Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 49430-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera y distribuir las costas en el orden causado.
2Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando X.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
38850/2025 FERBAR SRL (TF 49430-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 22 de diciembre de 2025.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 76, inciso 'b', de la ley 11.683 contra la resolución nº 142/2018 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que determinó la obligación tributaria en el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 07/2012 a 01/2013, 03/2013 a 05/2013, 07/2013, 08/2013, 10/2013, 11/2013 y 02/2014 a 05/2014) y estableció "un saldo de impuesto a ingresar e intereses resarcitorios".
II. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió: "[c]onfirmar la resolución apelada, con costas; y reducir la multa aplicada a dos tantos del gravamen dejado de ingresar, con costas en la parte que se confirma y por su orden en relación a la reducción de la misma".
En lo que ahora importa sostuvo:
(i) "[D]ebe analizarse la sanción aplicada, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inc. d) de la ley 11.683 [...] y sobre la cual la recurrente manifiesta su improcedencia en virtud de aspectos vinculados a las facturas y al proveedor impugnado". (ii) "[E]l Fisco Nacional recurrió para el encuadre de la conducta de la recurrente al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos".
(iii) "[L]os actos administrativos impugnados imputan a la recurrente la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas al haber considerado que la recurrente 'no ha exhibido documentos de comprobación suficientes, careciendo de de justificación en consideración a la naturaleza y volumen de las operaciones y a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa de su negocio de venta al por menor de prendas de cuero, la confección de prendas de vestir de cuero y la venta al por menor de calzado, excepto el ortopédico y el deportivo'".
(iv) "[E]l juez administrativo concluye que 'ha exhibido documentación carente de validez respaldatoria para respaldar las operaciones por ella invocadas, poniendo de manifiesto su irrealidad ', por lo que se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión".
(v) "En esa dirección no puede decirse que el ente fiscal extrajo 'automáticamente' la conclusión de que cabía la responsabilidad establecida en las normas en las que funda su acto sancionatorio. Muy por el contrario funda el mismo en hechos concretos y probados, claramente determinados".
(vi) "[N]o obstante, no surge de las actuaciones administrativas que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce a reducir la sanción a su mínimo legal en dos tantos del gravamen dejado de ingresar en su justa medida".
III. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero apeló y expresó los siguientes agravios que no fueron replicados. Sus quejas giran en torno a la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de "reducir la multa aplicada a dos tantos del gravamen dejado de ingresar en su justa medida".
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38850/2025 FERBAR SRL (TF 49430-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Sostiene que con el fin de establecer el quantum de la sanción el juez administrativo reconoció "la escala penal como una progresión continua de aumento de gravedad (teoría de la escala continua), con atenuantes y agravantes, justa y adecuada a derecho, ponderando la cantidad de períodos por los que se lo condena, en el caso, diecinueve (19) períodos fiscales en el IVA".
Agrega que "si bien la ausencia de antecedentes sumariales opera como un elemento atenuante a la hora de graduar la multa impuesta" lo cierto es que los elementos antes apuntados "demuestran, por un lado, la gravedad de la conducta reprochada a la firma actora y, por otro, el ejercicio razonable de la potestad sancionatoria por parte del juez administrativo".
Y precisa "que si bien la circunstancia valorada como atenuante por el Tribunal Fiscal de la Nación [...] tiene recepción legislativa a partir de la sanción de la Ley 27.430 [...] también la tiene -como agravante- 'La gravedad de los hechos y la peligrosidad fiscal evidenciada, en relación con la capacidad contributiva del infractor y la índole de la actividad o explotación', conforme reza el inc. d) del segundo párrafo del citado art. 50 ter.".
IV. Esta sala tiene dicho que si bien es cierto que la graduación de la pena es una facultad discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, también es cierto que ese ejercicio no escapa al control judicial de razonabilidad, puesto que ello no implica de modo alguno una libertad de apreciación de la proporción de la alternativa punitiva elegida (causas "Bracciale, Mauricio Normando" y "TATA S.A.C.I.", pronunciamientos del 9 de septiembre de 2014 y del 16 de febrero de 2016, respectivamente).
V. El Tribunal Fiscal de la Nación ponderó "que no puede decirse que el ente fiscal extrajo 'automáticamente' la conclusión de que cabía la responsabilidad establecida en las normas en las que funda su acto sancionatorio. Muy por el contrario funda el mismo en hechos concretos y probados, claramente determinados".
Y consideró la inexistencia de antecedentes en materia sancionatoria como un elemento atenuante para graduar la multa impuesta.
Se advierte, pues, que la circunstancia ponderada en la sentencia a efectos de reducir la multa resulta coincidente con las pautas propuestas por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (actualmente ARCA) en su instrucción general 6/2007, aplicables al juzgamiento de las infracciones que rigen la materia impositiva y la pertinente graduación de las sanciones (ver punto 3.2.1.).
VI. Es conveniente recordar que las instrucciones generales instituyen normas de procedimiento o trámite de cumplimiento obligatorio por parte de las dependencias estatales para ser aplicadas al desarrollo de las tareas o funciones asignadas por su competencia. Por tanto, aun cuando las instrucciones generales son disposiciones internas para la ARCA, pueden ser válidamente utilizadas como criterios de interpretación para resolver la cuestión planteada (esta sala, causa "Hidalgo, Fernando" pronunciamiento del 2 de junio de 2015, y sus citas).
VII. En consecuencia, corresponde desestimar los agravios de la parte demandada, habida cuenta de que no logra desvirtuar la circunstancia objetivamente valorada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
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38850/2025 FERBAR SRL (TF 49430-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Asimismo, debe agregarse que la firma actora tampoco entorpeció la actividad de los funcionarios actuantes, circunstancia que resulta coincidente con aquellas pautas.
VIII. Finalmente cabe señalar que la circunstancia valorada como atenuante por el Tribunal Fiscal de la Nación para graduar el monto de las infracciones tiene una recepción legislativa, a partir de la sanción de la ley 27.430, de conformidad con la incorporación realizada en el artículo 50 ter de la ley 11.683.
IX. Las costas de esta instancia deben ser distribuidas en el orden causado dada la falta de réplica del memorial (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
X. Resta pronunciarse respecto de la apelación deducida por la parte demandada por considerar "bajos" los honorarios regulados en el pronunciamiento del 9 de junio de 2025.
En función de la naturaleza del proceso, su monto, la única etapa procesal cumplida, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR en 3,01 UMA y 1,20 UMA -equivalentes a las sumas de $255.738 y de $ 101.955, de conformidad con los valores establecidos en la acordada nº 3160/2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- los honorarios de los doctores Oscar Alberto Yulan y Pablo Adrian Clavarino, por la dirección letrada y la representación procesal de la parte demandada en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 29 y demás concordantes de la ley 27.423).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
1. Desestimar los agravios de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera y distribuir las costas en el orden causado. 2. Fijar los honorarios en la forma establecida en el considerando X.
Regístrese, notifíquese y remítase al Tribunal Fiscal de la Nación.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia