Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-2600/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1420391-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1485913-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-2600/24-TSJ Interlocutorio N°: 3837 Actor: FERNANDEZ GRACIELA BEATRIZ Demandada: LARSEN HERNAN ALEJANDRO Objeto: COMPENSACION ECONOMICA Fecha: 29-10-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3837 FOLIO Nº 7020/7024 PROT. ELECT. TSS1 051 I.241
Río Gallegos, 29 de octubre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “FERNANDEZ GRACIELA BEATRIZ c/ LARSEN HERNAN ALEJANDRO s/ COMPENSACION ECONOMICA”, Expte. Nº F-12.398/18 (F-2600/24-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, con el patrocinio letrado de las Dras. María Cristina Riera y Marcela Castro Dassen (cfr. PE1420391-2024), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en cuanto hace lugar al recurso de apelación deducido por el demandado y revoca la sentencia de grado, rechazando la demanda promovida con costas a la actora vencida (cfr. PE1398882-2024).- La accionante en el recurso de casación acusa violación de la ley, de la doctrina legal, arbitrariedad (cfr. PE1420391-2024, págs. 2 y 4) y violación del principio de congruencia (cfr. PE cit., pág. 17).-
Bajo el acápite titulado “Violación a la ley y doctrina legal” afirma que: “La Excma. Cámara, se equivoca al aplicar el art. 510 del C.C.C.N. de forma literal en lo que respecta al requisito previsto en el inc. ‘e’, prescindiendo además de la prueba producida en cuanto a la duración de la convivencia…Una interpretación integral del plexo normativo aplicable a las uniones convivenciales en general y a esta en particular, nos lleva a la flexibilización del requisito de convivencia efectiva durante dos años.” (cfr. PE cit., pág. 6).- Agrega que: “Para la correcta interpretación de la norma en crisis, aplicada errónea y literalmente por la Excma. Cámara, hemos de tener en cuenta la integralidad de la legislación aplicable en general y del propio código de fondo.” (cfr. PE cit., pág. 7).-
Enfatiza que: “…a la luz del art. 509 y de todo el plexo normativo, la permanencia y estabilidad pueden configurarse con efectos jurídicos aun cuando la convivencia efectiva en términos de cohabitación sea de un plazo menor […] la circunstancia de vivir en el mismo domicilio dos años, no es el requisito fundante de la unión convivencial sino que el elemento central es compartir un proyecto de vida común.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Expresa que: “…se encuentra plenamente acreditado que las partes comenzamos la relación de pareja en el año 2008/2009 y en forma inmediata comenzamos a funcionar como una familia ensamblada. Cotidianamente compartíamos no solo en pareja sino que además convivíamos en un domicilio o en el otro, siendo principalmente la sede de la misma mi departamento. Existía convivencia desde el comienzo de la pareja sin concretarse la mudanza efectiva del Sr. Larsen a mi departamento en razón de que ambos teníamos hijos que aún permanecían con nosotros…No existen dudas…que la unión convivencial de las partes de autos tenía al momento de su disolución los requisitos de solidez y consistencia necesarios para producir los efectos jurídicos propios del instituto.” (cfr.
PE cit., pág. 8).- En cuanto al agravio referido a la conclusión de la Cámara sobre la “inexistencia de desequilibrio económico entres las partes” considera que: “…es reduccionista y…contraria al principio de congruencia pues omite toda consideración a la…prueba producida en autos en relación a los patrimonios de ambas partes y dedicación de cada uno al proyecto…contraría las disposiciones del C.C.C.N. en cuanto omite considerar las circunstancias que expresamente prevé el art. 525 para evaluar la procedencia del instituto de compensación económica, pese a citarlo y transcribirlo en la sentencia en crisis […] Así, se limita a examinar los bienes con los que ingresé a la unión convivencial y aquellos que tenía cuando finalizó la misma...No se trata de limitar el examen a los bienes que tenía la mujer al momento de iniciar y cesar la convivencia -lo que es claramente discriminatorio- sino del estado patrimonial de cada uno de los convivientes en dichos momentos.” (cfr.
PE cit., págs. 9/10).- Añade que: “No consideró que se encontraba probado: mi participación activa en el proyecto patrimonial de Larsen y la pareja; mi dedicación a la familia compuesta por nosotros y nuestros hijos así como a la familia del Sr. Larsen; mi colaboración con las actividades mercantiles y compromiso con el crecimiento de ambos; mi renuncia a uno de mis trabajos en relación de dependencia; mi renuncia a proyectos personales de vida y vínculos afectivos por fuera de la relación de pareja; que el estado patrimonial del Sr. Larsen al comienzo de la relación era de quebranto y al final de la relación contaba con varios terrenos, cabañas en la localidad de Puerto Santa Cruz, vivienda en esta ciudad de Río Gallegos, contando con rentas, un trabajo en relación de dependencia con importantes ingresos y lo que es mas importante, se acreditó que participé activamente en las actividades tendientes al crecimiento económico; entre otras cuestiones acreditadas.” (cfr.
PE cit., pág. 10).- Afirma que: “La prueba…da cuenta que la Cámara debió analizar las circunstancias previstas en los inc. ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ y ‘e’ del art. 525 del C.C.C.N. Asimismo, en relación al inc. ‘d’ se comprobó que al finalizar la relación el Sr. Larsen se encontraba con un empleo altamente redituable, bienes y rentas y la suscripta con un trabajo menos (que al inicio de la relación), sin renta alguna y sin la posibilidad cierta de acceder a un nuevo empleo por la edad y falta de capacitación.” (cfr. PE cit., pág. 11).-
Argumenta que: “…la circunstancia de que la sentencia haya omitido considerar toda la prueba señalada, evidencia un juzgamiento parcial y sin perspectiva de género. No se tuvo en cuenta que el rol desempeñado por la suscripta en la pareja fue precisamente lo que posibilitó el crecimiento económico de los proyectos que eran de la pareja y que redundaron en exclusivo beneficio del Sr. Larsen, evidenciándose una concepción patriarcal.” (cfr. PE y pág. cits.).-
Agrega que la falta de perspectiva de género contraría la doctrina sentada por este Alto Cuerpo en “S.A.B. c/ LL. y Asociados S.A. s/ Laboral” e incluso de la propia Cámara en autos “O. L. c/ Servicio Penitenciario Provincial s/ amparo” de fecha 14/07/2023 (cfr. PE cit., pág. 12).-
Reitera que: “La sentencia evidencia desigualdad por la falta de valoración de la prueba, tanto es así que pese a haberse acreditado el patrimonio de Larsen al comenzar y finalizar la unión convivencial, no se tiene en cuenta que éste último ni siquiera probó cuáles eran sus ingresos como para que pudiera efectuar los emprendimientos prescindiendo de mi persona.” (cfr. PE cit., pág. 13).-
Sostiene que: “…el análisis sesgado es violatorio del principio constitucional-convencional de igualdad, no solo en relación a la igualdad formal ante la ley sino la igualdad real. Asimismo es contrario a los compromisos asumidos por el Estado argentino de asegurar la realización práctica del principio de igualdad del hombre y la mujer (art. 2 inc. a CEDAW). Es también violatorio al principio de igualdad consagrado por el art. 16 C.N. y por el art. 24 de la C.A.D.H.” (cfr. PE cit., págs. 13/14).-
Bajo el acápite de “arbitrariedad” afirma que: “Se encuentra acreditado en los presentes autos que el proyecto de vida de la pareja comenzó como mínimo en el 2009 […] La sentencia de grado por no contar con una fecha precisa de inicio de la convivencia efectiva, toma la declarada por el Sr. Larsen en una tarjeta de crédito. Esta circunstancia no fue motivo de agravios por esta parte en razón de que, al hacerse lugar a mi pretensión, no ocasionaba gravamen irreparable. Sin perjuicio de ello fue motivo de tratamiento en la Alzada en virtud de los agravios expresados por el demandado.” (cfr. PE cit., pág. 14).- Entiende que la sentencia es arbitraria toda vez que: “…introduce una modificación en el foco de análisis de la cuestión fáctica que me impide ejercer el derecho de defensa en juicio reconocido por el art. 18 C.N. afectando el debido proceso […] Y también deviene en arbitraria por la total orfandad de fundamentación.” (cfr. PE cit., pág. 15).-
Sostiene que: “La arbitrariedad reside en que se pronuncia innecesariamente sobre la cuestión patrimonial y lo hace prescindiendo de todos los antecedentes del expediente y, en especial, de la prueba producida […] También es arbitraria…tanto en lo que refiere a la duración de la unión convivencial como en lo que refiere al estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y finalización de la unión, la dedicación brindada a la familia, la edad y el estado de salud de los convivientes, capacitación laboral y capacidad de acceder a un empleo de la suscripta, colaboración prestada a las actividades mercantiles y profesionales del Sr. Larsen, el desequilibrio económico, etc.” (cfr. PE cit., pág. 16).- Enfatiza que: “La sentencia dictada en estas condiciones, al considerar solo uno de los más de treinta elementos probatorios, deviene nula pues el análisis razonado de ésta es lo que hace a la sustancia de tal acto jurisdiccional toda vez que la valoración de la prueba resulta un presupuesto necesario del fallo y su insuficiente tratamiento (casi total omisión) la torna nula.” (cfr. PE cit., pág. 17).-
Finalmente denuncia violación del principio de congruencia en los siguientes términos: “…hay violación al principio de congruencia que se agrava a la luz de las obligaciones internacionales asumidas en materia de igualdad de género, lo que convierte el acto judicial en inválido por arbitrariedad.” (cfr. PE y pág. cits.).-
La Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación en PE1485913-2024.-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE911579-2024.-
II. Sentado lo anterior debemos, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso extraordinario intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670, entre otros).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que los recurrentes desplieguen una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
Se observa que el escrito recursivo, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar evidenciar en qué se han equivocado los magistrados y, menos aún, fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
Se verifica, entonces, que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie.-
Con relación a ello es dable recordar que: “La revisión de temas de hecho y prueba en sede de esta Suprema Corte está supeditada a que se invoque y demuestre un supuesto excepcional del vicio de absurdo. Para su configuración no es suficiente denunciarlo y exponer una interpretación o valoración propia, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico-jurídico empleado por el juzgador resultó irrazonable y contradictorio, partiendo siempre de que el error en la apreciación de la prueba debe ser palmario y grave, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables con las constancias objetivas de la causa (cfr. sum. “L., M. y L., I. c/ IOMA s/ Amparo s/ Pretensión declarativa de certeza s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, causa LP A 77862 del 14/03/2023) y que: “...la evaluación del material probatorio corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, no siendo -por regla- revisable en esta sede extraordinaria, salvo demostración de absurdo...” (cfr. SCBA “García Oscar Alberto c/ Cerro Negro S.A. s/ Despido”, causa LP L 125071 S, del 31/08/2022).- Se advierte, también, que la valoración del material probatorio y el mérito que, de las pruebas reunidas en la causa, hizo la Cámara constituye una materia privativa de los magistrados de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Alto Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- A la luz de todas estas premisas, se advierte que la pieza recursiva en análisis no satisface, mínimamente, los recaudos reseñados, lo que conduce indefectiblemente a declarar su inadmisibilidad.-
III. En cuanto al pretenso agravio referido a la errónea aplicación de la ley, se observa que la casacionista no ha logrado poner de manifiesto la transgresión que aduce.-
Es sabido que: “…‘Existe ‘violación’ de ley cuando, frente a una determinada situación de hecho, se prescinde de aplicar la norma que conceptualiza esa situación, eligiéndose otra norma cuyas menciones contemplan un supuesto distinto. La ‘errónea aplicación’ de ley significa, en cambio, que si bien la norma ha sido correctamente elegida, se le acuerda, por restricción o ampliación, un sentido incompatible con el supuesto de hecho planteado en el proceso’ (confr. Palacio, Lino E., Recursos Procesales, Lexis Nº 2508/001696).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2639, Folio 3967/3970).- Ninguno de los supuestos mencionados han sido suficientemente demostrados por la interesada, quien se limita a mencionar la existencia del vicio sin efectuar un desarrollo argumental que lo ponga de manifiesto y sin dar mayores precisiones omitiendo suministrar con ello fundamentos referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta el decisorio en crisis, por lo que el planteo referido obsta a la admisibilidad del recurso en cuestión.-
IV. Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por la recurrente respecto a la aparente violación de la doctrina legal.-
Conforme surge del escrito recursivo, la casacionista aduce que se ha violado la doctrina legal emanada de dos precedentes puntuales. El primero de ellos, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial en los autos caratulados “O. L. c/ Servicio Penitenciario Provincial s/ amparo”, de fecha 14/07/2023 y el segundo de este Tribunal Superior de Justicia en autos “S.A.B. c/ LL. y Asociados S.A. s/ Laboral”.-
En cuanto al primero de los fallos invocados, se debe adelantar que el mismo no resulta propicio para la apertura de esta instancia extraordinaria en virtud que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871 e Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594). Así hemos sostenido que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const.
Prov.)...” (cfr. Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).- En cuanto al precedente emanado de este Tribunal Superior de Justicia se observa que la impugnante se limita a indicar la carátula del fallo del cual surgiría la doctrina legal vulnerada omitiendo identificar su número de expediente (cfr. nota al pie de la página Nº 12 ) y desarrollar de forma clara y concreta de qué manera ésta ha sido transgredida por la anterior instancia y cómo se relaciona con las constancias de autos y con la supuesta decisión errónea de la sentencia en crisis, razón por la cual el planteo, en dichos términos, resulta insuficiente para su estudio en esta instancia recursiva.- No debemos olvidar que este Alto Cuerpo reiteradamente ha sostenido que: “Para que resulte de aplicación la doctrina legal que se alegue, no sólo debe tratarse de casos idénticos, sino además la vinculación concreta entre el caso antecedente y el presente, ‘...no siendo suficiente -como ha dicho el Supremo Tribunal Español- la simple analogía, pues como es obvio si las situaciones de hecho son diferentes el precedente no es de aplicación.
El valor persuasivo de la jurisprudencia ha de fundarse en lo que el Tribunal hizo y en las razones decisivas por las que lo hizo, para demostrar que la misma razón que antes fue decisiva ha de serlo también en el litigio pendiente de solución...’ (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, ed. 1984, p. 250...Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 424, Folio 705/708), esto es, ‘... ha de haber identidad entre la situación fáctica y jurídica del juicio antecedente que se invoca como sostenedor de la doctrina y la del que se pretende hacer valer...’ (confr. STJ Chubut, 28-5-90, ‘Delgado Uribe, Florentino c. Empresa Tapko S.A.M.S.I.C. s. Despido’, Causa A-58), y en su caso, ‘...la demostración de su vinculación con el problema a resolver...’ (confr.
CNCiv., Sala E, agosto 27-980, L.L. 1981-A 564).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 478, Folio 2592/2595).- En base a los fundamentos expuestos, el recurso de casación fundado en la alegada violación de la doctrina legal deviene inadmisible.-
V. Lo mismo ocurre con relación a la arbitrariedad que se aduce toda vez que no se observa, en el pronunciamiento impugnado, ninguno de los presupuestos que la configuran.-
En este sentido, se advierte que la recurrente se limita en tildar de arbitraria la sentencia de la Cámara de Apelaciones sin aportar un solo elemento de convicción que justifique su concurrencia en autos, es decir, sin intentar demostrar ni argumentar que la referida sentencia constituya una decisión sujeta a descalificación por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales; antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo abunda en fundamentos de diverso orden que le dan suficiente consistencia jurídica.- Este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “…la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación.’ Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas.’” (cfr. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.). De su lado, este Tribunal tiene dicho que: ‘...la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación...’ (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594).-
VI. Finalmente en cuanto a la transgresión del principio de congruencia debemos decir que tampoco se encuentra demostrado que la judicatura haya resuelto cuestiones que no hayan sido sometidas a su conocimiento. De la íntegra lectura de la sentencia en crisis no se advierte que los jueces se hayan desentendido de las pretensiones sometidas a su decisión, ni mucho menos de las pruebas aportadas al proceso. En efecto, consideraron que no se encontraba acreditado el término de la convivencia exigida por la normativa y tampoco el desequilibrio económico manifiesto de las partes, por lo que el agravio esgrimido resulta ser una mera disconformidad de la recurrente con la interpretación y solución dada por la Cámara de Apelaciones.- En definitiva, no se ha intentado argumentar con éxito que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, resultando entonces a todas luces inconducente el planteo formulado para su tratamiento en esta instancia.-
VII. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte actora en PE1420391-2024, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1485913-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora en PE1420391-2024 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1485913-2024.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1051I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3837 Folio N°: 7020/7024 Secretaría: 1
Fin de la sentencia