Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-1984/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 514/524 y, en consecuencia, casar la resolución de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 504/508.-
2Componer positivamente la litis, confirmando la resolución de foja 454 y vta. y la providencia de foja 465.-
3Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 CPC y C).-
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: F-1984/14-TSJ Interlocutorio N°: 634.-
Actor: FERRO GUILLERMO MIGUEL Demandado: BENITEZ ARNOLDO Objeto: ORDINARIO Fecha: 07-08-2018 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 634 FOLIO Nº 3648/3652 PROT. ELECT. TSS1 016 S.181
Río Gallegos, 07 de agosto de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “FERRO GUILLERMO MIGUEL c/ BENITEZ ARNOLDO s/ ORDINARIO”, Expte. Nº F-24.446/06 (F-1984/14-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Ricardo Jorge Díaz (cfr. fs. 514/524), contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 504/508. Esta última declaró la nulidad de la resolución, obrante a foja 454 y vta., que declaró la caducidad de la Instancia.- En el escrito de casación se afirma que no se han respetado las garantías del debido proceso legal, ni de la defensa en juicio consagradas en las Constituciones Nacional y Provincial (cfr. fs. 514 vta./515 y 517). Expresa que ha existido quebrantamiento de forma, por violación de las solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento y la sentencia; como así también violación de la ley (cfr. foja 515).-
Añade que se han “...violado arteramente normas constitucionales y procesales, de las más elementales, como es el principio rector de cosa juzgada, con una (sic) fallo, al que califico de antijurídico, ilegal, arbitrario y sin lógica jurídica. Este fallo es violatorio de los derechos consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.” (cfr. fs. 514 vta./515). Entiende que la sentencia atacada prescinde de lo dispuesto en el artículo 164, inciso 6° del CPC y C, que se aparta de las normas positivas que rigen el proceso y que admite un recurso de nulidad fuera de todos los plazos legales. Circunstancias que a su criterio constituyen prevaricato (cfr. foja 515 y vta.).- A ello agrega: “Entendemos, que el fallo que atacamos, ha incurrido en violación de la Ley, desde el momento que viola, y borra de un plumazo, todas las normas procesales que rigen la materia, es decir, violenta la ley, al declarar válidos los actos efectuados, el fallo atacado no resiste análisis.” (cfr. foja 516 vta.). Expresa asimismo, que “...la sentencia se funda únicamente en la voluntad de los señores magistrados que suscriben el fallo, con total abstracción de los hechos acaecidos en la causa, dado que, ni una sola palabra dicen sobre que el actor estuvo debidamente notificado de todas y cada una de las contingencias del proceso.” (cfr. fs. 516 vta./517).- Añade que todos los actos procesales fueron consentidos, “...pero la Cámara crea, insólitamente, un instituto no previsto por la ley, afectando, el debido proceso, defensa en juicio, el derecho de propiedad, nada de ello trata el escueto, ilegal y ‘precario fallo’.” (cfr. foja 517). Considera que la Cámara no ha efectuado una correcta aplicación del derecho, y que por ello existe una violación o error de aplicación de la ley (cfr. foja cit.).- Asimismo, alega como fundamento de su recurso la violación de la doctrina legal en la que habría incurrido el fallo dictado (cfr. foja 518).-
Señala que el actor reconoció expresamente que estaba debidamente notificado de la resolución que dispuso la caducidad de instancia y que, en consecuencia, conoció el supuesto vicio que la aquejaba con una antelación de dos meses a la presentación de su pedido de nulidad. Por este motivo, afirma que corresponde presumir que no le ocasiona perjuicio al actor y que ha renunciado a la impugnación (cfr. foja 519).-
Refiere que según el artículo 170 del CPC y C, la nulidad de un acto procesal no podrá ser declarada cuando haya mediado consentimiento tácito, es decir, cuando no se promueva el incidente dentro de los cinco días del conocimiento del acto (cfr. foja 520 vta.). Señala que se violaron los artículos 170/173 del CPC y C que regulan el instituto de la nulidad de forma artera y maliciosa (cfr. foja 521).-
Expresa que: “...la Cámara de Apelaciones, maliciosamente, tergiversa la doctrina explicada por el Dr. Jorge W. Peyrano, en su obra, ‘La Impugnación de la Sentencia Firme’, ya que el mencionado autor, nos enseña que ello podría darse en casos excepcionalísimos, que nada tienen que ver con el caso de autos...” (cfr. foja 521 y vta.). Luego de definir lo que a su entender significa el instituto de la cosa juzgada, señala las circunstancias en que podría ser alterado.- Hace reserva del caso federal (cfr. foja 523 y vta.).-
II. Que declarado formalmente admisible el recurso de casación, a foja 526 y vta., este Tribunal lo declara bien concedido a foja 551 y vta.; y se ponen los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el actual artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.
Solamente el actor hace uso de las facultades que le otorga dicha norma (cfr. certif. foja 561). Señala que el fallo fue fundado, que no es arbitrario y remite a doctrina y jurisprudencia de aplicación. Por último, peticiona que se rechace el recurso de casación (cfr. 559).-
A fs. 562/563 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante por ante este Tribunal Superior de Justicia, quien sostiene, por las razones que allí expone y a las cuales me remito brevitatis causae, que: “…no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada.” (cfr. foja 563 vta.).-
A foja 565 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 566 pasan los presentes a estudio, suspendido el mismo se reanuda y vuelven los presentes a estudio a foja 570.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria articulada por la recurrente, ella se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido en los artículos 2 y 3, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Por cuanto el recurso se fundamenta en la violación de los artículos 17 y 18 de la CN; de la doctrina legal; quebrantamiento de forma (arts. 164, inc. 6°, 170 a 173 del CPC y C); y arbitrariedad.- Sucintamente, el caso se presenta en los siguientes términos: El Dr. Guillermo Miguel Ferro, por derecho propio, promovió acción de revisión de contrato de compraventa, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1198 del CC (teoría de la imprevisión). Al respecto solicitó que se reajusten judicialmente los montos que le habría abonado el demandado con posterioridad al 3 de diciembre de 2001 en virtud de un contrato de compraventa inmobiliario entre el Dr. Guillermo Ferro (actor-vendedor) y el Sr. Arnoldo Benítez (demandado-comprador) (cfr. fs. 23/38). Este último, por intermedio de sus apoderados, opone excepción de incompetencia, subsidiariamente contesta la demanda, solicita su rechazo y la imposición de costas a la contraria (cfr. fs. 96/106).- A foja 444 y vta., la parte demandada solicita se decrete la caducidad de instancia en razón de haber transcurrido el plazo de seis meses establecido en el artículo 218 del CPC y C, sin que la parte actora haya instado el proceso. Conforme ello, a foja 451 el actor es debidamente notificado, sin realizar presentación alguna.-
Como consecuencia de lo expuesto, a foja 454 y vta., el 6 de agosto de 2013, el Juez Subrogante de Primera Instancia decretó la caducidad de la instancia, con costas a cargo del actor. Esta resolución fue notificada a este último por cédula el 20 de agosto de 2013 (cfr. foja 456 y vta.). El 25 de septiembre de 2013, el Dr. Guillermo Ferro promueve incidente de nulidad de aquella resolución (cfr. fs. 462/464), petición que es rechazada por el Juez de Primera Instancia por extemporánea a foja 465. Interpuesto el recurso de revocatoria con apelación en subsidio a foja 466/476, se rechaza el primero y se concede la apelación a foja 477, en virtud del cual la Excma. Cámara de Apelaciones declara la nulidad de la sentencia que decretara la caducidad de instancia (cfr. fs. 504/508).- Expresado ello, cabe resaltar en primer lugar, que del cotejo de las fechas en que acaecieron los actos procesales mencionados se constata que el incidente del pedido de nulidad fue extemporáneo, siendo ajustada a derecho la providencia de foja 465.
La recurrente dejó pasar con creces el plazo del cual disponía para promover el incidente de nulidad de la resolución de marras (cinco días); realizándolo luego de más de un mes de que fuera debidamente notificado por cédula. De esta forma, el actor consintió la declaración de caducidad y quedaron subsanados los posibles defectos de los cuales pudiera padecer.- Sobre esta cuestión el artículo 171 del CPC y C (tanto en la redacción del Código derogado como en la actual) establece: “SUBSANACION. La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se promoviere incidente de nulidad dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto.”.- Sobre esta disposición se ha dicho: “El principio de subsanación (o de conservación, o de convalidación, según algunos autores) que consagra este artículo indica -tal como lo señalamos al comentar el artículo 169- que las nulidades procesales son todas convalidables, sea el acto nulo o anulable, a diferencia del régimen civil.
De tal modo, se ha entendido que ‘la disposición del artículo 170 del Código Procesal responde al principio según el cual, si la parte que tiene en su mano el medio de impugnación no lo hace valer en el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento y, en ese caso, su conformidad trae aparejada la aceptación (conf. Couture, E., Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1983, ps. 395/6, N° 225), ya que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la de obtener actos procesales firmes sobre los cuales se pueda consolidar el derecho’. Por lo tanto, si la parte hubiera consentido expresamente, o bien tácitamente dejando transcurrir el plazo que informa el segundo párrafo de la norma, sin manifestar su disconformidad (consentimiento tácito), la interpretación debe apuntar a mantener la validez del acto, pues las nulidades además se interpretan todas en forma restrictiva.” (cfr.
Roland Arazi, y Jorge Rojas, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Comentado anotado y concordado con los Códigos Provinciales, 2º Edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, Tomo I, págs. 689/690).- Cabe señalar que el actor no expresó agravios con relación a la extemporaneidad del incidente de nulidad promovido sino solo respecto a la resolución que decretara la caducidad de instancia, agravio este que marcó el límite de la Alzada.-
Establecido ello con meridiana claridad, debemos abocarnos a los agravios sobre lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones en los presentes.-
Así, se decide en el punto 2° de su resolución: “Admítase excepcionalmente por las particularidades de la causa la vía incidental elegida y declárase la nulidad de la sentencia interlocutoria de fs. 454 viciada de un claro error de cómputo que la torna írrita y lo actuado con posterioridad…” (cfr. foja 508).-
Debemos analizar entonces, si en los presentes nos hallamos ante una resolución que declara la caducidad de instancia que pueda considerarse como “irrita”. Es decir, que contenga un error judicial de tal magnitud que amerite por ende su nulidad.-
IV. Así, el fundamento que la Excma. Cámara de Apelaciones a los efectos de nulificar la sentencia interlocutoria es el siguiente: “...es claro que durante ese plazo de seis meses considerado por el magistrado transcurrió el receso invernal...No se nos escapa que hay quienes han querido hacer la distinción entre feria y receso invernal en una interpretación ritualista que choca contra el carácter restrictivo propio de la caducidad de la instancia que presume un desistimiento tácito por la inactividad de la parte. No lo compartimos. Nuestro código de rito se refiere a ‘ferias’ en plural y esto sólo indica que la feria judicial y el receso invernal se encuentran incluidas, aunque no los feriados que pueden estar inmediatamente antes y después del inicio y la finalización...” (cfr. foja 506 vta.).- Como se aprecia, el fundamento de la Alzada es un criterio; una opinión incluso, que puede o no ser compartida. Este basamento, como es lógico concluir, jamás puede ser considerado como un error judicial que acarree una nulidad. Es, lisa y llanamente, un criterio, entendido como un juicio o discernimiento.-
Al respecto se ha expresado: “…no podrá utilizarse este remedio [revisión de la cosa juzgada] para superar deficiencias de procedimiento aparecidas durante la tramitación de la causa o errores de criterio que puede contener la decisión.” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Revisión de la cosa juzgada”, Librería Editorial Platense, 2da. ed., La Plata, 2001, pág. 255).-
Una decisión como la traída a estudio de este Tribunal, significa en los hechos retrotraer el proceso a instancias ya superadas, vulnerando el principio de preclusión, consagrado en artículo 156 del CPC y C, y la garantía de la cosa juzgada (cfr. art. 18 de la Constitución Nacional).-
Debe recordarse, que la cosa juzgada, “...además de caracterizarse por su inmutabilidad, también es inimpugnable y coercible. Sus efectos se proyectan al pasado, a través de la exceptio res iudicata, conferida al vencedor para frustrar cualquier posibilidad de reabrir el debate. También se aplica hacia el futuro, por cuanto se lo faculta a lograr la ejecución forzada, a través de la actio iudicati. Se ha sostenido que la cosa juzgada protege tanto al interés particular como público. En cuanto al primero, porque pone fin a la controversia y permite la ejecución de lo resuelto judicialmente. En lo que hace al interés público, al dictarse sentencia, de la misma resulta una norma individualizada, la que en adelante no podrá ser nuevamente discutida o examinada […] Otro aspecto a tener en cuenta, dada su gran trascendencia, es la de la violación que puede inferirse a la cosa juzgada.
La misma reviste carácter de orden público, por lo que se debe evitar la morosidad en la finalización del proceso, dilatando el acatamiento de la cosa juzgada, la que acuerda seguridad jurídica y es importante no sólo para los intereses personales de las partes, sino también a los intereses generales de la sociedad. En tal sentido se ha dicho que ‘La estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto de seguridad jurídica, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional’ (CSJN, 24-11-88, Rep. ED, 23-213, 13-S en Zavala de González, Matilde, ‘Doctrina Judicial — Solución de casos 4’, Alveroni Ediciones, Córdoba, 2001. Pág 111).” (cfr. María Magdalena López Carusillo y Daniel Colombatti, “Algunas precisiones sobre la institución de la cosa juzgada”; www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/DOC/2471/2008).- Así, se ha expresado: “La sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada gana los atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, se trata de una solución definitiva, concluyente, determinada: es la última palabra de la justicia, la aplicación de la voluntad de la ley para el caso concreto, que no cabe alterar, variar o modificar.” (cfr. sum. SCBA, “Gelatti Ernesto c/ Danussi y Cía. S.A. Quiebra s/ Ejecución de sentencia de escrituración”, causa Ac. 54404 S 1-4-1997, “Bonomi Hugo c/ Shell C.A.P.S.A s/ Desalojo”, Ac 75569 S 12-7-2000 y “Eslaiman Héctor Rubén y otra c/ Emafel S.R.L. s/ Incidente de restitución de inmueble”, Ac 82827 S 9-10-2003); y “El efecto de la cosa juzgada es el de la imposibilidad de alterar lo decidido que debe permanecer inmutable, por lo que infringe tales efectos el fallo que altera lo resuelto en un pronunciamiento firme.” (cfr. sum.
SCBA, “Compañia Financiera "Sic" S.A. c/Di Cicco, Mariano y otros s/Cobro ejecutivo con garantía hipotecaria”, Ac 40824 S 7-7-1989, “Carpinetti de Goicochea, Nélida s/Pedido de su propia quiebra”, Ac 47326 S 7-11-1995 y “De Otazúa, Héctor Ignacio c/Díaz, Israel s/Resolución de contrato, daños y perjuicios, desalojo”, Ac 75634 S 13-12-2000).- De manera que, so pretexto de aplicar un determinado criterio, no pudo la Excma. Cámara de Apelaciones válidamente alterar -como lo hizo- el principio de la cosa juzgada.-
Ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que la firmeza de los actos procesales es, en efecto, una necesidad jurídica que justifica su validez, no obstante los vicios que pudieran presentar (cfr. sum. “Corazza Gelindo Alfredo c/ Zelada Agustín César s/ Reajuste resolución boleto compraventa. Desalojo. Daños y perjuicios”, causa Ac. 34.675, S 5-09-1986; “Zavaleta de Fahey Dominga Saturnina s/ Sucesión”, causa Ac. 47.714, S 13-10-1992; “Ongaro Alberto D. c/ Mingrone Agustín s/ Ejecución de sentencia”, causa Ac. 52.906, S 19-12-1995”), y también que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, esto es, la seguridad y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (cfr. “Boschetti, Rubén Darío c/ Mario Medina Construcciones y/o Medina, Mario s/ Cobro de pesos y daños”, causa Ac. 73.412, S 22-11-2000, entre muchas).- En este sentido, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho reiteradamente que, en principio: “El respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional, y por ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior” (Fallos 317:161).- Y también: “Que tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas, o que se reabran los plazos procesales transcurridos, o se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (Fallos: 320:1670, entre muchos otros).” (cfr. CSJN, “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ejecución fiscal”, O. 27. XLIX. ORI, del 11 de agosto de 2015).- En definitiva, el proceso concluyó con el dictado de la caducidad de instancia y con el respeto a la garantía del debido proceso, por lo cual la Excma. Cámara de Apelaciones no podía dejar sin efecto tal decisión en función de planteos extemporáneos y criterios personales.-
Finalmente nos referiremos al pretenso agravio referido a que la Cámara habría maliciosamente tergiversado la doctrina de Peyrano expuesta en la obra que dirigió: “La Impugnación de la Sentencia Firme” (cfr. fs. 521/522).-
En dicha obra, se expresa: “…un sector de la doctrina encabezada por Peyrano...prefiere denominar vicios intrínsecos precisamente a los sustanciales, es decir a los vicios de voluntad que se pueden anidar en los actos procesales omitidos en su mención por los códigos de rito encontrando excepcionalmente su captación en la retractación de la confesión provocada por error...e implícito en la excepción de falta de personalidad del actor [...] En realidad todos están contestes en que para voltear una sentencia arropada de la cosa juzgada se necesita algo más que los vicios comunes del procedimiento y de la forma de redactar la sentencia, es decir que el virus sea robusto, esencial y que demostrado se vea protuberante en la injusticia del fallo atacado.
Por eso los vicios que autorizan la revisión de la cosa juzgada en principio son sustanciales.” (cfr. Jorge W. Peyrano, Director; Carlos Alberto Carbone, Coordinador; “La Impugnación de la Sentencia Firme”, Tomo I, Teoría General. Procedimiento, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, págs. 84/85).- Asimismo se explica refiriéndose a los vicios extrínsecos del acto atacado, que para Peyrano son “circunstancias”, “…porque en nuestro país no solamente se revisó la sentencia cuando hubo dolo, fraude o nulidades procesales, sino también cuando otras circunstancias nulificaron el valor de la misma, como ser: los regímenes políticos, la falta de independencia del Poder Judicial, la variación notoria de la economía del país por los fenómenos de la hiperinflación o la desindexación que la convirtieron en írrita, o por abuso del derecho, error esencial, en la inteligencia de que se dan en forma extrínseca al proceso, circunstancias que lo vuelven notoriamente injusto y que en definitiva no cumplen el fin del proceso que es hacer justicia.
Después del largo derrotero encarado para analizar las diversas hipótesis de revisión de un fallo firme en ausencia de norma que lo respalde, no está de más intentar una enumeración de las causales del siguiente modo, en un tríptico que puede dividirse genéricamente sea que la causa de revisión refiera: 1) A la actividad del juez, tal si medió error de hecho en la plataforma fáctica que dio origen al pronunciamiento atacado; 2) a la actitud de las partes, como el caso de que alguna de ellas omita procedimientos idóneos para realizar el acto procesal, y 3) a las pruebas, por ejemplo cuando la argucia de la parte conduce al juez a considerar inexistentes pruebas oportunamente producidas.” (cfr. autor y ob cit., pág. 86).- Como se aprecia con meridiana claridad, lo transcripto no hace más que reafirmar lo expuesto a lo largo de la presente sentencia, en cuanto a que un criterio no puede fundar la declaración como írrita de una sentencia pasada en autoridad de cosa jugada.
Sólo en muy graves y excepcionales situaciones tal decisión puede tomarse; como el mismo autor citado lo afirma.-
V. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 514/524, y en consecuencia casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 504/508, dejándola sin efecto. Componer positivamente la litis, confirmando la resolución de foja 454 y vta., que decretara la caducidad de instancia en los presentes y la providencia de foja 465.- Las costas del presente recurso se imponen al actor, sobre la base del principio objetivo de la derrota (artículo 68 del CPC y C), difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 514/524 y, en consecuencia, casar la resolución de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 504/508.-
2. Componer positivamente la litis, confirmando la resolución de foja 454 y vta. y la providencia de foja 465.-
3. Imponer las costas a la actora vencida (art. 68 CPC y C).-
4. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervi-nientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y en uso de licencia compensatoria de Receso Invernal la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016S.181 Tomo: XIX Interlocutorio: 634.-
Folio N°: 3648/3652.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia