Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2026-30552565-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de amparo, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $184.964, equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $462.410, equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de la amparista, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44,inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-36768262-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Abril de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2026-30552565--APN- SGAI#TFN, caratulado Ferrero Argentina SA s/amparo La Dra. O´Donnell dijo:
I. Ferrero Argentina S.A. interpone el recurso de amparo previsto en el art. 182 de la ley 11.683 invocando la demora excesiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en resolver el pedido de devolución del saldo de libre disponibilidad del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2023, efectuado el 27 de diciembre de 2023 en los términos de la RG (AFIP) N° 2224 y sus modif.
En su presentación ante este Tribunal manifiesta que el saldo de libre disponibilidad fue convalidado 6 de octubre de 2025, mediante el Certificado de Convalidación Nro. 25531009/2025 por la suma de $1.570.471.402,44, pero afirma que el trámite se encuentra aún pendiente de culminación por falta de pago.
Señala también que el 22 de enero de 2026 presentó un pedido de pronto despacho a fin de instar el trámite pero no obtuvo respuesta, y afirma que ya en esa oportunidad manifestó que la demora en la devolución motivó que presentara la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2024 con un quebranto de $22.800.703.050,12, lo que, según sostiene, pone en riesgo la continuación de su actividad comercial y menoscaba su derecho de propiedad.
Invoca así que existe una demora excesiva e injustificada de la Administración, ya que los plazos legales -tanto el del art 81 de la ley 11.683, como el previsto en la RG N° 2224/1979-, se encuentran ampliamente excedidos, por lo que considera que se dan los requisitos previstos en la ley para la procedencia del recurso interpuesto, y pide que se haga lugar al mismo, con costas.
II. Por su parte, en ocasión de contestar el requerimiento previsto en el art. 183 de la ley 11.683, la representación fiscal acompaña el informe de la Sección Verificaciones y Cancelación de Devoluciones, donde se informa que “…la devolución reclamada se encuentra en proceso de tramitación, a la espera de autorización para su efectivo pago”.
Por ello, considera que la vía intentada por Ferrero Argentina S.A. no es la correcta ya que lo que pretende es urgir el pago, lo que excede su objeto y obsta a su procedencia, pues el trámite iniciado por ésta ha concluido con la emisión del Certificado de Convalidación.
Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, con costas.
III. Por PV-2026-35816560-APN-VOCXI#TFN, se elevan los autos a consideración de la Sala. IV. Debe recordarse, en primer lugar, que el recurso de amparo reglado en el art. 182 de la ley 11.683 exige para su procedencia los siguientes requisitos: un trámite o diligencia a cargo de los empleados/as de la Administración Tributaria, una demora excesiva, es decir de tal magnitud que justifique la intervención de este Tribunal y, por último, el perjuicio hacia la persona que lo inició; además, previo a su interposición debe haberse instado a ésta a pronunciarse a través de un pedido formal de pronto despacho y debe haber transcurrido el plazo de 15 días allí establecido, sin lograr su propósito. Además, cabe recordar que queda excluido del objeto de este remedio la posibilidad de que se condene a la Administración a pronunciarse en un determinado sentido o a resolver de una manera determinada (Fallos 313:1706, entre otros) puesto que no es su objeto sustituirla en sus funciones sino, de darse los supuestos antes indicados, proteger los derechos de los contribuyentes.
En efecto, el recurso de amparo reglado en la ley 11.683 ha sido instituido para proteger los derechos o intereses de los administrados obstaculizados por la demora excesiva de dependientes de la Administración Tributaria en la realización de un trámite, es decir que se trata de un remedio frente a la pasividad de éstos en el marco de un expediente administrativo o petición concreta.
En el caso, como se relató y según surge tanto de las manifestaciones de ambas partes así como de las constancias agregadas por ellas al Expediente, mediante presentación del 27 de diciembre de 2023 Ferrero Argentina S.A. solicitó la devolución de $1.570.647.416,70 en concepto de “saldo de libre disponibilidad de las DDJJ no utilizado y no trasladado a período siguiente” (F.746). El 6 de octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero emitió el Certificado de Convalidación N° 25531009/2025 en el que se acepta y se autoriza la devolución del crédito por el monto solicitado. Ello, de acuerdo al procedimiento previsto en la RG (AFIP) N° 2224 y sus modif.
Luego, el 22 de enero de 2026, Ferrero Argentina S.A. interpuso ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero un pedido de pronto despacho respecto de “la diligencia de pago y efectivo depósito de los fondos correspondientes al crédito impositivo reconocido y convalidado por este Organismo mediante el Certificado de Convalidación Nro. 25531009/2025”.
Al recurrir ante este Tribunal, acompaña copia del Certificado de Convalidación y solicita que en la sentencia se ordene a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que culmine el trámite que inició el 27 de diciembre de 2023 y haga efectiva la devolución del saldo de libre disponibilidad reconocido en dicho instrumento. Cabe ya adelantar que el recurso de amparo no puede prosperar.
Ello así, toda vez que es el propio Certificado el que da cuenta de que el trámite se encuentra finalizado y que lo que está pendiente es la acreditación del monto allí autorizado.
Esto es también lo que informa la Sección Verificaciones y Cancelación de Devoluciones de la Agencia en la nota del 6 de abril de 2026 adjunta por la representación fiscal al contestar el informe del art. 183 de la ley 11.683. Allí se señala que “…la devolución reclamada se encuentra en proceso de tramitación, a la espera de autorización para su efectivo pago”.
Siendo ello así, como se dijo, lo pretendido por la amparista no puede admitirse, ya que su crédito ha sido aprobado y cuantificado en el Certificado correspondiente (v. RE-2026-30550759-APNSGAI#TFN), es decir que sólo resta la acreditación bancaria del importe convalidado, por lo que cabe concluir que el planteo excede el restringido objeto del recurso de amparo, tal como se encuentra previsto en la ley 11.683.
En ese sentido, ha dicho la Cámara que “…la vía de la acción contemplada en el art. 28 de la ley 19549 -análoga a la instituida en el ya citado art. 182 de la LPT-, sólo resulta aplicable ante la morosidad de la autoridad administrativa en emitir un dictamen o resolución; mientras que en la petición destinada a urgir un pago -más allá de su forma-, al no estar contemplada en los referidos supuestos, queda fuera de tales supuestos” (conf, entre otras, “Adblick Granos SA, sentencia del 25.8.2021).
Asimismo, ha expresado que “…tampoco puede considerarse al pago requerido como un “trámite o diligencia” en los términos del artículo 182 de la ley 11.683, si se tiene en cuenta que los conceptos antedichos refieren a pasos o gestiones administrativas que deben ser orientadas para resolver el fondo de un asunto (como lo fue el iter seguido por la Administración Pública a efectos de dictar las Resoluciones Nº…) que se genera a raíz de una petición de un particular y no a la acción (o el hecho) de pagar, que –en su carácter de obligación prestacional– excede el cauce formal de la vía intentada.” (conf. “Patagonia Meat SA, sent del 15.6.2021).
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de amparo, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de amparo, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $184.964, equivalente a 2 UMA, y por el patrocinio letrado en la suma de $462.410, equivalente a 5 UMA, los que quedan a cargo de la amparista, teniendo en cuenta a tales fines lo dispuesto por el art. 44,inc. b), último párrafo de la ley 27.423.
Los honorarios regulados no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2026.04.10 16:57:56 -03:00 Date: 2026.04.13 10:15:35 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.13 10:47:19 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.13 10:47:20 -03:00
Fin de la sentencia