Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 8382
Lo que resolvió el tribunal
I. Receptar el recurso de apelación interpuesto por el actor, y consiguientente, modificar la sentencia apelada en los siguientes puntos: a] Receptar la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, quienes responderán ilimitada y solidariamente con Edimax Obras y Construcciones S.A., por el incumplimiento del contrato de obra que esta última celebrara con aquel (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC). Las costas correspondienes a esta pretensión se imponen a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
B] Fijar la indemnización del daño moral a la suma de $ 2.500.000 (art. 1741 CCyC).
C] Disponer que a cada uno de los pagos del precio fraccionado realizados en exceso, desde la fecha de su realización, a saber: la suma $ 16.000 el día 11/9/2017, y cuatro pagos de $ 180.000, realizados el 5/3, 4/4, 25/5 y 15/6/2018 respectivamente, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fueran efectuados hasta el fin de dicho mes. Entre el mes siguiente y hasta el último I.P.C. publicado, deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí y hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
D] Disponer que a la suma otorgada en concepto de daño moral, deberá aplicársele:
- La tasa de interés moratorio del 6% anual, desde la fecha en que se originó el perjuicio -14/9/2018-, hasta la fecha de valuación del …
Expte. n°: JU-8382-2018 FERNANDEZ PABLO JAVIER ULISES C/ EDIMAX OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-8382-2018 caratulada: "FERNANDEZ PABLO JAVIER ULISES C/ EDIMAX OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. En fecha 18/03/2024, el juez titular del Juzgado de primera instancia n° 1, Dr. Fernando Horacio Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que, en primer lugar, receptó la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Edimax Obras y Construcciones S.A., condenando a esta última a pagar a aquel, las sumas: de $ 736.000 por la restitución del precio pagado en exceso, con más intereses, y de $ 400.000, por daño moral. Impuso las costas a la demandada. En segundo lugar, desestimó la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, imponiendo las costas a aquel. Finalmente, difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, se expidió acerca de las pretensiones encaminadas al reintegro del precio pagado en exceso y a la indemnización de los daños que el actor alegó haber sufrido, a causa de la resolución del contrato de obra celebrado con la sociedad demandada, integrada por las personas humanas codemandadas.
II. Contra este pronunciamiento, el accionante interpuso apelación en fecha 23/06/2024; recurso que, concedido libremente, motivó la remisión del expediente a esta Cámara, donde en fecha 18/06/2024 se allegó la expresión de agravios.
En fecha dicha presentación, el apelante se agravió por: la no extensión de la condena a los codemandados Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio; por los montos de condena; y por los intereses aplicables a los mismos.
III. Corrido traslado de la expresión de agravios reseñada precedentemente, los demandados no lo contestaron; por lo que, previo dictamen del Fiscal de Cámaras; se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
IV. En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios.
A) Comienzo por el agravio referido a la no extensión a los socios, de la condena impuesta a la persona jurídica por ellos integrada.
a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen dijo que la existencia de distintos procesos ejecutivos contra Edimax Obras y Construcciones S.A., la situación de ésta en distintos bancos, y los problemas financieros de la misma a los que aludió el testigo Rodríguez, no alcanzan para extender la responsabilidad a sus socios, porque tales circunstancias resultan insuficientes para excepcionar el principio básico de la diferenciación de la personalidad de la sociedad de la de sus socios.
ii. Que el accionante dijo que la condena impuesta a Edimax Obras y Construcciones S.A., debe extenderse solidariamente a Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, porque en este caso están reunidos todos los extremos que exige la ley para responsabilizarlos personalmente, en su carácter de miembros y administradores de aquella.
Puntualizó que la extensión solicitada tiene su fundamento en los artículos 54, 59, 276, 279 y concordantes de la ley 19.550, y también en los artículos 144 y 160 del Código Civil y Comercial.
Expuso que la separación de la personalidad de la sociedad y la personalidad de sus socios, no puede ser considerada como una regla absoluta, pues en los casos en que se utiliza la figura societaria para afectar derechos de terceros, el artículo 54 de la ley 19.550 recepta la teoría de la “inoponibilidad jurídica”, a fin de prescindir de la figura societaria adoptada Añadió que el derecho reconoce el medio técnico de la sociedad, mientras su utilización se mantenga dentro de los fines lícitos previstos por la ley; en cambio, cuando se aparta de ellos, el juez deben prescindir de la personalidad societaria.
Sostuvo que, pese al notorio intento de Brosio, Simonazzi y Desiderio de encubrir su calidad de socios y miembros del directorio de Edimax Obras y Construcciones S.A., quedó fehacientemente probado que lo fueron, y también quedaron probadas sus maniobras de mala fe, su obrar desleal, y la utilización de la técnica societaria en beneficio ellos y en perjuicio de terceros. Hizo hincapié en que de la pericia contable surge: que, a la fecha de celebración del contrato de construcción y también a la fecha de emisión del dictamen, Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio eran los accionistas de Edimax Obras y Construcciones S.A.; y que la presidenta del directorio era Selva Mariel Brosio, y la directora suplente, Eliana Simonazzi. Remarcó que las personas humanas demandadas procuraron continuamente obstruir y demorar injustificadamente el curso normal del proceso y, pese a su calidad de socias, no se presentaron en representación de Edimax Obras y Construcciones S.A., quien fue declarada rebelde, no habiendo cesado nunca dicho estado procesal.
Afirmó que los demandados intentaron hacer desaparecer a la sociedad, tal como quedó demostrado con: su conducta procesal, la inexistencia de la sociedad en el domicilio constituido en la Dirección Provincial del Personas Jurídicas, y la falta de entrega de documentación social al perito contador. Puso de resalto que el testigo Fernando Martín Rodríguez declaró que, al momento de los pagos efectuados por el actor, la empresa estaba complicada. Aseveró que los socios se embarcaron en la firma de un contrato, obligándose a construir una vivienda de 172 metros cuadrados, a sabiendas de que la sociedad no estaba en condiciones de asumir tal obligación. Dijo que continuar operando una sociedad en cesación de pagos implica, cuanto menos, dolo civil respecto a los nuevos acreedores.
Continuó diciendo que los informes remitidos por el Banco Credicoop Cooperativo Limitado y el Banco ICBC, surge que Edimax Obras y Construcciones S.A. estaba en una situación financiera deficitaria. Insistió en que la sociedad dejó de existir sin haberse efectuado los trámites de liquidación como prevé la normativa societaria; por lo que la responsabilidad por la falta de fondos para hacer frente a sus obligaciones, se traslada en forma directa a los socios de la misma, porque son ellos quienes la han llevado a esa situación de carencia e incumplimiento.
Señaló que la crisis económica o financiera de carácter general, implica una causal de disolución de la sociedad, e impone las medidas imperativas que marca la ley societaria y la responsabilidad de los administradores en caso de continuidad de la operatoria.
Siguió argumentando que la sociedad sólo puede desaparecer mediante un procedimiento expresamente previsto, que es el de su liquidación, en cuya virtud, los socios imperativamente deben optar por liquidar o reintegrar el capital, para evitar que la actuación de la sociedad insolvente genere daños Concluyó afirmando que Edimax Obras y Construcciones S.A no efectuó el trámite de liquidación previsto en la ley de sociedades; razón por la cual, debe extenderse la condena a los socios Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, haciéndolos solidaria e ilimitadamente responsables, con imposición de costas.
b] A fin de resolver este agravio, cabe mencionar que las personas jurídicas son un recurso técnico, en virtud del cual, la ley inviste como tal, a un ente conformado por una o más personas, permitiéndole actuar jurídicamente con autonomía patrimonial con respecto a sus integrantes e imputabilidad diferenciada (art. 141 CCyC).
De cualquier modo, la personalidad jurídica diferenciada que se les reconoce a las personas jurídicas, y específicamente a las sociedades, no es absoluta, sino que se encuentra supeditada a la utilización legítima del régimen societario, dado que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos (arts. 10, 144 CCyC; y 54 ley 19.550).
Por ello, cuando la persona jurídica es utilizada para la consecución de finalidades distintas de aquellas para las que fue creada, provocando perjuicios a terceros; es posible penetrar en su sustrato material e imputar esa actuación irregular, directamente a los socios que se escudaron en ella, como si no existiera respecto de los perjudicados.
La sanción de inoponibilidad desplaza un principio consustancial de la personalidad jurídica, como lo es el de la separación de patrimonios entre la sociedad y los socios; ya que el perjudicado que está en condiciones de alegar la inoponibilidad, queda facultado a ejercer una pretensión, ignorando la existencia de la sociedad.
Con este mecanismo se intenta superar las consecuencias inicuas derivadas de comportamientos abusivos o fraudulentos de los socios (conf. Alberto A. Romano, “Código Comercial comentado y anotado. Adolfo A. N. Rouillón, Director, Daniel E. Alonso, Coordinador”, Tomo III, págs. 115/118). La frustración de derechos de terceros, tiene lugar, entre otros supuestos, cuando los administradores o miembros de las sociedades, pese a la pérdida del capital social, ignoran el procedimiento liquidatorio previsto en la ley 19.550 y prosiguen con la actividad social, generando pasivos que no serán satisfechos, perjudicando a los acreedores que no podrán cobrar sus créditos. Ante la pérdida del capital social, los miembros de las sociedades, como lo haría un buen hombre de negocios, deben afrontar la crisis, acudiendo a los mecanismos previstos en la legislación societaria, no pudiendo continuar operando con la sociedad en estado de insolvencia o de cesación de pagos. Los socios deben aumentar el capital o reintegrarlo total o parcialmente o, en su defecto, proceder a la liquidación, conforme lo establece la ley general de sociedades. Si no adoptan alguna de estas alternativas, y continúan con la actividad social, se les extiende la responsabilidad por las obligaciones incumplidas, contraídas en tales condiciones por la sociedad (arts. 59 y 96 ley 19.550 y 160 CCyC; conf. Gabriela Boquín y Efraín Hugo Richard, “Responsabilidad de los administradores sociales por no afrontar la crisis oportunamente”; El Derecho, Tomo 234, pág. 238).
A la luz de estas pautas, no albergo dudas acerca de que cabe declarar la inoponibilidad frente al actor, de la personalidad jurídica de la sociedad demandada, e imputar directamente a los socios codemandados, la actuación irregular que llevaron a cabo por medio de ella.
Arribo a esta conclusión, haciendo hincapié en que, según surge del dictamen pericial contable, Edimax Obras y Construcciones S.A., tanto a la fecha de celebración del contrato de construcción resuelto, como a la fecha de emisión del dictamen, estaba constituida por los codemandados: Selva Mariel Brosio, con 450 acciones representativas del 37,5% del capital social; Eliana Simonazzi, con 450 acciones representativas del 37,5% del capital social; y José Luis Desiderio, con 300 acciones representativas del 25% del capital social.
También resultan sumamente trascendentes las siguientes circuntancias: Que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado informó: que Edimax Obras y Construcciones S.A. no registra actualmente cuentas abiertas; que le cerraron dos cuentas corrientes de su titularidad en fecha 04/04/2018; que se le rechazó un cheque por falta de fondos en fecha 28/06/2016; y que fue inhabilitada como cuentacorrentista en fecha 31/08/2018 (ver informe de fecha 03/12/2021);
Que el Banco ICBC informó que Edimax Obras y Construcciones S.A.
abrió una cuenta corriente en pesos en fecha 13/09/2016, la que fue cancelada en fecha 30/05/2019, adjuntando al informe, una copia con la nómina de 15 cheques rechazados, 9 de ellos en fechas anteriores a la celebración del contrato bajo análisis, y los otros 6, en fechas posteriores próximas (ver informe de fecha 14/06/2022.
Que de los expedientes unidos por cuerda, surge que dos acreedores iniciaron sendos cobros ejecutivos contra Edimax Obras y Construcciones S.A. ante los juzgados de primera instancia n°2 y n°4, por el cobro de cheques librados por la misma, en fechas 22/12/2017 y 24/01/2018, ambos rechazados por falta de fondos;
Que de la MEV surge que en el juzgado de primera instancia n°2 se inició contra Edimax Obras y Construcciones S.A., una ejecución prendaria, por la falta de cancelación de un mutuo dinerario garantizado con dicho gravamen, que la misma había celebrado en fecha 30/11/20216.
Todas estas deudas que pesaban sobre la sociedad, más los cheques emitidos contra sus cuentas corrientes, no pagados por fondos insuficientes, permiten tener por acreditado que la misma contaba con un capital insuficiente para la consecución de su objeto social; razón por la cual, sus socios debieron acudir al mecanismo de liquidación societaria.
Cabe aclarar que la capacidad de derecho de la sociedad, está limitada exclusivamente al cumplimiento de su objeto y la consecución de los fines de su creación (art. 141 CCyC); por lo que la misma resulta inoponible, si no desarrolla su actividad empresarial por falta de capital social.
En este caso, quedó acreditado que la sociedad demandada no sólo no cumplió la obligación contraída con el accionante, sino que, además, dejó de actuar, produciéndose su virtual desaparición.
Y tan es así, que notificada del traslado de la demanda en el domicilio registrado en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, no se presentó a estar a derecho, declarándose la rebeldía en resolución que, al intentar ser notificada, motivó el siguiente informe del oficial notificador "...no me ha sido posible dar cumplimiento al diligenciamiento de la presente cédula, ya que al constituirme en el domicilio indicado como el de "Edimax Obras y Construcciones S.A.", sito en calle Brown N° 129 de esta ciudad, responde a mis llamados una persona que dijo ser del lugar y llamarse Guillermo Lucchelli, DNI N° 16.475.295 (que sólo menciona), quien al requerirle la presencia de algún responsable de la firma, manifiesta que fue integrante de la sociedad, pero que la misma ha dejado de existir hace aproximadamente cinco años..." (ver informe de fecha 06/05/2021, el entrecomillado encierra copia textual). Como corolario de lo expuesto precedentemente, emerge que, tal como lo anticipé, quedó probado el comportamiento abusivo de los socios Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio; por lo que, debe declararse la inoponibilidad de la personalidad jurídica de Edimax Obras y Construcciones S.A., e imputar directamente a aquellos, el incumplimiento del contrato que esta última celebrara con el actor (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC).
Considero pertinente cerrar el tratamiento de este agravio, citando una publicación doctrinaria de Eduardo Martorell, en la que transcribió un fallo del Tribunal de Trabajo n° 2 de Quilmes, en el que se dijo que “…un dato de la realidad que se ha observado cada vez con mayor frecuencia en la Argentina es que, en gran cantidad de casos, las sociedades no se disuelven por los procedimientos legales y no obstante ello, dejan de existir “de hecho” al dejar de tener actividad, ya que las personas físicas que la integran no producen actos que lleven a la consecución del objeto social; por lo que corresponde responsabilizar a los que se valen de las compañías mercantiles para su interés personal, haciéndolas luego desaparecer…” (ver “Las sociedades desaparecidas o fantasmales: ¿Cómo hacemos para cobrarles?”https://abogados.com.ar/las-sociedades- desaparecidas-ofantasmales- como-hacemos-para-cobrarles/29436).
En conclusión, corresponde receptar el agravio en tratamiento, y consiguientemente, modificar la sentencia apelada, receptando la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, quienes responderán ilimitada y solidariamente con Edimax Obras y Construcciones S.A., por el incumplimiento del contrato de obra que esta última celebrara con aquel (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC). Las costas de ambas instancias se imponen a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
B) Continúo por el tratamiento de los agravios referidos a los montos de condena.
1. Abordaré inicialmente el agravio dirigido contra el monto otorgado en concepto de reintegro por las sumas abonadas en exceso.
a] A tal efecto, resulta conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen tuvo por acreditado, en base a las conclusiones del dictamen pericial arquitectónico, que, al momento de producirse la resolución del contrato, la obra contaba con un grado de avance del 30%; por lo que, teniendo en cuenta el precio pagado y lo surgente de la pericia contable, ordenó abonar por este concepto, la suma de $ 736.000.
ii. Que el accionante cuestionó la estimación del monto y los parámetros utilizados al efecto.
Aseveró que el sentenciante ha omitido valorar el informe realizado por el maestro mayor de obras Andrés Sanchetta, que detallara debidamente que el porcentaje de avance de ejecución de la obra, era del 26%.
Destacó que la perito arquitecta aclaró que el 30% era un porcentaje estimado en base a las fotografías adjuntadas por el mencionado Sanchetta y las surgentes del acta de constatación.
b] Adelanto que este agravio no puede prosperar.
Así lo entiendo, puesto que bien ha hecho el sentenciante en determinar la indemnización en revisión, siguiendo el dictamen pericial arquitectónico, que no ha sido cuestionado ni impugnado por ninguna de las partes, y del que no existe motivo alguno para apartarse, por estar fundado en los principios propios de la especialidad de la experta (arts. 384 y 474 CPCC).
Este dictamen constituye un valioso elemento probatorio que solamente podría ser dejado de lado por su contradicción con elementos de similar fuerza de convicción, lo que no acontece con el "Acta de estado de obra" realizada por el maestro mayor de obras Mario Andrés Zanchetta (ver fs. 110/112), que tiene un menor poder probatorio, por haber sido elaborada al margen de un proceso judicial, por una persona cuya actuación no pudo ser controlada por las partes, ni por el juzgado (arts. 384 y 474 CPCC).
Por ello, corresponde desestimar el agravio en tratamiento, y consiguientemente, mantener la condena por reintegro de las sumas abonadas en exceso (art. 1738 CCyC).
2. Paso a ocuparme del agravio dirigido contra la indemnización otorgada en concepto de daño extrapatrimonial.
a] A tal efecto, resulta conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen, teniendo en cuenta las molestias e inconvenientes soportados por el actor, fijó la indemnización correspondiente en la suma de $ 400.000.
ii. Que el accionante cuestionó por insuficiente la indemnización en revisión, poniendo de resalto que el dictamen de la perito psicóloga Barrera da cuenta del trastorno de ansiedad sufrido como consecuencia del incumplimiento del contrato, así como la necesidad de someterse a un tratamiento psicológico. b] A fin de resolver este agravio, cabe señalar que se encuentra fuera de discusión que el accionante encomendó a la persona jurídica demandada la construcción de una vivienda, y que la ruptura contractual, se produjo como consecuencia de los incumplimientos de esta última.
Estas especiales circunstancias habilitan a presumir fundadamente la proyección lesiva a la esfera extrapatrimonial de las vicisitudes que tuvo que atravesar el actor en el marco de la relación con los demandados, generándole una perturbación anímica causante de daño moral.
Sin perjuicio de ello, como bien expuso el apelante, la pericia psicológica es harto elocuente respecto a los padecimientos sufridos.
En efecto, la perito Lorena Paola Elizabet Barrera, en el informe agregado en fecha 05/12/2021, expuso que: "Dado el tiempo transcurrido desde el hecho que dio origen a la presente causa, esta perito no puede precisar el trastorno que padeció en ese momento, pero se pude inferir que habría sufrido síntomas compatibles con el cuadro de Trastorno de Ansiedad Inespecífico…", habiendo incluso aconsejado que el accionante realice un tratamiento a fin de enfrentar las dificultades emocionales que interfieren en el desarrollo de su vida actual.
En base a este dictamen pericial, de cuyas conclusiones no encuentro motivos para apartarme, por estar fundadas en principios de incumbencia profesional propia de la especialidad del experto (arts. 384 y 474 CPCC) que fuera consentido oportunamente por las partes; estimo prudente elevar la indemnización concedida por daño moral a la suma de $ 2.500.000 (art. 1741 CCyC).
3. Finalmente, me ocuparé del agravio dirigido por la parte actora contra la fecha de mora y los intereses a aplicar a las sumas de condena. a] A tal efecto, estimo conveniente recordar:
i. Que el sentenciante de origen dispuso que a la suma a restituir por las sumas pagadas en exceso, se le apliquen intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha en que se notificó la resolución del contrato (14/9/2018) hasta el efectivo pago.
En cambio, no dispuso la aplicación de intereses a la indemnización concedida por daño extrapatrimonial.
ii. Que la parte actora cuestionó esta decisión, por un lado, en lo que respecta la fecha de mora, solicitó que se ordene aplicar intereses desde el día 10/09/2017, que es la fecha a partir del cual comenzó a efectuar los pagos en exceso, de los cuales los demandados obtuvieron un enriquecimiento indebido. Por otro lado, se agravió de que no se haya ordenado adicionar intereses al daño moral, alegando que ello menoscaba su derecho de propiedad, por afectación del principio de reparación plena.
Por último, solicitó la aplicación del criterio sentado por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia dictada en la causa "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños y perjuicios", que es vinculante. Concluyó pidiendo que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, y su inaplicabilidad a este caso, a fin de permitir una actualización equitativa del crédito que compense los trastornos que ocasiona la inflación. b]1. En tarea decisoria, en lo que respecta a la adición de intereses al daño moral, adelanto que el agravio resulta procedente.
Ello es así, puesto que la obligación resarcitoria nace con la causación del daño, y desde entonces, es inmediatamente exigible; en caso de incumplimiento, la mora se configura desde ese mismo momento, a partir del cual comienza el cómputo de intereses.
Es decir, el nacimiento del deber de reparar, su exigibilidad, y la eventual mora se verifican en la misma oportunidad; o sea, cuando se produce el daño a indemnizar, tal como lo ha receptado expresamente el artículo 1748 del Código Civil y Comercial.
Por ello, tal como lo anticipé, el agravio en tratamiento debe ser receptado, ordenando que a la suma concedida en concepto de daño moral se le adicionen intereses desde la fecha de mora (art. 1748 CCyC).
b]2. Distinta es la suerte del agravio referido a precisamente a este punto, es decir, a la fecha de mora.
Resulta indudable que asiste razón al accionante en cuanto señala la necesidad de actualizar los pagos efectuados, ante la incidencia del proceso inflacionario existente en nuestro país, sobre el contrato resuelto. Sin embargo, al capital a restituir solo corresponderle aplicarle intereses desde la fecha en que el vendedor demandado quedara inmerso en mora respecto de su obligación a restituir, que no es otra que la notificación cursada a través de la carta documento recibida el 14/9/2018 (agregada con la demanda), con la que se operó la resolución contractual (art. 1078 inc b] CCyC). En relación a este punto, cabe recordar el criterio sostenido en reiteradas oportunidades por este Tribunal, incluso desde anteriores integraciones en las que se dijo que: "...Respecto a los intereses moratorios, los mismos corren a partir de quedar constituido en mora en la obligación de devolver la suma (Zannoni en Vallespinos Contratos Presupuestos p. 332 y en " Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos" p. 463, V Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil 1978 Dictamen I; IV Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina 1980 despacho de la mayoría). El obligado a restituir queda en mora desde que se produce la declaración resolutoria (Atilio Anibal Alterini "Contratos" p. 518), "cuando se ha comunicado fehacientemente la voluntad de resolver" (Zannoni "Ineficacia..." p. 465). Como apunta Cornet ("Efectos de la resolución de los contratos por incumplimiento" p. 161) "hasta el momento de la resolución, ambos contratantes son de buena fe, ya que ellos recibieron las respectivas prestaciones o parte de ellas en cumplimiento de un contrato que estaba vigente" y que si se pretendiera aplicar el régimen del poseedor de mala fe "estaríamos proyectando la mala fe para atrás, lo cual como señala Alterini, no es admisible..." (ver sent. del 30/07/2024 recaída en Expte. n°: JU-8561-2016 "Mendoza, Roberto Hernán c/ Gil, Julio Ernesto y otro/a s/ Daños y Perj. Incump. Contractual").
b]3. Ocupándome, ahora, de la crítica dirigida a la falta de actualización de las sumas abonadas y a la tasa de interés, cabe recordar que, si bien los planteos de inconstitucionalidad de una ley deben hacerse en la primera oportunidad propicia, este criterio no debe apreciarse restrictivamente, a fin de salvaguardar el principio de defensa en juicio.
Con esta finalidad, cabe concluir en que dicha regla cede en aquellos supuestos en los que su imposición a ultranza, tornaría aplicable una norma cuyo contenido ha sido concluyentemente descalificado por su contrariedad con la Constitución Nacional por la Corte federal o por la Suprema Corte local (conf. SCBA, sent del 06/05/2009 recaída en la causa CC. 88.046).
Por lo tanto, habiendo la Suprema Corte de Justicia dictado sentencia en la causa "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños y perjuicios" (por la que declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928), con posterioridad al llamamiento de autos para la sentencia de primera instancia (art. 482 CPCC); resulta oportuno el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma formulado por la parte actora en la expresión de agravios.
De cualquier modo, aunque esta conclusión no fuera compartida, este tribunal quedaría habilitado para evaluar la inconstitucionalidad de la norma mencionada, ya que tanto la Suprema Corte de Justicia (ver sent. recaída en fecha 14/9/2011 en la causa C. 100.285 "R., A. H. c/ Kelly, Santiago y otros s/ Daños y Perjuicios") como la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sent. recaída en fecha 5/3/2024 en la causa "Perret, Liliana María y otros c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Daños y perjuicios"), habilitan la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de un norma legal.
Sentado ello, paso a abordar el control de constitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, en cuanto erradica la actualización monetaria del ámbito de las obligaciones.
En esta tarea, comienzo por mencionar que no desconozco que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal ha de tenerse como el último recurso de la labor judicial, al que sólo ha de acudirse cuando la discordancia entre la norma testeada y los principios fundamentales de la Carta Magna, sea manifiesta.
En este caso, resulta manifiesta la contradicción entre el derecho de propiedad de los accionantes y la disposición contenida en el artículo 7 de la ley 23.928, que veda la actualización monetaria.
Llego a tal conclusión, haciendo hincapié en que los trastornos que ocasiona la inflación, impactan negativamente en las relaciones jurídicas, excluyendo el equilibrio negocial y lesionando el contenido sustancial de los derechos patrimoniales. Es que en un contexto del alza generalizada de precios y de depreciación monetaria, la condena al pago de un capital nominal, al que se le adicionan intereses a la tasa pasiva más alta del banco oficial, arroja una pérdida más que considerable en perjuicio del acreedor. Por ello, se impone la adopción de un sistema de actualización del capital, con más una tasa de interés puro.
El cotejo entre ambos sistemas, revela que la condena al pago de un capital nominal con más intereses a la tasa pasiva, mengua considerablemente el crédito reconocido judicialmente, generando su licuación. El reemplazo de la tasa pasiva por la activa, tampoco preserva la equidad de la prestación, al tiempo de su cumplimiento.
Como corolario de todo lo expuesto, emerge con nitidez que el artículo 7 de la ley 23.928 debe ser declarado inconstitucional en este caso, porque contraría el principio de razonabilidad y el derecho de propiedad del accionante (arts. 17 y 28 Const. Nac).
Este criterio fue el adoptado por el Dr. Soria, cuyo voto concitó la adhesión de sus colegas en la sentencia recaída en fecha 17/4/2024 en la causa C. 124.096 "Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ Daños y perjuicios", pronunciamiento en el que se modificó la doctrina legal anteriormente imperante acerca de este punto.
En base a lo expuesto precedentemente, corresponde aplicar:
1. A cada uno de los pagos del precio fraccionado realizados en exceso del avance de obra (desde la fecha de su realización a saber, un pago de $ 16.000 el día 11/9/2017, y cuatro pagos de $ 180.000, realizados en las siguientes fechas 5/3, 4/4, 25/5 y 15/6/2018); corresponde aplicarle el Indice de Precios al Consumidor (IPC) "Nivel General" (Var Interanual IPC Nacional) publicado por el INDEC en su página web (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31), el que resulta el mecanismo más acorde, en miras de resguardar el valor real de la prestación debida.
Sin embargo, tal como lo informa el propio INDEC, los índices de precios se elaboran con frecuencia mensual (ver https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros /economia/como_usar_indice_precios_ 2022.pdf), a lo que es dable agregar que su publicación no se realiza en forma inmediata, una vez culminado cada mes. Por tal razón, y a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación como el cumplimiento de la sentencia, es que considero preciso efectuar la siguiente salvedad: al importe de cada uno de los pagos, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fueran efectuados hasta el fin de dicho mes.
Entre el mes siguiente y hasta el último I.P.C. publicado, deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí y hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
-Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago.
2. Asimismo, a la suma otorgada en concepto de indemnización del daño moral, corresponde aplicarle:
- La tasa de interés moratorio del 6% anual, desde la fecha en que se originó el perjuicio -14/9/2018-, hasta la fecha de valuación del mismo en la sentencia de primera instancia -18/3/2024-
- El mismo mecanismo CER/IPC/CER, descripto en relación al precio a restituir, pero en este caso, desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago.
-Al capital actualizado por dicho mecanismo, se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago.
VIII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I. Receptar el recurso de apelación interpuesto por el actor, y consiguientente, modificar la sentencia apelada en los siguientes puntos: a] Receptar la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, quienes responderán ilimitada y solidariamente con Edimax Obras y Construcciones S.A., por el incumplimiento del contrato de obra que esta última celebrara con aquel (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC). Las costas correspondienes a esta pretensión se imponen a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
b] Fijar la indemnización del daño moral a la suma de $ 2.500.000 (art. 1741 CCyC).
c] Disponer que a cada uno de los pagos del precio fraccionado realizados en exceso, desde la fecha de su realización, a saber: la suma $ 16.000 el día 11/9/2017, y cuatro pagos de $ 180.000, realizados el 5/3, 4/4, 25/5 y 15/6/2018 respectivamente, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fueran efectuados hasta el fin de dicho mes. Entre el mes siguiente y hasta el último I.P.C. publicado, deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí y hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
d] Disponer que a la suma otorgada en concepto de daño moral, deberá aplicársele:
- La tasa de interés moratorio del 6% anual, desde la fecha en que se originó el perjuicio -14/9/2018-, hasta la fecha de valuación del mismo en la sentencia de primera instancia -18/3/2024-
- El mismo mecanismo CER/IPC/CER, descripto en relación al precio a restituir, pero en este caso, desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago.
-Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago.
II. Las costas de Alzada, se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Dr. Volta, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Receptar el recurso de apelación interpuesto por el actor, y consiguientente, modificar la sentencia apelada en los siguientes puntos: a] Receptar la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, quienes responderán ilimitada y solidariamente con Edimax Obras y Construcciones S.A., por el incumplimiento del contrato de obra que esta última celebrara con aquel (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC). Las costas correspondienes a esta pretensión se imponen a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
b] Fijar la indemnización del daño moral a la suma de $ 2.500.000 (art. 1741 CCyC).
c] Disponer que a cada uno de los pagos del precio fraccionado realizados en exceso, desde la fecha de su realización, a saber: la suma $ 16.000 el día 11/9/2017, y cuatro pagos de $ 180.000, realizados el 5/3, 4/4, 25/5 y 15/6/2018 respectivamente, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fueran efectuados hasta el fin de dicho mes. Entre el mes siguiente y hasta el último I.P.C. publicado, deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí y hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
d] Disponer que a la suma otorgada en concepto de daño moral, deberá aplicársele:
- La tasa de interés moratorio del 6% anual, desde la fecha en que se originó el perjuicio -14/9/2018-, hasta la fecha de valuación del mismo en la sentencia de primera instancia -18/3/2024-
- El mismo mecanismo CER/IPC/CER, descripto en relación al precio a restituir, pero en este caso, desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago.
-Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago.
II. Las costas de Alzada, se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 ley 14.967).
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Volta, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Receptar el recurso de apelación interpuesto por el actor, y consiguientente, modificar la sentencia apelada en los siguientes puntos: a] Receptar la pretensión interpuesta por Pablo Javier Ulises Fernández contra Selva Mariel Brosio, Eliana Simonazzi y José Luis Desiderio, quienes responderán ilimitada y solidariamente con Edimax Obras y Construcciones S.A., por el incumplimiento del contrato de obra que esta última celebrara con aquel (arts. 54, 59 ley 19.550; y 144 CCyC). Las costas correspondienes a esta pretensión se imponen a los demandados (arts. 68 y 274 CPCC).
b] Fijar la indemnización del daño moral a la suma de $ 2.500.000 (art. 1741 CCyC).
c] Disponer que a cada uno de los pagos del precio fraccionado realizados en exceso, desde la fecha de su realización, a saber: la suma $ 16.000 el día 11/9/2017, y cuatro pagos de $ 180.000, realizados el 5/3, 4/4, 25/5 y 15/6/2018 respectivamente, deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fueran efectuados hasta el fin de dicho mes. Entre el mes siguiente y hasta el último I.P.C. publicado, deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí y hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.
d] Disponer que a la suma otorgada en concepto de daño moral, deberá aplicársele:
- La tasa de interés moratorio del 6% anual, desde la fecha en que se originó el perjuicio -14/9/2018-, hasta la fecha de valuación del mismo en la sentencia de primera instancia -18/3/2024-
- El mismo mecanismo CER/IPC/CER, descripto en relación al precio a restituir, pero en este caso, desde la sentencia de primera instancia y hasta el efectivo pago.
-Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés puro del 6% anual hasta su efectivo pago.
II. Las costas de Alzada, se imponen a los demandados vencidos (art. 68 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia