Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución N° 45/2008. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-90047133-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Agosto de 2023 En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal titular de la 3° Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal subrogante de la 1° Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 32.264-I caratulada: “FEDERALIA S.A. DE FINANZAS s/recurso de apelación”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 29/42 la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 45/2008, dictada por la Jefa (Int.) de la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional de Palermo de la AFIP-DGI, de fecha 7 de agosto de 2008, mediante la cual se determina de oficio la obligación frente al Impuesto a las Ganancias –períodos fiscales 2002 y 2003- con más sus intereses resarcitorios y se aplica una multa graduada en un 70% del tributo supuestamente omitido en el 2002 (cfr. art. 45 de la Ley 11.683). Además, se difiere la calificación de la conducta relacionada al período 2003, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 24.769.
Enuncia los ajustes que motivaron la resolución recurrida, a saber: a) intereses presuntos por disposición de fondos a favor de terceros, en los períodos fiscales 2002 y 2003; b) rentas gravadas provenientes de la cesión de Certificados de Participación en el “Fideicomiso Financiero Lujan”, en el período fiscal 2003; y c) deducciones improcedentes en ejercicio fiscal 2003 en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales –Acciones y/o Participaciones societarias- y amortizaciones de rodados.
Respecto a la omisión de declarar intereses presuntos, sostiene que no hay diferencia entre la empresa y el empresario, por lo que no cabe presumir que el propietario o dueño de la sociedad pueda tener un interés distinto al de su propia empresa.
Manifiesta que, en definitiva, las diferencias intimadas corresponden a retiros realizados por el Presidente y único Director Titular y que, a su vez, posee casi la totalidad del paquete accionario de la firma. En lo relativo a las rentas gravadas provenientes de la cesión de Certificados de Participación en el Fideicomiso Financiero Luján, expresa que más allá del ropaje jurídico adoptado, la correcta interpretación de las cláusulas de los contratos involucrados y las conductas posteriores de las partes, evidencian la existencia de una verdadera operación de garantía y por lo tanto no gravada.
Dice que el costo en la cesión de los Certificados de Participación viene dado por el valor de incorporación, de acuerdo al artículo 63 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y no por la valuación impositiva de los inmuebles fideicomitidos. Bajo esa interpretación, destaca que no existiría beneficio alguno en la operación.
Indica que en el ejercicio cerrado el 30/11/2003, se refleja en los estados contables un beneficio equivalente a la diferencia entre el monto del crédito otorgado por el Banco Macro S.A. y el valor contable de los inmuebles fideicomitidos, al solo efecto de exponer el ingreso del citado crédito, siendo la suma de ambos conceptos el importe recibido por la entidad financiera mencionada, el cual es garantizado por los bienes transferidos; hecho -que a su criterio- posee un resultado impositivo neutro.
Plantea que aun cuando se considere que la forma jurídica de Fideicomiso Financiero adoptada se corresponda con la verdadera intención de las partes, la correcta interpretación de los acuerdos de Cesión de Certificados de Participación será la de cesiones de títulos en garantía (Prenda común art. 580 y siguientes del C. Comercio), que en ningún modo generan un hecho imponible en el Impuesto a las Ganancias.
Funda esta última posición en la finalidad del contrato (art. 1198 Código Civil y art. 218 Código Comercial) vista a la luz de la conducta subsiguiente de las partes (art. 218 inc. 4° del C. Com), la realidad económica subyacente (art. 2° Ley 11.683) y la habitualidad del uso de los negocios pignoraticios en el mercado financiero (art. 218 inc. 6°, arts. 217, 219 y 220 de. C. Com), por la dinámica de los mismos en cuanto a la ejecución de estas garantías de fácil y rápida realización.
En otro orden de ideas, se agravia de manera genérica de las deducciones improcedentes, planteando respecto de la amortización de los rodados la nulidad de la resolución.
En cuanto a la multa aplicada, se refiere a una supuesta sanción dolosa, pese a que en la resolución atacada se calificó su accionar bajo las previsiones del artículo 45 de la ley procedimental.
Cita jurisprudencia y doctrina que entiende apoyan su postura.
Finalmente ofrece prueba pericial contable, documental e informativa; hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 55/76 contesta el recurso la representación fiscal, quien por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se confirme el acto apelado, con costas. Acompaña los antecedentes administrativos como prueba y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 96/96vta. se tiene a la recurrente por desistida de la acción y del derecho, incluso de repetición, por los ajustes identificados como incisos a) y c) -en el Considerando I- condonándose los intereses y multa correspondientes, todo ello en los términos de la Ley N° 26.476.
IV. Que a fs. 127/127vta. se abrió la causa a prueba; con la PV-2022-84292375-APN-VOCIII#TFN se declaró cerrado el mismo y se elevaron los autos a consideración de la Sala “A”; por medio del IF-2022- 88710055-APN-VOCIII#TFN se ponen las actuaciones a disposición de las partes a fin de que se produzcan sus respectivos alegatos, obrando a fs. 238/246 el alegato del Fisco Nacional y a fs. 247/254vta. el correspondiente a la recurrente. Finalmente, a través del IF-2023-76444522-APN-VOCIII#TFN se pasaron los autos a sentencia.
V. Que la ley 24.441 (vigente al momento de los hechos controvertidos) vinculada con el único ajuste pendiente de tratar, no contiene disposiciones específicas relativas a los distintos tipos de fideicomisos que pueden presentarse a excepción del financiero.
A continuación se expondrán los distintos aspectos de dicha modalidad, a los efectos de abordar, en lo que aquí interesa, sus implicancias fiscales.
El artículo 1 de la ley 24.441 establece “Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario.”
El artículo 2662 del Código Civil, con las modificaciones efectuadas por la ley 24.441, dispone que “dominio fiduciario es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.”
Es decir, que en este caso el fiduciario posee el dominio imperfecto sobre los bienes, no siendo éste perpetuo ni pleno (artículo 2661 Código Civil y sgtes.), sino que su duración en el tiempo se encuentra sujeta a una condición o plazo resolutorio, transmitiéndose los activos objeto del contrato junto con un encargo fundado en una relación de confianza.
El efecto que genera el fideicomiso es la constitución de la propiedad fiduciaria sobre los bienes fideicomitidos, constituyendo los mismos un patrimonio separado del fiduciario y del fiduciante (artículos 11 y 14 de la ley 24.441), debiendo cumplirse los actos registrales que correspondan según la naturaleza de bienes que se transfieran, fijándose así una excepción al principio de indivisibilidad del patrimonio previsto por el art. 2312 del código, pero que en realidad no lo deroga ni modifica en forma especial.
A fin de evitar errores o confusiones patrimoniales el art. 13 de la norma bajo examen prevé la inscripción del acto constitutivo en el registro respectivo para el caso de bienes registrables; teniendo efectos frente a terceros desde el instante en que se cumplimenten los requisitos exigidos conforme la especial naturaleza de los bienes (art. 12 de la ley 24.441).
Por tal motivo, es que el fiduciario no puede incluir en su contabilidad los bienes fideicomitidos ni considerarlos entre sus activos propios, sino que debe llevar una contabilidad separada por cada fideicomiso. En consonancia con lo dicho, el artículo 2841 del Código Civil prohíbe al dueño fiduciario constituir usufructo sobre los bienes fideicomitidos, mientras que la Ley 24.441 en su artículo 7 impide al fiduciario adquirir para sí los bienes fideicomitidos.
Por otro lado, el artículo 16 de la ley 24.441 estipula que los bienes del fiduciario no responden por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos.
Así, se logra por esta vía aislar los bienes fideicomitidos, los que no quedan afectados por las contingencias del fiduciante ni del fiduciario, como tampoco de los beneficiarios.
Con respecto al régimen tributario de esta figura las normas impositivas no hacen referencia a su tratamiento, aunque no desconocen su existencia como sujeto. Es más, la ley 24.441 contiene sólo dos disposiciones y que son de aplicación exclusiva al fideicomiso financiero, siendo éstas las contenidas en el Título XII –Modificaciones a las leyes impositivas- arts. 83 a 85, especificando parcialmente, el marco normativo aplicable a los impuestos a las ganancias y al valor agregado.
En este marco, el fideicomiso de garantía se presenta como un seguro en caso de incumplimiento del deudor, que se realiza a título gratuito, dado que el bien objeto del contrato regresará al patrimonio del fiduciante si el mismo cancela la deuda con su acreedor, situación que per se no justifica su total desafectación desde el punto de vista contable e impositivo; máxime si se toma en cuenta que los bienes transferidos cumplirán un rol estático, no generando resultado alguno durante el período de afectación.
Esta figura aparece como un sucedáneo de otras formas de garantía, como la hipoteca, en la cual el bien hipotecado se mantiene a su vez contable e impositivamente, dentro del patrimonio del deudor.
VI. Que en atención a las definiciones expuestas, corresponde expedirse sobre el contrato suscripto en autos y su encuadre.
Del informe final de inspección –obrante a fs. 560/578 Cuerpo Principal III- se desprende que con fecha 20/05/2003, mediante Escritura N° 377, se constituye el Fideicomiso Financiero Luján, mediante el cual Federalia S.A. de Finanzas (fiduciante) transmite varios inmuebles de su propiedad ubicados en los Partidos de Luján, Navarro y General Rodríguez de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que dicho fideicomiso proceda a la venta de los mismos. En esta operatoria el fiduciario, Sud Inversiones y Análisis S.A. (controlada en un 99,99% por el Banco Macro Bansud S.A.), emite Certificados de Participación “A” –por un valor de $ 34.800.000- y “B” –cuyo valor de rescate está subordinado a la efectiva cancelación del certificado clase A, dando derecho al remanente del producido de la venta-; devengando los primeros rendimientos de acuerdo a las condiciones previstas en la cláusula Vigésimo Octava, punto 28.1.3 (vide fs. 88vta./190 del Cuerpo N° 1 Antecedentes).
Simultáneamente, el 20/05/2003 Federalia S.A. cede el Certificado de Participación A, en la suma de $ 34.800.000, a favor del Banco Macro Bansud S.A. (vide fs. 29/32vta. Cuerpo Cesión de Certificados de Participación).
Por otra parte, la contribuyente asimila contablemente la transferencia de los inmuebles al fideicomiso como una venta (vide fs. 93 Cuerpo Principal I), declarando el resultado como exento en el Impuesto a las Ganancias.
Con relación a la cesión de los certificados de participación, no registra resultado por cuanto los da de baja, computando como contrapartida el ingreso de fondos por el mismo valor.
Las sumas obtenidas, en una parte, fueron destinadas a la compraventa de bonos cuyo producido se giró a favor de ELP Holdings, en carácter de préstamo (vide fs. 39/44 Cuerpo Principal I).
El 6/10/2003, Federalia S.A. de Finanzas firma un contrato de Cesión de Certificados de Participación “B” con el Banco Macro S.A., estableciendo un precio de $ 5.220.000 (vide fs. 42/48 del Cuerpo Cesión de Certificados de Participación).
En el mismo día, el Banco Macro S.A. le otorga la opción de recompra de dichos certificados hasta el 19/12/2003 (vide fs. 328/329 Cuerpo N° 2 Antecedentes).
Tal ingreso fue contabilizado, en su totalidad, como un resultado positivo (vide fs. 71 Cuerpo Principal I), el cual fue considerado también exento en el Impuesto a las Ganancias.
La renta producida fue empleada en la compraventa de bonos del Gobierno, recibiendo el resultado en efectivo.
En este marco, la fiscalización concluye que: “…mientras dichos certificados permanecieran en el patrimonio de la fiduciante no se produciría hecho imponible para el Impuesto a las Ganancias por la mera transferencia de los inmuebles al fideicomiso, pero la operación de cesión de los Certificados de Participación no está alcanzada por los beneficios tributarios de que gozan los fideicomisos financieros que realizan oferta pública de los certificados de participación y, por tanto, la cesión del Certificado de Participación “A” está alcanzado por el impuesto, cuyo costo estaría representado por el valor impositivo de los bienes que salen del patrimonio de la fiduciante, por lo que el resultado neto resultante debería incorporarse a la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del ejercicio en que dicha cesión se ha formalizado. Con igual criterio, se considera gravada la cesión del Certificado de Participación “B”.”
Así las cosas, el tema a dirimir se ciñe principalmente a dos cuestiones: 1°) determinar el carácter de fideicomiso financiero o de garantía, y en el caso de ser el primero, 2°) sí las cesiones de los respectivos certificados se encuentran gravadas como el Fisco Nacional lo expone en el ajuste proyectado en autos.
VII. Que, en lo pertinente al primer punto, el contrato constitutivo de Fideicomiso (vide fs. 80/108 Cuerpo N° 1 Antecedentes) no hace mención alguna a la deuda que se pretende garantizar, ni el tercero o acreedor beneficiario, y tampoco establece el mecanismo que debe llevar a cabo el fiduciario sobre los bienes al producirse el incumplimiento del pasivo garantizado. En forma contraria al concepto desarrollado sobre esta figura, el objetivo en el acuerdo aquí suscripto consiste en vender los bienes fideicomitidos, los que son transferidos en forma irrevocable, y con su producido cancelar los certificados emitidos, los cuales devengan un interés a favor del tenedor, persiguiéndose de esta manera un redito económico contra los activos entregados (vide clausulas quinta y vigésima octava); condiciones que se alejan de los aspectos tipificantes que hacen al fideicomiso de garantía.
Vale aclarar, que en este análisis no se ha dejado de lado el principio de la realidad económica –del cual intenta valerse la actora-, sino que por el contrario se aplicó con el fin arribar a la realidad de los hechos. Pero, tal principio no puede conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las partes, en aras de obtener un tratamiento fiscal más beneficioso.
Cabe puntualizar que la estructura jurídica empleada no se presenta como inapropiada, o con situaciones anormales o atípicas que buscan evadir un tributo, sino que las consecuencias de la misma no se adaptan a las pretensiones esperadas por la recurrente, hecho que por sí solo desarticula el agravio fundado en la realidad económica de los acontecimientos.
El criterio expuesto no se ve alterado de manera alguna por lo indicado por el perito de la actora, al decir en el punto 5 de su informe (vide fs. 204), que los certificados del fideicomiso fueron obtenidos nuevamente por la actora el 06/06/2008; circunstancia ésta que se encuentra vinculada con la transmisibilidad de los títulos emitidos, pero no modifica de ninguna forma las propias cláusulas que acordaron el fiduciante y el fiduciario. A contrario sensu de lo alegado por el apelante, se observa que la operación desplegada se condice con los aspectos comunes de un fideicomiso financiero. Al respecto se ha dicho que: “El fideicomiso financiero es una especie dentro del género del fideicomiso determinado por las características de que el fiduciario es. a) una entidad financiera o b) una sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores y los beneficiarios son: a) titulares de certificados de participación o b) titulares de títulos representativos de deuda.” (Juzgado de la 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial y Minas Núm. 11, de MENDOZA, 28/02/1999, Atuel Fideicomiso SA c/Morales, Vicente R., LL Gran Cuyo, T. 2000-255).
Esta definición se adapta a la estructura de autos, a saber: a) el fiduciario –Sud Inversiones y Análisis S.A.- es una sociedad autorizada por la CNV (cfr. fs. 469/476 Cuerpo N° 3 Antecedentes); b) los beneficiarios son los titulares de los certificados de participación, tipo “A” y “B”, los cuales devengan un interés; y c) se cumplen las previsiones dispuestas para todos los fideicomisos en el artículo 4° de la Ley 24.441.
VIII. Que habiendo quedado decidido que la operatoria de marras encuentra subsunción en la figura de fideicomiso financiero, corresponde examinar la base imponible utilizada para la determinación. Previamente, es conveniente resaltar que no le corresponde a la actora el tratamiento exentivo contenido en el artículo 83 de la Ley 24.441, que dice: “Los títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos, serán objeto del siguiente tratamiento impositivo:
a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y prestaciones relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación, como así también las correspondientes a sus garantías;
b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital, quedan exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1986) y sus modificaciones. Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto ordenado 1978) y sus modificaciones.
El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública.” (el destacado me pertenece).
En la norma precedente, se establece como condición “sine qua non” para acceder a la exención que los títulos emitidos sean colocados por oferta publica, requisito que no se encuentra acreditado en estas actuaciones, como así tampoco que el fiduciario –emisor de los mencionados títulos- se hallaba autorizado por la CNV para ofrecerlos públicamente (vide fs. 471 Cuerpo N° 3 Antecedentes).
Asimismo, la actora quedaría excluida por estar comprendida entre los sujetos individualizados en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias -cfr. art. 83 inciso b)-.
Ello así, procede expedirse sobre el criterio fiscal empleado en las mencionadas cesiones para determinar las sumas a favor de la administración.
Del informe de la Dirección de Asesoría Técnica que luce a fs. 138/143 -Cuerpo Cesión de Certificados de Participación- se observa que: “… a los efectos de determinar la ganancia gravada se deberá considerar como costo computable el “precio de adquisición” de los títulos conforme lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Impuesto a las Ganancias… En tal sentido y teniendo en cuenta las particularidades del negocio fiduciario bajo análisis, donde, quien cede los certificados de participación es el fiduciante que transmitió en propiedad fiduciaria los inmuebles que garantizan la emisión de tales títulos, corresponde concluir que el valor de los inmuebles cedidos al fideicomiso representa el costo incurrido por Federalia S.A. de Finanzas para la obtención de los Certificados de Participación A y B.”
Es decir, que aquí el Fisco Nacional prescinde de las consecuencias fiscales que acarrea para el fiduciante (recurrente) el desapoderamiento de los bienes inmuebles, con la correspondiente baja en su patrimonio a nivel contable e impositivo, pretendiendo gravar únicamente el supuesto resultado de la cesión. Este temperamento se presenta contrario a las razones apuntadas, ya que nos encontramos ante una transferencia de inmuebles de carácter oneroso (recibe en contraprestación los certificados de participación, que luego cede) en cabeza de la recurrente devenida fiduciante, cuya registración y efectos son asimilables a una venta, por lo que debió reconocer un resultado gravado equivalente a la diferencia entre el valor consignado en el contrato constitutivo y el valor impositivo de los bienes fideicomitidos; mientras que en la contabilidad se registra la misma operación, pero con valuaciones distintas de acuerdo a las normas contables.
Una vez determinado el resultado originado por la constitución del fideicomiso, las posteriores cesiones de los certificados que sucedan en ese mismo ejercicio tendrán como costo computable el precio de compra asignado en la operación. Así lo estipula el artículo 63 de la Ley de Impuesto a las Ganancias: “Cuando se enajenen los títulos públicos, bonos y demás títulos valores, el costo a imputar será igual al valor impositivo que se les hubiere asignado en el inventario inicial correspondiente al ejercicio en que se realice la enajenación. Si se tratara de adquisiciones efectuadas en el ejercicio, el costo computable será el precio de compra.” Por una derivación lógica, al producirse la cesión de los certificados –tipo A- concomitantemente con el acto constitutivo del fideicomiso y por el mismo valor allí consignado, no existirá resultado alguno a incorporar en el balance impositivo de la firma.
Comentario aparte merecen los certificados de participación “B”, dado que su valor estaba supeditado a la cancelación de los certificados de clase “A”, y por tanto la estimación de los mismos se dio a conocer recién con la cesión que tuvo lugar el día 06/10/2003. En esta ocasión, tales títulos también formaron parte de la operación que dio origen al fideicomiso, por lo que corresponde asignar la totalidad del precio acordado al valor de los inmuebles fideicomitidos, detrayendo como costo su valuación impositiva, para así llegar al resultado total gravado por el impuesto; siendo el efecto fiscal de la cesión idéntico al mencionado en el párrafo anterior. Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, es preciso señalar que la base de cálculo utilizada por la fiscalización si bien arroja los mismos guarismos que surgirían de aplicar el criterio aquí enunciado, lo cierto es que el ajuste formulado se presenta incorrecto en términos conceptuales. En efecto, la División Fiscalizadora interviniente entendió que “no se ha generado hecho imponible para el Impuesto a las Ganancias por la mera transferencia de los inmuebles al fideicomiso, pero las operaciones de cesión de los Certificados de Participación no están alcanzados por los beneficios tributarios de que gozan los fideicomisos financieros que realizan oferta pública de los certificados de participación y, por lo tanto, la cesión del Certificado de Participación “A” y del Certificado de Participación “B” resulta una operación gravada por el impuesto…” (vide fs. 116 Cuerpo Cesión de Certificados de Participación).
En otras palabras, la fiscalización determinó el monto del resultado obtenido por la recurrente de manera correcta, pero atribuyó el mismo a las cesiones de los certificados, las cuales, si bien estaban gravadas, en este caso no producen ningún impacto en el balance fiscal; situación que echa por tierra la pretensión fiscal. A tenor de lo expuesto, voto por revocar la Resolución N° 45/2008, en lo que fuera materia de agravios.
Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la complejidad del caso.
La Dra. O´Donnell dijo:
Adhiero al relato de antecedentes efectuado por el Vocal Instructor en su voto, más no la decisión que allí se propone.
Para ello tengo en cuenta que no se encuentra en discusión que el art. 83 de la ley 24.441, en el texto vigente en el período fiscal 2003 que es el aquí interesa, disponía que, “Los títulos valores representativos de deuda y los certificados de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se constituyan para la titulización de activos, serán objeto del siguiente tratamiento impositivo:
…b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital, quedan exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto ordenado 1986) y sus modificaciones.
El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública”.
Tampoco se encuentra controvertido que en el caso no medió oferta pública, sino que los certificados fueron transferidos en forma privada; por lo que con estricto apego al principio de legalidad que con especial énfasis rige en materia tributaria por mandato constitucional, la exención invocada por Federalia S.A. es improcedente y, por ende, la pretensión fiscal notificada en la Resolución N°45/2008 resultada ajustada a derecho.
Cabe señalar a mayor abundamiento que un análisis similar fue efectuado en la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa “Federalia S.A. de Finanzas: Moneta, Raúl Juan Pedro sobre Infracción ley 24.769”, sentencia del 6/3/2013, en particular, en el voto del Dr. Bonzón. Se dijo allí que, “…los resultados provenientes de la cesión de los certificados de participación deben ser incorporados a la declaración jurada a menos que sean vendidos por oferta pública”.
Y agregó que, “Siguiendo esta línea y contrariamente a lo que sostiene el apelante, el hecho imponible existió, en tanto la cesión onerosa de los certificados de participación devengó la obligación de pagar los tributos de cuya evasión se trata”.
Para concluir que, “La decisión social de celebrar un fideicomiso financiero para obtener dinero líquido con una garantía fácil y lo antes posible, tiene que ver con la libertad de gestión comercial de su empresa, pero de ningún modo releva las obligaciones tributarias que la decisión genera y por las cuales la contribuyente debe pagar al Fisco Nacional”.
La sentencia puede ser descargada del sitio público www.cij.gov.ar.
Respecto a las objeciones referidas al costo computable de los certificados de participación adoptado por el juez administrativo en la liquidación de la deuda determinada, toda vez que el cuestionamiento que formula el recurrente se afinca, fundamentalmente, en aspectos referidos al principio de la realidad económica de las que se vale para decir que no hubo beneficio alguno, debe decirse, sin embargo, que sus afirmaciones no tienen respaldo alguno, ni en la ley ni tampoco en las pruebas ofrecidas y producidas, correspondiendo que en este aspecto también se confirme la pretensión fiscal.
Por todo lo expuesto, debe confirmarse la Resolución N° 45/2008 tanto en cuanto al capital subsistente luego del desistimiento de fs. 96, como los intereses resarcitorios que acceden al mismo (art. 37, ley 11.683), con costas.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del Dr Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución N° 45/2008. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. - Date: 2023.08.03 16:28:43 -03:00 Date: 2023.08.03 16:38:03 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.03 16:39:54 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.03 16:39:55 -03:00
Fin de la sentencia