Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 67.354
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fecha 5/3/2021, en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y rechazó la demanda ejecutiva interpuesta por la actora; con costas a cargo de la accionante que ha resultado vencida (arts.68, 556 y ccs. del Cód. Proc.).
2Imponer las costas de alzada a la actora apelante, en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en esta sede recursiva (citados arts.68 y 556 del Cód. Proc.).
3Difiérese la regulación de honorarios del Dr. Hugo Daniel Mordau, hasta el efectivo cumplimiento con lo normado por los arts. 3 de la Ley 8480 y 13 de la Ley 6716 (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-67354-2021 "FERRERO PATRICIA LILIANA C/ ANCHORENA GUSTAVO CLAUDIO S/ COBRO EJECUTIVO "
JUZGADO DE PAZ - BOLIVAR
En la ciudad de Azul, a los diecinueve días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintiuno, celebrando Acuerdo Telemático (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), con la presencia virtual del Sr. Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “Ferrero Patricia Liliana c/ Anchorena Gustavo Claudio s/ Cobro Ejecutivo” (causa n°67.354), habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dres. Peralta Reyes y Longobardi. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra. ¿Es procedente el recurso de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 5/3/2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. Patricia Liliana Ferrero promovió cobro ejecutivo -con fecha 10 de marzo de 2020- contra Gustavo Claudio Anchorena, por la suma de $ 36.543, con más intereses y costas, sobre la base de quince cheques de pago diferido del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fueron librados por el ejecutado y que serían pagaderos en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018. Estos cheques fueron rechazados por la entidad bancaria por falta de fondos suficientes disponibles en cuenta, conforme resulta de las constancias estampadas al dorso de los mismos que datan de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018 (ver estos cheques a fs.19/33 y escrito de demanda a fs.12/14). La ejecutante requirió la preparación de la vía ejecutiva al señalar que los documentos acompañados no traen por sí solos aparejada ejecución, por lo que según lo establecido por el art.523 y ss. del código ritual, solicitó se cite al deudor a reconocer la firma que se le atribuye, bajo apercibimiento de tenerse por reconocidos los documentos si no compareciere o no contestare categóricamente. En el capítulo dedicado al derecho, la actora mencionó un precedente jurisprudencial, según el cual, “la falta de presentación de los cheques los privó de la acción cambiaria que les es propia en tanto haz de derechos sustanciales, y de la fuerza ejecutiva que tal acción se deriva en el plano procesal”. Y agregó, también con cita de ese mismo pronunciamiento, que “la acción ejecutiva no es privativa de los títulos cambiarios, sino que concierne a todo título que exhiba una obligación líquida y exigible de entregar sumas de dinero, sin perjuicio de que en determinados casos el instrumento respectivo deba para ello ser reconocido por el demandado”
(fs.12vta./13).
En el auto que despachó la ejecución, se hizo caso omiso de la preparación de la vía ejecutiva solicitada por la actora, y teniendo en cuenta lo que resultaba de la documentación acompañada y lo dispuesto en los arts.521 y 529 del Código Procesal, se ordenó librar mandamiento de intimación de pago y embargo contra el ejecutado (ver resolución de fecha 28/8/2020). O sea que, directamente, se imprimó al presente el trámite del juicio ejecutivo, al considerarse que los cheques adjuntados a la demanda tienen fuerza ejecutiva (art.521 inc.5 del Cód. Proc.), soslayándose la preparación de la vía ejecutiva requerida por la parte actora, que se encuentra prevista para aquellos documentos que por sí solos no traen aparejada ejecución (art.523 inc.1 del mismo código). Esta resolución no fue cuestionada por la actora, habiendo adquirido firmeza.
II. Posteriormente, compareció a los autos el demandado Gustavo Claudio Anchorena, quien, en primer término, negó la autenticidad de la documentación acompañada con la demanda, negó haber suscripto los cheques en los que se basa la ejecución, y negó adeudar suma alguna a la actora. Seguidamente, opuso excepción de prescripción por considerar que desde la fecha del rechazo de los cheques por el banco girado (agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018), hasta el momento de interposición de la demanda ejecutiva (10 de marzo de 2020), ha transcurrido el plazo de un año establecido en el art.2564 inc. d) del C.C.C.N. y en el art.61 de la ley 24.452. Solicitó, en suma, el acogimiento de la excepción de prescripción y el consecuente rechazo de la demanda ejecutiva, con costas al accionante (ver escrito de fecha 11/11/2020).
III. Al contestar la excepción, adujo el ejecutante que “en cuanto a la defensa articulada de prescripción deviene improcedente, en tanto no es materia controvertida en el presente litigio. Toda vez que el proceso fue iniciado como una preparación de la vía ejecutiva atento la calidad de meros quirógrafos de los títulos valores en cuestión. Su acción cambiaria se encuentra prescripta, más no su fuerza ejecutiva procesal en cuanto a la obligación líquida y exigible que en ellos se encuentra inserta” (lo destacado me pertenece). O sea que el actor está admitiendo que se encuentra prescripta la acción cambiaria emergente de los cheques que dieron basamento a la ejecución, al haber transcurrido más de un año entre la fecha del rechazo de los cartulares por el banco girado y el momento de interposición de la demanda de autos (citado art.61 de la ley 24.452).
Y más adelante, en un párrafo que resulta llamativo, pues se contrapone con los rechazos bancarios estampados al dorso de los cheques (fs.19/33), sostuvo el accionante que “los documentos traídos como base de esta acción son cheques de pago diferido que no fueron oportunamente presentados al cobro. Esa falta de presentación los privó de la acción cambiaria que les es propia en tanto haz de derechos sustanciales, y de la fuerza ejecutiva que de tal acción se deriva en el plano procesal. Pero la acción ejecutiva no es privativa de los títulos cambiarios, sino que concierne a todo título que exhiba una obligación líquida y exigible de entregar sumas de dinero, sin perjuicio de la necesidad de que, en ciertos casos, el instrumento respectivo deba para ello ser reconocido por el demandado” (lo resaltado en negrita me corresponde).
IV. En la sentencia apelada dictada con fecha 5/3/21, el juez de la anterior instancia consideró inadmisible y jurídicamente improcedente el esfuerzo intelectual expuesto por el accionante, al tratar de justificar que lo que se encuentra prescripta es la acción cambiaria o ejecutiva y que lo se pretende por el presente es el cobro de créditos quirografarios. Y así resaltó el magistrado que fue la propia actora quien le imprimió a este proceso el trámite del juicio ejecutivo, aunque con preparación de la vía ejecutiva; lo que no se ordenó oportunamente por el juzgado al resultar procesalmente innecesario, dado que los cheques conllevan aparejada por sí solos la vía ejecutiva (art.521 del CPCC y art.38 de la ley 24.452). En función de ello, dijo que el planteo ahora articulado deviene extemporáneo y alcanzado por los efectos de la preclusión. Más adelante abordó la excepción de prescripción, con transcripción del art.61 de la ley 24.452, y luego de examinar los cheques ejecutados, sostuvo que “desde la fecha del rechazo por el girado de cada uno de los cartulares reclamados, al del inicio de la demanda ha transcurrido con exceso el plazo de 1 año de prescripción de la acción cambiaria, sin existir ninguna causa de interrupción de la prescripción antes del hito procesal de inicio de la demanda ejecutiva, por lo que inevitablemente la acción se encuentra prescripta”.
En función de estas motivaciones resolvió acoger favorablemente la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y, en consecuencia, rechazó la acción ejecutiva incoada por Patricia Liliana Ferrero contra Gustavo Claudio Anchorena -por un error material se consignó un apellido distinto-, con costas a la accionante que resultó vencida (ver sentencia de fecha 5/3/21).
V. El aludido pronunciamiento fue pasible del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, quien abasteció el mismo mediante el memorial presentado con fecha 19/3/21.
En su escrito recursivo, expresó la apelante: “Es determinante en autos, dejar aclarado como ya se hizo en oportunidades pasadas, que mi parte jamás pretendió ejecutar la acción cambiaria prevista en la ley 24.452. Por ello se solicitó oportunamente la preparación de la vía ejecutiva en base a quince cheques de pago diferidos de la contraria”. Más adelante, contradiciendo lo que había afirmado al contestar la excepción (ver anterior apartado III, segundo párrafo), puntualizó la apelante: “Nótese que el haber sido presentados al cobro los documentos ante el banco girado y no ser rechazados por diferir firma - sino por falta de fondos suficientes- le otorga a los mismos un plusvalor de autenticidad”. Seguidamente manifestó que si bien su parte no atacó la providencia de fecha 28/08/20 -donde derechamente se le imprimió al presente el trámite del juico ejecutivo-, los documentos quedaron reconocidos por el ejecutado. Y así remarcó: “Pues nadie discute que la acción cambiaria está prescripta. La acción se dedujo como vía ejecutiva común, aseverando en el escrito de demanda mediante el derecho, doctrina y jurisprudencia que la acción cambiaria estaba prescripta, pero que nada obsta a la rehabilitación de los documentos, mediante el reconocimiento de los mismos en un juicio ejecutivo común, sumario, para evitar la vía ordinaria” (los destacados son propios).
En otro pasaje del recurso, dijo la apelante: “De modo tal que, lograda la autenticidad, en el sentido que nada controvierte el hecho de atribuir tales firmas al requerido, forzosamente lo coloca en calidad de deudor. Pues la deuda sigue vigente”. Y más adelante argumentó: “En este sentido ya se ha dicho que un cheque cuya acción cambiaria se encuentra prescripta no impide su rehabilitación mediante la preparación de la vía ejecutiva o el reconocimiento de deuda en juicio. Reconocida la autenticidad, el suscriptor del título se transforma en su obligado -más allá de que desconozca su contenido (art.525 CPCC)- permitiendo la ley en tal caso su reconocimiento tácito. Lograda tal autenticidad y el reconocimiento obligacional operado, la vía ejecutiva se encuentra habilitada en los términos del art.521 CPCC en cuanto autoriza la ejecución de títulos privados reconocidos judicialmente que versen sobre deudas líquidas y exigibles”. Sobre la base de estos argumentos, solicitó se deje sin efecto la sentencia apelada y se decrete la ejecución, con costas. Habiéndose elevado los autos a esta instancia se cumplimentaron los pasos procesales de rigor y se practicó el sorteo de ley, por lo que estos actuados están en condiciones para el dictado de la presente sentencia.
VI. En primer término, corresponde reiterar que desde la fecha de los rechazos de los cheques por el banco girado (agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018), hasta el momento de interposición de la demanda ejecutiva (10 de marzo de 2020), ha transcurrido -con exceso- el plazo de prescripción anual establecido en el art.61 de la ley 24.452, sin existir ninguna causa de interrupción de la prescripción; conforme lo puso de relieve el juez de la anterior instancia en la sentencia motivo de apelación. En este orden de ideas señalan Alonso y Gotlieb, que el principal efecto de la prescripción cambiaria, al igual que en el régimen común, es la extinción de la acción cambiaria o cartular. Pero seguidamente expresan estos mismos autores, que “pese a la prescripción del cheque, el documento no pierde su carácter de documento privado, conservando su función probatoria de las relaciones entre las partes inmediatas -librador y tomador, endosante y endosatario, etc.-, pero nunca entre partes no inmediatas”. Así resaltan la independencia de las otras acciones que quedan subsistentes, poniendo de relieve que “la prescripción de las acciones cambiarias no implica la prescripción de la acción causal que pudiera derivar de la relación subyacente o, subsidiariamente, de la acción de enriquecimiento sin causa; esta última procedente cuando el portador ha perdido las acciones cambiarias, por cualquier motivo, y no tiene acción causal contra ningún obligado anterior” (conf. Código de Comercio Comentado y Anotado, Rouillón director, Alonso coordinador, tomo V, págs.691 y 692; ver en esta misma obra el comentario al art.40 de la ley 24.452, págs.579 a 587, donde se analizan las diferentes acciones emergentes del cheque; asimismo, en torno a la autonomía de la obligación cambiaria y su relación con el negocio base o causal, resulta de insoslayable consulta la obra de Bergel y Paolantonio, Acciones y Excepciones cambiarias, tomo I, págs.9 a 20).
La situación planteada en el caso de autos puede presentar alguna similitud con otro supuesto previsto en el último párrafo del art.38 de la ley 24.452, en el que se aborda la presentación del cheque al cobro y el rechazo del cheque por el banco girado. Precisamente, en esta última parte del citado artículo se expresa: “La falta de presentación del cheque o su presentación tardía perjudica la acción cambiaria”. Sobre esta cuestión apuntan Alonso y Gotlieb: “El cheque no presentado al cobro o presentado al cobro en forma extemporánea, se ve perjudicado como título de crédito, privándose a su tenedor de la acción cambiaria” (ob. cit. pág.571). Y a continuación señalan: “Expresamente se ha resuelto que es inhábil como título ejecutivo el cheque presentado al cobro, vencidos los 30 días a que se refiere el art.25 L. Cheq., aunque el banco girado lo rechazase por ‘cuenta cerrada’. La pérdida del derecho establecida en el art.38 L. Cheq., que afecta la acción ejecutiva, es definitiva y no puede ser reconstituida por arbitrio procesal como la preparación de la vía ejecutiva” (ob. cit. págs.571 y 572; ver en este mismo sentido, Paolantonio, Régimen legal del cheque, pág.102; Richard-Zunino, Régimen de Cheques Ley 24.452, 3ª edición, pág.137; Zunino, Cheques, pág.154).
Y si bien la postura detallada en el párrafo anterior se mostraba uniforme en doctrina y jurisprudencia, no puede dejar de mencionarse la opinión de Gómez Leo, quien introduce un importante distingo en materia de cheque diferido. Sobre el particular expresa este autor: “Si el ChPD no es presentado al pago, en los términos indicados precedentemente, como le ocurre al cheque común, caduca como título de crédito cambiario. Sin embargo, consideramos que en su condición de instrumento de crédito, y no de pago, mantiene aptitud probatoria eficaz como instrumento quirografario, siendo idóneo, en nuestro concepto, para intentar la preparación de la vía ejecutiva, previo reconocimiento de firma, sin necesidad de tener que procurarse su cobro necesariamente por vía de un juicio de conocimiento, como en el caso de un cheque común perjudicado” (conf. Tratado de los Cheques, pág.493; ver también Gómez Leo, Títulos Valores y Títulos Cambiarios, Edición actualizada y ampliada, Bs. As. 2018, pág.957: lo destacado es propio).
En esta misma línea parece inscribirse el fallo citado por la parte actora, donde se resolvió que “la ejecución de cheques de pago diferido que no fueron presentados oportunamente al cobro es procedente, si la defensa de inhabilidad de título articulada no se fundó en la negativa de las firmas insertas en los documentos, sino en la aseveración de que carecían de fuerza ejecutiva propia de los títulos cambiarios, pues el mencionado reconocimiento de la firma importó también reconocimiento de lo expuesto en el cuerpo de esos instrumentos (art.314, Código Civil y Comercial)” (CNCOM., sala C, 27/9/2018, “Starobinsky”, sumario publicado en L.L. 2018-E, 469, TR LA LEY AR/JUR/47973/2018).
Ahora bien, pese al esfuerzo argumental realizado por el apelante, la solución elaborada por Gómez Leo no puede extenderse -en modo alguno- al supuesto de autos, puesto que en los presentes actuados no hubo preparación de la vía ejecutiva (arts.523 inc.1, 524, 525 y 526 del Cód. Proc.), y el ejecutado ha negado -expresamente- haber suscripto los cheques en que se basa la ejecución (ver apartado I, último párrafo, y apartado II del presente voto). En suma, según dicha postura doctrinaria, el cheque de pago diferido que ha visto perjudicada su acción cambiaria, puede erigirse en un título hábil para transitar la vía ejecutiva en el carácter de instrumento quirografario, siempre y cuando haya quedado reconocida la firma del obligado al pago, ya sea por el reconocimiento de éste (art.314 del CCCN) o mediante el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva (arts.523, 524 y 525 del Código Procesal). Ninguna de estas situaciones ha acontecido en el caso de autos, donde -como ya lo señaléno se cumplimentó el ineludible trámite de preparación de la vía ejecutiva -en virtud de la resolución de fecha 28/8/20 no impugnada por la actora-, ni tampoco medió reconocimiento por parte del ejecutado, quien, por el contrario, negó haber suscripto los cheques en los que se basa la presente ejecución. En razón de estas consideraciones debe desestimarse el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, siendo innecesario abordar las restantes argumentaciones vertidas por ésta, pues es sabido que el juez no está compelido a tratar todos los planteos esgrimidos por las partes, sino sólo aquellos que sean conducentes a la solución del caso (esta Sala, causa n° 65.889, ”Bianco…”, sentencia del 9/12/2020, entre muchas otras).
Es por ello que, sobre la base de los fundamentos dados en el presente voto, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fecha 5/3/2021, en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y rechazó la demanda ejecutiva interpuesta por la actora; con costas a cargo de la accionante que ha resultado vencida (arts.68, 556 y ccs. del Cód. Proc.). En cuanto a las costas de alzada, también deben imponerse a la actora apelante, en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en esta sede recursiva (citados arts.68 y 556 del Cód. Proc.). Lo atinente a los honorarios profesionales se abordará en la segunda cuestión.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior y por los fundamentos dados en la presente sentencia, se resuelve:
1. Confirmar la sentencia apelada de fecha 5/3/2021, en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y rechazó la demanda ejecutiva interpuesta por la actora; con costas a cargo de la accionante que ha resultado vencida (arts.68, 556 y ccs. del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la actora apelante, en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en esta sede recursiva (citados arts.68 y 556 del Cód. Proc.). 3) Difiérese la regulación de honorarios del Dr. Hugo Daniel Mordau, hasta el efectivo cumplimiento con lo normado por los arts. 3 de la Ley 8480 y 13 de la Ley 6716 (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-
Azul, 19 de Agosto de 2021.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fecha 5/3/2021, en cuanto acogió la excepción de prescripción opuesta por el ejecutado y rechazó la demanda ejecutiva interpuesta por la actora; con costas a cargo de la accionante que ha resultado vencida (arts.68, 556 y ccs. del Cód. Proc.). 2) Imponer las costas de alzada a la actora apelante, en virtud del resultado desfavorable que obtuvo en esta sede recursiva (citados arts.68 y 556 del Cód. Proc.). 3) Difiérese la regulación de honorarios del Dr. Hugo Daniel Mordau, hasta el efectivo cumplimiento con lo normado por los arts. 3 de la Ley 8480 y 13 de la Ley 6716 (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese a las partes por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia