Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2025-90948481-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 3.638.199 (pesos tres millones seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y nueve) equivalente a 47,11 (cuarenta y siete con 11/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 9.095.497 (pesos nueve millones noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y siete) equivalente a 117,77 (ciento diecisiete con 77) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 2226/2025 (25/09/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-121862792-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Noviembre de 2025 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el EX-2025-90948481- -APN- SGAI#TFN, caratulado “FEHLAUER, JULIO CESAR s/recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Mediante RE-2025-90946488-APN-SGAI#TFN, el Sr. Julio César Fehlauer interpone recurso de apelación contra la resolución dictada el 24 de julio de 2025 por la Dirección Regional Posadas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la cual se le determinó el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2022 y 2023, intimando gravamen a ingresar más accesorios. Respecto al aspecto sancionatorio, se difirió la aplicación de multa en virtud de lo dispuesto por el Régimen Penal Tributario (vide RE-2025-90938166-APN- SGAI#TFN).
En primer lugar, el recurrente resalta que se vio en la imposibilidad de aportar pruebas o realizar presentaciones de cualquier naturaleza ante la fiscalización, en virtud de tener bloqueada la CUIT. También trae a colación que no efectuó la presentación de ganancias del 2022, ya que tenía dos requerimientos simultáneos del mismo periodo mientras que por el periodo 2023 fue imposible de presentar documentación alguna por el citado bloqueo. Sostiene que tal medida restrictiva le hizo imposible ejercer descargo o defensa, ya que no contaba con las herramientas tecnológicas para poder efectuar presentación de cualquier naturaleza.
En virtud de lo expuesto, sostiene que el procedimiento determinativo utilizado fue de una irregularidad manifiesta que convierte a la resolución derivada del mismo en un acto administrativo infundado, inmotivado e irrazonable contrario a los principios que rigen la relación de los particulares con la Administración Pública, a la vez que se afectaron los principios constitucionales de legalidad y debido proceso adjetivo.
Con relación al ajuste practicado, señala que el Fisco estableció márgenes de utilidad del 10 % para el periodo fiscal 2022 y del 24% para el periodo 2023, aplicando ello sobre las compras de carnes informadas, a la vez que estimó el monto de ventas omitidas a cada periodo analizado no determinando cuál fue la base para arribar a dichos guarismos. Remarca que la actividad principal “venta al por mayor de carnes rojas y sus derivados” en la región central de la provincia de Misiones arroja un margen de utilidades qué oscilan entre el 5% y el 7% como máximo, porcentaje dado por valores que otros empresarios del rubro manejan a diario.
Se agravia de la imposición de intereses resarcitorios, precisando que no existió mora culpable de su parte. Acompaña prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque el acto apelado. Con costas.
II. A través del IF-2025-114527992-APN-DTD#JGM contesta traslado el Fisco Nacional. En cuanto a la nulidad planteada, expresa que la alegada afectación del derecho de defensa es inexistente, en virtud de que no existe violación de las garantías de raigambre constitucional y el acto apelado posee todos los requisitos contemplados por la normativa vigente.
Puntualmente respecto a la restricción por el bloqueo de CUIT, señala que ello no impidió que efectuara presentaciones durante el curso de la fiscalización, que a su vez fue notificado oportunamente que tenía acceso a las actuaciones administrativas y que la normativa vigente aún con la limitación expuesta, mantenía habilitados servicios mínimos v necesarios como presentaciones digitales y presentación de declaraciones juradas y pago. En virtud de ello, concluye que la imposibilidad de aportar pruebas o realizar presentaciones de cualquier naturaleza invocada por el actor carece de sustento, sin que se haya vulnerado su derecho de defensa. Con relación al ajuste practicado, señala que el contribuyente omitió declarar la totalidad de las operaciones gravadas, presentando la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del periodo fiscal 2022 que no se condice con la realidad, y omitió presentar la declaración jurada del Impuesto para el periodo fiscal 2023, accionar que -para el ente fiscal- le permitió al recurrente disminuir y ocultar indebidamente y de forma relevante el impuesto que debió ingresar. Remarca que teniendo en cuenta que se encuentra inscripto en actividades económicas alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias y que, no ha sido justificado que los fondos provengan de un origen distinto, la fiscalización concluyó que los fondos necesarios para hacer frente a las compras constatadas, se han originado en la venta de los bienes inherentes a la actividad desarrollada.
En cuanto al margen de utilidad atribuido, expresa que se recurrió al método presuntivo vinculado a considerar los índices de los contribuyentes inscriptos en la misma actividad y en la misma dependencia del Fisco, atento la inexistencia de documentación respaldatoria del recurrente. Indica que ni en sede administrativa ni ante esta instancia, el apelante ofreció prueba para contrarrestar tal estimación.
Respecto a la liquidación de intereses resarcitorios, precisa que tales accesorios se aplican en forma objetiva y de pleno derecho, no resultando necesario el aspecto subjetivo invocado por el actor.
Acompaña antecedentes administrativos. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el acto apelado, imponiendo las costas al recurrente.
III. Mediante PV-2025-116856892-APN-VOCX#TFN se eleva la causa a conocimiento de la Sala “D”.
A través del IF-2025-119723050-APN-VOCX#TFN se pone los autos a sentencia.
IV. En primer término, corresponde referirse a la defensa de nulidad interpuesta por el actor, sustentada en que por estar bloqueado su CUIT se vio impedido de ejercer en debida forma el descargo o la defensa en forma adecuada.
Que ante todo, no debe olvidarse que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, “Sosa Mirta Elena”, sentencia del 4 de junio de 1997 ). Es decir, que las nulidades no pueden decretarse para satisfacer el interés teórico, sino únicamente cuando ellas hayan redundado en un perjuicio demostrado y concreto para el derecho de quien las pide (conf. "Anteurquiza, Hugo Ramón" - CNACAF. - Sala IV – 26 de marzo de 1992 - entre otros).
Que según surge de las actuaciones administrativas la CUIT de Fehlauer Julio Cesar registraba una marca por estado erróneo del domicilio fiscal y falta de presentaciones juradas desde el 5 de marzo de 2024 (vide 6 del IF- 2025-114527992-APN-DTD#JGM y 59/66 del IF-2025-114573900-APN-DTD#JGM)
No obstante ello, se desprende que desde la notificación de la primera orden de intervención -7 de noviembre de 2023- hasta la notificación de la resolución determinativa de oficio el 28 de julio de 2025, el contribuyente envió tres (3) presentaciones digitales al organismo posteriores a la fecha en que se registró la marca en su CUIT: identificadas con los números 202400274143 del 7 de marzo de 2024, 202400409611 del 08 de abril de 2024 y 202400639175 del 24 de mayo de 2025 (vide fs. 69/90 archivo anexo al IF-2025-114573900-APN-DTD#JGM). En el mismo sentido, resulta ilustrativo el detalle efectuado por el organismo recaudador al contestar el recurso (vide fs. 7/10 del IF-2025-114527992-APN-DTD#JGM).
Al respecto, debe precisarse que si bien es reconocido que el estado administrativo de la CUIT del aquí recurrente estaba limitado por falta de presentación de declaraciones juradas, el cuadro del Anexo II de la RG N° 3832/2016 determina que para revertir ésta limitación el contribuyente debe presentar las declaraciones juradas faltantes y solicitar la rehabilitación de su CUIT por internet; previendo que a tal fin permanecen habilitados los servicios mínimos y necesarios como domicilio fiscal electrónico, presentaciones digitales, sistema registral y presentación de declaraciones juradas y pagos (vide cuadro obrante a fs. 67/68 de las actuaciones adjuntas al IF-2025-
114573900-APN-DTD#JGM).
A su vez, surge de los antecedentes que al momento de correrse vista al contribuyente en los términos del artículo 17 de la ley de rito, se le hizo saber que las citadas actuaciones se encontraban a su disposición en el domicilio de la Dirección Regional Posadas (vide fs. 21 cuerpo anexo al IF-2025-114573900-APN-DTD#JGM). En tal sentido, el recurrente no formuló agravio alguno contra la notificación de tal acto, por lo cual tomó pleno conocimiento tanto de su alcance como de la puesta a disposición de las actuaciones pertinentes.
En efecto, el apelante no pudo demostrar en esta instancia motivos valederos por los que no pudo formular su descargo en sede administrativa. Así pues, las circunstancias analizadas no permiten tener por configurada la imposibilidad de defenderse alegada sino más bien la inactividad de la aquí parte actora durante el curso del plazo otorgado por la AFIP para contestar la vista conferida (cfr. Sala VI de la Alzada in re “Potage S.R.L.”, sentencia del 22 de marzo de 2022, confirmando el criterio de esta juzgadora en decisión del 12 de julio de 2021). A ello debe sumarse que el Sr. Fehlauer tuvo amplias posibilidades de proponer pruebas ante esta instancia, derecho que no ejerció tal como surge del recurso de apelación incoado; en efecto, no se advierte como se vio vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa en el caso concreto.
Por lo demás, de la lectura del acto cuestionado surgen las razones de hecho y de derecho que llevaron al juez administrativo a practicar el ajuste que diera origen a la liquidación del tributo reclamado. Ello así y más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al sustentar su criterio, dicha cuestión debe ser analizada en oportunidad de referirme puntualmente respecto de la cuestión de fondo, en los considerandos siguientes, pero no afecta la validez del acto atacado.
Por todo ello, corresponde rechazar la defensa de nulidad planteada. Cabe destacar, que si bien el planteo mereció un tratamiento previo por razones de lógica precedencia, no procede la imposición autónoma de costas, puesto que ni la parte actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento (cfr. CSJN in re “Bolland y Cía. S.A.”, sentencia de fecha 21/02/2013).
V. Atento lo decidido precedentemente, corresponde referirse a la procedencia del ajuste practicado. Que del cotejo de las constancias agregadas a la causa, surge que el contribuyente declara como actividad principal “Ventas al por mayor de carnes rojas y sus derivados”, cerrando su ejercicio comercial el 31 de diciembre de cada año (vide Informe Final de Inspección obrante en el archivo adjunto al IF-2025-114571440-
APN-DTD#JGM).
Que el 7 de noviembre de 2023 se notificó el inicio de la fiscalización bajo la OI Nº 2190121, respecto –en lo que aquí interesa- al Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2022 (archivo anexo al IF-2025-114572039-APN- DTD#JGM). Posteriormente, el 20 de diciembre de 2024 se notificó el inicio de la fiscalización comprendiendo el Impuesto a las Ganancias -periodo fiscal 2023-, bajo OI Nº 2301803 (vide orden nro. 3 del expediente nro. EX- 2024-04489056- -AFIP-EQ1ADIRPOS#SDGOPII anexo al IF-2025-114573622-APN-DTD#JGM).
Corresponde destacar que al inicio de las citadas fiscalizaciones, se constató que las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los periodos fiscales 2022 y 2023 no se encontraban presentadas, presentando recién el 21 de diciembre de 2023 la declaración jurada del periodo fiscal 2022, sin aportar papeles de trabajo o documentación de respaldo, en tanto que a la fecha del acto determinativo, no había sido presentada la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal 2023 (vide resolución apelada, RE-2025-90938166-APN- SGAI#TFN).
Asimismo, en lo que atañe al cumplimiento de los requerimientos que le fueran cursados durante el curso de la inspección, el aquí apelante sólo aportó parte de la documentación requerida (vide punto 4 del Informe Final de Inspección obrante en el IF-2025-114571440-APN-DTD#JGM).
Frente a ello, el organismo se encargó de remarcar que en virtud de los requerimientos incumplidos, la inexistencia de respaldo de los elementos aportados y la incomparecencia del Sr. Fehlauer a la citación el 15 de agosto de 2024 en el Distrito Eldorado, los fiscalizadores se constituyeron en el domicilio comercial del apelante, labrando actas de las que se desprende que el recurrente manifestó, entre otras cuestiones: poseer una carnicería y lindante a ésta un galpón con 2 cámaras frigoríficas con capacidad de 1505 medias reses cada una; que sus principales proveedores era la Sra. Margarita Antúnez y la Ganadera el Porvenir SA (fs. 194 /195 del archivo adjunto IF-2025-114572039-APN-DTD#JGM).
Por su parte, de la información emergente de bases de datos del ente fiscal -“Régimen informativo de Compras y Ventas -Informantes”- Libro de IVA Digital/Compras y Ventas”, surgía que en los periodos fiscales 01/2022 a 12/2023 Julio César Fehlauer había informado operaciones de compras superiores a las ventas (fs 74/75 y 86 Cpo. anexo al del IF-2025-114572039-APN-DTD#JGM).
Frente a ello, los inspectores solicitaron pedidos de información a los principales proveedores del fiscalizado y obtuvieron información de las bases de datos del organismo (vide Cuerpo Circularizaciones anexo al IF-2025- 114573101-APN-DTD#JGM). Del listado de las operaciones realizadas con el aquí actor remitido por dos de sus principales proveedores, se constató coincidía con las operaciones registradas en los Libros IVA Compras por el contribuyente. De ello resultó que la sumatoria de las erogaciones destinadas a las compras que realizó Julio César Fehlauer en los períodos comprendidos entre 01/2022 a 12/2023, era superior a la sumatoria de las ventas declaradas en tales períodos.
Teniendo en cuenta que el contribuyente estaba inscripto en actividades económicas alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias (fs. 13/14 del adjunto al IF-2025-114572039-APN-DTD#JGM) y que, no fuera justificado que los fondos provinieran de un origen distinto, la fiscalización concluyó que los fondos necesarios para hacer frente a las compras constatadas, se habían originado en la venta de los bienes inherentes a la actividad desarrollada. Como resultado de las tareas de control realizadas se ajustaron las ventas declaradas en el período fiscal 2022 y se construyó la declaración jurada de período 2023, atento a haberse identificado montos relevantes de compras en dichos períodos superiores a las ventas declaradas; todo ello con sustento en lo dispuesto por el 18 -primer párrafo- de la ley de rito fiscal.
En el contexto señalado se realizó la consulta de los márgenes de utilidad bruta promedio de la actividad “Venta al por mayor de carnes” para la Dirección Regional Posadas (ARCA), que distaban de los valores declarados por el Sr. Julio César Fehlauer. Es por ello que a partir de las compras informadas por el contribuyente y corroboradas con los respectivos proveedores, ampliamente superiores a las ventas exteriorizadas, la inspección estimó el monto de las ventas omitidas a través de la aplicación sobre las compras netas del MARGEN BRUTO promedio de la actividad correspondiente a lo declarado por todos los contribuyentes inscriptos en la actividad “Venta al por mayor de carnes” y pertenecientes a la misma dependencia de este Organismo (ver foja 204 del Cpo. de antecedentes anexo al IF-2025-114572677-APN-DTD#JGM).
A tales fines, se relevaron las compras netas de IVA informadas por el contribuyente en el marco del Régimen Informativo de Compras y Ventas (informado por como comprador) desde enero 2022 hasta diciembre 2023, considerando únicamente los principales proveedores de carnes, los que representan el 92,67% y 95,01% del total de las operaciones registradas en el Libro IVA compras del contribuyente en los periodos fiscales 2022 y 2023, respectivamente.
Sobre ello, se aplicó sobre el margen de utilidad bruta, cuyo guarismo resultó de un 10% para el periodo fiscal 2022 y del 24% para el periodo 2023. Con la consideración de dichos márgenes sobre las compras de carne informadas (mercadería de reventa) y se estimó el monto de ventas omitidas correspondiente a cada periodo analizado (fojas 205/206 de las actuaciones adjuntas al IF-2025-114572677-APN-DTD#JGM).
Es dable destacar que en el procedimiento aplicado para arribar a los montos de ventas omitidas, los actuantes consideraron los saldos de las deudas (pasivos) mantenidos al cierre de cada ejercicio obtenidos en el marco de la labor de fiscalización (fs 155 del cuerpo anexo al IF-2025-114572039-APN-DTD#JGM). Por otro lado, en el período fiscal 2022 fueron impugnados pasivos por la suma de $ 55.394.303,92 atento haberse detectado inconsistencias entre los saldos de deudas comerciales declarados por el contribuyente y los informados por sus acreedores en respuestas a las requisitorias formuladas por la fiscalización. No obstante ello, el Fisco incluyó el ajuste por este concepto como subsumido en el resultante del incremento de ventas según el procedimiento ya descripto (197/198 de esos a.a.).
En virtud de lo expuesto, los ajustes efectuados se tradujeron en una diferencia de saldo a ingresar en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2022 y 2023.
V. Sentado ello, la facultad del Fisco para proceder a la estimación de oficio ha sido reconocida por el Cimero Tribunal, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en una instancia contenciosa, los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (cfr. CSJN, S.I.A. S.A., sentencia del 6 de septiembre de 1967).
Puntualmente con relación a los agravios referidos a los márgenes de utilidad aplicados por la AFIP, es preciso señalar que, según los arts. 16 y 18 de la ley 11.683 de la ley de rito fiscal, resulta admisible que el organismo recaudador ante la falta de elementos ciertos que permitan conocer la existencia y magnitud de la obligación tributaria, pueda considerar a efectos de establecer la materia imponible, el conjunto de circunstancias relativas al contribuyente por medio de una adecuada valoración y en el marco conceptual de las leyes impositivas aplicables (cfr. Sala IV de la Alzada in re “Degenaro, Natalia”, sentencia del 5 de setiembre de 2019).
Que en autos resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos (conf. Art. 377, C.P.C.C.N.), cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su posición jurídica.
En efecto, el apelante debía rebatir en esta instancia la estimación realizada por el Fisco, justificando que no se omitieron declarar ingresos en el Impuesto a las Ganancias por los períodos 2022 y 2023 como también que correspondía el cómputo de mayores gastos y desvirtuar los márgenes de utilidad aplicados en el acto determinativo. Ante ello, tal como se dijera, no ofreció probanza alguna ante esta instancia jurisdiccional a fin de desvirtuar las conclusiones del ente recaudador.
Si bien este Tribunal -conf.art. 164 de la ley de rito- tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, es jurisprudencia pacífica que ello no implica llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal, a lo que se agrega que las estimaciones de impuestos efectuadas de oficio gozan, en principio, de legitimidad e incumbe a quien las impugna demostrar fehacientemente los hechos en que sustenta su pretensión . Que de seguirse otra tesitura “la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos” (conf. CSJN in re “Romero SA”, sentencia del 8 de febrero de 2005).
En consecuencia, validado el método presuntivo utilizado por el organismo recaudador y frente a la carencia de prueba señalada, los argumentos esbozados en el recurso no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos.
Por lo expuesto, corresponde confirmar el ajuste practicado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias período 2022 y 2023.
VI. Sobre los agravios referidos a la liquidación de intereses resarcitorios, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, “la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio”. Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los agravios expuestos por el recurrente en este caso (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, externas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En tal sentido, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. “Arcana Orazio” del 03/07/84 y “Marthay, Jorge” del 06/06/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios obrante en el acto apelado, toda vez que ello se ajusta a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
VII. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes. Con costas. La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar el acto apelado en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 3.638.199 (pesos tres millones seiscientos treinta y ocho mil ciento noventa y nueve) equivalente a 47,11 (cuarenta y siete con 11/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 9.095.497 (pesos nueve millones noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y siete) equivalente a 117,77 (ciento diecisiete con 77) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada en la etapa procesal cumplida en autos, conforme Ley 27.423, Resolución SGA Nº 2226/2025 (25/09/2025) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.10.31 12:39:08 -03:00 Date: 2025.10.31 14:35:13 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.11.03 09:00:16 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.11.03 09:00:17 -03:00
Fin de la sentencia