Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa F-425/03-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 29/34, ampliada a fs. 56/66 vta. por el Dr. Guillermo Miguel Ferro contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: F-425/03-TSJ Sentencia N°: 1034 Actor: FERRO GUILLERMO MIGUEL Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 09/10/17 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1034 FOLIO Nº 3216/3222 PROT. ELECT. TSS1 007 C.171
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 9 días del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “FERRO GUILLERMO MIGUEL C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº F-425/03-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Angeles Mercau, 2º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 3º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 4º) Dr. Domingo Norberto Fernández, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que, a fs. 29/34, el Dr. Guillermo Miguel Ferro, por derecho propio, interpone demanda contencioso administrativa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz. Solicita la nulidad del acto administrativo que resolvió el cese de su vinculación con la demandada. También reclama el restablecimiento de la situación al momento en que se produjo el distracto, al que califica de irregular, con reconocimiento de los servicios prestados y el pago de los salarios caídos durante ese término, con más intereses y actualización. Subsidiariamente, en caso de que no se hiciera lugar a su reincorporación, peticiona indemnización por despido irregular según lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo, con más intereses y actualización (conf. foja 29).- Expresa que el 17 de agosto de 2001 la Dirección de la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº 4 de Río Gallegos dictó la Disposición Nº 024/01 por la cual se lo dio de baja en el cargo de Maestro de Sección. Tal decisión se fundamentó en la aplicación del Acuerdo 134, que regula el número de alumnos por sección (conf. fs. 29 y vta.).-
Señala que si bien el Acuerdo a que se alude como fundamento del cese faculta a la autoridad escolar al cierre de una sección de grado cuando no se integra por el número de alumnos que establece la reglamentación, tales facultades no obstan al cumplimiento de formalidades tendientes a brindar razonabilidad al acto y que deben ser usadas por razones vinculadas a dar más adecuado funcionamiento al establecimiento educativo de que se trate (conf. foja 30). Sobre el particular señala que “No puede existir, en consecuencia, la más mínima sospecha de que detrás de una resolución de aparente formalidad, se oculte una decisión de otro tipo, puesto que se trataría de un exceso en el ejercicio de facultades legales.” (cfr. foja cit.).- Entiende que la resolución atacada fue el producto de una irreflexiva decisión cuyos móviles se acercan más a un capricho del directivo que a una evaluación seria de política escolar del establecimiento (conf. fs. 30 y vta.).-
El actor pone de relieve que la sección se reabrió a los pocos meses manteniéndose con una asistencia menor a la que motivó su cierre y afirma que la disposición no tenía otra finalidad que excluirlo de su cargo (conf. foja 30 vta.).-
Sostiene que se ha violado el artículo 7, inc. f de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1260; y que se trata de un acto arbitrario, violatorio de las garantías constitucionales insertas en el artículo 43 de la Constitución Nacional (conf. fs. 30 vta./31).-
Añade que por los vicios que tendría el procedimiento se le han cercenado los derechos de defensa y acceso a la jurisdicción (conf. foja 31). Al respeto, refiere que “...la interposición del recurso inicial se efectuó ante la Dirección del establecimiento del que emanó el acto impugnado. Sin embargo, en esa instancia jamás hubo resolución alguna que se haya notificado al recurrente.” (cfr. foja cit.). Manifiesta que recibe carta documento informando sobre Resolución Nº 1354/02 y de la existencia del Expediente Administrativo Nº 699.975/01 (conf. foja cit.). Asegura que la Administración se tomó un año y medio para efectuar la primera notificación al reclamo, con lo que se habría incumplido el artículo 40 del Decreto Nº 181/79 que impone el plazo diez (10) días para notificar el acto (conf. foja 31 vta.).- Hace mención a que jamás se le notificó la resolución que no hizo lugar al recurso de revocatoria con apelación en subsidio, a raíz de lo cual afirma que tal circunstancia configura una nueva violación al procedimiento (conf. foja cit.).-
Considera que se le ha impedido el ejercicio de su derecho de defensa y que se ha obstaculizado su derecho a la jurisdicción, puesto que se le habría impedido ampliar los fundamentos de lo sostenido en el escrito inicial, tal como lo prevería la reglamentación aplicable (conf. foja cit.). Añade, que la omisión de notificar lo resuelto en las instancias recursivas previas le ha impedido fundamentar la apelación interpuesta subsidiariamente y atacar puntualmente los argumentos que dieron motivo al rechazo, dejándolo en un estado de indefensión (conf. foja cit.). Agrega, que es un procedimiento que contraviene la más elemental concepción republicana de convivencia y que es absolutamente inaceptable (conf. foja cit.). Por lo cual solicita la nulidad de todo lo actuado en el expediente referido, retrotrayendo la situación al inicio, aplicando la normativa a fin de resarcir los perjuicios y daño moral producidos.- Expresa que la Resolución 0258 del 12 de febrero de 2003 -dictada con motivo del recurso interpuesto contra la Resolución Nº 1354/02 que resolvió el recurso de revocatoria y apelación en subsidio- sustituía lo requerido por el recurrente en la falta de tratamiento de una justificación por enfermedad y el ejercicio irrazonable de facultades administrativas, y sostiene que carecería de fundamentación en derecho por lo que solicita su nulidad por contradecir lo establecido en los artículos 1, inc. f), 3 y 7, incisos b) y e) de la Ley Nº 1260 (conf. fs. 32 y vta.).- Plantea que la Administración ha incurrido en una “vía de hecho” al negarse a otorgar una carpeta médica, ya que la autoridad escolar no está facultada para concederla, por lo que resultaría nulo o violatorio de las facultades conferidas por la normativa vigente (conf. fs. 33 y vta.).-
Acompaña prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal (conf. fs. 33 vta./34), ofreciendo prueba a foja 46/47.-
A fs. 56/66 vta. en virtud de la facultad conferida por el artículo 57 del CPCA, Ley Nº 2600, amplia la demanda. Allí solicita la nulidad de las actuaciones administrativas tramitadas en el Expediente Administrativo Nº 699.975/01, ello en virtud de la nulidad del acto administrativo atacado, a través del cual, se lo ha dado de baja en su cargo, fundándola en que se ha ejercido abusivamente “...del derecho que la ley confiere a los directivos de establecimientos educacionales, de cerrar secciones de grado cuando las mismas vean reducida su matrícula sensiblemente...” (conf. foja 56).- Solicita su restitución al cargo, que se le reconozcan los sueldos caídos, los aportes previsionales correspondientes, la indemnización por daño moral con intereses y el resarcimiento por los perjuicios generados por el accionar irregular de la administración (conf. foja cit.).-
Asevera que el “cierre intempestivo” de la comisión ha generado sin duda un impacto negativo en el delicado equilibrio emocional de los alumnos adultos (conf. foja 57).-
Asegura que no le consta ni la remisión ni el depósito bajo su puerta de la notificación cuya constancia de diligenciamiento se encuentra glosada a foja 11 del Expediente Administrativo caratulado “Supervisor Jóvenes y Adultos Zona Centro y Sur s/ Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio - Docente: Guillermo Miguel Ferro - E.D.J.A. N° 4”, Expte. Nº 699.975/2001. Además, considera que la notificación no se ha practicado de acuerdo a la normativa aplicable, refiere a los artículos 41, 42 y 43 del Decreto Provincial Nº 181/79 y concluye que la notificación es nula (conf. fs. 57 y vta.).- Sostiene que carece de motivación el acto impugnado, por lo que deviene nulo de nulidad absoluta e insalvable por contravenir el artículo 7°, inc. e) de la Ley Nº 1260 (conf. foja 59).-
Afirma que la notificación por carta documento remitida el 13 de noviembre de 2002, además de insuficiente, es nula pues no está prevista esa forma de comunicación en la Ley de Procedimientos Administrativos Provincial (conf. foja 60 vta.).-
Dice que no surge de todo el trámite que se hubiere efectuado una notificación fehaciente “...de la que no surgieran dudas en cuanto al conocimiento por parte del interesado del acto administrativo respectivo. No había firma alguna que demostrara que se había tomado noticia, en el caso, de la Resolución 1354/02.” (cfr. foja 61).-
Relata que a foja 45 del Expediente Administrativo citado solicitó la nulidad de todo lo actuado en sede administrativa, pero señala que fue desestimada su presentación y archivadas las actuaciones (conf. foja 61).-
Afirma que en dichas actuaciones administrativas se ha actuado con ejercicio abusivo de facultades legales (conf. foja 61 vta.).-
Refiere que la medida impugnada ha venido a excluirlo injustamente de su expectativa de acceder al cargo de Vicedirector al menguar su puntaje (conf. foja 63).-
Ofrece nueva prueba, funda en derecho y vuelve a hacer reserva del caso federal (conf. fs. 63/66).-
A foja 68 y vta., el actor efectúa precisiones y postula que deberá tenerse presente al momento de dictar sentencia el daño moral producido por la medida que se discute en el sub lite, en cuanto se ha menguado sensiblemente su ingreso. Circunstancia que afirma, se ha producido dentro de un contexto general de crisis económica que agrava aún más el impacto de la medida. Además, señala que le ha ocasionado la pérdida de puntaje y de posibilidades para ocupar cargos en la docencia y directivos en el nivel adultos.- Que, a fs. 67 y 71 se corre traslado de la demanda, de las presentaciones de fs. 68 y vta., fs. 70 y documental acompañada al Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
Ante la contestación extemporánea del Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, se corre el pertinente traslado al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal conforme lo dispone el artículo 58 del CPCA, Ley Nº 2600, quien contesta a foja 82 y vta., solicitando el rechazo de la demanda. Asimismo, niega todas las argumentaciones invocadas por la actora. Expresa que “La situación es bien clara, el Acuerdo 134/92 emanado del Consejo Provincial de Educación, establece en el punto 12 que el Directivo del Establecimiento está facultado para cerrar una o más secciones por disminución de la matrícula prevista, la cual de Acuerdo al Anexo II punto 4º Modalidad Adultos. Educación General Básica, establece un mínimo de 18 alumnos y un máximo de 24. Del cuaderno de actuación profesional del docente surge claramente que no tenía la cantidad de alumnos exigidos en el Acuerdo 134/92 y que estos ocho alumnos que poseía, fueron reubicados por la Dirección de E.D.J.A. N° 4 en otros Centros Educativos, según se desprende de fs. 10 del Expte. nro. 699.975/01, agregado a estas actuaciones, razón por la cual a ningún alumno se lo privó del derecho de aprender, continuando los mismos normalmente con sus estudios. Mención aparte merecen las amplias valoraciones que hace el actor con las posibles violaciones al trámite del procedimiento que ha finalizado con el dictado de la resolución nro. 024/03, puesto que nada tiene que ver con la cuestión en debate, ni tienen trascendencia en el sub judice.” (cfr. fs. 82 y vta.).- A foja 84 contesta vista el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda.-
A foja 87 se ordenó la apertura a prueba de la causa.-
Certificada la producción de la prueba y puestos los autos a disposición de las partes para alegar a foja 380, tanto la actora como la demandada hicieron uso de ese derecho a fs. 386/394 vta. y a fs. 396/399 vta., respectivamente.-
A foja 401, se llamó autos para sentencia, pasando a estudio a foja 402.-
II. Que conforme ha quedado trabada la presente litis, corresponde analizar la cuestión sustancial traída a conocimiento de este Tribunal.-
El actor ha interpuesto demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de todas las actuaciones administrativas tramitadas en el Expediente Administrativo Nº 699.975/01 del Consejo Provincial de Educación y en especial la Disposición Interna Nº 024/01 y de todas las disposiciones y resoluciones dictadas en su consecuencia obrantes en el Expediente Administrativo referido.-
A foja 4 del citado Expediente Administrativo, el actor impugna -en lo que aquí interesa- el acto por el cual se decidió el cierre del Centro Educativo que funcionara en las instalaciones de la Escuela de EGB Nº 44 (CEM Nº 3). Destaca, que la medida se fundamenta en la aplicación del Acuerdo Nº 134 (Anexo II) del Consejo Provincial de Educación y afirma que se trata de una facultad indiscutible de la autoridad escolar, aunque señala que no se habrían cumplido con las formalidades debidas. Posteriormente, el actor reitera su pedido de que se deje sin efecto la medida que dispone el cierre del Centro Educativo de marras y vuelve a reconocer que esta decisión se fundamenta en el Acuerdo Nº 134/02 (Anexo II) del Consejo Provincial de Educación. Sobre esta cuestión, señala que dicho Acuerdo prevé un número mínimo dieciocho (18) alumnos para las secciones de educación de Adultos destinadas a la Educación Básica. Acto seguido, admite que durante el ciclo lectivo la sección contó con un número menor al requerido. También califica como de inobjetable la facultad de la Dirección para decidir el cierre de secciones cuando lo considere necesario. Luego transcribe los datos filiatorios de los ocho (8) alumnos que habrían concurrido con mayor continuidad durante el período lectivo en cuestión (conf. fs. 8/9 del Expediente Administrativo cit.).- Mediante Disposición Interna Nº 026/EDJA N° 4, se rechaza el Recurso de Revocatoria impetrado por el actor. La Dirección de la EDJA Nº 4 fundamenta su decisión en que el número de alumnos con que contaba el centro educativo móvil a cargo del actor no tenía la cantidad de alumnos determinados en el Acuerdo 134/92 del Consejo Provincial de Educación. Además, aclara que los alumnos que tenía a cargo el docente fueron automáticamente reubicados en otros centros educativos, por lo cual ningún alumno fue privado de su derecho a aprender y que continúan sus estudios en forma normal (conf. fs. 10/11 del Expte. Administrativo cit.).- De inicio, debo decir que no se advierten en las actuaciones administrativas las irregularidades aludidas por el actor que le hubieran impedido, según dice, ejercer en debida forma su derecho de defensa o de acceso a la jurisdicción.-
En este contexto, es menester tener presente que “El principio constitucional de la defensa en juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable en el procedimiento administrativo, y con criterio amplio, no restrictivo.” (cfr. Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, T. II, IX-13). Así lo ha reconocido expresamente la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos N° 1260 en su artículo 1, inc. f). Queda comprendido dentro del derecho de defensa y del debido proceso administrativo la consideración expresa de los argumentos y de las cuestiones propuestas por el administrado, siempre que fueran conducentes a la solución del caso (conf. art. 1, inc f. 3. de la Ley Nº 1260).- Así las cosas, surge que el actor pudo seguir la sustanciación del Expediente Administrativo; planteó las defensas y recursos que se prevén en el ordenamiento; y fue debidamente notificado, todo lo cual emerge del Expediente Administrativo citado.
Sobre el particular, merecen destacarse, entre otras actuaciones, la Disposición Interna Nº 024/01, por la cual se dispuso dar de baja al actor como docente por aplicación del Acuerdo Nº 134 en la cual consta la notificación al Dr. Ferro (conf. foja 7 del Expediente Administrativo cit.); el recurso de revocatoria y apelación en subsidio del actor (conf. fs. 4 y vta. del Expediente Administrativo cit.); la solicitud de dejar sin efecto esta medida (conf. fs. 8/9 del Expediente Administrativo cit.); y la notificación de foja 11 del Expediente Administrativo citado. También las presentaciones del Dr. Ferro pidiendo pronto despacho (conf. fs. 20 y vta. del Expediente Administrativo cit.); interposición del recurso de queja (conf. fs. 33/34 del Expediente Administrativo cit.); La notificación de la Resolución Nº 1354/02 por carta documento, donde se le indica que la copia de la resolución se encuentra a su disposición en la sede de la Sección Supervisión de Educación de Jóvenes y Adultos Zona Centro y Sur (conf. fs. 38/39 vta. del Expediente Administrativo cit.); escrito titulado “Manifiesta” (conf. fs. 43 y vta. del Expediente Administrativo cit.); escrito “Interpone Recurso de Reconsideración” (conf. fs. 45/49 vta. del Expediente Administrativo cit.); y notificación de la Resolución Nº 258/03, también poniendo copia de la resolución a disposición del actor en la sede administrativa de la Supervisión Zona Centro y Sur Dirección General Adultos (conf. foja 63).- Por otro lado, en cuanto a las alegadas violaciones procedimentales administrativas, cabe señalar que del expediente administrativo, se observa que más allá de algunos defectos formales observables, ellos no han afectado el debido proceso ni el derecho de defensa del actor, toda vez que este pudo tomar conocimiento de lo acontecido y en ningún caso se vio privado de efectuar los planteos que hacían al amparo de su derecho.
Si bien es cierto que obran en las actuaciones administrativas diversos reclamos fundados en cuestiones procedimentales, no lo es menos que a pesar de ello y conforme lo señalado al comienzo de este considerando, fue notificado y tuvo a su disposición las resoluciones que se adoptaron, pudo efectuar las presentaciones que hacían a su defensa y ningún plazo se le hubo dado por decaído.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que no se vulnera el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional, cualquiera sean las irregularidades observables en sede administrativa, cuando las mismas no obstaron para que la parte afectada alegara y probara lo pertinente en la instancia judicial (Fallos: 305:831); lo que ha acontecido en el caso sub examine.
Al respecto, este Alto Cuerpo ha sostenido que “´En este sentido, corresponde la aplicación del principio de conservación de los actos jurídicos y de los principios rectores en materia de nulidades, las que deben ser siempre de aplicación restrictiva y favorable a la validez del acto atacado, debiendo estar limitado el interés de su declaración al perjuicio causado’ (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, ‘Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Nuestro Hogar v. res. 325/1999’, 7/10/1999. En igual sentido, la misma sala, ‘Metrogas SA v. Res. 374/19996 Enargas’, causa 33.154/96, 11/7/2000.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 958, Folio 2902/2910).- En síntesis, las apreciaciones del actor sobre el proceso en sede administrativa no dejan de ser más que una interpretación personal, no surgiendo que se hubiera producido, en su contra, el perjuicio que alega, y menos aún que se haya violentado su derecho de defensa.-
Todo lo cual permite concluir, que no han ocurrido irregularidades en las actuaciones administrativas con entidad como para invalidarlas.-
Conforme lo antedicho no existe motivo para anular el acto administrativo atacado.-
Expuestos ya los argumentos esgrimidos por las partes, y teniendo en cuenta lo hasta aquí apuntado, cabe señalar que las cuestiones que restan analizar, de acuerdo a las pretensiones del accionante, deben ser reducidas al control de legalidad y razonabilidad de la decisión administrativa atacada.-
En este contexto, la materia sustancial de autos nos introduce en la potestad administrativa de organizar la prestación del servicio educativo.-
En primer término, corresponde afirmar que el acto administrativo impugnado goza de presunción de legitimidad. Se ha dicho que “Esta figura, que marca un rasgo diferencial advertible con el Derecho Civil, viene a presumir que el acto administrativo -en razón de las garantías objetivas y subjetivas que rodean su emanación- se ha emitido de conformidad con el ordenamiento jurídico, por lo que, presumiéndose legítimo, posee validez hasta tanto sea declarada su invalidez.” (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, LexisNexis, Buenos Aires, 2002, T. II, pag. 142). Esta presunción es establecida en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1260, el que dispone, en su parte pertinente, que “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario...”.- Además, al analizar el Acuerdo Nº 134/92 y su Anexo II emanado del Consejo Provincial de Educación, se constata que efectivamente en la Modalidad Adultos de Educación se prevé un mínimo de 18 (dieciocho) alumnos por sección.
Sin embargo en el curso en que dictaba clases el actor, no se llegaba a tal número, circunstancia que es reconocida por el nombrado. Al respecto, a foja 8 del Expediente Administrativo citado, el Dr. Ferro expresa “El Acuerdo que se alude establece un número mínimo de 18 alumnos y un máximo de 24 para las secciones de educación de Adultos destinadas a la Educación Básica. En el caso ha funcionado la sección durante todo el presente período lectivo con un número de alumnos menor al mínimo referido.”. Esta escasez de alumnos en el grado fue el motivo que se tuvo en cuenta para cerrar el mismo (conf. foja 10/11 del Expte. Administrativo cit.).- Adunado a lo expuesto, el artículo 12 del Acuerdo Nº 134/92, faculta al Supervisor o Directivo del Establecimiento “...al cierre de una o más secciones por disminución de la matrícula prevista, en cualquier época del año debiendo aplicar para ello lo normado en el (Estatuto Docente) con respecto al personal docente.”.
La potestad de cerrar la sección en la que daba clases el actor y darlo de baja como docente, se enmarcan en las facultades discrecionales de la Administración Pública en lo atinente a la prestación del sistema educativo. Sobre el control de estas potestades este Alto Cuerpo ha dicho que “‘...Los jueces no pueden juzgar lo discrecional del acto administrativo, porque precisamente siendo acto discrecional de otro poder, le falta a los jueces la base legal necesaria para fundar su decisión...’ (confr. Tomo X -Contencioso Administrativo-, Reg. 706, Folio 1971/1976). Asimismo que la estimación de la gravedad del hecho y la graduación de la sanción aplicable son atribuciones propias y discrecionales de la Administración, ajenas, en principio, a los Tribunales de justicia, en tanto se encuadren en las disposiciones legales vigentes y no medie arbitrariedad (confr. fallo cit.).
Desde esa directriz ha de apuntarse que la actividad discrecional que realiza el poder administrador se encuentra exenta del control judicial en cuanto al mérito o conveniencia de la medida que se adopte, pero de ninguna manera escapa al control de legitimidad del acto, entendiendo por legitimidad la conformidad del obrar administrativo con el ordenamiento Jurídico (confr. Mairal, Héctor, Control Judicial de la Administración Pública, Vol. II, Depalma, Buenos Aires, 1984, págs. 647 y ss).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 944, Folio 2835/2842).- En función de lo expuesto, no es cuestionable por vía judicial la decisión de la Administración de cerrar la sección, pues su obrar se ajusta a la reglamentación vigente; y la medida fue dispuesta por quien tenía la facultad de tomar la decisión, es decir, el Directivo del Establecimiento EDJA N° 4 (conf. art. 12 del Acuerdo 134/92 CPE y su Anexo II; y fs. 10/11 del Expte.
Administrativo cit.).-
Se debe mencionar que la sección permaneció cerrada durante el resto del año 2001 y el 2002. Recién se vuelve a abrir en el 2003, cuando se superó el número mínimo de alumnos, con una matrícula de veintiocho (28) en total (conf. foja 214). Esta circunstancia se aleja de pensar que ha existido una actitud “caprichosa” o abusiva que intentara perjudicar al actor, sino la aplicación de la normativa de educación sobre la materia. Tampoco la declaración testimonial de Graciela Beatriz Re da cuenta de alguna animadversión de la Dirección de la EDJA Nº 4 en contra del actor -ver respuesta a la pregunta décimo novena- (conf. fs. 234 a 235 vta.). En el mismo sentido, la declaración de la testigo Ethel Zunilda Torres de Zubiri me lleva a la misma conclusión, ya que afirma que se cerró la comisión del Profesor Ferro por la matrícula reducida (ver respuesta a la pregunta sexta, conf. fs. 241/244). También la declaración testimonial del Sr. Hugo Omar Moyano da cuenta de que es facultativo del directivo cerrar las secciones si carecen de la cantidad de alumnos necesarios y en cualquier época del ciclo lectivo (ver respuesta décimo segunda a foja 254).- Por otro lado, la baja del actor como maestro de sección es la consecuencia lógica de la aplicación del Acuerdo Nº 134/92 y del cierre de la sección de marras (ver foja 7 del Expte. Administrativo cit.). Pues deja de tener razón de ser la afectación de horas cátedra en favor del Dr. Ferro como profesor interino ya que no cuenta con el número mínimo reglamentario de alumnos para desempeñar su función.-
En atención a lo antedicho, es oportuno referirnos a la situación legal del docente interino en nuestra legislación. Para ello, debemos remitirnos al Estatuto del Docente, Ley 14.473/58 por remisión de la Ley Provincial Nº 1023, que establece en su artículo 89 (Capítulo XXIII - De los interinatos y suplencias) que “... El personal interino y suplente será designado dentro de los cinco (5) días hábiles de producida la necesidad de su designación y cesará automáticamente por presentación del titular y con excepción del personal directivo y técnico y de inspección, al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar...”. Esta norma fue reglamentada por el Decreto N° 1562/75, que establece en su artículo II: “Entiéndese por interino el docente que se desempeña transitoriamente en un cargo vacante.”.- Como se desprende claramente de las normas citadas, los docentes interinos carecen de estabilidad, cesando en sus funciones cuando finaliza la tarea correspondiente o se designe titular.-
Debe recordarse que “...el docente interino se desempeñará como tal, siempre y cuando posea el cargo u horas (vacantes) asignadas transitoriamente...ya que una vez que desaparece la ‘vacante’, deja de existir el sustento de su designación. Y ello, con independencia del tiempo por el que se haya desempeñado el interinato, pues sabido es que la transitoriedad inherente a la calidad de docentes interinos no queda borrada por más que la relación de empleo se prolongue en el tiempo, ya que su transcurso no es idóneo para trastocar de por sí la situación de revista de quienes han ingresado a trabajar para los cargos como agentes transitorios [...] Los docentes interinos, al carecer de estabilidad, tendrán derecho al cargo y a la remuneración consecuente, sólo por el tiempo en que dure esa designación; y, al momento que opere su cese, cesarán también los beneficios derivados de su designación transitoria...” (TSJ Neuquén, “Moreta, Rosa Beatriz c/ Consejo Provincial de Educación”, sentencia del 23/10/2008. www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/ 10542/2008). En el mismo sentido, se ha dicho: “Ciertamente, como bien explica Marienhoff, ‘carece de estabilidad el funcionario o el empleado suplente o interino’ (Marienhoff, Miguel S.: Tratado de Derecho Administrativo, ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1983, tomo III-B pág. 286). Aunque más adelante aclara que ‘El funcionario o empleado ‘suplente’ -o interino- no tiene ‘estabilidad’...’ […] Ahora bien: cuando el interinato ha sido dispuesto sin sujetarlo a condición alguna (la designación del titular es, por ejemplo, una condición implícita para el cese del nombramiento interino), o sin someterlo a plazo alguno, está fuera de duda que la Administración, valorando necesidades del servicio, puede disponer su finalización en cualquier momento, sin que ello le genere responsabilidad alguna, desde que no habrá derecho subjetivo ni interés legítimo del agente que pueda encontrarse lesionado, precisamente por la ineficacia del interinato para generarlos.” (cfr. CContensiosoadministrativa de Córdoba, 1a Nominación, “Meda, Marcela Angélica c/ Provincia de Córdoba”, sentencia del 3 de febrero de 2010. www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/1003/ 2010).-
III. Con relación a la inconstitucionalidad planteada a fs. 33 vta./34, punto VI, se debe afirmar que ella no puede prosperar dado su manifiesta insuficiencia técnica. Sabido es que para planteos de este tipo, es indispensable la mención concreta del derecho vulnerado y su conexión con la materia del pleito, lo que supone demostrar, mínimamente, la inconstitucionalidad alegada y su atinencia al caso, para lo cual no basta la sola mención de que la norma cuestionada afecta garan-tías constitucionales. En el sub lite, el actor sólo se ha limitado a denunciar la inconstitucionalidad de la Ley Nº 23928, sin individualizar, en forma precisa, de que manera afectan derechos fundamentales propios. Absteniéndose de brindar una, aunque sea mínima, explicación que funde su pretensión.- Los vicios ut supra indicados impiden a este Tribunal la consideración del planteo bajo estudio. Lo que llevan, sin más, al rechazo de la inconstitucionalidad planteada por el actor.-
En lo concerniente a la pretendida indemnización por despido irregular, la misma debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (conf. arts. 1, 2, 3 y 89 del CPCA, Ley Nº 2600). En efecto, este Tribunal se ha expedido en este sentido, sosteniendo que en este tipo de juicios, solo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (conf. Contencioso Administrativo, Tomos IX, Reg. 626, Folio 1748/1750 y XIV, Reg. 907, Folio 2669/2671 y Reg. 910, Folio 2678/2680).-
IV. Que, por último, de conformidad con la reseña efectuada ut supra, se concluye que tanto las resoluciones del Consejo Provincial de Educación como las disposiciones atacadas, fueron actos regulares, ya que la Administración obró legítimamente y dentro de sus atribuciones, sin que se haya probado ni se advierta la existencia de abuso del derecho por parte de la misma.-
En definitiva, y no advirtiéndose ilegalidad o arbitrariedad en el dictado de los actos administrativos impugnados, surge que es una derivación razonada del derecho vigente, emitida por autoridad competente, sin que se constaten defectos de forma o aún una desviación de la directiva que debe tener el acto respecto de las normas aplicables, desvirtuando toda posible vulneración de derechos subjetivos de parte de la actora. Por lo que se concluye que la administración ha actuado en ejercicio de sus facultades discrecionales y legales dentro del marco del principio de razonabilidad.-
V. Que, en conclusión, comprobada la razonabilidad de la actuación de la demandada, conforme lo expuesto, no deviene palmaria la ilegitimidad de la disposiciones y resoluciones del Consejo Provincial de Educación.-
Por lo que considero que debe rechazarse la pretensión del actor.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Daniel Mauricio Mariani, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 29/34, ampliada a fs. 56/66 vta. por el Dr. Guillermo Miguel Ferro contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-; y teniendo presentes las reservas del caso federal efectuadas por el actor a fs. 33 vta. y a fs. 66.- Los Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Daniel Mauricio Mariani, Domingo Norberto Fernández y Paula Ernestina Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 9 de octubre de 2017.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, del Sr. Vocal Subrogante, Domingo Norberto Fernández y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 29/34, ampliada a fs. 56/66 vta. por el Dr. Guillermo Miguel Ferro contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
3. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vo- cal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007C.171 Tomo: XVII Sentencia: 1034 Folio N°: 3216/3222 Secretaría: 1
Fin de la sentencia