Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de San Isidro · Causa 76808
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa deducida por la Municipalidad de San Isidro contra el actor Víctor David Fernandez y consecuentemente, rechazar la demanda.
II. Imponiendo las costas del proceso a la parte actora atento su condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según Ley 14.437) y difiriendo la regulación de honorarios profesionales hasta quedar firme la presente (art. 51 de la Ley 14.967).
Causa nº
San Isidro, en el día de su firma digital.
Y VISTOS: Estos autos caratulados: " FERNANDEZ VICTOR DAVID C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA - OTROS JUICIOS " (Causa nº 76808 ) , en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial de San Isidro a mi cargo, Secretaría única a cargo de las Dras. Analía Heras Musri, Verónica de Igarzábal y María Natalia Gómez, de los que:
I. Que con fecha 30/04/2026 se presenta el Sr. Victor David Fernandez, con el patrocinio letrado del Dr. Raul Lucilo Piaggio, promoviendo acción indemnizatoria contra la Municipalidad de San Isidro.
Indica que el día 22 de abril del 2024, aproximadamente a las 19:40hs, mientras el vehículo TOYOTA HILUX 3.0 D/C SR año 2004, a nombre de AZ PLUS S.R.L. CUIT: 30-70837140-4, del cual es socio gerente, se encontraba estacionado sobre la vereda en la entrada al estacionamiento, exactamente ubicado en la calle Av. Sucre 508 de la localidad de Martínez, un árbol de propiedad municipal y en evidente estado de deterioro se desplomó sobre el rodado, ocasionándole severos daños.
Asimismo, informa que el árbol en cuestión había sido objeto de solicitud formal de poda por el propietario de la vivienda adjunta al lugar de los hechos, Sr. Matías Hernán Savini, DNI: 32.592.494, registrada bajo el N° de reclamo 273343.1.
Asevera que la Municipalidad es responsable del accidente acaecido por la caída de una rama sobre el rodado, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de los espacios vegetales que se hallan en la vía pública, como así también su oportuno corte o extracción cuando pueden ofrecer algún peligro o poda por el crecimiento excesivo del ejemplar.
Solicita la indemnización por los siguientes rubros: daños materiales, daño emergente y daño moral.
Finalmente, ofrece prueba y funda su derecho.
II. Con fecha 24/6/26 se presenta el Dr Jorge A. Filipini apoderado de la Municipalidad de San Isidro, oponiendo la excepción de falta de legitimación activa en los términos de los artículos 34, 35 inc g) del CCA.
Fundamenta respecto a la excepción de falta de legitimación activa que la propia demanda revela de manera expresa la ausencia de legitimación del accionante para reclamar los daños patrimoniales cuya reparación persigue.
Señala que el propio accionante reconoce que el titular del rodado no es su persona física sino una sociedad comercial regularmente constituida, dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada de la de sus socios, administradores o representantes.
Afirma que la circunstancia que el señor Fernández invoque su condición de socio gerente -extremo, por otra parte, no acreditado en autos- no altera dicha conclusión.
Asevera que conforme principios elementales del derecho societario, el patrimonio de la sociedad constituye una universalidad jurídica distinta del patrimonio de sus integrantes, de modo que los daños que recaigan sobre bienes de titularidad social sólo pueden ser reclamados por la propia persona jurídica titular de los mismos.
Sostiene que la sola condición de socio o gerente no confiere legitimación para reclamar judicialmente daños que habrían recaído sobre bienes integrantes del patrimonio social.
Concluye que la demanda ha sido promovida por una persona que no aparece como titular de los derechos patrimoniales cuya tutela judicial procura, circunstancia que configura un supuesto típico de falta de legitimación activa y torna improcedente la pretensión articulada.
III. Corrido el pertinente traslado, con fecha 16/7/26 la parte actora contesta el traslado parte de sosteniendo que la comuna demandada efectúa una errónea interpretación, atento que existe una representación de AZ PLUS SRL, como socio gerente que resulta el Sr. Fernández desde el año 2011.
Afirma que existe una relación directa entre la sociedad y el objeto que resulta dañado, siendo éste parte de su patrimonio. El accionante entonces, al resultar socio gerente, protege los intereses societarios afectados por la negligencia y omisión de la parte demandada.
IV. Con fecha 17/9/26 la parte actora acompaña el estatuto de la sociedad AZ PLUS SRL de la cual se da traslado.
V. Con fecha 7/10/26 la demandada contesta manifestando que la documentación incorporada sólo certifica la situación registral a julio de 2025 y, dada la distancia temporal, no acredita suficientemente la subsistencia actual de la representación orgánica invocada.
Afirma que no surge acreditada en autos la titularidad del vehículo que es objeto de reclamo de daños y perjuicios, dado que no se ha incorporado en autos título de propiedad ni constancia de inscripción registral del mismo.
I. Que la parte demandada, Municipalidad de San Isidro, opone la excepción de falta de legitimación activa. Como fundamento de dicha excepción, sostiene que el actor en la propia demanda indica que el titular del rodado es la sociedad AZ PLUS SRL del cual es socio gerente.
Ahora bien, la legitimación sustancial es el presupuesto básico, necesario y medular para el reconocimiento del derecho exigido a través de una contienda judicial (conf. GOZAÍNI, OSVALDO ALFREDO Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires: Comentado y Anotado, 2da. Edición, La Ley, Buenos Aires, 2008, Vol. I, pág. 772).
Se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico, y la persona contra quien se concede y lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita de tal manera (conf. LORETO, LUIS Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad citado por COLOMBO, Código Procesal, T. III, pág. 290; CSN Fallos 254, pág. 426).
La SCBA ha resuelto al respecto "La aptitud de ser parte en un proceso concreto, denominada por el derecho procesal legitimatio ad causam, constituye un requisito subjetivo de la pretensión, en cuanto supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial. De ahí, la afirmación de que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio." (SCBA LP C 118196 S 19/09/2018; SCBA LP B 66852 RSD-127-19 S 10/07/2019).
La legitimación no debe identificarse con la titularidad del derecho sustancial en sí mismo, sino con la afirmación de que el mismo se encuentra en cabeza de quien reclama -legitimación activa- y que frente a quien se reclama -legitimación pasiva- es la persona a quien la ley habilita como contradictor para esa pretensión.
Certeramente, se ha dicho en la doctrina que tener legitimación para obrar "legitimatio ad causam" consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda (Mabel de los Santos, en Excepciones Procesales, dirig. por Jorge W. Peyrano, 1993, Ed. Panamericana, pág.67).
La S.C.B.A. ha señalado "La carencia de legitimación sustancial se configura cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento, deficiencia que puede ser analizada con carácter previo si la falta de legitimación es manifiesta, difiriéndose su tratamiento al momento de dictarse sentencia definitiva si no se acredita la circunstancia mencionada" (SCBA LP B 54636 RSD-384-16 S 21/12/2016 Carátula: Strassner y Pilz O.I.A.S.A. y otra c/ Municipalidad de General Sarmiento s/ Demanda contencioso administrativa JUBA).
II. Sentado el marco doctrinario y jurisprudencial aplicable, corresponde analizar las constancias obrantes en la causa.
En primer término, y como argumento central y dirimente no se encuentra debidamente acreditada en autos la titularidad registral del automotor cuyos daños se pretenden resarcir. Tratándose de bienes muebles registrables sujetos al régimen del Decreto-Ley 6582/58 (t.o. Decreto 1114/97), la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor reviste carácter constitutivo (arts. 1 y 2), siendo el título del automotor o el correspondiente informe de dominio expedido por el registro seccional pertinente los únicos medios idóneos para acreditar fehacientemente la propiedad del rodado y, por ende, el interés jurídico tutelable para reclamar los perjuicios materiales sufridos por aquel.
En esta hermenéutica, de la documentación acompañada en el libelo de inicio solamente luce agregada una copia de una cédula de identificación para autorizado a conducir (cédula azul) extendida a favor del Sr. Ezequiel Fernandez -hijo del aquí actor-, instrumento que de ningún modo suple la constancia de inscripción dominial ni acredita propiedad o derecho real alguno sobre la cosa, limitándose exclusivamente a habilitar la circulación del vehículo por un tercero.
A todas luces, no se encuentra acreditada la titularidad del rodado TOYOTA HILUX 3.0 D/C SR dominio EIX 419 del cual se pretende la indemnización de los daños que habría sufrido a raíz del evento dañoso que se ventila en autos, ni siquiera en cabeza de la sociedad invocada, habiendo omitido la parte actora acompañar título de propiedad, certificado de dominio o, cuanto menos, ofrecer prueba informativa al Registro de la Propiedad del Automotor a fin de acreditar dicho extremo esencial.
III. A mayor abundamiento, y aun si por vía de hipótesis se tuviera por acreditado que el vehículo pertenece al patrimonio de la firma "AZ PLUS S.R.L." -tal como el propio accionante afirma en su escrito postulatorio-, la pretensión tampoco podría prosperar por cuanto el Sr. Víctor David Fernández carece de legitimación para reclamar en carácter propio y a título personal los daños sufridos por un bien de propiedad de la sociedad.
En efecto, conforme lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación, la sociedad comercial constituye una persona jurídica distinta de los miembros que la componen, dotada de personalidad jurídica diferenciada y de un patrimonio propio e independiente del de sus socios y administradores. Consecuentemente, los menoscabos patrimoniales que recaigan sobre bienes que integran el activo social afectan directa y exclusivamente a la persona jurídica titular, siendo esta última -actuando por intermedio de su órgano de representación legal- la única legitimada sustancialmente para accionar en procura de su reparación.
La circunstancia de que el actor revista el carácter de socio gerente de "AZ PLUS S.R.L." -extremo que intentó acreditar tardíamente mediante la agregación del estatuto social- no lo habilita a confundir su esfera patrimonial individual con la del ente ideal ni a demandar por derecho propio el resarcimiento de perjuicios sufridos por la sociedad.
Quien promueve la demanda en autos es la persona humana Víctor David Fernández por su propio derecho, y no la persona jurídica "AZ PLUS S.R.L." representada por su gerente, resultando jurídicamente inadmisible que un socio o administrador se arrogue a título personal acciones indemnizatorias que pertenecen exclusivamente al patrimonio social.
En definitiva, ya sea por la absoluta orfandad probatoria respecto de la titularidad dominial del automotor en cuestión -extremo que por sí solo sella la suerte adversa del reclamo-, como así también por la falta de legitimación del socio gerente para reclamar en nombre propio daños supuestamente irrogados a un bien de la sociedad, la falta de legitimación activa resulta manifiesta y debe ser resuelta con carácter previo (art. 35 inc. g del C.C.A.).
Por lo expuesto, en razón de los considerandos que anteceden y la normativa citada, es que
I. Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación activa deducida por la Municipalidad de San Isidro contra el actor Víctor David Fernandez y consecuentemente, rechazar la demanda.
II. Imponiendo las costas del proceso a la parte actora atento su condición de vencida (art. 51 inc. 1° del C.C.A., texto según Ley 14.437) y difiriendo la regulación de honorarios profesionales hasta quedar firme la presente (art. 51 de la Ley 14.967).
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría.
María Paula Vénere
Jueza
Firmas
Funcionario firmante: VENERE Maria Paula - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 212-2026
Fin de la sentencia