Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 7 de San Isidro - Sede Pilar · Causa PL-8202-2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Condenar a PROVINCIA ART S.A. a pagarle a la actora, Doña PAULA VERONICA FERNANDEZ (DNI 21.988.391) dentro del plazo de diez de hallarse firme la presente (art. 163 inc. 7 del CPCC) la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ( $ 68.050,81 ) en concepto de indemnización ante la Incapacidad laborativa parcial y permanente del 3,21 % (art. 14 inc. 2 a de la ley 24.557 y adicional del art. 3 ley 26.773) originada como consecuencia de una contingencia cubierta al amparo de las leyes que integran el sistema de riesgos del trabajo (ocurrida el 27-12-2018) más sus intereses y/o actualizaciòn monetaria tal como se detallara el punto B de la cuestión anterior.
Dicha suma deberá ser depositada EN LA CUENTA SUELDO DEL TRABAJADOR (con. art. 17 ley 27348) a cuyo fin el accionante deberá denunciar y acreditar fehacientemente en autos los datos de la misma a la mayor brevedad posible a fin de hacerlo saber a la obligada, haciendo saber a las partes que el plazo conferido en el párrafo que antecede para el cumplimiento de la presente comenzará a correr desde la notificación a la esta última de los datos informados por el accionante .
Ante el incumplimiento de la condenada, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 …
Expte. Nº: PL-8202-2021
En Pilar, en la fecha y hora indicadas en la referencia de la firma puesta al pie de la presente, se reúnen de conformidad con lo dispuesto por el art. 57 de la ley 15.057 los Señores Jueces integrantes del Tribunal de Trabajo Nro. 7 del Depto. Judicial de San Isidro- Sede Pilar Dres. Luis Daniel José de Urquiza, Susana G. Mendivil y Diana Dubra a fin de dictar sentencia de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 párrafo 3 in fine de la ley 15.057, en los autos caratulados: " FERNANDEZ PAULA VERONICA C/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S. A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " PL 8202-2021 previo sorteo que resultó en el siguiente orden: DUBRA-MENDIVIL-DE URQUIZA, resolviendo plantear y votar por separado las siguientes:
PRIMERA: ¿ Es procedente la demanda ?
SEGUNDA: ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. DIANA DUBRA DIJO:
A los fines de dar respuesta a la cuestión, considero que debo exponer los:
I. ANTECEDENTES. OBJETO DEL PROCESO (art. 57 inc. 2 y 3 de la ley 15.057).-
Inicia las actuaciones con fecha 14-10-2021 la Sra. Paula Verónica Fernandez, con el patrocinio letrado del Dr. Facundo Ezequiel Olazar, demandando a Provincia ART SA, el cobro de una indemnización al amparo del sistema de riesgos de trabajo.-
Cuestiona lo dictaminado en sede administrativa en el expediente SRT 209812/20 que concluyó sin incapacidad respecto de la contingencia del 27-12-2018 hacia las 12 horas.-
Relata que ese dìa y hora, mientras se hallaba realizando sus tareas habituales de monitoreo de cámaras (para la Municipalidad de Pilar), se tropieza con un cable canal y se golpea el hombro, el brazo, tobillo, pierna y rodilla izquierda. Dió aviso al supervisor, quien a su vez, notificó a la ART y ésta la derivó a ser atendida al Cetrai. Allí tuvo que realizarse una RMN y una RX, inmovilizaron su hombro y brazo izquierdo con un cabestrillo. Asimismo tuvo que cumplir 10 sesiones de FXT. El alta data del dia 31-1-2019 sin incapacidad.-
Estima padecer una incapacidad fìsica del 15% y 10% psicológica.-
Plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de las normas que integran el sistema de riesgos de trabajo aunque practica liquidación de lo adeudado en base a dicho sistema, el salario de $ 12.000.- y su edad de 47 años.-
Ofrece prueba documental, informativa (Municipalidad de Pilar, Clínica Aires de Pacheco, Cetrai, Afip), pericial médica, pericial psicológica, pericial contable. Reserva caso federal.-
Con fecha 23-1-2022 se recibe el expediente administrativo SRT 209812/20 labrado con motivo del infortunio del 27-12-2018, el que concluyera por DIAPA de los folios 59/60 sin incapacidad.-
Con fecha 16-5-2023 se presenta a contestar el traslado de la demanda el Dr. Francisco De Cillis, en su carácter de apoderado de la ART accionada. El mismo reconoce el aseguramiento con el empleador de la actora bajo el contrato Nro. 5898, identificándolo como la Municipalidad de Pilar. Niega en forma pormenorizada los hechos salvo la denuncia de la contingencia acaecida el dia 27-12-2018, el otorgamiento de prestaciones en especie hasta el alta y el trasiego administrativo. Desconoce y rechaza el hecho de que la actora posea incapacidad alguna.-
Impugna la liquidación. Responde los planteos de inconstitucionalidad. Ofrece prueba documental, confesional, pericial médica, pericial contable.. Funda el derecho. Reserva caso federal.-
Con fecha 4-7-2023 la demandante contesta el traslado del art. 29 de la ley 11.653 otrora vigente.-
Con fecha 31-10-2023 se abre a prueba la causa.-
Con fecha 29-12-2023 contestó Hammersmark SA.-
Con fecha 11-1-2024 se agregó respuesta de la Municipalidad de Pilar agregando los recibos de la trabajadora correspondientes a losm eses de diciembre de 2017 a diciembre de 2018 inclusive.-
Con fecha 25-3-2024 respondió el Cetrai.-
Con fecha 10-3-2025 el perito médico Dr. Mario A. Malfatti presenta su dictamen. El mismo fue impugnado por la demandada (14-5-2025). Luego continúa el contrapunto entre el galeno y la ART, en los sucesivos escritos de los dias 30-6-2025, 11-8-2025, 8-10-2025 y 29-12-2025.-
Con fecha 13-8-2026 se decretó la clausura de la etapa probatoria y finalmente, el día 27-8-2026 se ordena el pase de los autos al Acuerdo para el dictado de la sentencia definitiva.-
II. HECHOS ACREDITADOS y NO ACREDITADOS (inc. 4 del art. 57 ley 15.057)
1. No es motivo de controversia:
La relación de trabajo (en rigor, empleo público) habida entre la parte actora y la MUNICIPALIDAD DE PILAR para el momento de la contingencia (27-12-2018), el contrato de afiliación en materia de riesgos de trabajo entre ese municipio y la ART demandada, la existencia y la posterior denuncia de siniestro ameritó el otorgamiento de prestaciones en especie hasta el rechazo de la contingencia por enfermedad inculpable o preexistente están fuera de debate (Art. 57 inc. 4 ley.15.057). -
También las partes están contestes sobre la actuación administrativa ante la Comisión Médica de Pilar en el expediente SRT 209.812/20 que concluyó por DIAPA sin incapacidad.-
Por último no se probó ni en forma documental ni informativa que se haya abonado suma alguna a la actora con anterioridad al presente y que nació el día 15-2-1971.-
2. Hechos sujetos a actividad probatoria.
2.a. Secuelas Denunciadas por la actora.
La controversia central a esta altura del pleito resultan ser dos:
1. si la actora padece o no incapacidad parcial y permanente por el tropezón que sufrió en el trabajo ante un cable canal el día 27-12-2018
2. de existir incapacidad resarcible, cuál era el IBM al momento de la contingencia.-
1. Rememoremos que la parte actora sostuvo que padecía incapacidad psicofisica del orden del 25% como consecuencia de la contingencia sufrida por lo que cuestiona lo concluído oportunamente por la Comisión Médica de Pilar, que concluyó la inexistencia de incapacidad derivada de esa caída.-
Al respecto, se expidió el perito médico Dr. Mario A. Malfatti en un dictamen concluyendo de la siguiente forma: "La actora Fernández Paula Verónica, sufrió traumatismo de rodilla izquierda en ocasión de accidente de trabajo. Actualmente presenta disminución funcional y hallazgos en los estudios complementarios.
Se valora la incapacidad en un porcentaje equivalente al 5 % de la T. O. en forma parcial y definitiva de acuerdo al Decreto 659/96, Baremo de la Ley 24.557. sumados los factores asciende al 5.55 % de la T.O. 0.5 % por dificultad mas 0.05 % por la edad.
La actora Fernández Paula Verónica, sufrió traumatismo de tobillo izquierdo izquierdo en ocasión de accidente de trabajo. Actualmente no presenta disminución funcional ni hallazgos en los estudios complementarios. No se fija incapacidad.
La actora Fernández Paula Verónica, presenta R.V.A.N. Grado I-II. Se valora la incapacidad en un porcentaje equivalente al 4.7 % de la T. O. en forma parcial y definitiva, de acuerdo al Decreto 659/96. (calculado por la CR sobre un 5 %)
Se aconseja tratamiento psicológico a fin de evitar su reagravamiento, durante 6 meses con una frecuencia de una sesión por semana a un costo de 10.000 (diez mil) pesos la sesión.
El porcentaje de incapacidad global, es del 10.25 % de la T.O. En forma parcial y permanente."
Lo dictaminado fue objeto de impugnación por parte de la demandada en sendos escritos posteriores (14-5-2025, 11-8-2025 y 29-12-2025), los que no hicieron mella al perito y no se movió de las afirmaciones realizadas en el dictamen primigenio (como es costumbre de este perito, tal como se puede comprobar en las numerosas pericias en que ha intervenido en este Tribunal que evidencian, según mi criterio, o despreocupación o falta de voluntad o incapacidad de revisión o reflexión; a lo que se agrega que es un perito que siempre encuentra "hallazgos" en los cuerpos de los trabajadores pero no identifica ni indica si esos supuestos "descubrimientos" guardan o no relación posible con la contingencia de que se trate).-
No obstante y sin perjuicio de lo expuesto, dado que al momento de emitir este voto, ha entrado en vigencia del nuevo baremo legal (Decreto 549/2025 B.O. 6-8-2025 con efectivo vigor a a los 180 días es decir el día 2-2-2026). Conforme su art. 3, esta disposición se aplica a toda valoración o determinación de incapacidad laboral que aún no haya sido dictada independientemente de la instancia administrativa o judicial en que se encuentre.-
Por ello, me veo obligada a cotejar si los porcentajes atribuidos por el perito lucen adecuados al nuevo baremo.-
En este sentido, la respuesta es negativa en lo que respecta a la incapacidad física, en base a las tablas de goniometría (examen de la rodilla: flexión activa y pasiva de 115 grados sobre 150 grados normales), que implica un 3% de incapacidad por limitación de la rodilla izquierda.-
También es negativa en lo que hace a la presunta incapacidad psicológica, porque se trata de una contingencia leve (caída o tropezón), que no ha requerido o por lo menos no se ha verificado, ningún tipo de tratamiento posterior ni kinésico ni quirúrgico. Amén de ello, del propio relato de la demanda se observa la nimiedad del evento.-
A ello, cabría adicionar los factores de ponderación con la nueva graduación del baremo. En el caso de autos son dos: la dificultad para el desarrollo de sus tareas habituales leve del 5% y edad 2% (puesto que tenía 47 años al momento del hecho, dado que nació el dia 15-2-1971 y el hecho data del 27-12-2018).-
De hecho, correspondería adicionar 7% sobre 3%, por lo que la incapacidad en el caso de autos sería de 3,21% .-
2. En lo que respecta al IBM, el mismo no fue calculado por la actora, limitándose a indicar que el salario era de $ 12.000.-
Por ello, me ví obligada a realizar los cálculos. A tal fin, tomé los 12 salarios informados por la MUNICIPALIDAD DE PILAR en su contestación del dìa 11-1-2024, los actualicé uno a uno por RIPTE para la fecha del hecho, los sumé ($ 175.525,15) y los dividi por 12 meses. El cálculo final arrojó el importe de $ 14.627,10 (suma superior a la indicada por la accionante).-
2.b. Pago de prestaciones por incapacidad parcial y permanente:
Dado lo concluido en los párrafos anteriores, la entrada en vigencia del nuevo baremo (aplicable en los términos del art. 3 del Decreto 549/2025), el objeto de autos (acción de revisión resolución comisión médica) y que no se ha acreditado pago por indemnización parcial y permanente, por razones de economía procesal, corresponde su liquidación.-
Para ello, propicio en el caso de autos:
a) tener presente el IBM de $ 14.627,10 para el cálculo de la indemnización a cargo de la ART (conforme art. 12 LRT)
b) la incapacidad de la actora por el evento de autos es del 3,21%
c) la edad de la misma era de 47 años puesto que nació el día 27-12-2018
III. LA DECISIÓN (art. 57 inc. 6 y 7 ley 15.057).
A) SECUELAS INCAPACITANTES:
Con los parámetros indicados ut-supra correspondería realizar el cálculo de la forma legal, es decir, art. 14 inc 2 a) de la ley 24.557, y sus normas modificatorias:
Art. 14 LRT 53 x $ 14.627,10 x 3,21 % x 65/47 = $ 34.415,54
Dicho importe debe ser cotejado con el piso mínimo de la Nota SRT SCE-18347/2018 de $ 1.766.636.- y a simple vista se observa que se infringe el mismo por lo que corresponde derechamente realizar el cálculo en base al mínimo legal, conforme se realiza seguidamente:
Mínimo legal $ 1.766.636.- x 3,21 % de incapacidad.........$ 56.709,01
20% adicional por art. 3 ley 26.773.....................................$ 11.341,80
-----------------------------------
TOTAL .......................................................................... $ 68.050,81
En lo que respecta a las restantes tachas de inconstitucionalidad efectuadas en el escrito inicial, propugno su descarte sin tanto pábulo ante la inexistencia de alegación y prueba concreta acerca de las circunstancias fácticas que ameritarían semejante decisión. Sabido es que toda declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del ordenamiento jurídico y que no cabe la toma de decisiones en mérito a afirmaciones dogmáticas como las esbozadas por el accionante.-
b) INTERESES Y ACTUALIZACIÓN MONETARIA: En primer lugar cabe apuntar que sigue vigente, a mi entender, la doctrina legal de la SCBA en torno a la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653 que se desprende de los fallos dictados en las causas L.108164 "Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hnos. SRL y otros s/ Daños y perjuicios" sent. del 13-XI-2013; L. 110487 "Ojer, Horacio Alberto c/ Cooperativa de Trabajo Pesquera 9 de Julio y otra s/ Cobro de salarios, sent. del 13-XI-2013; "Campana, Raúl Edgardo c/ Banco de la Pampa Sociedad de Economía Mixta s/ despido" sent. del 13-XI-2013; L. 90788 "Vitkauskas, Félix c/ Celulosa Argentina S.A. s/ despido", sent. del 13-XI-2013; L. 108142 "Diaz, Walter Javier c/ Provincia A.R.T. S.A. y otro s/ Daños y perjuicios, sent. del 13-XI-2013.
Sentado ello, y en segundo término, no puedo apartarme del criterio casatorio que exhibe el Alto Cuerpo provincial a partir del pronunciamiento C 124.096 "Barrios Héctor Francisco y otra contra Lascano Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios" de fecha 17-4-2024 (publicado como doctrina legal en la pagina web de la SCBA con fecha 18-4-2024).
Luego, amerita establecerse "el mecanismo específico de preservación del crédito ... más idoneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio (a la luz, v.gr., de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial) " y en este sentido la SCBA continúa dando las pautas a tal fin: "Para el cálculo de la actualización monetaria se emplearán los índices oficiales (v.gr del BCRA, el INDEC, el área competente en materia de Trabajo, Empleo y Seguridad social...) que se estimaren apropiados según las características del asunto enjuiciado ... al monto resultante se adicionará un interés puro no mayor al seis por ciento anual, cuya graduación en cada caso podrá vincularse al tipo de índice de actualización aplicado".
Por otra parte, también corresponde tomar en consideración la reciente decisión adoptada por la SCBA en el fallo "Muzychuk, Claudio Ruben contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente- acción especial" (sentencia del 14.07.25) en cuanto declaró de oficio la inconstitucionalidad del DNU 669/19.-
Por ello, teniendo en cuenta el texto del art. 12 de la ley 24557 vigente al momento del siniestro objeto de esta causa, se impone establecer en el caso, cual sería la forma de mantener el valor actual de la acreencia establecida.
A tal fin, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los montos litigiosos, los cuales son para el trabajador irrenunciables (conf. art. 11 ley 24.557), ya sea que pretenda una reparación plena acorde al principio de indemnidad, como una tutela tarifada que contemple solo la pérdida en su capacidad de ganancias.
Para ello, considero que además de los señalamientos proporcionados por la SCBA en el fallo "Barrios" en el que la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, hubo de constituir, en ese caso concreto, por los extensos fundamentos expuestos una adecuada y posible respuesta para el reconocimiento de una reparación que respondiera a la necesidad de preservar el valor del capital; deben tenerse en cuenta también los criterios sentados por el Máximo Tribunal en los fallos "Galarza" (SCBA L 132.729 del 30-3-2026 con cita del art. 1 del Convenio OIT Nro. 95) y "Vera" (SCBA L 139.012 del 24-9-2026 en el que se destaca "evitar que los efectos de los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente" )-
Por último cabe denotar lo resuelto por la CJSN en el fallo del 6/10/26 dictado en la causa "Ortiz Martin Adrian c/ Provincia ART S.A.. s/ Accidente. Ley Especial", en el que compartiera e hiciera suyos los fundamentos del Procurador Fiscal en cuanto a que "... aplicar el art. 12 de la LRT ... conduciría a un resultado indemnizatorio que no resulta representativo de la pérdida de ganancia del Trabajador ... en línea con la doctrina sentada por la Corte Suprema en fallos : 331:1361, ASCUA".
A continuación, se analizan las diferentes posibilidades de actualización, a saber:
Tasa BIP del BAPRO: $ 323.000.-
Tasa activa del BNA: $ 375.000.-
RIPTE: agosto 2026 226.607,17 / enero 2019 4042 x $68.050,81 = $ 3.815.141,38
Diferencia entre salario mínimo vital y móvil: Conforme Resolución 3/2018 el salario ascendía a $ 11.300.- por lo que la indemnización histórica de $ 68.050,81 representaba 6,02 salarios. Actualmente, 6,02 salarios representan $ 2.400.776.- puesto que el salario mínimo vital y movil de noviembre de 2026 es de $ 398.800.- según Resolución 04/2026
En efecto, luego de considerar los resultados precedentemente examinados demuestran que, en las circunstancias particulares de autos, la aplicación del mecanismo previsto por el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 produce una evidente pulverización del crédito reconocido en la presente, desnaturalizando la finalidad de preservación del ingreso base que justificó su incorporación al régimen legal. No se trata de sustituir la pauta legislativa por otra económicamente más conveniente, sino de evitar que su aplicación concreta prive a la reparación tarifada de una relación razonable con la pérdida de capacidad de ganancia que procura compensar.
Ante la insuficiencia comprobada y no existiendo otra solución normativa menos intensa que permita corregirla, corresponde declarar la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557, texto según ley 27.348, exclusivamente en cuanto produce aquel resultado, así como del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, en la medida necesaria para posibilitar la recomposición monetaria, conforme las pautas establecidas por la SCBA.
Sentado ello, cabe destacar que la norma en juego (LRT) proporciona un índice de referencia (RIPTE), el que sería el adecuado para justipreciar la prestación dineraria debida. Nótese, en este sentido, que es el propio RIPTE el que se utiliza para la actualización períodica (semestral) de los pisos mínimos.
En consecuencia, propongo que en el caso de autos (reclamo fundado en el sistema de Riesgos del Trabajo) se actualice el monto de la liquidación desde el origen del crédito (fecha de accidente o primera manifestación invalidante) tomando en cuenta el RIPTE desde el mes siguiente hasta la fecha de publicación del último índice al momento de la liquidación de la sentencia .-
Para el supuesto de incumplimiento de la sentencia en el plazo señalado a tal fin, propongo aplicar al capital que -según liquidación de Secretaría- corresponda al actor, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
C) COSTAS; En cuanto a las costas, dado el resultado del pleito deberán imponerse a la demandada (art.24 a 26 ley 15.057, 68 y 69 CPCC) y regularse los honorarios de los profesionales intervinientes, calculados JUS (LETRADOS) Y/o PESOS (PERITOS).-
ASI LO VOTO.-
A la misma cuestión los Dres. SUSANA G. MENDIVIL Y LUIS DANIEL JOSÉ DE URQUIZA adhieren al voto precedente por compartir sus fundamentos en lo esencial (art. 57 ley 15.057).-
A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. DIANA DUBRA DIJO:
Atento al resultado alcanzado al votarse la anterior cuestión, propongo que al sentenciar se falle:
1. Condenar a PROVINCIA ART S.A. a pagarle a la actora, Doña PAULA VERONICA FERNANDEZ (DNI 21.988.391) dentro del plazo de diez de hallarse firme la presente (art. 163 inc. 7 del CPCC) la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ( $ 68.050,81 ) en concepto de indemnización ante la Incapacidad laborativa parcial y permanente del 3,21 % (art. 14 inc. 2 a de la ley 24.557 y adicional del art. 3 ley 26.773) originada como consecuencia de una contingencia cubierta al amparo de las leyes que integran el sistema de riesgos del trabajo (ocurrida el 27-12-2018) más sus intereses y/o actualizaciòn monetaria tal como se detallara el punto B de la cuestión anterior.
Dicha suma deberá ser depositada EN LA CUENTA SUELDO DEL TRABAJADOR (con. art. 17 ley 27348) a cuyo fin el accionante deberá denunciar y acreditar fehacientemente en autos los datos de la misma a la mayor brevedad posible a fin de hacerlo saber a la obligada, haciendo saber a las partes que el plazo conferido en el párrafo que antecede para el cumplimiento de la presente comenzará a correr desde la notificación a la esta última de los datos informados por el accionante .
Ante el incumplimiento de la condenada, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.-
2o) Imponer las costas a cargo de la demandada sustancialmente vencida (art. 24 ley. 15.057, art. 68 y 69 CPCC).
3º).- Regular los honorarios de los Sres. Profesionales intervinientes, teniendo en consideración el mérito y extensión de los trabajos realizados, en los siguientes porcentajes a calcularse sobre el total que arroje la liquidación a practicarse por Secretaría y conforme lo dispuesto por el art. 51, primer párrafo, de la ley 14.967 en el caso de los letrados: Dres. FACUNDO EZEQUIEL OLAZAR y FRANCISCO DE CILLIS en la cantidad de JUS equivalentes al 15%y 14% y al perito Médico DR.MARIO A. MALFATTI en la cantidad de pesos EQUIVALENTES AL 4% de la liquidación total a practicarse por Secretaría con más los aportes de ley (arts. 9, 18, 21, 23, 28 inc. d, 43 y 51 ley 8904 y ley 14.967, según las respectivas etapas, 12 inc. a y f ley 6716, mod. por ley 8455 y 1627 Código Civil), más el 21% de IVA en los casos que corresponda y previa acreditación por parte del profesional de su situación frente al citado impuesto. Todos los honorarios deberán ser abonados en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia. Notifiquese con transcripcion del art. 54 de la ley de arancel.-
4. Intimase a la parte condenada en costas a abonar los honorarios y aportes legales de los profesionales intervinientes dentro del plazo de sesenta días de quedar firme la presente (art. 54 ley 8904 y 21 ley 6716, t.o. 4771/95 y 195 ley 10620) . Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago o el beneficiario de los mismos, dentro de los 60 días subsiguientes, acreditar ello debidamente en autos como así también el cumplimiento del pago de los aportes legales pertinentes, tanto los que se encuentran a cargo de la obligada al pago como del beneficiario, bajo apercibimiento de hacer saber el incumplimiento a la Caja de Previsión que eventualmente corresponda, en cuyo caso, en su oportunidad, líbrese el oficio a la entidad recaudadora de aportes en cuestión.-Asimismo, los importes en concepto de tasa de justicia y sobretasa que se indiquen en la liquidación a practicarse por Secretaría deberán ser abonados conforme la Res SC N° 761/20 SCBA mediante el sistema de pago electrónico de las "Tasas Retributivas por Servicios Judiciales", en el ámbito del Poder Judicial provincial, ingresando a "http:/www.scba.gov.ar/informacion/tasadejusticia.asp", bajo apercibimiento de ejecución (art. 40 del Código Fiscal t.o. por Res. 39/11 y ley 10397 con modificaciones de la ley 14.553) y oportuna remisión a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la SCJPBA -Sección de Cobro de Honorarios y Tasa de Justicia.
5o) Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago o el beneficiario de los mismos, dentro de los 60 días subsiguientes, acreditar ello debidamente en autos como así también el cumplimiento del pago de los aportes legales pertinentes, tanto los que se encuentran a cargo de la obligada al pago como del beneficiario, bajo apercibimiento de hacer saber el incumplimiento a la Caja de Previsión que eventualmente corresponda, en cuyo caso, en su oportunidad, líbrese el oficio a la entidad recaudadora de aportes en cuestión.-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión, los Sres. Jueces Dres. SUSANA G. MENDIVIL Y LUIS DANIEL JOSÉ DE URQUIZA votaron en el mismo sentido por compartir los fundamentos expuestos por la Sra. Juez preopinante.
Por ello, EL TRIBUNAL RESUELVE:
1. Condenar a PROVINCIA ART S.A. a pagarle a la actora, Doña PAULA VERONICA FERNANDEZ (DNI 21.988.391) dentro del plazo de diez de hallarse firme la presente (art. 163 inc. 7 del CPCC) la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ( $ 68.050,81 ) en concepto de indemnización ante la Incapacidad laborativa parcial y permanente del 3,21 % (art. 14 inc. 2 a de la ley 24.557 y adicional del art. 3 ley 26.773) originada como consecuencia de una contingencia cubierta al amparo de las leyes que integran el sistema de riesgos del trabajo (ocurrida el 27-12-2018) más sus intereses y/o actualizaciòn monetaria tal como se detallara el punto B de la cuestión anterior.
Dicha suma deberá ser depositada EN LA CUENTA SUELDO DEL TRABAJADOR (con. art. 17 ley 27348) a cuyo fin el accionante deberá denunciar y acreditar fehacientemente en autos los datos de la misma a la mayor brevedad posible a fin de hacerlo saber a la obligada, haciendo saber a las partes que el plazo conferido en el párrafo que antecede para el cumplimiento de la presente comenzará a correr desde la notificación a la esta última de los datos informados por el accionante .
Ante el incumplimiento de la condenada, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.-
2o) Imponer las costas a cargo de la demandada sustancialmente vencida (art. 24 ley. 15.057, art. 68 y 69 CPCC).
3º).- Regular los honorarios de los Sres. Profesionales intervinientes, teniendo en consideración el mérito y extensión de los trabajos realizados, en los siguientes porcentajes a calcularse sobre el total que arroje la liquidación a practicarse por Secretaría y conforme lo dispuesto por el art. 51, primer párrafo, de la ley 14.967 en el caso de los letrados: Dres. FACUNDO EZEQUIEL OLAZAR y FRANCISCO DE CILLIS en la cantidad de JUS equivalentes al 15%y 14% y al perito Médico DR.MARIO A. MALFATTI en la cantidad de pesos EQUIVALENTES AL 4% de la liquidación total a practicarse por Secretaría con más los aportes de ley (arts. 9, 18, 21, 23, 28 inc. d, 43 y 51 ley 8904 y ley 14.967, según las respectivas etapas, 12 inc. a y f ley 6716, mod. por ley 8455 y 1627 Código Civil), más el 21% de IVA en los casos que corresponda y previa acreditación por parte del profesional de su situación frente al citado impuesto. Todos los honorarios deberán ser abonados en el plazo de diez días de quedar firme la sentencia. Notifiquese con transcripcion del art. 54 de la ley de arancel.-
4. Intimase a la parte condenada en costas a abonar los honorarios y aportes legales de los profesionales intervinientes dentro del plazo de sesenta días de quedar firme la presente (art. 54 ley 8904 y 21 ley 6716, t.o. 4771/95 y 195 ley 10620) . Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago o el beneficiario de los mismos, dentro de los 60 días subsiguientes, acreditar ello debidamente en autos como así también el cumplimiento del pago de los aportes legales pertinentes, tanto los que se encuentran a cargo de la obligada al pago como del beneficiario, bajo apercibimiento de hacer saber el incumplimiento a la Caja de Previsión que eventualmente corresponda, en cuyo caso, en su oportunidad, líbrese el oficio a la entidad recaudadora de aportes en cuestión.-Asimismo, los importes en concepto de tasa de justicia y sobretasa que se indiquen en la liquidación a practicarse por Secretaría deberán ser abonados conforme la Res SC N° 761/20 SCBA mediante el sistema de pago electrónico de las "Tasas Retributivas por Servicios Judiciales", en el ámbito del Poder Judicial provincial, ingresando a "http:/www.scba.gov.ar/informacion/tasadejusticia.asp", bajo apercibimiento de ejecución (art. 40 del Código Fiscal t.o. por Res. 39/11 y ley 10397 con modificaciones de la ley 14.553) y oportuna remisión a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la SCJPBA -Sección de Cobro de Honorarios y Tasa de Justicia.
5o) Una vez satisfechos los honorarios conforme lo ordenado deberá la obligada al pago o el beneficiario de los mismos, dentro de los 60 días subsiguientes, acreditar ello debidamente en autos como así también el cumplimiento del pago de los aportes legales pertinentes, tanto los que se encuentran a cargo de la obligada al pago como del beneficiario, bajo apercibimiento de hacer saber el incumplimiento a la Caja de Previsión que eventualmente corresponda, en cuyo caso, en su oportunidad, líbrese el oficio a la entidad recaudadora de aportes en cuestión.-
6°).- LIQUIDESE, REGISTRESE en el Registro de Sentencias y con la liquidación en el Registro de Honorarios y NOTIFIQUESE.-
DD
"ARTÍCULO 54 ley 14.967: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.
Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.
Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.
En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.
Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.
Operada la mora, el profesional podrá optar por:
a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.
b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
DD
Firmas
Funcionario firmante: DUBRA Diana - JUEZ
Funcionario firmante: MENDIVIL Susana Graciela - JUEZ
Funcionario firmante: DE URQUIZA Luis Daniel Jose - JUEZ
Funcionario firmante: CUGLIARI Daira Nerea - SECRETARIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 445-2026
Fin de la sentencia