47 contemplan la posibilidad de requerir la presentación de los instrumentos que acreditan la representación. A su vez, cuando se admite la excepción de falta de personería prevista por el art. 345 inc. 2, la consecuencia no es la inmediata exclusión del acto, sino la fijación de un plazo para que el defecto sea subsanado, conforme lo dispone el art. 352 inc. 4.
La Sala Segunda de este Tribunal, en las causas 135.470 -sentencia del 15 de noviembre de 2023- y 100.754-J -sentencia del 21 de noviembre de 2023-, destacó que esas disposiciones integran un sistema procesal orientado a evitar que los defectos de representación ocasionen innecesariamente la pérdida de los derechos ejercidos. De allí se concluyó que, antes de declarar de oficio la nulidad, resulta de buena práctica emplazar a la parte para que acompañe los documentos acreditativos de la representación.
En el presente caso la intimación existió, de modo que no es su ausencia lo que determina la solución. Lo decisivo es que, cuando se dictó el pronunciamiento apelado, el poder ya se encontraba incorporado al expediente y no había mediado pedido de nulidad de la contraparte. La intimación incumplida dentro del término explica la irregularidad y puede ser ponderada al distribuir las costas, pero no impone necesariamente la invalidez cuando el defecto de representación fue subsanado antes de ser declarado y sin afectación de derechos adquiridos por terceros.
Esta conclusión resulta, además, compatible con el art. 34 inc. 5, apartado b, del Código Procesal, que impone a los jueces el deber de señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca y ordenar las diligencias necesarias para evitar nulidades. También guarda armonía con el principio de colaboración procesal y con las facultades previstas en los arts. 36 inc. 6 y 386 respecto de la incorporación de documentación que se encuentra en poder de las partes, aunque estas últimas disposiciones no regulen específicamente la acreditación de personería.
4.3. La tarea del intérprete debe partir de la finalidad del proceso civil, procurando mantener viva la acción y, con igual intensidad, las excepciones y defensas interpuestas, así como preservar la validez de los actos cumplidos.
El principio "pro actione" no debe ser entendido exclusivamente en favor de quien promueve la pretensión. Como regla más amplia, impone interpretar las normas procesales en favor del mantenimiento de los derechos ejercidos por todas las partes, sean éstos la acción intentada o las defensas opuestas frente a ella.
Siendo el juez custodio del buen orden del proceso, uno de los principales objetivos de su intervención consiste en asegurar la garantía constitucional del debido proceso y el ejercicio efectivo del derecho de defensa (art. 18, Const. Nac.).
Por ello, aun cuando el art. 48 establece una carga temporal concreta que debe ser observada por quien invoca la gestión, sus consecuencias deben ser interpretadas de manera armónica con el resto del ordenamiento y sin perder de vista la finalidad para la cual fue instituida: impedir que se atribuyan a una persona actos procesales realizados sin su autorización. Cuando, antes de declararse la nulidad, la propia persona representada ha exteriorizado inequívocamente su voluntad de hacer suyo el acto y no se ha configurado perjuicio ni derecho adquirido de la contraparte, aquella finalidad se encuentra satisfecha.
4.4. No desconozco la importancia de las formas procesales ni la necesidad de exigir su cumplimiento. Las formas constituyen garantías para las partes, aseguran la regularidad del procedimiento y limitan el ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional.
He sostenido la necesidad de respetarlas rigurosamente, en particular cuando se trata de derechos indisponibles, obligaciones del poder público o supuestos en los cuales las formas custodian garantías sustanciales -mi voto integrando la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, causa 138.356, "Municipalidad de Brandsen c/ AMX Argentina S.A. s/ apremio", sentencia del 18 de febrero de 2025; SCBA, Ac. 51.472, sent. del 17-V-1994; Ac. 64.944, sent. del 10-XI-1998; Ac. 68.768, sent. del 16-XII-1999; Ac. 90.386, sent. del 6-XII-2006; C. 115.314, "Municipalidad de Chivilcoy c/ Gillette Argentina S.A. s/ apremio", y argumentos vertidos en Ac. 90.299, sent. del 24-V-2006-. Pero cuando la norma es aplicada desconociendo su finalidad, la forma se vacía de contenido y aparece el exceso ritual manifiesto. Más de una vez se ha señalado que un formalismo desprovisto de función convierte al proceso en una carrera de obstáculos y frustra el objetivo para el cual fue instituído.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló, en el conocido precedente "Colalillo, Domingo c/ Compañía de Seguros España y Río de la Plata", que el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales con menoscabo de la verdad jurídica objetiva y de la adecuada prestación del servicio de justicia (Fallos: 238:550).
También ha expresado reiteradamente que la hermenéutica de un precepto legal no se agota en la remisión a su texto, sino que debe indagarse lo que la norma dice jurídicamente, dando pleno efecto a su finalidad y armonizándola con el ordenamiento restante y con los principios y garantías constitucionales (Fallos: 307:2153; 313:1223; 323:3289; 329:872; 333:1224; 338:386; 348:1178, entre otros).
La aplicación automática de la nulidad en las circunstancias verificadas en autos importaría hacer prevalecer el incumplimiento temporal en la incorporación del instrumento por sobre la voluntad inequívoca del representado, acreditada antes del pronunciamiento judicial, sin que se advierta lesión concreta para la contraparte.
Ello configuraría una respuesta desproporcionada respecto de la entidad de la irregularidad y afectaría el derecho de defensa del codemandado, sin que tal sacrificio resulte necesario para preservar la regularidad del procedimiento.
5. Sintetizando lo expuesto, y a fin de concluir, señalaré los siguientes puntos centrales de mi exposición.
a) la caracterización de la sanción del art. 48 del Código Procesal como nulidad ex lege no impide examinar su alcance mediante una interpretación sistemática, finalista y compatible con los principios de conservación de los actos procesales y tutela judicial efectiva; b) el art. 369 del Código Civil y Comercial establece que la ratificación suple el defecto de representación con efecto retroactivo, salvo respecto de terceros que hubieran adquirido derechos con anterioridad; c) conforme al criterio adoptado por esta Sala en la causa 132.394, "Villan c/ Buroni", la ratificación efectuada antes de toda petición de nulidad y de cualquier pronunciamiento judicial conserva aptitud para subsanar la representación invocada;
d) que, en el caso, el poder fue otorgado dentro del plazo legal, incorporado antes de la declaración de nulidad y sin que la contraparte hubiera formulado previamente petición alguna sobre la validez del acto; e) que la voluntad del codemandado de hacer propia la contestación surge inequívocamente del intento inicial de ratificación y del posterior otorgamiento del poder, sin que la conservación del acto ocasione un perjuicio concreto a la actora;
f) que la declaración de nulidad, en tales condiciones, constituye una respuesta desproporcionada y contraria a la finalidad del proceso y al ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Consecuentemente, corresponde admitir el recurso de apelación, revocar la resolución del 6 de febrero de 2026 y tener por ratificada la gestión y por válido lo actuado por el doctor Gustavo Javier Valdes en representación del codemandado Miguel Ángel Sena.
Por las razones expuestas, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Presidente Dr. Hankovits dijo:
Conforme mi voto en las causas 135.470 -sentencia del 15 de noviembre de 2023- y 100.754-J -sentencia del 21 de noviembre de 2023- antes referenciados, con ese alcance adhiero al del Sr. Juez Dr. Lopez Muro y doy igualmente el mío por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, por mayoría, revocar la resolución la nulidad de lo actuado por el doctor Gustavo Favier Valdes en su presentación de fecha 03/09/2025,con costas de ambas instancias por su orden atento tratarse de una cuestión generada de oficio (arg. art. 68 C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada los señores jueces doctores López Muro y Hankovits dijeron que por idénticos motivos votaban en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la resolución apelada de fecha 06/02/2026 que declara la nulidad de lo actuado por el doctor Gustavo Javier Valdes en su presentación de fecha 03/09/2025, con costas de ambas instancias por su orden. REG. NOT y DEV.
.............................................................................................
1. En igual sentido: SCBA, doctr. causas C. 104.953 "Pogonza", resol. de 2-XI-2011; C. 122.579, "Diperna", resol. de 19-XII-2018; C. 123.094, "Lucero", resol. de 8-V-2019; C. 123.219, "Arosteguy", resol. de 6-XI-2019; A. 76.331, "Alba", resol. de 1-VII-2020.
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Fin de la sentencia