Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el cuarto agravio contra la aplicación de la tasa pasiva expresado por el actor y rechazar los restantes agravios expuestos por los recurrentes.
2Modificar el primer punto del fallo y establecer que el capital de condena deberá ser recompuesto por liquidación que deberá efectuar el Gabinete Contable conforme el IPC más el tres por ciento (3%) (en lugar de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina) y Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios.
3Las costas de la instancia serán soportadas por la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC).
4Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y la tasa de justicia a abonar hasta tanto se determine el monto de capital de condena por liquidación firme y se regulen los correspondientes a la instancia de grado.
5Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2175246/2026. 6º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8541/24 Sentencia: Definitiva Actor: Ferrari Federico Alfredo Demandada: G4S Soluciones de Seguridad S.A.
Objeto: Laboral- cobro de pesos Fecha: 30-06-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos “FERRARI, Federico Alfredo c/ G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. s/ laboral- cobros de pesos” Expte. Nº 20.946/2023 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia con el Nº 9305. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M. J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1082692/2023 se presenta Federico Alfredo Ferrari por propio derecho patrocinado por el Dr. Ramiro Esteban Castillo promoviendo demanda contra G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. por cobro de $ 8.688.238,43 con lo que en más o en menos resulta de la prueba en concepto de indemnización por despido incausado (art. 245 LCT); falta de preaviso; integración del mes de despido; SAC s/ integración mes de despido; SAC proporcional a la fecha del despido; vacaciones proporcional; SAC s/ vacaciones; SAC s/ falta de preaviso; indemnización ley 25.323 art. 2; indemnización art. 80 LCT; diferencias salariales devengadas desde Agosto 2021 a mayo 2022 y todo otro rubro que por ley corresponda, con más intereses y desvalorización monetaria desde que cada suma es debida y hasta el efectivo pago con costas. Hace un relato de los hechos que se tiene presente, discrimina los rubros, practica liquidación provisoria, ofrece prueba y reserva el caso federal.
II. Que fracasada la instancia conciliatoria en la audiencia del art. 47 de la ley 1444, instrumentada en PE 1179618/2023 la demandada contesta la demanda con la pieza agregada en PE 1177952/2023 suscripta por su apoderada la Dra. Cecilia Alejandra Sarasate. En ese escrito realiza una serie de negativas generales y particulares respecto de los hechos y de los documentos. Formula consideraciones preliminares respecto de la actividad de la empresa y del adicional de convenio reclamado. Da su versión de los hechos. Se opone a diferencias salariales, impugna la liquidación, ofrece prueba, funda en derecho y pide el rechazo con costas.
Producida la prueba obrante en autos se dicta la sentencia obrante en PE 2125280/2025 que “RESUELVE: 1.- Admitir parcialmente la demanda promovida por Federico Alfredo FERRARI DNI 29819.259 en contra de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A. CUIT 30-54948651-3 por despido sin causa justificada y, en consecuencia, admitir la indemnización por antigüedad art. 245 L.C.T.; indemnización por omisión de preaviso art. 232 LCT; indemnización por integración mes de despido art. 233 LCT; SAC s/ integración mes de despido; diferencias salariales por exclusión de los ítems. acta acuerdo 12/05/2011; sume remunerativa y no remunerativa- período agosto de 2021 a octubre 2022 inclusive y su incidencia en los siguientes rubros: SAC proporcional diciembre 2021/Junio 2022/diciembre 2022; vacaciones proporcionales año 2022 y SAC s/ vacaciones, condenando a la empleadora a pagar al actor, dentro de los 10 días de notificada y firme la presente sentencia la suma a determinar por el Gabinete Contable, con más los intereses por recomposición conforme las pautas dadas en los considerandos respectivos y hasta su efectivo pago, con costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del CPCC). 2.- Rechazar parcialmente la demanda en relación al SAC sobre indemnización sustitutiva de preaviso; multa art. 80 LCT (redacción anterior) y multa art. 2 ley 25.323 por las razones esgrimidas en los considerandos respectivos. 3.- Ordenar a la empleadora la rectificación de los datos de la relación de trabajo debidamente ajustados a los parámetros admitidos, a fin de que el trabajador pueda acceder a la certificación laboral (art. 80 LCT) a través de sitio Web del servicio de ARCA www.arca.gob.ar ingresando con su clave fiscal al servicio “simplificación registral” opción “Certificación de Servicios”, en el plazo de treinta (30) días y bajo apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias. 4.- Diferir la regulación de los honorarios profesionales y la determinación de la tasa de justicia, hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme a tales fines. 5.- Regístrese, notifíquese….”
III. Que la sentencia no satisface las aspiraciones de las partes. Así la demandada interpone recurso de apelación y lo funda en PE2161061/2026 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado de los agravios en PE 1285797/2026 lo que lleva a la practica el actor en PE2175246/ 2026. A su turno la parte actora recurre la sentencia con el escrito de PE 2162232/2026 donde también expresa agravios. Este recurso se concede en PE 1285904/2026 corriendo traslado a la contraria quien lo contesta en PE 2181183/2026. Las actuaciones digitales se elevan con la certificación de estilo de PE 2196497/2026. Recibidos en la instancia en PE 2203896/2026 se dicta el llamado de autos a sentencia y establece el orden de estudio.
IV. Que la Dra. Cecilia Alejandra Sarasate letrada apoderada de la demandada en su memorial se agravia en primer término por cuanto se considera en la sentencia a la luz de la sana crítica que no se acompañó prueba suficiente que permita tener por acreditada la existencia de la injuria que se sostiene en la carta documento que justifique el desplazamiento del principio de conservación del art. 10 de la LCT conforme lo dispone el art. 242 de la misma ley. En su primer agravio ingresa en el análisis de las pruebas ofrecidas y producidas que entiende llevará a una convicción distinta. Transcribe la carta documento por la cual el 24 de mayo de 2003 se comunicó el despido. Transcribe la declaración de testigos respecto de las exigencias de las empresas respecto de la habilitación del vigilador, falta de profesionalidad, bajo desempeño y la confesional que se tiene presente. Invoca jurisprudencia. Pide se deje sin efecto la condena al pago de indemnizaciones de los arts. 245; 232 y 233 de la LCT. De prosperar en todo o en parte la condena de la instancia anterior solicita se tenga presente lo abonado en concepto de liquidación final del 31/5/2023 por la suma de $317.750,83 “tomando dicho monto a valores constantes y deducirlo del monto final a que se arribe.”
En el segundo agravio se queja porque la sentencia “hace lugar a supuestas diferencias salariales por el período comprendido entre agosto 2021 a octubre 2022 según el CCT 507/07 por ser el aplicable a la actividad pero con los beneficios de los ítems remunerativos y no remunerativos del Acta Acuerdo de fecha 12/5/2011”.
Sostiene que en el responde se expresó que esos adicionales eran abonados en caso de efectiva prestación de servicio en las áreas petroleras tareas de las que fuera relevado por no ser admitido por las empresas clientes. Critica que el magistrado entendiera que si bien la prueba testimonial es coincidente que el actor cumplió funciones en áreas petroleras, “lo cierto es que ninguna aporta precisión temporal que permita identificar con exactitud la fecha del cese de dichas tareas.”
Argumenta que durante el periodo de esas diferencias reclamadas (que califica de supuestas), el actor se encontraba relevado de prestar servicios, percibía la remuneración del CCT 507/07 y suscribía los recibos de haberes de conformidad como surge de esos documentos sin haber realizados reclamos a la empleadora mientras duró la relación. Afirma que no existe prueba que sustente su reclamo y menos que lo fundamente. Dice que a pesar de lo expuesto en su defensa en el responde y sin prueba por parte del actor se hizo lugar a diferencias reclamadas infundadamente por el accionante. Critica que el sentenciante forzara una interpretación en ausencia de pruebas invocando la primacía de la realidad, la buena fe, y el principio protectorio a pesar de que durante todo el período reclamado en la demanda no mereció reproche alguno durante la vigencia de la relación laboral.
Le agravia que en una resolución extra petita hiciera lugar no solo a las diferencias salariales entre agosto 2021/octubre 2022 sino que lo extiende a la incidencia sobre los rubros SAC proporcional 2021, julio 2022 y diciembre 2022, vacaciones proporcionales 2021 y 2022; vacaciones no gozadas y SAC sobre vacaciones no gozadas. Se agravia por la extensión de la condena a rubros no reclamados. Pide se revoque este punto del fallo.
En un tercer agravio sostiene los certificados acompañados en el responde pero en el resuelvo se ordene la rectificación de los datos ajustados a los parámetros admitidos. Entiende que las constancias se han acompañado a la contestación de la demanda y que habiéndose cumplido con la confección de los documentos pide se deje sin efecto y revoque el punto 3 del fallo. En concreto en una petición final solicita se revoque la sentencia en crisis en los puntos apelados con costas.
VI. Que el Dr. Ramiro Esteban Castillo letrado apoderado del actor contesta los agravios expresados en PE.2175246/2026. Respecto del primer agravio entiende que no puede prosperar. Para ello analiza la comunicación del despido que transcribe y señala que la causal invocada resulta vaga al no mencionar cuales fueron los cursos a los cuales no asistió el actor ni cual la habilitación especial que se le requiere al trabajador ni existió una intimación concreta al trabajador para que cumpla determinados cursos o realice el trámite de la presunta habilitación. Señala que los testigos en que la demandada funda su agravio se encuentran incluidos en las generales de la ley como dependientes, incluso jerárquicos por lo que sus declaraciones no generan certeza. Cita doctrina, analiza dichos testimonios y resume los dichos de los testigos ofrecidos por su parte y los fundamentos de la sentencia en el punto. Concluye que la sentencia en este tema se encuentra debidamente fundada por lo que el agravio debe ser rechazado.
Respecto del segundo agravio entiende no puede prosperar por cuanto el actor se desempeñó como vigilador durante 17 años en zona petrolera percibiendo su remuneración conforme el acta acuerdo 12/05/2011 homologada por el Ministerio de Trabajo de la provincia. Transcribe la obligación que nace de ese acta acuerdo y sostiene que dichos rubros percibidos por el trabajador durante años no pueden ser excluidos unilateralmente por la empleadora pues quebrantaría el principio de intangibilidad de la remuneración de la remuneración y que al encontrarse el trabajador a disposición de la empleadora para prestar tareas, no puede perjudicar su situación laboral y su remuneración haciéndolo permanecer en su domicilio toda vez que fueron ítems que se abonaron en forma mensual, normal y habitual. Entiende que las diferencias de haberes debe prosperar hasta la fecha del despido sin causa toda vez que estuvo a disposición de la patronal.
Hace hincapié en que al reclamarse diferencias salariales ello incluye los rubros SAC y vacaciones no gozadas. Hace notar que se reclamaron todas las diferencias salariales y no solamente algunas. Pide se rechace el agravio con costas.
En cuanto al tercer agravio hace notar que al admitirse diferencia de haberes debe rectificarse el certificado de remuneraciones por cuanto sino no reflejarían la realidad. Reserva el caso federal. Pide el rechazo de los agravios de la demandada.
VII. Que la parte actora se agravia en el memorial de PE 2162232/2026 con la decisión de la sentencia de limitar las diferencias de haberes desde agosto de 2021 hasta octubre 2022 inclusive y no extenderla a mayo de 2023 como demandó, por insuficiencia probatoria en cuanto a la efectiva prestación de servicios en zona petrolera. Entiende que el Sr. Juez yerra en el punto por cuanto el actor trabajó en áreas petroleras y que el hecho de permanecer los últimos meses en su domicilio sin dación de tareas fue decisión de la demandada y hace referencia al intercambio epistolar que transcribe. Razona que al estar el trabajador a disposición de la empresa no lo puede perjudicar. Agrega que se puede llegar al mismo resultado teniendo en cuenta el acta acuerdo.
En segundo lugar el actor se agravia por el rechazo de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 vigente a la época de los hechos. Entiende que el Sr. Juez yerra al considerar que no podía aplicar una norma que no se encontraba vigente a la fecha de la sentencia toda vez que la relación laboral se encontraba finalizada y sus consecuencias consolidadas desde la fecha del despido. Invoca el art. 7 de la Constitución Nacional. Cita Jurisprudencia sobre la irretroactividad de la ley de bases 27.742 que se dan por reproducidas. Transcribe el art. 2 de la ley 25323 y la comunicación del despido y una anterior para sostener acto seguido que existe orfandad probatoria respecto de acreditar la causal del despido y se explaya sobre el tema en términos que tengo presente. Analiza la sentencia que determinó que el despido se dispuso con una pretendida justa causa que no había existido para no abonar indemnización por despido incausado y resistir el pago de las que se debía.
Pide se revoque la sentencia condenando a abonar la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 pues considera cumplidos los presupuesto fácticos y jurídicos de procedencia.
Al desarrollar su tercer agravio critica que el magistrado se equivoca al fundar en el plenario “TULOSAI, Alberto Pascual c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA” que trató el tema de la inclusión del SAC en la base salarial prevista en el primer párrafo del art. 245 de la LCT. Sostiene que se equivocó toda vez que su representado pretende se le abone la parte proporcional del SAC sobre el preaviso que es un tema distinto y explica que estaría en mejor condición el empleador que no lo otorga que aquel que lo hace. Cita jurisprudencia y pide se modifique la sentencia condenando a su pago. Critica en el cuarto agravio contra la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central. Para ello realiza distintos cálculos y sobre la base de 17 años de servicios y dos meses de preaviso llega a un capital de $4,750.000 y aplicando la tasa pasiva arriba a un total de $14.603.771,443 (con milésimos¡). Partiendo de la base de un sueldo actual del empleado de seguridad en zona petrolera en diciembre 2025 ronda los $2.000.000 aproximadamente considera que el capital de condena actualizado debe ser superior y lo calcula en $38.000.000.
Realiza el mismo cálculo con actualización por índices al Consumidor invocando el DNU70/2023 que en el art. 84 modifica el art. 276 de la LCT que utiliza el IPC y se explaya sobre el papel del interés en resarcir el perjuicio provocado por la mora del deudor. Cita jurisprudencia Nacional y de este tribunal que se tiene presente. Pide se haga lugar a los agravios con costas. La apoderada de la demandada Dra. Cecilia Alejandra Saraste con la pieza de PE218118372026 contesta los agravios vertidos por su contraria. Defiende la sentencia al contestar el primer agravio del actor, al estar acreditado que desde el mes de octubre de 2022 el actor tras reincorporarse de las vacaciones quedó relevado de prestar servicios operativos permaneciendo en su domicilio.
Sostiene que la empresa se encontraba imposibilitada de asignarle tareas y objetivos dentro de empresas clientes por no contar con el perfil de un buen vigilador por no encontrarse con las habilitaciones correspondientes ni haber cumplido con las exigencias de capacitación y entrenamientos correspondientes que llevaron a la demandada a despedirlo por lo que considera improcedente el reclamo de diferencias salariales sobre tópicos que se liquidan a vigiladores que prestan servicio efectivo de seguridad y vigilancia conforme acta acuerdo. Insiste en que no resulta aplicable el convenio 784/2021 como pretende el quejoso. Aclara que los adicionales se abonaban únicamente a los vigiladores que prestan servicios en los objetivos asignados en tanto y en cuanto realicen tareas dentro de ese marco.
Relata que durante ese período el actor percibió haberes conforme CCT 507/07 sin haber dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por la empleadora. Pide se confirme este punto de la sentencia. Respecto del agravio 2º por el rechazo de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 indica que su parte coincide con el magistrado por no estar en vigor esa norma ni ser una aplicación de una norma retroactiva sino de evitar aplicar una sanción contemplada en una norma ya derogada. Razona que ello es así por cuanto el supuesto crédito no es un derecho adquirido sino un derecho en expectativa que no ingresó al patrimonio del actor. Para el supuesto que se entienda que la norma no puede ser aplicada en forma retroactiva solicita se la exima de sanción usando nuestra facultad de comprobar que hubiese existido causas que justifiquen la conducta del empleador.
Señala que el actor percibió la liquidación final y tenía la convicción de su derecho amparado en la norma que regula el despido con justa causa y así procedió.
Al responder al siguiente agravio manifiesta que coincide con el sentenciante en cuanto la figura de la indemnización por preaviso es indemnizatoria y no retributiva y pide se confirme en punto del fallo atacado. Contestando el cuarto y último agravio por imponerse la tasa pasiva manifiesta que el cálculo demostrativo empleado no es el método para fundar un agravio pues lleva a error y confusión y no puede ser tenido en cuenta. Afirma que se pretende una sustancial e injustificada repotenciación del capital de condena fundado en el proceso inflacionario y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Señala que los vaivenes de la economía argentina no solo pueden llegar a perjudicar al trabajador, sino al comerciante, al empresario, a la pyme, en definitiva al dador de trabajo. Razona que el equilibrio en la repotenciación de un capital de condena está dado por la aplicación de una tasa de interés como la impuesta por el Sr. Juez que transcribe. Pide se rechace el agravio relativo a la tasa de interés confirmando lo dispuesto en la sentencia. Pide se confirme la sentencia que ha sido materia de queja por el apelante, con costas.
VIII. Que como surge del resumen de los ataques de ambas partes contra la sentencia merecen un orden lógico de tratamiento.
Y ese tratamiento prioritario debe acordarse al primer agravio de la demandada por haberse considerado incausado el despido. En esa faena bueno es recordar que los arts. 242 y 243 de la LCT establecen:
“Art 242. (Justa causa). Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad, no consientan la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales de cada caso.” Art 243 “(Comunicación.
Invariabilidad de la causa del despido). El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberá comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas.”
Sobre esta base y conforme surge de autos en la comunicación del despido en ella se sostiene:
“Hemos analizado nuevamente su situación laboral. Se ha constatado que Ud. no ha cumplido con sus obligaciones de capacitación, entrenamiento y preparación, de conformidad con las normas legales y convencionales que rigen la actividad de seguridad privada. Tampoco reúne Ud. las habilidades necesarias para el puesto, ni cuenta con habilitación para realizar tareas como guardia de seguridad privada, imprescindibles para poder asignarle tareas. Su falta de capacitación y falencias de perfil y habilitación han generado que sea imposible asignarlo a ningún cliente de los objetivos de la zona, pues no aceptan su incorporación al servicio por no reunir Ud. el perfil adecuado como vigilador privado, condición esencial y mínima para este tipo de actividades. Al no estar habilitado y habiendo agotado todas las gestiones para que Ud. revierta su situación personal como se le informó en la entrevista del pasado 17 de mayo donde se ratifican sus irreversibles falencias de perfil profesional, su falta de habilitación, consideramos que existe imposibilidad de continuar con el contrato de trabajo por su exclusiva culpa. Al encuadrar el caso grave injuria laboral se lo despide con causa a partir de la fecha. Liquidación final será acreditada en su cuenta sueldo en plazo legal. Queda Ud. notificado.” Esta comunicación ha sido reiteradamente transcripta a lo largo de autos. No obstante su extensión no contiene una expresión suficientemente clara de los motivos en que funda la ruptura del contrato que permita que como jueces podamos realizar una valoración prudente de las obligaciones resultantes del contrato de trabajo que configuren injuria que por su gravedad no consientan la prosecución de la relación Art. 242 LCT.
En efecto no se indica cuáles son las obligaciones de capacitación, entrenamiento y preparación de conformidad con las normas legales que debe cumplir un vigilador sin armas que se dice no cumplidas por el actor. No se indica cuales serían las habilidades no reunidas necesarias para el puesto. O como las perdió luego de 17 años de desempeño. Tampoco a que habilitación para esas tareas se refiere que resulta imprescindibles y esenciales para poder asignarle tareas.
Es decir cómo es que después de 17 años se advierte falta de capacitación y falencias de perfil y habilitación para no ser aceptado por los clientes. No se indica que clientes no aceptarían al actor.
No se ha detallado las gestiones para revertir la situación profesional. No prueba la justa causal de despido la referencia a una entrevista del pasado 17 de mayo. Tampoco se puede imputar culpa del trabajador por unas falencias que no se detallan.
No descarto que en 17 años se haya profesionalizado la tarea del vigilador sin armas, por avances técnicos pero no se ha acreditado cuando y donde se dictaron cursos de capacitación, con notificación al actor y correspondiente curso. Por ejemplo si se ha incrementado la vigilancia con el recorrido del perímetro para hacerlo a caballo o en moto que requiere el correspondiente curso de equitación o de motociclismo. O de manejo de drones o sistemas nuevos de cámaras. No lo sabemos pues no se lo dice y se pretende superar la omisión con declaración de testigos. En autos no se ha invocado que se ha violado una política de cero tolerancia a drogas o la pérdida de carnet habilitante para la conducción de vehículos de transporte de pasajeros o de sustancias explosivas por un chofer, es decir de la habilitación para realizar el trabajo correspondiente a su categoría laboral. Se menciona habilitación pero no se la identifica.
No existe en el expediente digital constancia de convocatoria a capacitaciones y adiestramiento exigido para el desarrollo de funciones propias, aunque no se lo comunicó como causal de despido y se encuentra vedado la modificación de la causal de despido consignada en las comunicación del distracto (art. 243 in fine de la LCT). Se intenta violar la norma que prohíbe la modificación de la causal invocando la declaración de los testigos. No se puede admitir este intento, pues además de violar la ley, implica afectar el derecho de defensa del actor neta raigambre constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional), que viene a defenderse del despido comunicado.
Nada fortalece la posición de la demanda las respuestas en posiciones. La admisión de la posición 3ª no indica que el actor admitiera que el no reunía los requisitos de las empresas exigen. La cuarta está redactada en términos negativos y a la 7ª responde que desconoce. Admite en la 10ª que tuvo una entrevista con el Sr. Diego Saldaño aunque no sobre los motivos tratados. Esa entrevista sucedió 7 días antes de la comunicación del despido.
A mi juicio no obstante el esfuerzo desplegado por la representación de la actora no conmueve la sentencia y por ello propongo al Acuerdo rechazar el primer agravio de la demandada.
El rubro diferencias salariales ha sido materia de agravios por ambas partes. La demandada se queja por haberse admitido la procedencia de diferencias de haberes desde agosto de 2021 a octubre de 2022 por los ítems remunerativos y no remunerativos del acta acuerdo del 12/5/2011 y hacer extensiva esas diferencias a otros rubros (SAC, vacaciones). El actor critica que la sentencia limita esta diferencias entre agosto 2021 y octubre 2022 y lo rechaza por el período posterior. Pretende también agraviarse por entender que el convenio aplicable es el CCT 784/21 que reemplazó al CCT 644/12 para fundar su derecho en el período en que por orden de la empleadora queda en su domicilio a la espera de asignación de objetivo.
A fin de esclarecer el análisis del punto debo dejar aclarado que en la demanda se reclamó todas las “diferencias salariales devengadas durante los dos últimos años de interpuesta la presente demanda…, como consecuencia de haber abonado la empleadora un sueldo inferior al establecido en el CCT Nº 748/21 de Petroleros Privados de Santa Cruz- el cual reemplazo al CCT 644/12 y/o en su caso, del acta acuerdo celebrada con fecha 12 de mayo de 2011 y homologado por la Secretaría de estado de trabajo….”
Cabe agregar que conforme ese acuerdo no se cambiaba el CCT aplicable al actor sino que establece que determinados trabajadores percibirían una equiparación salarial por aplicación de dicho acuerdo y que esos beneficios se mantenían en tanto y en cuanto el empleado realice tareas dentro del marco establecido en la cláusula primera del presente. Así lo estableció el magistrado en los considerandos al transcribir la clausula 1ª y 3ª del acta acuerdo referida y tener como un hecho no controvertido que las partes reconocen la aplicación del CCT 507/07 y la adecuación del mismo a la actividad principal de la empresa. Ello no ha sido materia de controversia en la demanda y contestación por lo que no puede introducírselo como un capítulo no propuesto al juez de primera instancia por la vía de disimularlo dentro de un agravio (art. 276 CPCC). Desde ya señalo que los argumentos expuestos por la demandada no conmueven la sentencia, señalando donde se encuentra su error cuando entiende que ambas partes resultan coincidentes en que el actor cumplió funciones en áreas petroleras sin aportar precisión temporal. Se funda el magistrado en que, al contestar la demanda, la empleadora sostuvo que al reincorporarse tras sus vacaciones en octubre de 2022, quedó relevado de prestar servicios operativos permaneciendo en su domicilio a la espera de nuevas asignaciones y capacitaciones entendió que tales manifestaciones le permitían presumirlo y que aún sin respaldo documental idóneo constituye un reconocimiento explícito de que hasta octubre de 2022 el actor prestó servicios en objetivos petroleros. Por ello invocó la primacía de la realidad del art. 23 LCT, la buena fe de los arts. 62 y 63 LCT y el principio protectorio del art. 9 de la LCT tuvo por acreditada la prestación de servicios en zona petrolera. Obsérvese que la demandada se encontraba en mejores condiciones para aportar la prueba de la prestación de tareas del actor en zonas no petroleras. Rechazo el agravio de la demandada.
Dentro de este agravio la demandada se agravia contra lo que considera resolución “extra petita” desde que no solo admite diferencias salariales durante el período agosto 2021 a octubre 2022, sino que además admite su incidencia en los rubros SAC proporcional diciembre 2021, julio 2022 y diciembre 2022, vacaciones proporcionales 2021 y 2022 vacaciones no gozadas y SAC sobre vacaciones no gozadas. Pide se revoque por ser ello violatorio del derecho de defensa de su parte. Este agravio no puede ser atendido toda vez que esos rubros deben ser considerados dentro del salario o remuneración del trabajador; y por otro lado el magistrado al disponerlo así estableció que era una incidencia de lo resuelto. Por otro lado al actuar así fue dentro de la facultad que le acuerda el art. 40 de la ley 1444 que le permite fallar “ultra petita” y no “extra petita” como se califica en agravios.
Igualmente debo rechazar la crítica del actor por no haber considerado la extensión del rubro por el periodo posterior. Ya he manifestado que la relación laboral entre las partes se regían por el CCT 507/07 con adicionales en los supuestos contemplado en el acta acuerdo del l2 de mayo de 2011. La crítica del actor se funda en que corresponden las diferencias por estar regida a su criterio la relación por el CCT 784/21 que reemplazara al CCT 644/12 con el argumento que en el convenio de petroleros privados de Santa Cruz se encuentra expresamente previsto que las tareas de vigilador están encuadradas en la categoría E de control de acceso sin portación de armas y no existir en el convenio de seguridad privadas las tareas de vigilador en zonas petroleras. Razona así como sí la seguridad privada estuviera limitada a la actividad privada y la representación de los empleadores de la vigilancia privada, contratistas de un servicio hubiera suscripto el CCT 784/21.
La demandada dirige su tercer agravio contra la disposición de la sentencia que la condena a la entrega del certificado de servicios y remuneraciones del art. 80. En el punto 3º del fallo se ordena a la empleadora la rectificación de los datos de la relación de trabajo debidamente ajustados a los parámetros admitidos a fin de que el trabajador pueda acceder a la certificación laboral a través del sitio web del servicio de ARCA en el plazo de treinta días bajo apercibimiento de astreintes. Al progresar el rubro diferencias salariales, sí mi voto es compartido en el Acuerdo la demandada deberá rectificar los datos para que la certificación refleje la realidad. En su escrito la demandada no demuestra con un discurso jurídico donde se encuentra el error de la sentencia que debe ser revocado o modificado y sólo hace referencia a la documental adunada que no se ajustan a la realidad establecida en el pronunciamiento atacado. Propongo el rechazo de la queja y confirmación de la sentencia en el punto. Ergo deberá procederse a la rectificación de la certificación como manda la sentencia bajo apercibimiento de sanciones conminatorias.
El actor en el segundo agravio ataca la sentencia en crisis por no aplicar la multa del art. 2 de la ley 25.322 por evitar aplicar una sanción contemplada en una norma derogada (arts. 99 y 100 de la ley 27.742) siendo que se encontraba vigente al momento de disponerse el despido y sus consecuencias consolidadas. En lugar de la solución simplista de la sentencia entiendo que la sanción no resulta procedente y debe confirmarse el rechazo pero por otra razón. Creo que el supuesto de autos se subsume en el último párrafo del art. 2 de la ley 25.323 cuando establece:
“… Si hubiera existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto en el presente artículo hasta la eximición de su pago.”
En autos la demandada procedió a despedir al actor dando una serie de causales que entendía que fundamentaba su proceder pero perdió en su pretensión de que el magistrado entendiera que en el caso existía una serie de circunstancias que ella entendía implicaban una injuria que por su gravedad no permitía la prosecución de la relación. Pero la demandada sostuvo su creencia que estaba ejerciendo un derecho legítimo al despedir con invocación de causa. Malo sería colocar a la parte en el brete de no ejercer un acto que entendía legítimo ante la amenaza de una sanción económica. Ello afectaría la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio garantizada por el art. 18 de la Constitución Nacional art. 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos llamado Pacto de San José de Costa Rica. La sanción por su error de apreciación la da la propia LCT en el caso al imponer la indemnización por despido incausado, falta de preaviso e integración mes de despido a la que se agrega el pago de costas y gastos de justicia. Propongo rechazar el agravio.
El actor en el tercer agravio dirige sus embates contra el rechazo del rubro SAC sobre la indemnización sobre preaviso. Por su claridad me permito citar lo resuelto en autos “OJEDA, Arias Daniel Natanael c/ VERTAS S.A. s/ laboralcobro de pesos” en sentencia registrada al tomo CIV, registro 3165, folio 129/136 prot. elect. A201 069 S251 del 10 de diciembre de 2025. En ellos mi distinguida colega la Dra. Griselda I. Bard llevando la responsabilidad del primer voto, sobre esta misma cuestión expresaba:
“Se califica al sueldo anual complementario como la doceava parte del de las remuneraciones percibidas por el trabajador (art. 121 LCT) en tanto que como lo indica la misma normativa la indemnización sustitutiva de preaviso es una indemnización (art. 232 LCT), por lo tanto no participa de los caracteres remunerativos. Cabe señalar que la remuneración se abona al trabajador como contraprestación de su labor, en tanto que la indemnización repara un daño, en el caso por no haber preavisado tempestivamente. Por tal razón no corresponde la liquidación de SAC sobre dicho concepto. Por lo tanto más allá de lo acertada o no de la cita realizada por el juzgador como se invoca en agravios, la solución brindada al caso se comparte y por lo tanto este agravio debe desestimarse.”
En dichos autos como segundo votante adherí a la propuesta formulada por compartir el criterio convicción que mantengo. Propongo rechazar el agravio. Queda por analizar el cuarto agravio donde la parte actora se queja por la utilización de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina y realiza diversos ejemplos para demostrar como incide en la indemnización a percibir. Ya me pronuncié en caso declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928. La inflación ataca a todos y crea un sálvese quien pueda frente a la ceguera del legislador, quien no veló por el valor de la moneda como le impone el art. 75 inciso 19 de la Constitución. Se ha recurrido a diversos mecanismos para paliarla: remarcación de precios, monedas duras, subsidios de tarifas que provocan una espiral de inflación. Para escapar de la inflación se ha recurrido al “JUS” como unidad en honorarios, multas en litros de nafta, contratos en moneda extranjera. Mantener la procedencia del art. 7 de la ley 23928 importaría una discriminación contra el actor frente a otros sectores que se encuentran a salvo toda vez que una indemnización para ser justa debe ser reajustada para asegurar su equidad en cada caso. Hay varios índices para ello y comparto la solución propuesta con cita de legislación y jurisprudencia por la Dra. Bard, con mi adhesión en los autos “OJEDA, Arias Daniel Natanael c/ VERTAS S.A. s/ laboral-cobro de pesos” en sentencia registrada al tomo CIV, registro 3165, folio 129/136 prot. elect. A201 069 S251 del 10 de diciembre de 2025 arriba citados y mencionados incluso por el actor. Debe admitirse el agravio y utilizarse el IPC con más el 3% como se dispuso en esa ocasión en el punto 3 del fallo.
Con el alcance indicado respondo a la primera cuestión por considerar que la sentencia es justa con excepción del último agravio del actor debiendo modificarse la sentencia y disponer que el capital de condena se reajustará conforme el IPC con más el tres por ciento (3%). Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Comparto las consideraciones expuestas por el primer votante, que incluso cita fundamentos de un voto en que llevé la responsabilidad del primer voto. Debo aclarar en el caso, conforme lo señalé anteriormente (“CONTRERAS, JAIME ADOLFO C/D.L.S. ARGENTINA LIMITED S/LABORAL", Expte. Nº 14.907, 31/10/25, TOMO:CIV, REGISTRO: 3156, FOLIO: 059/069, PROT. ELECT.A201 060S.251) que corresponde analizar la forma de cálculo para los rubros de condena conforme la nueva normativa en la materia que se impone aún de forma oficiosa (art. 55 ley 27802). Por este fundamento adhiero a la solución propuesta por el Juez peropinante, Dr. Monelos en cuanto a la utilización del IPC con más el 3% anual como se determina para recomponer el crédito, teniendo además en cuenta lo dispuesto por la nueva redacción del art. 276 de la LCT. Entiendo, como lo he señalado en pronunciamientos anteriores, que esta solución es más favorable al trabajador y obedece a los principios que informan al derecho del trabajo, ya que refleja más claramente la pérdida del valor adquisitivo del salario. Tengo en cuenta además que la Corte Suprema de Justicia lo señaló en similar sentido al fallar sobre el reajuste de haberes jubilatorios en el caso “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS” del 18 de diciembre del año 2021 donde se expidió en similar sentido y sirvió de base a numerosos precedentes.(https:// www.csjn.gov.ar/ archivo - cij/nota-32887-PREVISIONAL). Es por tal razón que considero éste un criterio más ajustado a la realidad del trabajador para el reajuste de su crédito y con ello fundamento mi postura en el particular. Adhiero pues al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que apoyándome en las consideraciones y fundamentos vertidos al responder a la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo estudio de mis colegas: 1º) Admitir el cuarto agravio contra la aplicación de la tasa pasiva expresado por el actor y rechazar los restantes agravios expuestos por los recurrentes. 2º) Modificar el primer punto del fallo y establecer que el capital de condena deberá ser recompuesto por liquidación que deberá efectuar el Gabinete Contable conforme el IPC más el tres por ciento (3%) (en lugar de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina) y Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. 3º) Las costas de la instancia serán soportadas por la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y la tasa de justicia a abonar hasta tanto se determine el monto de capital de condena por liquidación firme y se regulen los correspondientes a la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2175246/2026. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XI. La propuesta puesta a consideración corresponde a los temas tratados en el Acuerdo y la solución es justa. Adhiero a la misma.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 30 de junio de dos mil veintiséis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto en el art. 44 de la ley 1 orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Admitir el cuarto agravio contra la aplicación de la tasa pasiva expresado por el actor y rechazar los restantes agravios expuestos por los recurrentes. 2º) Modificar el primer punto del fallo y establecer que el capital de condena deberá ser recompuesto por liquidación que deberá efectuar el Gabinete Contable conforme el IPC más el tres por ciento (3%) (en lugar de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina) y Confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de agravios. 3º) Las costas de la instancia serán soportadas por la demandada en su condición de vencida (art. 68 del CPCC). 4º) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales y la tasa de justicia a abonar hasta tanto se determine el monto de capital de condena por liquidación firme y se regulen los correspondientes a la instancia de grado. 5º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en PE 2175246/2026. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. El Dr. Fernández no firma por no existir disidencias. Fdo. Humberto Monelos – Juez de Cámara; Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 040 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3211 Folio Nº: 052/062 Secretaria: 1
Fin de la sentencia