Abriendo la norma
Cámara Federal de Casación Penal, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante UIF, sin costas; revocar el punto I de la resolución recurrida por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates, así como también revocar parcialmente el punto II de la misma decisión en cuanto dispuso la fijación de una fecha de inicio del debate de la causa conocida como “Hotesur” distinta a la previamente fijada para el comienzo de la causa conocida como “Los Sauces” (cfr. arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).
II. Declarar INOFICIOSO el tratamiento de la cuestión traída a estudio de esta Sala en el marco del legajo CFP 3732/2016/89/CFC22.
//nos Aires, a los 20 días del mes de octubre de 2026, se reúne la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces Daniel Antonio Petrone – Presidente-, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar - Vocales-, para decidir en las causas CFP 3732/2016/89/CFC22, CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16 del registro de esta Sala, caratuladas: “FERNÁNDEZ, Cristina Elisabet y otros s/recurso de casación” de las que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 resolvió el 6 de abril ppdo., en lo aquí pertinente, “I.- NO HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el decreto de fecha 2 de marzo de 2026…”.
Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación, el cual fue rechazado el 7 de mayo pasado y motivó la presentación directa a la que esta Sala -en integración parcialmente distinta a la actual- hizo lugar el 28 de mayo del corriente y, en consecuencia, concedió el recurso de casación (reg. n° 507/26), que fue oportunamente mantenido.
II. Que el recurrente fundó su recurso en el artículo 456 incisos 1° y 2°, del ritual y sostuvo que la resolución cuestionada genera un agravio de insusceptible reparación ulterior.
Manifestó que la negativa a fijar fecha de inicio de debate carece de fundamentación suficiente y que implica un supuesto de arbitrariedad. Cuestionó que la invocada 1 Registro N°: 1355/26 “trascendencia pública o institucional” del caso no sea una variable que permita flexibilizar la rigidez interpretada por el a quo en relación a la disposición del art. 359 CPPN y que debe tomarse en consideración que la “dilación” en fijar inicio de debate puede acarrear responsabilidad estatal frente a compromisos internacionales en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Agregó que la decisión recurrida no toma en consideración que el tiempo irrogado también genera un daño en el resto de la prueba realizada y que debe producirse en el debate.
Puso de resalto que “la premura de esta Fiscalía General no está puesta en que se inicie el debate, sino tan sólo que se fije su fecha de celebración contemplando un tiempo prudencial para la culminación de las medidas suplementarias y que eventualmente si se llega a tal fecha, se inicie el debate”.
Objetó que la resolución recurrida haya sido adoptada por dos jueces durante la licencia de la tercera magistrada que se reincorporó al día siguiente de dictada aquella y que corresponde cumplir con la decisión de esta Cámara adoptada en el 18/9/2023, donde se indicó la relevancia de iniciar el debate con la premura que el caso requiere.
Solicitó por ello se haga lugar a lo solicitado y se ordene la fijación de audiencia de debate.
III. Que los autos fueron puestos en Secretaría por diez días a los efectos dispuestos por los artículos 465 cuarto párrafo y 466 del Código Procesal Penal de la Nación. En la oportunidad, se presentó la Unidad de Información Financiera, quien solicitó que se haga lugar al recurso en trámite, se revoque la resolución impugnada y se ordene al tribunal adoptar las medidas necesarias para fijar, sin más dilaciones, la fecha de inicio del debate oral y público, sin perjuicio de la culminación de aquellas diligencias probatorias que aún pudieran encontrarse pendientes.
A su turno, la defensa pública oficial, en representación de Martín Antonio Báez, Adrián Esteban Berni, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Carlos Alberto Sancho, Luciana Sabrina Báez, Claudio Fernando Bustos, Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Mónica Liliana Romero, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Manuel Gauna, Emilio Carlos Martín y Martín Samuel Jacobs peticionó se declare inadmisible el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal o bien, en subsidio, se lo rechace por improcedente. El acusador público, por su parte, solicitó que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, se anule o revoque la resolución impugnada, ordenando se fije pronta fecha de inicio del debate en las presentes actuaciones.
IV. Que, conforme resulta de lo informado (DEO 24874848) y de las constancias de autos, el 17 de septiembre de ppdo. el a quo, por unanimidad, resolvió: “I. DISPONER EL DESDOBLAMIENTO de los debates correspondientes, por una parte, a la causa n° 2644 (CFP 11352/2014/TO1), ‘Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ infracción arts. 278 y 303 del Código Penal’, conocida como ‘Hotesur’; y, por otra, a las causas nros. 2559 (CFP 3732/2016/TO1), ‘Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ infracción arts. 210, 278 y 303 del Código Penal’, y 2579 (CFP 3732/2016/TO2), ‘Báez, Leandro A. y otra s/ infracción arts. 210, 278 y 303 del Código Penal’, conocidas como ‘Los Sauces’. II. FIJAR el inicio del debate de las causas nros. 2559 y 2579, conocidas como ‘Los Sauces’, para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10:00 horas; y el de la causa n° 2644, conocida como ‘Hotesur’, para el viernes 19 de marzo de 2027 a las 10:00 horas. III. HACER SABER A LAS PARTES que ambos debates se desarrollarán de manera presencial, y en el caso de Los Sauces, los días lunes, viernes y sábados, en la sede que será comunicada con la debida antelación. IV. HABILITAR, para el debate de las causas nros. 2559 y 2579, los días sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, quedando reservado en caso de ser necesario, la habilitación de la segunda semana, a fin de asegurar su continuidad” (el énfasis se omite).
V. Que el fiscal ante esta instancia se presentó informando del recurso de casación interpuesto por el acusador actuante ante el tribunal de juicio -a fortiori, radicado ante este colegio como los legajos CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16- y solicitó “que ambos recursos del Ministerio Público Fiscal, antes señalados […] se traten conjuntamente, por los fundamentos expresados, a fin de resolver las cuestiones comunes planteadas en ambos. Para lo cual solicito la reprogramación de la audiencia fijada en autos a tales efectos”.
VI. Que por auto interlocutorio del 1° de octubre ppdo. esta Sala, con el voto de los señores jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, resolvió: “CONTINUAR el trámite casatorio de este legajo y ESTAR a la audiencia asignada oportunamente” (reg. n° 1194/26).
VII. Que el 2 de octubre ppdo. el a quo concedió los recursos deducidos por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera contra el auto del 17 de septiembre de ppdo., los que tuvieron formal ingreso a esta Sala I el 6 de octubre pasado, bajo los legajos CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16.
VIII. Que conforme constancia actuarial obrante, por decreto del 7 de octubre ppdo. en los legajos n° CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16, donde se sustancian los recursos interpuestos por la acusación pública y por la parte querellante contra el referido auto del 17 de septiembre ppdo., el señor presidente de esta Sala dispuso: “En atención a lo expresado por el representante del Ministerio Público Fiscal y a las consideraciones expuestas al respecto en la resolución dictada en la causa CFP 3732/2016/89/CFC22 (registro nro. 1194/26 de esta Sala), póngase en conocimiento de las partes que estas actuaciones tramitarán de manera conjunta con [esta] causa y déjese constancia. Estése a la audiencia de informes allí fijada”.
IX. Que en el recurso supra referido el Ministerio Público Fiscal invocó sendos motivos previstos en el art. 456 del CPPN.
Explicitó que el remedio “se dirige contra un único punto de la resolución, el desdoblamiento de los debates, y persigue una solución concreta: que ambos debates comiencen el 23 de octubre de 2026, ante la misma integración del Tribunal y en un juicio único”.
Sostuvo que tanto la causa “Hotesur” como “Los Sauces” se encuentran en condiciones de ser debatidas conjuntamente, advirtiendo la contradicción del tribunal de juicio al fijar audiencia en ambas pese a continuar pendiente la instrucción suplementaria que antes invocaba como impedimento. Cuestionó que la decisión impugnada, apoyada en los arts. 43 y 360 del CPPN sin acreditar la necesidad de la medida ni evaluar alternativas menos lesivas, lejos de asegurar la celeridad procesal, genera una dilación indebida al postergar casi cinco meses el inicio del debate de “Hotesur” (fijado para el 19 de marzo de 2027) respecto del de “Los Sauces” (previsto para el 23 de octubre de 2026). Asimismo, remarcó que la acumulación material de los expedientes fue dispuesta en 2019 y consentida por todas las partes, por lo que reabrir esa discusión vulnera los principios de preclusión y estabilidad de las resoluciones judiciales.
Negó que ambos procesos conserven objetos procesales autónomos susceptibles de ser juzgados por separado, señalando una insuficiente valoración de la prueba común y de las conexiones entre las maniobras investigadas. Explicó que dicha vinculación impide un tratamiento escindido, dado que en “Hotesur” no se formuló imputación por asociación ilícita (art. 210 del CP) ni se aplicó la agravante del art. 303, inc. 2°, ap. “a”, del CP respecto de quienes ya habían sido acusados por esas figuras en las causas conexas n° 5048/16 y n° 3732/16, a fin de resguardar la prohibición de doble persecución penal. De este modo, advirtió que el desdoblamiento condiciona sin intervención fiscal el alcance con que podrá sostener cada una de sus acusaciones y conlleva el riesgo de valoraciones fragmentadas, pronunciamientos contradictorios y cosa juzgada parcial.
Finalmente, denunció la afectación del principio de contradicción porque el desdoblamiento fue dispuesto de oficio tras la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026 sin previo debate ni consulta a las partes, privando a la fiscalía de exponer la conexidad probatoria y proponer planes organizativos, lo que configura una nulidad de orden general (arts. 167, inc. 2, y 168 del CPPN).
En definitiva, peticionó se haga lugar al recurso, se deje sin efecto la resolución cuestionada y se disponga que los debates de las causas “Hotesur” y “Los Sauces” se inicien conjuntamente el 23 de octubre de 2026, ante la misma integración del Tribunal. Subsidiariamente, se anule la resolución impugnada y se disponga el dictado de un nuevo pronunciamiento, previa intervención de las partes y consideración integral de las conexiones fácticas y probatorias existentes.
Hizo reserva del caso federal.
X. Que, con invocación del motivo adjetivo previsto en el art. 456 del libro procedimental, la parte querellante interpuso recurso de casación contra los puntos I y II de la referida resolución del 17 de septiembre de 2026.
Indicó que la cuestión en trance casatorio no había sido debatida en la audiencia preliminar del 4 de septiembre pasado y que el a quo incurrió en arbitrariedad al evaluar la autonomía de los objetos procesales, omitiendo deliberadamente la pieza acusatoria de su parte.
Asimismo, planteó que someter ambos juicios sucesivos a los mismos magistrados genera una contradicción estructural insalvable, pues los obliga a pronunciarse primero en “Los Sauces” sobre plexos probatorios indivisibles y comunes a “Hotesur”. A su ver, ello condicionaría el segundo fallo a partir de una base probatoria parcial, propiciaría pronunciamientos incompatibles y generaría el peligro concreto de que las defensas opongan excepciones de cosa juzgada, ne bis in idem, litispendencia o preclusión.
Denunció el “quebrantamiento de la comunidad de la prueba y la pérdida del abordaje integral de la prueba común del lavado de activos”, señalando que el principal perjuicio del desdoblamiento reside en la fragmentación de su teoría del caso.
Sostuvo al respecto que “Hotesur” y “Los Sauces” no constituyen compartimentos fácticos ni probatorios aislados y que, aun cuando las maniobras conserven su autonomía formal, presentan conexiones relevantes que sólo pueden comprenderse adecuadamente mediante una producción y valoración conjunta, a lo que se suma el agravio concreto derivado de limitar el ámbito dentro del cual esa parte podrá examinar a los testigos.
Finalmente, aclaró que no niega las facultades previstas en los arts. 43 y 360 del CPPN, sino que cuestiona su ejercicio arbitrario al haberse omitido considerar alternativas organizativas menos perjudiciales para las partes y para la integridad del juzgamiento. En ese sentido, afirmó que la existencia de diligencias de instrucción suplementaria pendientes en uno de los expedientes no exige su agotamiento total previo ni impedía iniciar el debate común, toda vez que el tribunal podía mantener la unidad del juicio y ordenar la producción de la prueba por bloques, comenzando por los testigos y documentos exclusivos de “Los Sauces”, continuando con los elementos comunes y abordando luego la prueba específica de “Hotesur” una vez incorporadas las medidas pendientes.
En suma, peticionó se anule y/o case la resolución impugnada, se revoque la separación de las causas y se ordene la celebración de un único debate que abarque las causas conexas.
Hizo reserva del caso federal.
XI. Que en la etapa prevista por el art. 468 del CPPN concurrieron a la audiencia de ley el doctor Carlos Beraldi, letrado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia; y el doctor Mariano Fragueiro Frías, abogado defensor de Fabián De Sousa.
El Ministerio Público Fiscal presentó breves notas en las que solicitó “que se haga lugar a los recursos de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal y de la UIF, se revoque la decisión sometida a control y, en consecuencia, se ordene la realización conjunta del debate de los tramos ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’”.
Lo propio hicieron los doctores Cristian Daniel Pérez y Luis F. Charro, por la defensa de Lázaro Antonio Báez, quienes peticionaron la inadmisibilidad del recurso interpuesto por el fiscal y, en subsidio, su rechazo. En los legajos CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16 también presentaron breves notas los doctores Santiago Vegezzi y Nicolás D´Albora, abogados defensores de Jorge Marcelo Ludueña, solicitando el rechazo de los recursos interpuestos por los acusadores; y la parte querellante, quien solicitó se haga lugar al recurso de casación y se deje sin efecto la decisión recurrida en cuanto dispuso el desdoblamiento y la realización de debates orales separados para los expedientes “Los Sauces” y “Hotesur”. Superada dicha etapa procesal, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces se expidan, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: Alejandro W. Slokar, Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña.
El señor juez Alejandro W. Slokar dijo:
Que, en mérito de lo decidido por los distinguidos colegas integrantes del colegio el 1° de octubre ppdo., y a lo dispuesto con relación a la tramitación conjunta de los legajos, corresponde referirse liminarmente al alcance del examen de admisibilidad, pues se lleva dicho que “Aquel juicio no es definitivo, y si se considera que el remedio es formalmente improcedente y ha sido mal concedido podrá desecharse sin que medie pronunciamiento sobre el fondo en cualquier momento, ya sea antes o después de la audiencia para informar o al tiempo para dictar sentencia” (Cfr. Sala II, causa n° 14.382, caratulada: “Quiroz, Osvaldo Daniel s/ recurso de casación”, reg. nº 2137/13, rta. 4/12/2013, con sus citas, entre tantas otras).
Así, del análisis realizado en razón de lo previsto por los artículos 444 y 465 del rito, surge la inadmisibilidad de la vía intentada, lo que así se impone declarar. Ello, por cuanto en forma inveterada este Tribunal ha afirmado que el ordenamiento procesal establece una limitación objetiva para la procedencia del recurso casatorio que, en lo sustancial, exige que se trate de hipótesis que revistan la calidad de sentencia definitiva o equivalente, requisito que no aparece reunido en la especie (Sala II, in re “Cetra, Luis María s/ rec. de queja”, c. nro. 14.137, rta. el 12/04/2012, reg. nro. 19817; y “Bustelo, Osvaldo y otra s/ rec. queja”, c. nro. 14786, rta. 11/05/2012, entre otras).
Efectivamente; lo decidido por el tribunal oral involucra medidas ordenatorias del debate que -por vía de principio- resultan exclusivas del órgano de juicio, salvo arbitrariedad, extremo que no acreditan las partes (cfr. mutatis mutandis, Sala II, causa n° 15.560, caratulada: “Acosta, Jorge Eduardo; Astiz, Alfredo Ignacio y otros s/ rec. de queja”, reg. n° 20.006, rta. 5/6/2012; causa nº FTU 400360/2010/7/RH3, caratulada: “Cudmani, Olga Graciela s/ recurso de queja”, reg. n° 351/21, rta. 23/03/2021, entre otros).
En este mismo sentido, lleva invariablemente dicho este tribunal que: “por tratarse de un acto de dirección del proceso, la decisión atacada no es susceptible de ser impugnada por la vía casatoria que [se] intentó” (Vid., entre otras, Sala III, causa nº CPE 990000082/2013/TO1/16/RH1, caratulada: “Segal, Gabriel Alejandro s/recurso de queja”, reg. n° 990/19, rta. 26/06/2019; CPE 1600/2012/TO1/8/RH1 “Solnicki, Jonathan s/recurso de queja”, rta. 4/12/2020). Por lo demás, cuadra señalar que en el auto del 2 de octubre ppdo. que concedió los recursos, expresamente detalló el primer ponente que: “Lo dispuesto se circunscribe, exclusivamente, a la ordenación temporal y organización del debate. En particular, procura anticipar su inicio respecto del tramo del proceso que se encuentra actualmente en condiciones de avanzar hacia el juicio oral y público, al haberse cumplimentado las medidas de instrucción suplementaria correspondientes a esa etapa” (el destacado no obra en el original).
Desde ese andarivel, fue indicado que: “el adelantamiento dispuesto no altera la unidad del juicio, no modifica el temperamento oportunamente adoptado por el Tribunal ni importa desconocer la unificación resuelta. Se trata de una medida estrictamente ordenatoria, orientada a racionalizar el desarrollo del debate, evitar demoras carentes de justificación y compatibilizar el avance de las distintas actuaciones con la exigencia de arribar al juicio oral dentro de un plazo razonable”.
A partir de lo apuntado, también se colige que la vía deducida no puede prosperar, por cuanto los casacionistas limitan la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación se postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular -más allá de su acierto o no- realizó el a quo, y cuyos fundamentos no logran rebatir.
En ese orden, forzoso es recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que la parte estime tales según su criterio divergente, sino que atiende sólo a supuestos en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 293:344; 274:462; 308:914; 313:62; 315:575), lo que -como ya se dijo- no aparece suficientemente demostrado por los recurrentes, quienes no tuvieron a bien concurrir a la audiencia y renunciaron a la posibilidad de debatir ante este colegio.
En este contexto, no se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal para habilitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por el Alto Tribunal in re “Di Nunzio” (Fallos: 328:1108).
Ad finem, habida cuenta que los planteos de los recurrentes cuestionan la fórmula seleccionada por el órgano de juicio —quien ejerció sus facultades propias para ordenar el debate oral y público, según la manda legal del digesto rituario— la revisión por parte de esta alzada podría implicar, en los términos demandados, una exorbitancia competencial.
En definitiva, sin perjuicio de encomendarse al órgano de juicio celeridad y mantenimiento del buen orden procesal para la eficaz prestación del servicio de justicia, el reclamo no puede ser de recibo, tanto en garantía de la legalidad y del respeto estricto del debido proceso, cuanto también en resguardo de la independencia judicial en su dimensión interna o vertical.
Por ello, se propicia al acuerdo —sin más— declarar inadmisibles los recursos de casación deducidos por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante en los legajos CFP 3732/2016/89/CFC22, CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16; sin costas (arts. 444, 465, 465 bis, 530 y ccds. CPPN).
Así lo voto.
El señor juez Daniel Antonio Petrone dijo:
1. Habré de disentir respetuosamente con la propuesta formulada por el colega que inaugura el acuerdo, señor juez Alejandro W. Slokar, por los motivos que seguidamente expondré.
Preliminarmente, deviene pertinente señalar que los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera, en su calidad de querellante, contra la resolución por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates correspondientes a las causas CFP 11352/2014/TO1, por un lado, y CFP 3732/2016/TO1 y CFP 3732/2016/TO2, por el otro, a pesar de no dirigirse contra alguna de las resoluciones enumeradas en el art. 457 del CPPN, resultan formalmente admisibles (cfr. Fallos: 328:1108), pues la decisión impugnada, por sus efectos concretos, resulta equiparable a una sentencia definitiva. En efecto, el pronunciamiento cuya arbitrariedad se alega es susceptible de ocasionar un perjuicio de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior, en tanto la decisión de separación el trámite de un proceso, obstaculiza el avance de la causa hacia la etapa de juicio y, con ello, la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable. De este modo, las consecuencias que derivan del pronunciamiento trascienden el mero ordenamiento del trámite y compromete concretamente el ejercicio de la función requirente tanto del Ministerio Público Fiscal como de la parte querellante, y la razonable duración del proceso.
Así, el gravamen ocasionado no puede ser adecuadamente reparado mediante el dictado de la sentencia definitiva que eventualmente recaiga, pues una decisión ulterior favorable no tendría aptitud para retrotraer ni neutralizar la dilación procesal ya consumada.
Asimismo, se encuentra configurada una cuestión federal suficiente, toda vez que se denuncia la afectación de garantías del debido proceso y de la defensa en juicio que también amparan a los acusadores (cfr. Fallos: 299:17; 308:1874 y 329:5323), como consecuencia de la arbitrariedad que se atribuye al pronunciamiento recurrido.
En tales condiciones, y atendiendo a las particulares consecuencias que la decisión produce sobre la prosecución del proceso, corresponde habilitar excepcionalmente la vía casatoria, pues su carácter no definitivo no constituye, en el caso, un obstáculo para su revisión.
2. Saldada esa cuestión y reseñado previamente el contexto en el que se inscribe esta inspección casatoria, deviene pertinente memorar, en lo que aquí interesa, que el 14 de mayo de 2019, esta Sala I -por mayoría y con distinta integración- resolvió “DECLARAR LA COMPETENCIA del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de la Capital Federal, para continuar con la tramitación de los expedientes ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’” (las mayúsculas y lo resaltado obran en el original, cfr. Reg. 782/19).
En aquella oportunidad, esta Cámara tuvo en cuenta que “(…) la conexidad subjetiva y objetiva entre las causas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur’ fue declarada durante la instrucción de la primera mencionada (cfr. resolución de la Sala I de la C.C.C.F. del 30/11/17 en la causa 3732/2016/49/CA9 que confirmó la ‘declaración de conexidad con las causas nº 15.734/08, 11.352/14 y 5048/16 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 10, Secretaría nº 19), y que no hay disenso entre los tribunales acerca de su existencia (…)”. En ese marco, advirtió que, “(…) pese a que la causa radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 se encuentra en un mayor grado de avance pues ya ha vencido el plazo para ofrecer prueba, la tramitación conjunta de ambas resulta ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia.”
En esa línea, el 13 de junio de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 5 de esta ciudad dispuso la acumulación material de las causas, una vez que alcanzaran una situación procesal equivalente.
3. En ese contexto, adelanto que asiste razón a las partes recurrentes en cuanto a que la resolución cuestionada de desdoblar los juicios presenta aspectos que resienten su motivación y la descalifican como acto jurisdiccional válido. Veamos.
Para resolver en el sentido indicado al inicio de la presente, el tribunal a quo consideró necesario examinar si subsistían las razones que habían justificado oportunamente “la tramitación material conjunta de los procesos en miras a lograr el cumplimiento de las pautas fijadas en la audiencia preliminar”.
A tal fin, se entendió que el análisis debía atender a la delimitación definitiva de las acusaciones, la prueba ofrecida, el estado actual de cada expediente y las condiciones concretas en que habrá de desarrollarse el juicio. Se recordó que el 13 de junio de 2019, el entonces presidente del tribunal dispuso, en el legajo CFP 11352/2014/TO1 -causa comúnmente conocida como “Hotesur”-, la acumulación material del mencionado expediente y del CFP 3732/2016/TO1 -causa conocida como “Los Sauces”-, en razón de la conexidad existente entre ambos, una vez que aquella alcanzara idéntica situación procesal; y se destacó que esa decisión había respondido a una finalidad meramente instrumental.
En ese marco, se invocó el art. 43 del CPPN, en cuanto dispone que no procede la acumulación de causas cuando determine un grave retardo para alguna de ellas. Sobre esa base, sostuvo que “(l)a comparación de los requerimientos de elevación a juicio demuestra que las causas conservan objetos procesales distintos, aun cuando presenten un marco histórico común, algunos imputados coincidentes y determinados puntos de contacto probatorio.”
Se añadió que esa autonomía también se manifiesta en la prueba testimonial, pues la celebración de un debate único obligaría a las defensas, querellas y demás letrados cuya intervención se limita a uno de los expedientes a asistir a extensas audiencias destinadas a recibir testimonios ajenos a sus respectivos casos e intereses.
Desde esa perspectiva, se coligió que “(e)l desdoblamiento permite organizar bloques probatorios homogéneos, convocar a cada testigo en el proceso al que pertenece y concentrar la intervención de los letrados en la prueba relevante para sus asistidos.” Según se explicó, ello contribuiría a reducir la duración de las audiencias, facilitar su continuidad y evitar reprogramaciones, sin menoscabar el derecho de ninguna parte a controlar la prueba ni a producir en cada debate los elementos comunes que resulten pertinentes.
Asimismo, se consideró que la separación favorecería el cumplimiento de la modalidad presencial prevista para ambos juicios. En ese sentido, se advirtió que la sustanciación de “(u)n único debate, con dos objetos autónomos y más de dos centenares de testigos propios considerados en conjunto, impondría exigencias de espacio, coordinación, seguridad y disponibilidad que dificultarían mantener audiencias presenciales con una frecuencia adecuada.”
Como otro fundamento, se señaló que las medidas de instrucción suplementaria dispuestas en la causa “Los Sauces” presentan un grado de avance superior al de aquellas ordenadas en el expediente “Hotesur”. Por ello, se entendió que no existían razones para supeditar la prosecución de la causa más avanzada al cumplimiento de las diligencias pendientes en la otra, ni para exponer a cualquiera de ellas al riesgo de paralización derivado de las contingencias que pudieran suscitarse en el proceso restante.
A ello se agregó que los magistrados que integran el tribunal “pertenecen a distintos tribunales orales federales y continúan interviniendo en debates ya iniciados en sus respectivas dependencias”. A juicio del a quo, esa circunstancia “confirma la necesidad de adoptar una organización que permita fijar audiencias próximas y sucesivas, sin trasladar demoras evitables a estas causas o a otros procesos en trámite, máxime si se tiene en cuenta que el desarrollo conjunto del debate en ambas causas, podría implicar un debate que se prolongue por más de dos años.” Finalmente, el tribunal concluyó que, “(e)n esas condiciones, la separación resulta proporcionada a la complejidad real de los procesos. Evita que la amplitud probatoria de una causa se proyecte sobre la otra, favorece un uso racional de los recursos y permite que las personas imputadas obtengan un pronunciamiento definitivo en el menor tiempo compatible con un debate completo y contradictorio.”
4. Sentado lo anterior, y como ya se adelantó, se advierte que los magistrados de previa intervención basaron su decisión en afirmaciones dogmáticas que le otorgan una fundamentación sólo aparente y de ningún modo pueden sustentar válidamente la conclusión a la que arribaron.
En efecto, verificada la conexidad entre ambos procesos y dispuesta su acumulación material tal como se recordó, el tribunal no ha logrado explicar de manera suficiente cuáles son las circunstancias que justificarían revisar aquella decisión y disponer, a esta altura, la sustanciación separada de los debates.
En particular, los motivos invocados vinculados con la delimitación de los objetos procesales remiten a circunstancias ya conocidas y ponderadas al momento de ordenarse la acumulación, en función de la conexidad existente.
Más aun, la conexidad declarada -tal como lo advierte el fiscal en su presentación recursiva- se mantuvo tanto al dictar la decisión del 26 de noviembre de 2021, con relación a los incidentes CFP 11352/2014/TO1/26, CFP 3732/2016/TO1/34 y CFP 3732/2016/TO2/2, por la cual se resolvió disponer el sobreseimiento -o declarar la imposibilidad de proseguir el trámite de las actuaciones, según el caso- de los imputados de las causas conocidas como “Los Sauces” y “Hotesur”, la cual fue revocada por esta Sala (cfr. Reg. 1078/23 del 18/9/2023); como al llevar adelante la audiencia preliminar (prevista en la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal) el pasado 4 de septiembre con relación al presente proceso. Sin embargo, en esta nueva oportunidad el tribunal no identifica la existencia de modificaciones posteriores ni explicita por qué aquellos elementos, considerados en su oportunidad como fundamento de la conexidad entre ambas causas y compatibles con la tramitación conjunta, conducen ahora a una solución diferente.
En este orden de ideas, si bien sostiene, con base en el art. 43 del CPPN, que la acumulación de causas provocaría un grave retardo en la tramitación de una de ellas, omite considerar que su sustanciación por separado conduce a un efecto equivalente, como lo evidencia la diferencia de casi cinco meses entre las fechas fijadas para el inicio de los respectivos debates.
Además, la instrucción suplementaria pendiente no puede convertirse, por sí sola, en una causa automática de postergación sine die del debate. Si el tribunal entiende que determinadas medidas deben cumplirse antes del juicio, debe justificar de manera concreta su carácter indispensable, así como la necesidad de su culminación con anterioridad al inicio, además de establecer, en la medida de lo posible, un marco temporal que evite que la actividad preparatoria termine desplazando injustificadamente la realización de la etapa central del proceso.
A ello se añaden los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante en torno a las dificultades que la celebración de debates separados supondría para la articulación de sus teorías del caso, los cuales no fueron contemplados por el tribunal a quo. En efecto, el tribunal no explicitó por qué las razones de organización invocadas justificaban prescindir de la modalidad de juzgamiento previamente dispuesta, pese a las consecuencias que el desdoblamiento podría proyectar sobre las estrategias acusatorias.
Por otra parte, tampoco se advierte que la resolución haya individualizado de qué modo la sustanciación conjunta de los procesos ocasionaría un menoscabo concreto a los derechos o intereses de las personas imputadas. Las consideraciones relativas a la extensión de las audiencias, la cantidad de testigos y las dificultades de coordinación describen posibles inconvenientes organizativos, pero no demuestran, por sí solas, que la celebración de un debate único comprometa el ejercicio de la defensa ni que tales dificultades no puedan ser atendidas mediante medidas de organización adecuadas. Por lo demás, no puede dejar de advertirse que -tal como lo postulan las partes recurrentes- la valoración de la prueba, en un proceso como el de autos, no podía limitarse a cuantificar los testigos ofrecidos, sino que exigía, para fundar una decisión como la adoptada, ponderar concretamente la entidad y el alcance de la prueba común a ambos casos. Ciertamente, la facultad de dirección del debate habilita al tribunal a adoptar las medidas necesarias para asegurar su adecuado desarrollo (cfr. art. 375 del CPPN), como así también a disponer la realización separada de juicios (cfr. art. 360 del CPPN). No obstante, su ejercicio no lo exime de exponer razones concretas y suficientes que justifiquen modificar una modalidad de tramitación establecida hace más de siete años, en particular cuando ésta respondió a la conexidad verificada entre los procesos.
Al respecto, entiendo necesario advertir, sintéticamente, que la conexidad responde a razones jurídicas vinculadas, en el caso, con las reglas que rigen el concurso de delitos, y no a una mera conveniencia instrumental. Por ello, la decisión de tramitar los procesos por separado no elimina la relación de conexidad existente ni exime de considerar las consecuencias que esa modalidad de juzgamiento puede acarrear en la aplicación de aquellas reglas. En ese marco, las facultades ordenatorias están precisamente destinadas a permitir que el tribunal adapte la gestión del debate a las particularidades del caso, sin que ello implique modificar las reglas de juzgamiento ni fragmentar innecesariamente el objeto procesal.
En este sentido, las dificultades vinculadas con la extensión del debate, la cantidad de imputados, la pluralidad de hechos, el volumen de la prueba o la necesidad de organizar las intervenciones de las partes deben encontrar respuesta en la adopción de medidas concretas de organización; más la complejidad del juicio no conduce, por sí sola, a la necesidad de dividirlo.
5. En ese contexto, la invocación de razones de organización, economía procesal y celeridad no basta por sí sola para justificar el apartamiento de decisiones anteriores, fundadas en la conexidad de los casos; máxime cuando esta Cámara especialmente tuvo en cuenta que su tramitación conjunta “resulta ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia.”
En definitiva, la decisión recurrida no demuestra que hayan sobrevenido circunstancias -imprevistas al momento en que esta Cámara decidió la tramitación de ambos procesos ante un único Tribunal de Juicio con base en la conexidad advertida y, luego, en que se dispuso la acumulación material- que tornen necesario el desdoblamiento ni ofrece razones suficientes para explicar por qué los inconvenientes señalados prevalecen sobre los fundamentos que oportunamente determinaron la acumulación.
De ese modo, los argumentos expuestos, aun cuando describen posibles dificultades prácticas -de momento meramente conjeturales-, no alcanzan a justificar razonadamente la solución adoptada, lo que priva al pronunciamiento de una fundamentación idónea para sostenerlo como acto jurisdiccional válido (cfr. Fallos: 311:2854; 312:1467; 323:832, entre otros).
Las consideraciones previamente formuladas no se ven conmovidas por las apreciaciones efectuadas por uno de los magistrados integrantes del tribunal a quo al momento de conceder las impugnaciones deducidas contra la decisión del 17 de setiembre próximo pasado, en tanto no integran la fundamentación que sustenta la conclusión aquí sometida a revisión.
6. En consecuencia, y dadas las particulares circunstancias que se verifican en el presente caso, corresponde hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante UIF, sin costas; revocar el punto I de la resolución recurrida por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates, así como también revocar parcialmente el punto II de la misma decisión en cuanto dispuso la fijación de una fecha de inicio del debate de la causa conocida como “Hotesur” distinta a la previamente fijada para el comienzo de la causa conocida como “Los Sauces” (cfr. arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).
7. Por lo demás, teniendo en cuenta que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de esta ciudad, con posterioridad a la resolución que dictara el 6 de abril próximo pasado, mediante la cual no hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el decreto de fecha 2 de marzo de 2026 -que no había hecho lugar al planteo de esa parte tendiente a que se fije fecha de debate oral y público, por no haberse cumplimentado medidas probatorias oportunamente ordenadas-, fijó el inicio del debate en las causas CFP 3732/2016/TO1 y CFP 3732/2016/TO2 para el viernes 23 de octubre próximo, y que, en virtud de la solución que aquí se propicia, dicha disposición mantiene vigencia y, en consecuencia, el juicio habrá de comenzar ese día en el marco de aquellas causas y su conexa CFP 11352/2014/TO1, la cuestión traída a estudio de esta Sala en el marco del legajo CFP 3732/2016/89/CFC22 ha perdido actualidad, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.
Tal es mi voto.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
I. Que compartimos, en lo sustancial, las consideraciones del colega Daniel Antonio Petrone que nos precede en orden de votación, por lo que adherimos a la solución allí propuesta.
II. Que la admisibilidad de las impugnaciones fue examinada de manera cabal en el voto que nos antecede, cuyos fundamentos compartimos.
III. Ya en cuanto a la resolución cuestionada, coincidimos con el colega preopinante en que aquélla no cuenta con los fundamentos mínimos, suficientes y necesarios para ser considerada un acto jurisdiccional válido por no resultar una derivación razonada del hecho ni del derecho vigente, lo que impone su anulación por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.
Concretamente, entendemos que asiste razón a los recurrentes en cuanto expresan que la resolución puesta en crisis contiene una fundamentación aparente y meramente dogmática, pues aplicó de forma errónea las normas procesales mencionadas como fundamento de lo decidido (arts. 43 y 360, CPPN). A la vez que resolvió en forma contraria a las constancias de la causa y malinterpretando las normas de dirección del debate de una manera que desborda las aludidas atribuciones del tribunal, circunstancia que redunda en una afectación de la teoría del caso sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante y del principio de contradicción.
IV. Que algunas cuestiones, si bien planteadas en los recursos, fueron luego profundizadas en la oportunidad de la audiencia de informes ante esta instancia. Ello, más allá de que es necesario enfatizar los beneficios del principio adversarial a través de la oralidad y publicidad que tanto nutre y favorece las discusiones entre las partes, desaprovechadas en la ocasión por el doctor Mario Villar en la audiencia asignada. Sin perjuicio de lo manifestado, advertimos que en las breves notas presentadas por el representante del Ministerio Público Fiscal éste sintetizó la posición de esa parte afirmando que “(M)ediante una exégesis irrazonable y formalista de la normativa procesal aplicable y merced a la desarticulación del contexto y las circunstancias particulares del caso, los magistrados concluyeron que debía desdoblarse el enjuiciamiento de los tramos “Hotesur” y “Los Sauces”, ya que ello coadyuvaría —en razón de una supuesta, pero aparente, autonomía de los ilícitos— a una mejor y más pronta administración de justicia. De este modo, no sólo resolvieron una cuestión que quebrantó el principio acusatorio y de contradicción —las partes (todas ellas) jamás pudieron expedirse sobre la inconveniencia o no de una decisión como la cuestionada—, sino que, fundamentalmente, diseccionaron la teoría del caso sostenida por este Ministerio Público Fiscal en tanto titular de la acción penal pública a partir de una incorrecta y formalista exégesis de una norma procesal […] En definitiva, la sentencia impugnada incurre en una de las causales de arbitrariedad, de carácter valorativo, por ausencia de una derivación razonada del marco fáctico — normativo — probatorio aplicable y por omitir un análisis en conjunto, armónico e integrador del contexto del caso” (los destacados son del original).
No está de más recordar, una vez más, que el tribunal a quo decidió el desdoblamiento argumentando la posibilidad de “(r)evisar si subsisten las razones que oportunamente justificaron la tramitación material conjunta de los procesos en miras a lograr el cumplimiento de las pautas fijadas en la audiencia preliminar. Esa evaluación debe efectuarse a partir de la delimitación definitiva de las acusaciones, la prueba ofrecida, el estado actual de cada expediente y las condiciones concretas en que habrá de desarrollarse el juicio”.
Esta Sala –con integración parcialmente distinta- y con la mayoría de los votos del doctor Daniel Antonio Petrone y el suscripto, el 14 de mayo de 2019 resolvió declarar la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5 de la Capital Federal para continuar con la tramitación de los expedientes “Hotesur” y “Los Sauces”.
En la oportunidad se explicó que tomando en cuenta que la conexidad subjetiva y objetiva entre las causas “Los Sauces” y “Hotesur” había sido declarada durante la instrucción de la primera mencionada y que no había disenso entre los tribunales acerca de su existencia, la tramitación conjunta de ambas resultaba ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia (registro 782/19, Sala I, rta. el 4 de mayo de 2019).
Al respecto, tal como se resaltó en el voto precedente, la conexidad declarada responde a razones jurídicas vinculadas con el concurso de delitos y la relación entre ambos expedientes, razón por la que, con una argumentación de conveniencia logística o de organización no es posible modificar o alterar la conexidad que motivó su acumulación, sin que se hayan precisado tampoco circunstancias jurídicas novedosas que modifiquen aquella relación. A más del déficit de fundamentación apuntado desde el inicio de este voto notamos que en la resolución se confunden las facultades de organización del juicio por parte del tribunal con el fraccionamiento indebido que finalmente decidió.
En ese sentido, todos los argumentos brindados para realizar el desdoblamiento o fraccionamiento en dos juicios orales distintos no son válidos para llegar a esa conclusión. Precisamente esas atribuciones del tribunal sirven para gestionar y optimizar los tiempos, los recursos humanos y favorecer la concentración y el orden en la producción de las pruebas propuestas por las partes y admitidas por el tribunal dentro de un mismo juicio.
En ese sentido, entendemos que son acertadas las consideraciones formuladas por el doctor Daniel Antonio Petrone, las que hacemos nuestras.
En definitiva, más allá de los motivos y los razonables desafíos que implica la organización de juicios complejos o con abundante prueba para producir, lo cierto es que todas las atribuciones del tribunal encuentran el límite en el marco del proceso que arriba a la etapa de juicio en los términos en que fue delimitado por el Ministerio Público Fiscal y demás partes acusadoras y, particularmente, con el alcance que esta Sala le dio al proceso en cuanto a su trámite conjunto.
Además, es claro que, por definición, un debate culmina con una sentencia y en ella, eventualmente, concurren todos los hechos -si hay más de uno- que se hayan juzgado, por aplicación de las reglas del concurso (art. 55, CP). Así, si se realizan dos debates, como se decidió en autos, la consecuencia es el dictado de dos sentencias y esta decisión, lejos de ser meramente ordenatoria, es precisamente la realización de dos juicios y excede los límites de las facultades de organización invocadas por el tribunal de la anterior instancia.
V. Por todo lo expuesto, y dadas las particulares circunstancias que se verifican en el presente caso, corresponde hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante Unidad de Información Financiera (UIF), sin costas; revocar el punto I de la resolución recurrida por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates, así como también revocar parcialmente el punto II de la misma decisión en cuanto dispuso la asignación de una fecha de inicio del debate de la causa conocida como “Hotesur” distinta a la previamente establecida para el comienzo de la causa conocida como “Los Sauces” (cfr. arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).
Por último, coincidimos con las consideraciones del voto precedente en el punto 7) del sufragio en cuanto a que la cuestión traída a estudio de esta Sala en el marco del legajo CFP 3732/2016/89/CFC22 ha perdido actualidad, en tanto el juicio en aquélla causa CFP 3732/2016/TO1, CFP 3732/2016/TO2 y su conexa CFP 11352/2014/TO1 habrá de comenzar el próximo 23 de octubre, por lo que resulta inoficioso pronunciarse al respecto.
Por todo lo expuesto, adherimos al voto del colega preopinante.
Es nuestro voto.
Por ello, el tribunal, por mayoría, RESUELVE:
I. HACER LUGAR a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante UIF, sin costas; REVOCAR el punto I de la resolución recurrida por la cual se dispuso el desdoblamiento de los debates, así como también REVOCAR PARCIALMENTE el punto II de la misma decisión en cuanto dispuso la fijación de una fecha de inicio del debate de la causa conocida como “Hotesur” distinta a la previamente fijada para el comienzo de la causa conocida como “Los Sauces” (cfr. arts. 471, 530 y ccds. del CPPN).
II. DECLARAR INOFICIOSO el tratamiento de la cuestión traída a estudio de esta Sala en el marco del legajo CFP 3732/2016/89/CFC22.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (CSJN, Ac. N° 10/2025), agréguese copia de lo aquí resuelto en los legajos CFP 3732/2016/TO1/87/CFC23 y CFP 11352/2014/TO1/52/CFC16, y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar (en disidencia). Ante mí: Walter Daniel Magnone.
Fin de la sentencia