Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-709/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Dr. Guillermo Miguel Ferro a fs. 46/54, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
2Rechazando el planteo por temeridad y malicia efectuado por el actor a fs. 178/180.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: F-709/12-TSJ Sentencia N°: 1128 Actor: FERRO GUILLERMO MIGUEL Demandado: CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 12/07/23 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1128 FOLIO Nº 3632/3637 PROT. ELECT. TSS1 015 C.231
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 12 días del mes de julio de dos mil veintitrés, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “FERRO GUILLERMO MIGUEL c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-709/12-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 2º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión el Dr. Mariani dijo:
I. Que a fs. 46/54, el Sr. Guillermo Miguel Ferro, por su propio derecho, promueve demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz “…con el objeto de impugnar el Acuerdo 1991 de fecha 03 de Agosto de 2011, dictado por el Directorio de la accionada, por cuanto el mismo resulta ser una acto administrativo viciado, ya que omite tomar en cuenta las remuneraciones devengadas en el período a que se refiere la sentencia dictada en los autos caratulados: “Ferro Guillermo Miguel c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Pesos (sic)”, Expte. N° F-4402/90, de trámite por ante el Juzgado Provincial de Primera Instancia N° Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Ello en virtud de que puede resultar el mejor período remunerado durante la época de aportes, y ser de ese modo más beneficioso que el cargo base tenido en cuenta. Asimismo se reclama que la accionada establezca el haber actual de la categoría de referencia, con aplicación de la Ley Provincial 1597, de plena vigencia en la actualidad, para determinar su actualización. Se solicita por último, abone las diferencias que pudieran resultar, desde el inicio del pago del primer haber jubilatorio, con los intereses por mora correspondientes a una vez y media la tasa activa de uso judicial; todo ello con costas.” (cfr. foja 46).-
Afirma que: “Se ha resuelto en las actuaciones mencionadas, que corresponde acoger favorablemente el reclamo respecto a la aplicación de lo establecido en la Ley Provincial 1597 para la liquidación de haberes correspondientes al período transcurrido entre Octubre de 1988 a Octubre de 1990, habiendo adquirido firmeza la Sentencia dictada en ese sentido encontrándose la misma en estado de ejecución. En virtud de ello, resulta que al determinarse la base del cálculo del haber previsional de mi parte, debe tenerse en cuenta ese parámetro para considerarlo de aplicación si resulta que supera el adoptado por la entidad previsional al dictar el Acuerdo 1991, en el que se expide al respecto.” (cfr. fs. 46 vta./47).-
Manifiesta que: “Claramente se evidencia, y se comprobará compulsando el expediente en el que se ha tramitado el otorgamiento de la jubilación del accionante, que no se ha tomado en cuenta para calcular el monto que corresponde al cargo base lo resuelto en la sentencia dictada...” (cfr. foja 47).-
Refiere que: “Para establecer si existe un resultado de mayor valor teniendo en cuenta ese fallo, deberá tomarse el sueldo correspondiente a ese período en los términos en que lo ha establecido la sentencia allí dictada, y luego se efectuará la actualización del mismo y del parámetro tomado por la entidad previsional hasta la fecha, determinando cual es el que brinda el mejor resultado, estableciéndose así en forma definitiva la suma que ha de liquidarse como cargo base del haber jubilatorio.” (cfr. foja 47 vta.).-
A continuación describe cómo es que a su entender debería realizarse la actualización de la base indicada.- Al respecto indica que: “A los fines aquí peticionados deberá tenerse en cuenta que durante el término de tiempo referido (Octubre de 1988 a Octubre de 1990), los haberes devengados debieron corresponder a un cuarenta por ciento (40 %) de los que percibieran los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con excepción de algunos pocos meses en que el porcentual aplicable resultó ser del treinta y siete por ciento (37%), por lo que aplicar el Ochenta y Tres por ciento (83 %) reconocido por el ente previsional como base de los haberes previsionales (ver Acuerdo impugnado), y de constatarse que el período antedicho resulta ser el de mejor remuneración por un período sucesivo de veinticuatro (24) meses en los años de aporte previos a la obtención de[l] beneficio, correspondería adoptar ese parámetro, y para liquidarlo, requerir mensualmente la información correspondiente al haber del Magistrado de la CSJN (tal como se efectuara en tiempos en que tuviera plena aplicación la Ley 1597 para los activos) y sobre éste deducir el promedio que corresponda de entre los dos porcentuales referidos (37% y 40%), como mejor haber percibido durante esos veinticuatro (24) meses, para luego establecer el monto del ochenta y tres por ciento (83%) ya aludido. Ello en aplicación de lo establecido en el artículo 122° de la normativa previsional provincial, en la redacción aplicable al caso que nos ocupa (previa a la última modificación), que en lo pertinente expresa: ‘Los haberes de los beneficiarios serán móviles; a los efectos de la movilidad, el haber jubilatorio o pensionario, será ajustado automáticamente, en forma directa e individual, en función de las modificaciones que se produzcan en las remuneraciones del personal, en actividad, que revistare en el mismo cargo o cargos, y la categoría que generaron el (sic) haber inicial...’.” (cfr. fs. 50 y vta.).-
Sostiene que: “...al suscripto le corresponde la aplicación de la Ley N° 1782 en su redacción anterior a la última reforma, siendo entonces de aplicación los mencionados artículos en la redacción transcripta, siendo que se debe establecer el monto de la remuneración a percibir por el personal en actividad en la categoría en que el actor se desempeñara...Ello así, la referida Ley 1597 continúa en vigencia, y su falta de aplicación en la liquidación de los haberes del personal en actividad no obsta a que se establezca la base del haber jubilatorio del aquí accionante, aplicándola, puesto que el período reconocido en la sentencia señalada lo establece, y lo allí sostenido mantiene plena vigencia ya que no ha existido derogación posterior de esa normativa.” (cfr. foja 51).-
Finalmente, bajo el título impuesto a las ganancias, cita un fallo en el cual se sostiene que no corresponde afectar impositivamente el saldo retroactivo, pues la percepción de las acreencias de esta naturaleza no pueden constituir nunca un hecho imponible y menos todavía ser pasible de gravamen alguno, sin colocar en serio riesgo el principio de integralidad del que gozan las prestaciones previsionales (cfr. foja 52 vta.).-
Ofrece prueba (cfr. fs. 53 y vta.).-
II. Que a fs. 73/76 vta. la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz contesta demanda. Comienza negando los hechos y el derecho invocados por la actora.-
Expresa: “En primer lugar, la Caja de Previsión de la Provincia de Santa Cruz, liquida los haberes de los jubilados conforme el porcentaje, que por imperio del art. 55 de la Ley Provincial N° 1782 y modificatorias, le corresponde al beneficiario de una jubilación ordinaria...En el presente caso, el actor pretende que la Caja de Previsión Social liquide en forma particular y por fuera de la escala salarial vigente para el personal dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, tomando como base de cálculo un porcentaje de la escala salarial del Poder Judicial de la Nación Argentina...Esta exigencia de parte del Sr. Ferro, es absolutamente contraria a las disposiciones establecidas en el art. 55 de la Ley Provincial N° 1782 [...] Que de otro modo, se le estaría reconociendo al actor un ascenso en pasividad, cuestión totalmente vetada por la normativa previsional vigente.” (cfr. fs. 73 vta./74).- Respecto de la fijación del haber jubilatorio, manifiesta que: “En cuanto a la omisión de tomar en cuenta las remuneraciones devengadas en el período a que se refiere la sentencia dictada en autos caratulados: ‘Ferro...’ debemos tener en cuenta que la Caja de Previsión, para la liquidación de los haberes, sólo toma en consideración las remuneraciones sujetas a aportes, tal cual lo determinan los arts. 14 y 15 de la citada normativa previsional [...] Que por otro lado es importante hacer notar a V.E. que, sobre los importes abonados mediante la sentencia obtenida en los autos ut supra aludidos, el titular del beneficio, no ha abonado los aportes personales que le correspondió efectuar.” (cfr. fs. 74 y vta.).- Respecto del pago retroactivo de las diferencias remuneratorias no percibidas por el demandante solicita: “...su rechazo in limine por no resultar esta una cuestión estrictamente administrativa, sino por el contrario regida por las normas del Código Civil.” (cfr. foja 75). Al respecto, menciona el artículo 3° del CPCA, Ley N° 2600.-
Ofrece prueba y funda su derecho (cfr. fs. 75 vta./76).-
A fs. 82/83 contesta vista el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que: “…es formalmente admisible la demanda instaurada en cuanto al cuestionamiento del acto administrativo referido…”, pudiendo ingresar este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones, “aunque resulta inadmisible su intervención si hablamos de cuestiones patrimoniales, en este caso el reclamo por pago retroactivo de las diferencias remunerativas no percibidas por el demandante…” (cfr. foja 83).-
A foja 85 se ordenó la apertura a prueba de la causa y puestas las presentes actuaciones a disposición de las partes para alegar a foja 171 vta., hicieron uso de ese derecho la demandada a fs. 174/176 y la actora a fs. 178/180.-
Esta última, afirma que: “...la negligencia mostrada por la parte demandada dilató injustificadamente el trámite de éstas actuaciones por un período superior a dos años, circunstancia que habilita la imposición de la multa prevista por el art. 45 del CPCyC, por aplicación de la remisión impuesta por el articulo 71 del CPCA, lo que así dejo solicitado.” (cfr. foja 178 vta.).-
De lo manifestado por la actora se corrió traslado a la parte demandada a foja 181, sin que la misma se manifestara al respecto (cfr. foja 182).-
Se llaman autos para sentencia a foja 182 vta., pasando a estudio a foja 183.-
III. Que el Sr. Guillermo Miguel Ferro, interpuso acción contencioso administrativa, tendiente a obtener se declare la nulidad del Acuerdo N° 1991 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz del 3 de agosto de 2011, por considerarlo un acto administrativo viciado, ya que habría omitido tomar en cuenta las remuneraciones devengadas en el período referido en la sentencia dictada en los autos caratulados: “Ferro Guillermo Miguel c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Australes”, Expte. N° F-4402/90, que tramitaran por ante el Juzgado de Primera Instancia N° 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Caleta Olivia.-
Así, esta omisión lo priva de encontrarse mejor remunerado, “…y ser de ese modo más beneficioso que el cargo base tenido en cuenta.” (cfr. foja 46).-
También, reclama que la Caja de Previsión: “… establezca el haber actual de la categoría de referencia, con aplicación de la Ley Provincial 1597... para determinar su actualización.” (cfr. foja cit.). Finalmente, solicita que se abonen conforme resultara de aplicar lo solicitado.-
IV. En primer lugar, debemos referirnos a la sentencia dictada en los autos citados.-
En dicha sentencia, se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por el hoy actor por las diferencias salariales resultantes de la inaplicación por parte del Poder Ejecutivo Provincial de lo dispuesto en su momento en la Ley Provincial N° 1.597.-
Entre sus fundamentos se expresa: “…la ley 1597 que a partir del 1° de Enero de 1984, ordenaba determinar la remuneración de Magistrados, Funcionarios y Personal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, en base a un porcentual de la remuneración que por todo concepto percibieran los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estaba vigente al momento de la promoción de la acción, era operativa y debió ser respetada y cumplida por el Estado Provincial.” (cfr. foja 894 de los autos citados precedentemente; ofrecidos como prueba instrumental por la actora a foja 53 vta., punto 2, y por la parte demandada a foja 76, punto 3; y reservada en secretaría conforme constancia de foja 127).- Es por ello, que se decidió hacer lugar parcialmente al reclamo por diferencias salariales desde el mes de octubre de 1988 al 1° de octubre de 1990 (fecha de promoción de la acción).-
V. Por otro lado, conforme el Acuerdo N° 1991/11 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, el 3 de agosto de 2011 se le concede el beneficio de la jubilación ordinaria al accionante, sin considerar las diferencias salariales que se le reconocieran desde el mes de octubre de 1988 al 1° de octubre de 1990.-
VI. Como se ha expresado precedentemente en la sentencia dictada el 23 de abril de 2009 en la causa “Ferro…”, se dispuso hacer lugar parcialmente al reclamo por diferencias salariales desde el mes de octubre de 1988 al 1° de octubre de 1990 (fecha de promoción de la acción). Evidentemente, jamás se realizó aporte previsional alguno sobre estas diferencias salariales reconocidas judicialmente recién en el año 2009.-
Al respecto, este Tribunal Superior ha expresado que: “...en el sistema previsional argentino la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad, atento su naturaleza sustitutiva (confr. CSJN, Fallos 279:389; 280:424; 292:447; 310:991)...” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo VI, Reg. 461, Folio 1181/1185).-
Este principio se encuentra receptado en el art. 122 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones Nº 1782, al establecerse que “...los haberes de los beneficios serán móviles a los efectos de la movilidad, el haber jubilatorio o pensionario, será ajustado automáticamente, en forma directa e individual, en función de las modificaciones que se produzcan en las remuneraciones del personal, en actividad, que revistare en el mismo cargo o cargos, la categoría o categorías que generaron el haber inicial, o que fueron utilizados para reajustar el haber...”.-
Nuestro sistema previsional, garantiza así una adecuada proporción entre lo aportado y el haber jubilatorio obtenido por el aportante, autorizándose su equiparación en los casos que dicho cargo base hubiera sido suprimido o reestructurado y de acuerdo a la remuneración original, supuestos distintos del presente, que ameritaron oportuno pronunciamiento de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XII, Reg. 830, Folio 2353/2357 y XVI, Reg. 1019, Folio 3163/3169).- En efecto, debe mantenerse la proporcionalidad entre la situación patrimonial del beneficiario y la que le correspondería de continuar en actividad en el cargo tenido en cuenta para determinar el haber (doctr. causas B. 48.897 y sus citas; B. 50.624, “Abdala”, sent. 4-IV-89; B. 53.943, “Sánchez”, sent. 3- VIII-93; B. 53.156, “Salas”, sent. 28-IX-93) (cfr. SCBA, B 54813 S 2-3- 1999).-
Es por ello, que razonar en sentido contrario, de un lado, colocaría al ahora pasivo en una situación más favorable que aquélla en la que se encontraba siendo activo violentándose la proporcionalidad justificante de la norma en la que basa el actor su pretensión (cfr. doctrina causas B. 55.955, “Rodríguez del Pino”, sent. 2-VI-2004); y del otro, desoiría la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita la procedencia de la movilidad sólo mediando ciertos presupuestos básicos -entre los que cuenta a la prestación de servicios con aportes efectivos- que se vinculan con el necesario resguardo del equilibrio económico financiero del sistema (Fallos 310:2694 y SCBA, B 56786, S 26-11- 2008).-
Cabe señalar, que la ley previsional prescribe la correlación de las prestaciones jubilatorias con los haberes de los cargos que generaron el haber previsional y que perciben los activos. La identidad se establece en relación al cargo, entendido éste como nivel escalafonario y no en cambio de acuerdo a funciones desempeñadas. Es decir que no deben ponderarse las funciones para determinar el cargo base, salvo en el supuesto de que éste hubiese desaparecido. En resumen la base para determinar el haber está dada por el cargo escalafonario en abstracto, con total prescindencia del rango que eventualmente hubiera alcanzado el personal que accidentalmente ocupa (u ocupó con posterioridad al lapso de tiempo considerado) el mismo.-
Es decir, que no puede retrotraerse al tiempo en que la situación previsional del Sr. Ferro se encontraba bajo otra modalidad legal, y por el cual hubo una diferencia salarial que le fue reconocida judicialmente; siendo un tema que ya ha sido zanjado en los autos “Ferro…” citados precedentemente.-
Debe recalcarse, que la modificación de las estructuras legales previsionales, no transforman retroactivamente los cargos, ni modalidades presupuestarias, jubilatorias, etc; y no tienen por efecto la modificación de la situación previsional de los agentes, ya sea a favor como en perjuicio de sus intereses.- Es por ello, que lo intentado por el actor en su reclamo, es un aumento de su jubilación después de haber cesado en sus funciones y percibir haberes con relación a una remuneración respecto de la cual no efectuó aportes.-
A riesgo de mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que, tal como en otra oportunidad señalara este Tribunal, el cargo (o en este caso, lo percibido) por el que se reconoce el beneficio jubilatorio tiene que guardar relación con lo efectivamente aportado durante la vida activa. No debe ubicarse al pasivo en una categoría para la cual nunca realizó aportes previsionales (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVI, cit.).-
Además, y como ya se mencionara, la proporcionalidad debe existir, también, entre los haberes de activos y pasivos. Se hace necesaria la equiparación, en base a las tareas y funciones inherentes a las categorías escalafonarias antigua y actual a efectos de discernir si la modificación sufrida ha implicado una merma en los haberes del pasivo que agreda, más allá de lo razonable, (art. 28 de la CN) el derecho de propiedad.-
La Corte Suprema de la Nación ha fijado doctrina, según la cual, la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada esta y como débito de la comunidad por dicho servicio, razón por la cual el principio básico que se privilegia es el de la necesaria proporcionalidad entre el haber de pasividad y el de actividad (Fallos: 311:530).-
El Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido asimismo, que invariablemente debe existir un necesario equilibrio entre la remuneración de quien está en actividad y los haberes de la clase pasiva, utilizando el concepto de proporcionalidad entre la prestación previsional (jubilación y pensión) y el salario, señalando que la naturaleza sustitutiva de las prestaciones previsionales no admite inteligencia restrictiva de la obligación impuesta al Estado de otorgar jubilaciones y pensiones móviles (art. 14 bis de la CN). También destacó que la proporción justa y razonable entre el haber de la pasividad y la situación de los activos es consecuencia del carácter integral que la Constitución Nacional reconoce a dicho beneficio (Fallos: 328:1602). Lo que importa, como se ha dicho, es que los elementos constitutivos del “status” jubilatorio, resultante de la situación del agente al momento del cese, sean mantenidos y que no se opere en los hechos una retrogradación por obra de modificaciones escalafonarias que alteren en pasividad el nivel jerárquico que se tuvo en cuenta al concederse el beneficio (Fallos: 307:2366) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, fallo cit.).-
VII. Con relación a la petición del Sr. Ferro en cuanto a que no se le debe descontar el impuesto a las ganancias, este Tribunal no puede expedirse al respecto pues, como se dispone en el artículo 89 del CPCA, Ley N° 2600: “El Tribunal no podrá hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes.”.-
Es por lo expuesto, que su petición debe rechazarse.-
VIII. Por último, debe tratarse el planteo efectuado por la parte actora en su alegato (fs. 178/180), en cuanto considera que la parte demandada “…dilató injustificadamente el trámite de éstas actuaciones por un período superior a dos años...” (cfr. foja 178 vta.).-
Con este fundamento, solicita se declare temeraria y maliciosa la conducta de la misma, solicitando la aplicación de la multa prevista en el artículo 45 del CPCyC, por aplicación de la remisión prevista en el artículo 71 del CPCA, Ley N° 2600.- Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha expresado que es preciso ponderar que: “la sanción que prevé la mencionada norma procesal debe ser interpretada con criterio restrictivo y suma prudencia tratando de evitar el más mínimo menoscabo al ejercicio del derecho de defensa de las partes.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XI, Reg. 393, Folio 2130/2138).- No es ello un simple criterio genérico, sino una premisa insoslayable a los fines de la valoración de la procedencia de la sanción. Es a partir de este principio, que puede afirmarse que en el caso de autos no logra apreciarse en la actividad de la parte demandada un ejercicio abusivo en la actividad procesal o un exceso en el uso de la jurisdicción, como así tampoco una utilización arbitraria de los actos procesales con una finalidad meramente obstructiva destinada a dilatar el trámite del presente proceso.- En tal sentido, la existencia de temeridad y malicia debe apreciarse en forma nítida y manifiesta, con una conducta reveladora de la exclusiva intención de dilatar en forma abusiva e infundada el desarrollo del proceso. El artículo 45 del CPCyC, no tiene como fin sancionar la carencia de razones jurídicas de los litigantes, sino que ello se encuentre impulsado por una conducta evidentemente maliciosa. Es en este orden de ideas que no se observa en la parte demandada tal conducta intencionada.- Es por ello que debe rechazarse el planteo efectuado.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Comparto la solución a la que arriba mi distinguido colega preopinante así como también los fundamentos vertidos, con la salvedad de lo expuesto en el considerando VII de su voto. En mi opinión, en razón del resultado al que se arriba en los presentes, ha perdido virtualidad y deviene inoficioso pronunciarse en torno al pedido efectuado por el actor (cfr. fs. 52 vta./53 y 78 vta./79) tendiente a que no se le aplique el impuesto a las ganancias al momento de liquidarse las sumas que correspondan por la retroactividad, resultando como corolario de ello inconducente acudir al auxilio de lo dispuesto en el artículo 89 del CPCA, Ley N° 2600.-
Por fuera de lo indicado, coincido íntegramente con la propuesta decisoria exhibida en el voto precedente.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Alicia de los Angeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
A la segunda cuestión el Dr. Mariani dijo:
Atento las consideraciones desarrolladas en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Dr. Guillermo Miguel Ferro a fs. 46/54, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz. Asimismo se rechace el planteo por temeridad y malicia efectuado por el actor a fs. 178/180; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Dr. Guillermo Miguel Ferro a fs. 46/54 contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, como asimismo el planteo por temeridad y malicia efectuado por el actor a fs. 178/180; deviniendo inoficioso el pronunciamiento sobre el pedido efectuado por el actor a fs. 52 vta./53 y 78 vta./79, relacionado con el impuesto a las ganancias. Las costas se imponen por su orden conforme lo establece el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Los Dres. Alicia de los Angeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente
Río Gallegos, 12 de julio de 2023.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y de la Sra. Presidenta, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Dr. Guillermo Miguel Ferro a fs. 46/54, contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz.-
2. Rechazando el planteo por temeridad y malicia efectuado por el actor a fs. 178/180.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y judiciales mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015C.231 Tomo: XIX Sentencia: 1128 Folio N°: 3632/3637 Secretaría: 1
Fin de la sentencia