Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-709/12-TSJ
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: F-709/12-TSJ Sentencia N°: 1001 Actor: FERRO GUILLERMO MIGUEL Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 17/03/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1001 FOLIO Nº 3076/3077 PROT. ELECT. TSS1 001 C.161
Río Gallegos, 17 de marzo de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “FERRO GUILLERMO MIGUEL C/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-709/12-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del traslado del punto de pericia contable ofrecido a fs. 76 -punto 4-, por la demandada (conf. fs. 101 vta.).- En respuesta a dicho traslado, se presenta el actor a fs. 118/119 solicitando que el perito a designarse en los presentes autos cuente con las actuaciones caratuladas “Ferro Guillermo Miguel c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Pesos”, Expte. Nº F-4402/90, o en su caso copias certificadas de las mismas “Ello así por cuanto deberá constatar si en el Acuerdo 1991 (del 03/08/2011), se han tomado en cuenta las remuneraciones devengadas durante el periodo a que se refiere la Sentencia dictada en esas actuaciones…” (cfr. fs. 118). También expresa que “La totalidad de la documentación que necesitará el Perito Contador actuante… se encuentra glosada a las actuaciones referidas supra, de allí la importancia de que las tenga a la vista al momento de emitir su informe. De no ser así -esto es, que exista insuficiencia de documentación para expedirse al respecto- deberá hacerlo saber al Tribunal actuante, a los fines de que la requiera para posibilitar la Pericia” (cfr. fs. 118 vta.).- Por su parte la demandada, a fs. 122 y vta., rechaza “…en todas sus partes las consideraciones formuladas por el actor respecto del punto de pericia propuesto por esta parte, asimismo rechazamos la pretensión del actor en cuanto a que la pericial contable ofrecida por mi mandante se realice en base a la Ley Provincial 1597 y a la pretensión solapada de introducir nuevos puntos de pericia los que no fueron articulados en el momento procesal oportuno” (cfr. fs. 122).- Que, a fs. 123 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. Primeramente debemos decir que el actor manifiesta que el perito a designarse deberá contar con los autos caratulados: “Ferro Guillermo Miguel c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Pesos”, Expte. Nº F-4402/90, o, en su caso, copias certificadas de los mismos, resultando tal manifestación innecesaria, ya que los peritos “…pueden muñirse de todos los elementos probatorios obrantes en el expediente…” (cfr. Elena I. Highton - Beatriz A. Areán: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Ed. Hammurabi, 2007, Tomo 8, pág. 482). Por lo que, atento que a fs. 101 y vta. se ha ordenado la remisión a este Tribunal de dichos autos -o copia certificada de los mismos-, el perito contará en el momento de practicar la pericia con la prueba instrumental mencionada precedentemente, resultando superfluo el pedido.- Por otro lado, observamos que los puntos de pericia manifestados por el actor a fs. 118/119, son de igual contenido que aquellos ofrecidos al momento de interponer la demanda a fs. 53 vta., y que ya han sido desestimados por este Tribunal a fs. 101 vta., mediante auto de presidencia que no fue objeto de oportuna impugnación, pasando la cuestión en autoridad de cosa juzgada, merced a la inacción procesal de la actora y al principio de preclusión procesal.
Respecto al mencionado principio cabe señalar que la preclusión “…opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior; la facultad procesal no usada se extingue” (conf. SCBA, “in re”: “Folchi, Anibal Raúl y otra c/ Yaguar, Florencio y otros s/ Daños y perjuicios” del 03/04/2014; entre otros). Es decir, que el principio de preclusión funciona como inevitable consecuencia para la parte que no ejercitó la carga procesal en el plazo fijado legalmente, impidiéndosele hacerlo en el futuro. Así lo ha afirmado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires “…la firmeza de los actos procesales es, en efecto, una necesidad jurídica que justifica su validez…” (conf.
SCBA, “in re”: “Iocco, Celestino Mario y otros c/ Empresa Nueve de Julio S.A. de Transporte y otro s/ Daños y perjuicios” del 15/08/2012; y “Maiale, Ciriaco y otro c/Torres, Sergio Daniel y otro s/Cobro ejecutivo de pesos” del 26/06/2013; entre otros).- En el particular caso de autos, el Sr. Ferro manifiesta que “Para realizar ese cálculo deberá tener en cuenta [el perito] que la determinación de las sumas que corresponden a ese período, debe hacerse mediante la aplicación de los porcentuales indicados en la Ley Provincial Nº 1597, teniendo en cuenta la categoría que detentaba el aquí accionante en cada uno de los meses que corresponden a ese período, y sus circunstancias individuales en cuanto a los demás rubros que integran la liquidación (título, antigüedad, etc.), de acuerdo a los haberes de los vocales de la Excma.
Corte Suprema de la Nación al momento de emitir el informe Pericial” (cfr. fs. 118 vta.); lo que resulta ser idéntico a lo ofrecido a fs. 53 vta., al solicitar el actor que “Se designe Perito Contador a los fines de que, teniendo a la vista el Expte. Laboral referido supra, el tramitado en sede previsional, y el monto de los haberes de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establezca el valor actual del sueldo mensual que debería percibir el actor con la aplicación de la Ley 1519 (sic) en las categorías que detentaba (sic) entre Octubre de 1988 y Octubre de 1990…”. Por lo que se observa, que los puntos de pericia ofrecidos en ambas presentaciones tienen por objeto el mismo contenido, el cual, como se mencionó anteriormente, ya fue desestimado a fs. 101 vta., en atención a ello, y considerando lo “ut supra” expresado, se debe desestimar lo solicitado por el actor.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, es criterio de este Alto Cuerpo que el régimen de la prueba aplicable a este tipo de procesos -donde este Excmo.
Tribunal se erige como primera y única instancia- no sufra restricciones y se estructure sobre la base del principio de amplitud probatoria con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos para arribar a la verdad real que originó el acto administrativo (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII -Contencioso Administrativo-, Reg. 496, Folio 1320/1321; ídem, Reg. 503, Folio 1363; Tomo XI -Contencioso Administrativo-, Reg. 751, Folio 2115; ídem, Reg. 756, Folio 2135; Tomo XVI -Contencioso Administrativo-, Reg. 994, Folio 3042/3043, entre otros). Por ello, es importante señalar que conforme lo dispuesto por el articulo 438 del CPC y C (de aplicación supletoria por remisión de los arts. 45 y 71 del CPCA -Ley Nº 2600-), el juez tiene la facultad de fijar los puntos de la pericia a practicarse, siendo él quien “…establecerá el campo de acción del perito, para ello meritará acerca de la procedencia de los puntos propuestos, si son necesarios o inoficiosos, pudiendo agregar o quitar lo que estime conveniente…” (cfr. ob. cit., págs. 415/416).-
III. Con fundamento en lo expuesto, es que corresponde agregar el siguiente punto de pericia en los siguientes términos: El Perito Contador a designarse deberá constatar si en el Acuerdo de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz Nº 1991, de fecha 03/08/2011, se han considerado las remuneraciones devengadas durante el periodo a que se refiere la sentencia dictada en los autos “Ferro Guillermo Miguel c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz s/ Cobro de Pesos”, Expte. Nº F-4402/90, con los cuales, como ya se expresó, contará al momento de realizar la pericia, ya sea en original o en copia certificada, conforme lo dispuesto a fs. 101 y vta..- Las costas se imponen por su orden de conformidad con lo prescripto por el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-. Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1001 Folio N°: 3076/3077 Secretaría: 1
Fin de la sentencia