Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de la Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, 1.- Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se confirma la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas de la instancia en el orden causado (arts. 51, 55, 56, 57, 58, 59 y concs., CPCA –t.o. ley 14.437-).
2Se declaran inadmisibles los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento de fs. 282 por la parte actora y el letrado en derecho propio (arts. 54, 57 y ccs., Decreto-Ley N° 8904/77).
3Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Luciano E. Martinez Macedo, en la suma de PESOS UN MIL CIENTO TREINTA ($1.130,00) y los honorarios de la Dra. Mónica E. Egea, apoderada de la parte demandada, en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($1.950), montos a los que se deberá adicionar el 10%; (arts. 10, 15, 31, 54, 57 y concs., dec-ley 8904/77; 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.).
CAUSA Nº 14337 CCALP “FERNANDEZ NAJLE MARIANA LORENAC/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS- EMPL. PUBLICO
(347)”
En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de Octubre del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa “FERNANDEZ NAJLE MARIANA LORENAC/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS- EMPL. PUBLICO (347)”, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -7775-), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta. El Tribunal resolvió plantear la siguiente C U E S T I O N E S Primera: ¿Resulta ajustada a derecho la sentencia impugnada? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
Segunda: ¿Son admisibles los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. Por sentencia de fecha 23-11-12, el juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata, dispuso desestimar la pretensión deducida por la señora Mariana Lorena Fernández Najle contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Como colofón, impuso las costas en el orden causado, regulando los emolumentos correspondientes a los letrados intervinientes (fs. 271/281 y 282).
II. Para así decidirlo, el iudex sostuvo que la cuestión litigiosa se circunscribía a determinar si existió despido y si le correspondía a la actora el reconocimiento de la indemnización y rubros derivados del mismo, con más sus accesorios de ley (fs. 277 vta.).
En primer lugar, señaló que correspondía determinar las características de la relación laboral que vinculase a la actora con el Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 27-11-2000 hasta el 30-06-2004 (fs. 278).
A tal fin, estimó que debía acudirse a los términos de los contratos suscriptos entre la actora y la demandada, como así también al Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la primera fuente para determinar la voluntad del legislador es la letra de la ley (fs. 278).
Ello así, menciona que dicho Estatuto clasifica al personal en permanente y no permanente (art. 3), encontrándose dentro de éste último grupo el personal contratado (art. 6 inc. “b”), que es aquel cuya relación de empleo público está regida por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma personal y directa (art. 9).
Observa que, de la documentación agregada a fs. 104/115 y 248/249, surgiría claramente que la actora suscribió con el Banco demandado sucesivos contratos de empleo público por tiempo determinado, para prestar servicios como "Colaboradores y Secretarios”; “Administrativo contratado”; “Contabilidad Internacional” y “Presupuesto e Información Internacional” de acuerdo con los artículos 6° inc. b y 9° del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 278).
De esta manera, con cita de precedentes de la Suprema Corte de Justicia provincial, recuerda que la cuestión en tratamiento se encuentra regida por el derecho local y que el personal de planta temporaria cuenta, como regla general, con un status de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos -en modo expreso o razonablemente implícito-, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (fs. 278/278 vta.).
También con referencia a la doctrina del máximo tribunal provincial, señala que las sucesivas renovaciones del contrato tampoco permiten efectuar una interpretación diferente, toda vez que ni la antigüedad en el nombramiento con carácter de personal contratado, ni la índole de las tareas realizadas en una situación idéntica a la del personal de planta permanente, habilitan a tener por modificada la situación de revista, desde que “es el acto de designación el que imprime el régimen aplicable a la relación” (fs. 278 vta./279).
Asimismo, sostiene que el ordenamiento aplicable no requiere de modo imprescindible que las tareas del personal temporario mensualizado o jornalizado difieran en su naturaleza de las del resto, sino que basta la transitoriedad del requerimiento en orden al carácter temporario, eventual o estacional de las labores que obligue a reforzar durante un período la plantilla básica de agentes, que frente a ciertas necesidades resulta insuficiente (fs. 279).
Manifiesta que, del mismo modo, la identidad de las tareas realizadas por el personal de planta temporaria respecto de las que cumple el personal permanente, resulta inidónea por sí para modificar la situación de revista de los agentes designados en aquel plantel, equiparándolos a los que integran la categoría estable del poder administrador, y cuyo ingreso se encuentra precedido de una serie de condiciones particulares (fs. 279). De esta manera, arguye que no pasa desapercibido que tanto la designación inicial como las posteriores renovaciones lo fueron por períodos determinados y que, además, en los respectivos contratos se dejaba constancia del carácter de personal temporario (fs. 279/279 vta.). A ello aduce que, el último contrato suscripto expiraba el día 30 de junio de 2004, y que con fecha 29 del mismo mes se notificó al actor de la cesación de dicho contrato, y que los haberes correspondientes al mes de junio, el SAC y las vacaciones fueron liquidados en julio y agosto de 2004 (fs. 279 vta.).
En consecuencia, entendió que siendo que todos los contratos suscriptos contenían un plazo, la decisión del Banco demandado de no renovar éste último resulta legítima, no correspondiendo hacer lugar a indemnización alguna en los términos en los que reclama la actora, por cuanto el cese del vínculo respecto del personal contratado de planta no permanente no da derecho a indemnizaciones (fs. 279 vta.).
Hace mención de que en un caso similar al de autos, este Tribunal consideró que la controversia ofrece una inequívoca situación de revista al reparo de los artículos 3 inciso 2º y 6 inciso “b”, y sujeta al desenlace del artículo 9, del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, agregando que su ubicación “lo ha excluido del derecho a la estabilidad, sólo reservado al personal de planta permanente (conf. arts. 12, 20 inc. a) y concs. Estatuto cit.), en tanto resulta legítimo que la administración pública, sin rebasar su atribución reglamentaria, recurra a agentes temporarios en función de circunstancias objetivas de servicio”, concluyendo que “en la impronta transitoria del alta del actor; sobrevenida por conducto del contrato a plazo determinado, celebrado en estricta sujeción a las posibilidades del Banco; como también la alternativa rescisoria que, finalmente ejercida por este último, desembocó en una baja que no ofrece borde de conflicto alguno con el marco dispositivo aplicable” (CCALP causa Nº 3513, “Martinez”, sent. del 11-02-10, fs. 279 vta./280). En lo atinente a lo resuelto por la CSJN en la causa “Ramos” (Fallos 333:311), luego de mencionar la doctrina que emana del mismo, sostiene el sentenciante de grado que, en el caso de autos, no se aprecia que haya mediado, de parte de la demandada, un uso inadecuado de los modos excepcionales de vinculación de empleo público, ello a tenor de las notas normativas del régimen de contratación analizado en autos (Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires), que no contempla (como si acontecía, aclara, en el caso “Ramos”) una limitación temporal para la designación de un agente en la planta no permanente; y toda vez que las contrataciones temporarias que vincularon a la accionante con la entidad demandada alcanzaron un lapso de casi cinco años, es decir, un tiempo sustancialmente menor al que tuvo en cuenta la Corte Nacional en el caso de referencia (fs. 280/280 vta.).
Ello así, expresa que toda vez que con la prueba producida en autos (contratos de empleo público por tiempo determinado, obrantes a fs. 104/115-237/246) la accionante no ha logrado acreditar que el Banco de la Provincia de Buenos Aires haya utilizado la figura contractual prevista en el artículo 9 del Estatuto con la desviación de poder consistente en encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado, estima no corresponde reconocer en autos una indemnización a favor de la accionante de características similares a la acordada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Ramos” (fs. 280 vta.). Precisa, en este sentido, que se debe tener presente, que en la misma fecha en que la Corte Suprema de la Nación sentenció el referido caso “Ramos” (6-IV-2010) se pronunció en la causa “Sánchez, Carlos Próspero c. Auditoría General de la Nación” (Fallos 333:335), vinculada a la renovación de sucesivos contratos a término por un periodo de 8 años, donde señaló “que las circunstancias de este caso difieren sustancialmente de las discutidas y resueltas en la causa R.354.XLIV “ Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa) A.R.A. s/indemnización por despido”, fallada en la fecha, porque en el sub examine la actora no ha logrado acreditar que la Auditoría General haya utilizado figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales con la desviación de poder consistente en encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado” (consid. 7 del voto mayoritario).
III. Contra el mentado pronunciamiento se alza la parte actora, a tenor del líbelo recursivo obrante a fs. 295/299.
A fin de fundamentar y abastecer su crítica alega que:
1. al resolver la cuestión, el juez ha incurrido en un análisis deficiente de las constancias de autos (los contratos de empleo público por tiempo determinado), lo que conllevó interpretar equivocadamente la posición de despido asumida por la accionante (fs. 295/296);
2. el a quo ha omitido el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad introducido en el acápite III del escrito inaugural (fs. 296).
En efecto, al ceñirse a los términos literales de las disposiciones de los artículos 6 inc. b) y 9 del Estatuto, no repara en que de la lectura de las disposiciones de dicho cuerpo normativo puede colegirse una abierta vulneración a las previsiones de los arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional (fs. 296);
3. el fallo evidencia un error conceptual, en tanto trastoca la elaboración lógica correcta: el despido de un agente transitorio de la Administración es arbitrario, y por ende merece ser indemnizado sí, sopesando objetivamente los elementos de prueba, se puede concluir que la empleadora se valió de figuras jurídicas -en esencia legítimas-, pero con una evidente desviación de poder que no tuvo otro objeto más que encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un nombramiento por tiempo indeterminado (fs. 296 vta.);
4. en autos se constatan las notas características que la mayoría de la Corte tuvo en cuenta en el precedente “Ramos”: a) si ocho veces se recurrió a la contratación temporaria, ese uso del instrumento es cuanto menos excesivo; b) si se extendió la vinculación durante casi cinco años, resulta inverosímil que las tareas puedan considerarse estacionales, eventuales, extraordinarias o temporarias; c) existió dependencia técnica, económica y jurídica, por lo que hubo relación de trabajo similar a la de la actividad permanente, normal y regular; y, d) que, por el efecto propio de la renovación contractual sucesiva, hasta el término de nombramiento provisorio de un empleado de planta permanente se encontraba vencido (fs. 296 vta./297);
5. el hecho de que a la actora la contratasen de modo sucesivo, desmiente que sus funciones se agotaran junto al mandato del Director o Presidente al cual asistió. Asimismo, la extensión del vínculo por casi cinco años, también pone en crisis que haya sido contratada para una función en particular que demandase una dedicación no permanente (fs. 297/297 vta.);
6. el decisorio se limita a seguir los precedentes de los órganos superiores, pero sin aplicar el principio de primacía de realidad en el tratamiento y resolución del caso en análisis (fs. 297 vta.).
En esa línea, enfatiza que el “fallo” parece incapaz de colegir que “transitorio” no puede ser alguien que labora para el mismo empleador a lo largo de ocho contratos sucesivamente renovados por casi cinco años (fs. 298);
7. habiendo sido la demandada quien invocó la provisoriedad del vínculo, debió haber sido ella quien pruebe cuáles fueron las razones concretas que justificaron la contratación transitoria de la actora bajo la modalidad excepcional (fs. 298/298 vta.); y, 8) la resolución en crisis también socava el principio de igualdad, pues la actora mantenía las mismas notas de dependencia que los empleados permanentes y se hallaba para cumplir requerimientos propios de ese tipo de actividad (fs. 298 vta./299).
IV. Sustanciado el recurso impetrado (fs. 304/306), elevadas las actuaciones y previa resolución de este Tribunal sobre su admisibilidad - arts. 55 inc. 1º, 56, 57, 58 y concs., CCA, fs. 309, 310/311 y 312-, se encuentran estos autos en oportunidad de ser resuelto por esta Alzada (fs. 313).
V. Despejada la admisibilidad formal del remedio recursivo impetrado, adelanto mi opinión tendiente a desestimar el líbelo deducido, confirmando el decisorio de grado en crisis en todo cuanto ha sido materia de agravios, de conformidad con lo resuelto in re “Sánchez, Marcelo Delfor c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Indemnizatoria-Empl. Público” (CCALP causa Nº 13031, sent. del 30-10-12; ver en sentido concordante CCALP causas Nº 8730 “Aumassanne, Juan Enrique c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos”, sent. del 29-10-09; Nº 3513 “Martínez, Domingo Arnaldo c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Indemnizatoria”, sent. del 11-02-10; Nº 13284 “Vidal, Miguel Santos c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos”, sent. del 12-03-13; Nº 14249 “Ordosgoiti, Eduardo Horacio c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Indemnizatoria-Otros Juicios”, sent. del 05-09-13, entre otras).
1. En efecto, conforme las probanzas de autos, surge con absoluta claridad que la actora se ha desempeñado como personal contratado del Banco de la Provincia de Buenos Aires demandado, ello en los términos de los artículos 6 inciso “b” y 9 del Estatuto para el Personal de dicho Banco, tal como consta en la documental obrante a fs. 104/115-237/246.
A esos fines, cabe señalar que las designaciones de la accionante se concretaron en el marco de dicha normativa, como personal de planta “no permanente”, iniciándose la relación contractual el 27-11-2000, con sucesivos contratos bajo la misma modalidad, hasta su cese el 30-06-2004 (ver notificación de fs. 102).
En ese derrotero, el juez de primera instancia efectúa un correcto análisis en aras de verificar si, en el caso concreto, la actora cumplía con los requisitos normativos para poder pretender la estabilidad en el cargo para la que fue designada.
Al respecto, debe observarse, liminarmente, que para adquirir la accionante el derecho a la “estabilidad” en el cargo -tal como lo pretende-, resultaba menester que haya accedido al mismo en cumplimiento de los requisitos establecidos a tal fin por la normativa vigente.
En el caso, ello no se verifica, pues su contratación lo fue según los artículos 6 inc. “b” y 9 del Estatuto del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (ver fs. 212/240vta.), el que luego de clasificar al personal en “permanente” y “no permanente” (art. 3 incs. 1º y 2º), ubica al personal “contratado” dentro de esta segunda clasificación (art. 6 inc. “b”, cit.), con la característica de ser una “...relación de empleo público regida por un contrato de plazo determinado...” (art. 9, cit.).
Bajo esa modalidad, la actora laboró en el Banco accionado, en diferentes períodos, habiendo sido designada por contratos administrativos con expresa mención -como se dijo- de su carácter de personal de la planta “no permanente” (ver fs. 95/99-155/162, cits.).
De este modo, reluce palmario que no ostentaba la estabilidad laboral a la que hace referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, por consiguiente, tampoco surge que el acto de cese posea vicio alguno que pueda ser declarado en esta sede, tal como la peticionante pretende. En la línea expuesta, cabe añadir que el régimen establecido y la distinción en sí que el mismo formula, a contrario de lo sostenido por el recurrente, no supone ni evidencia una colisión con lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En ese marco, la actora pretende proteger su relación de empleo con sustento en el derecho a la estabilidad, omitiendo el carácter temporario o “no permanente” de su relación contractual, sin aportar elementos que permitan efectuar una ponderación diferente sobre la base de las tareas asignadas y la labor desarrollada, de modo de configurar una actuación del Banco en fraude de la garantía de estabilidad del empleado público ni demostrar que la actuación del ente demandado, como lo entiende erróneamente la recurrente, evidencie desviación de poder.
En ese entendimiento, acoger la pretensión de la quejosa sería convalidar la transmutación automática de funciones de carácter temporario, sin sustento normativo que lo avale conspirando contra la carrera administrativa, pilar base de la relación de empleo público, aún cuando como en el caso, la recurrente se haya desempeñado con ese status por un lapso medianamente prolongado en el tiempo -casi cinco años-.
Es dable recordar que nuestro Superior Tribunal local tiene dicho que: “…el personal de planta temporaria (agentes mensualizados y jornalizados) de los municipios bonaerenses se hallan incorporados a un sistema de excepción que los aparta de las reglas generales previstas para los agentes públicos de la planta permanente, no teniendo más estabilidad en el empleo que la que surge del propio acto de designación…” (SCBA, A 68916, “Soverón”, sent. del 1-10-2008, doctrina que se reitera en numerosos precedentes del Superior Tribunal y si bien la citada referida a empleados municipales puede ser análogamente aplicada a la especie).
En sentido concordante, también se expidió la Corte local, en la causa B 57107, “Taglia”, sent. del 2-5-2007, oportunidad en la que entendió que: “ En el marco establecido por su condición jurídica de agente de planta temporaria, la actora no ha podido consolidar una relación de empleo estable ni aspirar a ejercer un derecho a ella por transformación de la preexistente situación escalafonaria. Es decir que, en el caso, el mero transcurso del tiempo no puede trastocar por sí la situación de revista de quien ha ingresado como empleado transitorio y no ha sido transferido a otra categoría por acto expreso de la Administración”.
Así también tuve ocasión de expedirme en causas de similar tenor CCALP Nº 6214, “Bonnet”, sent. del 4-9-08; Nº 7755, “Cetraro”, sent. del 26- 3-09; Nº 8270, “Mattia”, sent. de 11-6-09; Nº 9472, “Infazón”, sent. de 15-12- 09; Nº 9601, “Mundaca Pacheco”, sent. 4-2-10; Nº 9997, “Caorsi”, sent. del 23-03-10; Nº 10949, “Blanco”, sent. del 10-02-11; Nº 11629, “Enriquez”, sent. del 23-06-11 y, recientemente reiteré en la causa Nº 12.796, “Marín”, sent. del 6-09-12, en las que sostuve que “…Es que el régimen de estabilidad actúa sólo con referencia a los empleados de la Administración Pública que se encuentran incluidos dentro de los cuadros escalafonarios que la norma organiza” (doc. causa B. 50.828, “Príncipe”, sent. del 26-IX- 1989, “Acuerdos y Sentencias”, 1989-III, 555). Ello así, porque, tal y como se ha resuelto, el derecho a la estabilidad pierde su cabal sentido cuando se lo desvincula de la carrera administrativa (doc. causa B. 51.854, “Boades”, sent. del 16-VII-1991, “Acuerdos y Sentencias”, 1991-II, 528, en similar sentido, “Lamacchia”, causa B. 55. 867, sent. del 5-11- 2003).
En el marco establecido, la recurrente no ha podido consolidar una relación de empleo estable como agente del Banco, pues el mero transcurso del tiempo, no logra trastocar por sí, la situación de revista de quien se ha desempeñado sin la estabilidad característica de la planta permanente (en similar sentido, causas CCALP Nº 10.949 “Blanco”, Nº 11629 “Enriquez” y Nº 12.796, “Marín”, sent. del 6-09-12; entre otras; ver, asimismo, doctrina causas análogas CCALP Nº 3513, “Martínez”, sent. del 11-02-10, entre otras).
Reitero, a la luz de las probanzas de autos, la precariedad es la nota característica de la designación que ostenta la parte actora, cuestión que pretende sortear infructuosamente.
Como correlato, a partir de las circunstancias fácticas invocadas por la actora, el régimen vigente, su constitucionalidad y los términos de los contratos celebrados, tampoco considero demostrado en el sub lite que la medida adoptada denote desviación de poder.
2. En otro orden, tampoco considero aplicable a la especie la doctrina de los fallos “Ramos” y “Cerigliano” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni lo resuelto -en consonancia con estos- por la Suprema Corte provincial in re “Villafañe, Blas Galo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley” (SCBA, A 69913, sent del 13-11-2012).
a) En efecto, en cuanto al primer precedente jurisprudencial, además de los argumentos expuestos por el iudex, estimo que no se ha probado ilegitimidad en la actuación del Banco accionado, en las sucesivas contrataciones, consistente en encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una designación temporaria sin estabilidad, por lo que no procede reparación en ese contexto (ver, en sentido análogo, causa CCALP Nº 12.457, “Nico”, sent. del 28-6-12 y mi voto en causa CCALP Nº 12.796, “Marín”, sent. del 6-09-12, op. cit.).
b) En lo relativo al caso “Cerigliano”, si bien la CSJN precisó y/o amplió la doctrina del fallo “Ramos” (ver considerando 8vo., donde se señala que: “...la ratio decidendi de “Ramos” alcanza a todos los trabajadores que se encuentran ligados por un vínculo como el considerado en ese precedente, ya sea con la Administración Pública nacional, provincial, municipal o, como en el presente caso, la específica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...”), ordenando que los jueces de dicha causa examinen el material fáctico de la litis a la luz de dicha doctrina y estableciendo pautas para el supuesto de repararse los perjuicios que se hubiesen irrogado al actor (consid. 8, cit.), sin embargo tal contenido fáctico -modo de contratación y actividad desplegada por el allí accionante, entre otros aspectos- difiere del de autos, lo que impide aplicar sus principios. c) Por último, también considero disímiles las circunstancias fácticas del presente con la doctrina indemnizatoria que surge de las causas CCALP Nº 12791 “Cabrera”, sent. del 30-10-12 y Nº 12.880 “Santurión”, sent. del 25- 10-12.
d) Por lo tanto, atento a la falta de demostración de las notas características de estabilidad del empleo público, únicamente aplicable al personal de planta permanente designado en cumplimiento de los recaudos exigidos por la normativa aplicable, ni acreditadas las excepcionalísimas circunstancias fácticas que fueron ponderadas por el Máximo Tribunal en los casos “Ramos” y “Cerigliano” o por la Suprema Corte provincial in re “Villafañe”, la pretensión incoada no puede prosperar.
VI. Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas de la instancia en el orden causado (arts. 58, 59 y concs., CCA).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
La situación de la demandante, quien se destacara en actividad como personal contratado en el Banco Provincia de Buenos Aires con designaciones a término, configura una singular circunstancia de revista que me lleva a adherir al primer voto en la solución del caso suscitado. En sentido concordante he podido expedirme en antecedentes similares (conf. causas CCALP N° 3544,CCALP N° 6214, CCALP N° 6451, CCALP N° 7755, CCALP N° 9555, CCALP N° 11.406, CCALP N° 13.284 y CCALP N° 14.249).
Ese acuerdo comprende también todo lo concerniente a la ausencia de conducta por parte del Banco dirigida a encubrir una relación permanente, tal y como lo destaca esa intervención precedente, como asimismo lo relativo a las diferencias que reporta el caso con aquéllos que motivaran la doctrina judicial que es objeto de su consigna.
Así, me expido en idéntico sentido.
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Con arreglo a los fundamentos y criterio decisorio que expusiera al votar en precedente análogo al sub lite (conf. causa Nº 13.284, “Vidal”, sent. del 12-III-13, entre otras también citadas en las intervenciones precedentes), comparto la solución propuesta por el magistrado de primer orden, votando en igual sentido.-
A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:
I. A fs. 300, el letrado apoderado de la parte actora, en representación de ésta y por derecho propio, cuestiona los emolumentos regulados a su favor, por altos y bajos, respectivamente.
II. En lo que concierne por ser materia de agravios conteste la distribución de las costas, cabe precisar que la regulación de honorarios del doctor Luciano Ezequiel Martínez Macedo -letrado apoderado de la parte actora-, fue fijada en la suma de pesos cinco mil seiscientos cincuenta ($ 5650), con sustento en lo estatuido en los arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 44, 51, 54 y ccs. del Decreto Ley N° 8904/77.
III. De la confrontación de la fecha de notificación de la sentencia al apoderado de la actora (15-02-2013, conf. cédula de fs. 283/288 y 288 vta.) y la de interposición de las impugnaciones (01-03-2013, conf. cargo inserto al pie de fs. 300 vta.), surge que dichos recursos han sido presentados fuera del plazo legal de cinco (5) días estatuido en la especie (conf. art. 57, Decreto Ley Nº 8904/77; conf. CCALP causas Nº 11251 “Duque Milton Jorge c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión Indemnizatoria- Otros juicios”, sent. del 02-06-11, entre otras).
IV. En consecuencia, estimo que corresponde declarar inadmisibles los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento de fs. 282 por la parte actora y el letrado en derecho propio (arts. 54, 57 y ccs., Decreto-Ley N° 8904/77). Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:
Adhiero al primer voto.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el juez preopinante.
Así lo voto.-
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, 1.- Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y se confirma la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas de la instancia en el orden causado (arts. 51, 55, 56, 57, 58, 59 y concs., CPCA –t.o. ley 14.437-).
2. Se declaran inadmisibles los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios contenida en el pronunciamiento de fs. 282 por la parte actora y el letrado en derecho propio (arts. 54, 57 y ccs., Decreto-Ley N° 8904/77).
3. Por su actuación profesional en segunda instancia, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Luciano E. Martinez Macedo, en la suma de PESOS UN MIL CIENTO TREINTA ($1.130,00) y los honorarios de la Dra. Mónica E. Egea, apoderada de la parte demandada, en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($1.950), montos a los que se deberá adicionar el 10%; (arts. 10, 15, 31, 54, 57 y concs., dec-ley 8904/77; 12 inc. a) y 16, ley 6716 y modif.). Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.
Gustavo Juan De Santis Juez Claudia A.M. Milanta Juez Gustavo Daniel Spacarotel Juez Dra. Mónica M. Dragonetti Secretaria REGISTRADO BAJO EL Nº 475 (S).
Fin de la sentencia