Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 32054-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el decisorio del 21/4/22 y confirmar la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de agravios.
2Imponer las costas de esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
25212/2023 FERNANDEZ, MARINA JOSEFA (TF 32054-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2023.-
VISTOS Y
I.-Que por Decisorio del 21/4/22 (ver fs. 239 /244), el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto aquí interesa, revocó la resolución nro 33/08 (DV ORRI) dictada por la AFIP-DGI mediante la cual se determinó la responsabilidad personal y solidaria de la Sra. María Josefa Fernández respecto de los gravámenes dejados de ingresar por el contribuyente David Seid, con costas a la demandada.-
II.-Que contra aquel decisorio, la demandada apeló el 9/8/22 y expresó agravios el 30/8/22 (fs. 253/260), los que no fueron contestados por la actora. Conforme surge del expediente papel, a fs. 261/261vta. se regularon los honorarios de la apoderada y patrocinante del Fisco Nacional, los que fueron apelados por la demandada a fs. 265 el 18/10/22. El 15/6/23 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que el Tribunal Fiscal de la Nación expresó: “XI. Que bajo esa óptica procede analizar la defensa articulada por la recurrente, quien alega para eximirse de la responsabilidad que se le achaca que en ninguna ocasión administró la firma Compumar.com SRL, ni dirigió los negocios del Sr. Seid, ni tenía acceso a su información, ni documentación. En efecto, afirma que nunca tuvo facultades para administrar el patrimonio, ni para determinar la materia imponible de las obligaciones tributarias del Sr. Seid. En cuanto al movimiento de las cuentas bancarias afirma que, a fin de colaborar con su marido quien le brindaba al Sr. Seid asesoramiento informativo y de management, extendió algunos cheques de la cuenta de la empresa, pero nunca tuvo acceso a la documentación del Sr.
Seid…En ese contexto, conforme surge de la resolución apelada se desprende que el organismo fiscal funda la extensión de responsabilidad en la existencia de un Poder General Amplio de fecha 16/0/2001, otorgado por el Sr. David Oscar Seid, a favor de Marina Josefa Fernández y Esteban María Gianotti, para que desempeñándolo en conjunto o separadamente alternativa e indistintamente la representen en Alta en sistema: 08/11/2023 todos sus negocios y asuntos, cualquiera sea su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan. Conforme a dicho poder- dice el Juez Administrativola recurrente suscribió las solicitudes de apertura de cuenta en los Bancos Río de La Plata S.A y Citibank a nombre de Compumar.com SRL, registrando junto al Sr.
Seid firmas autorizadas para operar en las cuentas corrientes respectivas. Y agrega que también se verificó que la actora ha firmado, en forma alternativa e indistintamente con el Sr. Seid, los cheques de las citadas cuentas bancarias para el pago de los proveedores que enumera en el acto aquí cuestionado, como así también se obtuvo fotocopia del recibo de un retiro de dinero en efectivo de $18.000. Por su parte expone el Fisco que se constató que la marca Compumar se encuentra registrada bajo la titularidad de la aquí recurrente”.- IV.-Que a continuación, el a quo rebatió todas las conclusiones de la AFIP-DGI. En efecto, la vocal preopinante indicó en su voto: “En este contexto corresponde señalar que la existencia de un poder general amplio otorgado por el Sr.
Seid a favor de la actora, cuya copia obra agregada en los antecedentes administrativos (vid fs. 108/114 del cpo. Apertura de Cuenta y Extractos del Banco B.N.L. Nº1) resulta insuficiente para tener por acreditado el efectivo ejercicio de funciones vinculadas con la liquidación de los tributos por parte de la aquí recurrente en tanto que más allá de la existencia de dicho instrumento no surgen de los antecedentes acompañados, como tampoco de los fundamentos expuestos por el Juez Administrativo en la resolución apelada elementos que resulten hábiles para incluir a la recurrente dentro de los responsables enumerados en el inc. e) antes citado. En efecto y si bien quedó demostrado que, en base al referido instrumento legal la recurrente suscribió solicitudes de aperturas de cuentas en los banco Río de la Plata SA. y Citibank S.A, registrando junto al Sr.
Seid firmas autorizadas para operar en las cuentas corrientes respectivas, ésta circunstancia permite corroborar que la recurrente se encontraba autorizada a operar con las referidas cuentas bancarias, pero impide verificar que haya tenido injerencia alguna en la determinación de los impuestos en cabeza del Sr. Seid, por el desarrollo de su actividad gravada. Por su parte corresponde señalar que tampoco resulta hábil para justificar la extensión de responsabilidad el hecho de que la recurrente sea la titular de la marca Alta en sistema: 08/11/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V COMPUMAR, en tanto que dicha circunstancia no implica por si misma que haya tenida funciones relativas a la liquidación de los tributos correspondientes al Sr.
Seid”.-
V.-Que conforme lo hasta aquí transcripto, se advierte que el tema discutido en el sub-lite ha sido resuelto en base al análisis de la prueba considerada en sede administrativa y que fuera refutada por el Tribunal Fiscal de la Nación.-
VI.-Que cabe recordar que en lo que se refiere a la prueba producida y a su análisis, en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5-2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).-
VII.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
VIII.-Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, Alta en sistema: 08/11/2023 primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- IX.-Que por otra parte, el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
X.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa; lo que resulta aplicable también a la apreciación de la conducta de la actora en relación con las multas que le fueran impuestas.-
Alta en sistema: 08/11/2023 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V XI.- Que por lo antes expuesto, SE
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el decisorio del 21/4/22 y confirmar la resolución recurrida en cuanto ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia a la vencida, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.).-
Regístrese, notifíquese y continuen según su estado.-.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 08/11/2023
Fin de la sentencia