Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos VIII a XIII de la presente.
2Declarar prescripta las acciones del fisco para aplicar penas y perseguir el cobro de tributos relativos al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J.
3Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-99046161-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Agosto de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “FERRERO ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente N.º 30.551-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma “FERRERO ARGENTINA S.A.” a fs. 15/19 interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 3628/2010 dictada en el expediente SIGEA N.º 12197-10321-2005, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $33.198,81 y se la intíma a abonar la suma de $ $72.677,50 en concepto de tributos adeudados con más CER e intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J. En primer lugar, sostiene que conforme surge de la documental acompañada en sede aduanera -y ahora en esta instancia-, la totalidad de mercadería ingresada en forma temporaria fue reexportada antes del plazo de vencimiento estipulado. En esa línea, manifiesta, que la infracción imputada no se ha cometido, por lo que, no debe pagar la multa y el cargo formulado. Por otro lado, señala que el instructor no hizo las diligencias necesarias para llegar a la verdad material de los hechos, debido a que -de hacerlas- hubiera operado el plazo de prescripción. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se dicte fallo revocando la condena aduanera, con expresa imposición de costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 25/30/vta. Luego de efectuar un sucinto relato de los hechos en sede aduanera y realizar la negativa genérica de rigor, en prieta síntesis, manifiesta que, tal como surge del sumario la importadora no probó haber regularizado en término la reexportación del total de la mercadería involucrada en el DIT en trato, por lo que, ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. En dicho contexto, indica que la multa y el cargo por tributos son ajustados a derecho. Por otro lado, señala, que para realizar la pertinente descarga es necesario contar con el C.T.C. (que permite conocer la relación insumo/producto) y la declaración jurada, debido a que son requisitos ineludibles conforme lo establece la Resolución 479/95 (ANA) en su anexo III (punto 8), situación que la actora no puede desconocer, en virtud de las operaciones que efectúa. En las condiciones subrayadas, arguye que, el CTC agregado, no es el que consta en el Anexo de la solicitud del PE, por lo tanto, no es posible determinar la cancelación del mismo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Actuación N.º 12197-10321-2005: A fs. 1 obra el acta de denuncia con relación al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 4 se agrega sobre con impresiones del SIM. A fs. 5 obra la Nota N.º 11039/05 de la División Verificación Sección Ramo D. A fs. 6 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería en infracción. A fs. 7 se solicita que se ratifique o rectifique el informe de fs. 6. A fs. 8 se ratifica lo informado. A fs. 11 -el 12/12/2005- se dispone la instrucción de sumario (sin notificar). A fs. 12 se adjunta el DIT involucrado. A fs. 14 se glosa el print de pantalla de la garantía. A fs. 15 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 16 -19/03/2007- se corre vista de todo lo actuado (no obra agregada la cedula de notificación). A fs. 17/19/vta la importadora “FERRERO ARGENTINA S.A.” contesta vista y acompaña documental. A fs. 40 se provee el escrito acompañado y se da intervención a la Sección Procedimientos Técnicos a fin de que informe si la DIT objeto de la denuncia fue debidamente cancelada. A fs. 41, la mencionada Sección informa, que no es posible determinar la cancelación de la DIT en trato toda vez que no obra en autos el CTC 9678 (Solicitud de CTC 061-000930/96), el cual consta en el anexo de descarga del P.E. 00008EC03000086D. A fs. 46/47/vta, el 26/05/2010, se dicta la Resolución N.º 3628/2010 apelada en autos, (notificada a fs. 48/vta - el 14/12/2012-).
IV. A fs. 40 se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia a fs. 44.
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias del Expediente N.º 12197- 10321-2005, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2001 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 12/12/2005 (v. fs. 11) y que se notificó recién de todo lo actuado en julio de 2007 (se estima ese periodo, en virtud de que no obra agregada en las actuaciones administrativas la cedula de notificación de la vista conferida, por lo cual, se tomó la fecha en que la recurrente efectuó su descargo -30/07/2007-).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 12/12/2005 (ver fs. 11 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2001 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 12/11/2000-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2005 (cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 26/05/2010 (notificada a la actora a fs. 48/vta -el 14/02/2012-).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 17/11/1999 D.I.T. 99 001 IT15 002105 J Vencimiento DIT 12/11/2000 Acta de denuncia (fs. 1) 27/06/2005 Apertura de sumario 12/12/2005 (fs. 11 sin notificar)
Corrida de vista (fs. 16) 19/03/2007 Notificación de corrida de vista a la Importadora (no obra agregada la cedula de notificación en las actuaciones administrativas)
Resolución apelada 26/05/2010 (fs. 46/47/vta)
Notificación de la Resolución a la 14/02/2012 (fs. 48/vta)
Importadora 01/01/2001 Plazo de prescripción 31/12/2005 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, no solo, no se notificó la instrucción de sumario, sino que tampoco obra agregada la constancia de notificación fehaciente de la corrida de vista. Por si fuera poco, la notificación de la resolución, fue efectuada 1 año y 9 meses después de su dictado, sin que se advierta razones que justifiquen la demora excesiva de una notificación oportuna. En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J. Segunda Cuestión VIII. Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, considero pertinente analizar si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del CA.
Corresponde señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justifica su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente. Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaró específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizó de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizó la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”. (CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-10321-2005, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 12/12/2005 (ver fs. 11), en donde solo se reduce a disponer la instrucción de sumario sin más: “VISTO los hechos de autos por los que se da cuenta que la firma “FERRERO ARGENTINA S.A.” (CUIT 30-65831333-5) no habría regularizado dentro del plazo concedido la situación de la mercadería amparada por la destinación 99 001 IT15 002105 J, cuyo vencimiento operó el 12/11/00, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO en los términos del art. 1090 inc. c del citado texto legal. PASE, a la Sección Procedimientos Técnico, a los fines de que por donde corresponda se sirvan agregar a autos originales o copias certificadas por personal aduanero de la documentación involucrada en autos por ser indispensable a la continuación del presente tramite.” Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción.
Sentado lo que antecede, corresponde hacer hincapié que, el auto de apertura (ver fs. 11) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria, ni liquidó los presuntos tributos a abonar . Todo ello fue diferido en el tiempo a lo que resultase de lo actuado por la Sección de Procedimientos Técnicos. Asimismo, puede observarse que la liquidación de tributos y multa (ver fs. 15) se practicó años después al acto de apertura sumarial.
En ese marco, resulta claro que el actuar del servicio aduanero fue contrario a lo que preceptúa el art. 1094, en donde lo constriñe a determinar, clasificar, valorar la mercadería y liquidar los tributos en el mismo auto de apertura de sumario.
Sobre la base de lo expuesto, queda en evidencia que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA).
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos VIII a XIII de la presente.
2. Declarar prescripta las acciones del fisco para aplicar penas y perseguir el cobro de tributos relativos al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J.
3. Con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial, en la 2da. cuestión, al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Siguiendo en lo sustancial lo señalado en el voto del Vocal instructor creo conveniente aclarar que conforme anteriores votos del suscripto, la invalidez del acto de apertura del sumario deviene a partir de la omisión del cumplimiento de los requisitos del art. 1.094 C.A. cuando se alcanza el plazo de prescripción. De lo dicho se deduce que pretender (la Administración) cumplir con los requisitos exigidos para dicho acto más allá del 31/12/05 resulta inoficioso y torna al acto nulo por incompleto. Por lo demás (notificación del dictado del auto de apertura) me aparto de las conclusiones del Instructor.
Por ello, adhiero en lo sustancial.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en los considerandos VIII a XIII de la presente.
2. Declarar prescripta las acciones del fisco para aplicar penas y perseguir el cobro de tributos relativos al D.I.T. N.º 99 001 IT15 002105 J.
3. Con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.08.24 15:58:00 ART Date: 2023.08.24 17:28:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.24 19:19:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.24 19:19:56 -03:00
Fin de la sentencia