Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 40316993-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fecha 14/05/2025 (v. IF-2025-50813874-APN-VOCVIII#TFN). Con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
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24204/2025 FERROSIDER SA (TF 40316993-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 25 de septiembre de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 29/05/2025 (v. IF-2025-57641762-APN-DTD#JGM), concedido el 06/06/2025 (v. IF-2025-61425099-APN-VOCVIII#TFN), contra la resolución de fecha 14/05/2025 (v. IF-2025-50813874-APN -VOCVIII#TFN), cuyo traslado fuera contestado el 25/06/2025 (v. IF -2025-68487943-APN-DTD#JGM). Y;
I. Que la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, mediante la sentencia del 14 de mayo de 2025, admitió el amparo por mora interpuesto por FERROSIDER SA en los términos del art. 182 de la ley 11.683, fijando un plazo de treinta (30) días para que el Fisco Nacional finalice el trámite de la actora, admitiendo o rechazando su pedido de devolución del impuesto PAIS abonado en concepto de pago a cuenta en los derechos de importación correspondientes a los períodos fiscales 7 a 12/2023. Con costas. En sustento de tal decisión, comenzó por recordar que el art. 182 de la Ley 11.683 prevé los requisitos de procedencia del amparo por demora: a) la existencia de un perjuicio en cabeza del accionante; b) que dicho perjuicio provenga de una demora excesiva del fisco en la realización de un trámite a su cargo; y c) que el interesado haya interpuesto pronto despacho y transcurrido el plazo legal sin resolución. Asimismo, puso de relieve que el art. 183 otorga al Tribunal amplias facultades para requerir informes al organismo fiscal y disponer lo conducente a fin de garantizar el ejercicio del derecho afectado. En cuanto a las concretas circunstancias en torno a la mora alegada, ponderó que la amparista solicitó el 25/7/2024 la devolución del impuesto PAIS abonado como pago a cuenta de derechos de importación de los períodos fiscales 7 a 12/2023. Posteriormente, el 13/12/2024 requirió vista de las actuaciones e interpuso pronto despacho. No obstante, ello, al momento de iniciarse el presente amparo (16/4/2025) y aun luego de requerido el respectivo informe por la Vocalía interviniente (25/4/2025), la administración recién el 6/5/2025 comunicó que el trámite se encontraba en estudio en la Sección Devoluciones, aludiendo a un requerimiento formulado a la contribuyente cuya fecha y contenido no precisó.
Al respecto, indicó que tal respuesta resulta imprecisa y carece de sustento probatorio suficiente, ya que el fisco no acreditó documentación alguna que avale sus manifestaciones, ni desconoció el importe ingresado por la actora en concepto del tributo referido. Concluyó que la demora de diez meses verificada entre la solicitud y la contestación configura una demora excesiva en la resolución del trámite y evidencia un plazo irrazonable, contrario a lo establecido en el art. 10 de la Ley 19.549, de aplicación supletoria, que fija un término de 60 días para expedirse.
II. Que el Fisco Nacional (ARCA-DGI) sostiene que no corresponde imputarle mora injustificada, dado que desde la presentación de la solicitud de devolución la Sección Devoluciones de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes se abocó a su análisis. Explica que, en el marco del estudio de abundante documentación, se libró un requerimiento a la contribuyente el 5/5/2025 (notificado el 6/5/2025), al cual la actora respondió el 27/5/2025 mediante una presentación con más de veinte anexos documentales, actualmente en estudio.
Alega que la sentencia recurrida no valoró adecuadamente dicha circunstancia, ni la complejidad, magnitud y novedad del trámite, que exige un examen exhaustivo en resguardo de las rentas generales del Estado, especialmente considerando el elevado monto reclamado.
Cita doctrina y jurisprudencia para sostener que la “demora excesiva” debe entenderse como demora injustificada o arbitraria, no como el tiempo necesario para cumplir diligencias imprescindibles a fin de esclarecer los presupuestos de hecho, lo que constituye una función propia del organismo recaudador. Invoca, además, que la tramitación del impuesto PAIS presenta particularidades novedosas que justifican un análisis más profundo.
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24204/2025 FERROSIDER SA (TF 40316993-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Reitera que no se acreditó mora excesiva, pues la administración actuó activamente en el trámite y dictó medidas tendientes a resolverlo. Por ello, solicita se revoque la sentencia apelada, con costas a la parte actora.
III. Que, encontrándose los autos en esta Sala, el Fisco Nacional denunció como “hecho nuevo” el dictado de la resolución general 5720/2025 (B.O. 7/7/2025), que prevé un procedimiento especial de devolución de pagos a cuenta del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (Impuesto PAIS) no computados correspondientes a operaciones de importación, solicitando que sea conferido un traslado a la amparista a fin de que tome debido conocimiento de la referida opción (cfr. fs. 2 y 3/7).
IV. Que al contestar el traslado ordenado a fs. 8, la parte actora rechaza la incidencia que el Fisco pretende atribuir a la RG 5720/2025. Señala que su mandante no se encuentra comprendido en los supuestos allí previstos —limitados a los casos de los Decretos 433/23, 14/24 y 777/24—, ya que el pedido de devolución presentado el 25/7/2024 se fundó en que anticipó el 95% del impuesto PAIS sin acceder al MULC, por lo que no se configuró el hecho imponible y corresponde la devolución de los montos ingresados en exceso. Afirma que las operaciones de su parte no encuadran en el procedimiento especial, lo que demuestra que el Fisco no analizó debidamente el reclamo. Aun si pudiera aplicarse, subraya que la devolución prevista por la RG 5720/2025 sólo podría destinarse a cancelar derechos de importación, que su mandante no paga por provenir las mercaderías del MERCOSUR.
Resalta, sin embargo, que la resolución implica un reconocimiento de que existen saldos a favor de los importadores susceptibles de devolución y que, al exigir el desistimiento de trámites previos, admite que estos constituyen vías válidas. Destaca además que la RG establece un trámite sumario y con escasos requisitos, lo que evidencia que no hay complejidades técnicas que justifiquen la demora de casi un año en resolver su petición.
Invoca el principio de igualdad (art. 16 CN) y jurisprudencia de la CSJN para sostener que es arbitrario establecer un régimen de devolución inmediata (10 días a 2 meses) para ciertos casos, mientras se mantiene sin resolución durante un año el pedido de su parte en condiciones igualmente legítimas.
En definitiva, sostiene que la alegación del hecho nuevo por el Fisco constituye un mero artilugio dilatorio y solicita que se lo tenga por contestado, se rechace la apelación y se confirme la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, al encontrarse configurada una demora excesiva imputable a la administración.
V. Que, antes de ingresar al tratamiento de los agravios expresados es importante recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr., CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; 320:2289; 332:640, entre otros).
5720/2025 no resulta relevante para resolver el caso, dado que la situación de la firma actora no encuadra en los supuestos a los que alude, desde que el nuevo procedimiento especial allí instituido ha quedado circunscripto para sujetos que suscribieron acuerdos de precios para el mercado local con la entonces Secretaría de Comercio (decreto 433/2023); para mercaderías ingresadas a Zonas Francas al amparo de un Certificado de Tipificación de Zonas Francas (C.T.Z.F.) (decreto 14/2024) y para operaciones con reducción de alícuota del impuesto (decreto 777/2024).
Por lo demás, el artículo 5° de dicho régimen otorga el carácter optativo y conlleva la renuncia a promover cualquier otra vía administrativa o judicial con idéntico objeto, así como también -en su caso- el desistimiento de cualquier trámite y/o acción administrativa y/o judicial iniciada a los fines de su devolución o repetición.
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24204/2025 FERROSIDER SA (TF 40316993-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO De modo que, a todo evento, en la hipótesis de haber adherido al procedimiento especial de la RG 5720/2025, hubiera sido la amparista quien habría informado esa situación, a los fines de cumplir con lo dispuesto en el art. 5°.
VII. Que, ello sentado, cabe recordar que el citado artículo 182 de la Ley 11.683 (t.v.) prescribe que “La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION mediante recurso de amparo de sus derechos”, siempre que haya interpuesto “pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de QUINCE (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite”. (Párrafo incorporado por art. 1°, punto XXVII de la Ley N° 25.795 B.O. 17/11/2003. Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.)
Por su parte, el artículo 183 de dicha ley, precisa que el Tribunal Fiscal de la Nación podrá resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estime suficiente.
VIII. Que, el ámbito de conocimiento de la acción de amparo por mora se limita a comprobar si se ha configurado –o no– la situación de mora de la Administración.
Como se ha dicho en reiteradas oportunidades, no corresponde pronunciarse en relación con el acierto o desacierto de la posición adoptada, sino acerca de la existencia de mora. No se trata, pues, de que pueda resolverse en un sentido o en otro, sino que corresponda dar respuesta a la petición efectuada. Ello es así por cuanto, lo que por el presente cuadra decidir es si se ha incurrido –o no– en mora administrativa (confr. art. 182 LPT, art. 1160 del CA, art. 28 de la Ley Nº 19.549) y si, en consecuencia, resulta procedente el pedido de la orden de pronto despacho a fin de que la Administración se expida (confr. esta Sala “Cai, Lihui c/ EN – Mº Interior OP Y V - DNM s/ amparo por mora”, del 25/3/2021; “He, Bingyang c/ EN- M Interior OP Y V – DNMExpte. 176365/17 s/ amparo por mora”, del 21/04/2022; "Wang, Huihui c/ EN -DNM- Ex 81224/23 s/ amparo por mora”, del 21/05/2024, entre otros).
Ello sentado, corresponde poner de relieve que la Sala IV ha explicado que “el amparo previsto en los arts. 182 y sig. de la ley 11.683 es un remedio excepcional que tiene como finalidad proteger a los contribuyentes contra las posibles arbitrariedades de la DGI que por una excesiva demora afecten el normal ejercicio de sus derechos. Su fundamento es el de dar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador. Su objeto es impedir que se produzca la lesión de un derecho a través de una demora excesiva. Es dable recordar en tal sentido que el legislador ha dejado al prudente arbitrio del Tribunal la dilucidación de la efectiva existencia de demora excesiva, la que dependerá en cada caso concreto de la complejidad del trámite, las causas y el tiempo que ha de demorar el cumplimiento de los deberes.” (cfr. Sala IV, expte. nro. CAF 13867/2024/CA1, in re “Santos Ricardo Agustín c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, del 1/10/2024).
IX. Que, en orden a analizar si en el caso se vislumbra la configuración de una demora excesiva, corresponde considerar que de la compulsa del expediente surge que:
(i) Mediante presentación digital N° 202400902432, del 25/7/2024, FERROSIDER SA solicitó la devolución de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.261.398.206,44). en concepto de pago a cuenta del impuesto PAIS presentada, que había adelantado, como pago a cuenta, de las operaciones de importación realizadas durante el año 2023. (cfr. pp. 120-122 y pp. 124-125 del DEO)
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24204/2025 FERROSIDER SA (TF 40316993-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (ii) Con fecha 17/12/2024, luego de requerir vista de las actuaciones (v. p. 163 y p. 186 del DEO), a través de la presentación 202401651974 interpuso pronto despacho, sin que la Administración se pronunciara dentro del plazo legal de quince (15) días previsto en el art. 182 de la Ley 11.683 (pp.188-189 del DEO). (iii) La presente acción de amparo fue iniciada el 16/4/2025, habiendo transcurrido más de cuatro (4) meses desde la interposición del pronto despacho sin resolución administrativa (pp. 5 -14 del DEO).
(iv) Luego de que el Tribunal Fiscal de la Nación hubo requerido el informe acerca de la supuesta demora acusada en el escrito de inicio, recién el 6/5/2025, el organismo recaudador informó que la solicitud se encontraba “en estudio”, refiriendo genéricamente a un requerimiento de documentación “en fecha reciente”, sin precisar ni la fecha de emisión ni el contenido del mismo, ni acompañar constancia que lo acredite (pp 111-117 del DEO).
X. Que, bajo tales premisas, no es posible admitir lo argumentado por el Fisco Nacional en el sentido que “la tramitación de la devolución del impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (“impuesto PAIS”), por las características del tributo y por su relativamente reciente fecha de creación, se presenta como un trámite novedoso a realizar por los funcionarios competentes, involucrando el análisis de diversas cuestiones”, desde que el reciente dictado de la RG 5720/2025, en cuyos considerandos la propia ARCA advierte “la existencia de casos en los cuales los operadores de comercio exterior alcanzados por esas previsiones realizaron los pagos a cuenta del Impuesto PAIS pero no lo han podido computar, o bien lo computaron parcialmente, generando saldos a su favor”. En efecto, la motivación que sustenta la mentada resolución autoriza a descartar que la cuestión sea novedosa para el Fisco Nacional.
A lo antedicho, resulta conveniente añadir que tampoco justifica la demora comprobada la circunstancias que la Sección Devoluciones de la Dirección de Control Grandes Contribuyentes haya informado que “mediante Presentación Digital N° 202500580000 de fecha 27 de mayo de 2025 (16:53 horas) la contribuyente ha dado respuesta al requerimiento en cuestión, señalando que la mentada presentación posee más de 20 Presentaciones Complementarias, que contienen otra voluminosa cantidad de documentación, a la fecha en plena etapa de análisis”, desde que al momento del dictado de la presente han transcurrido 84 días hábiles administrativos, sin definición del asunto.
Tal proceder, conjugado con el hecho que el requerimiento fue cursado a más de diez meses de iniciado el pedido de devolución, evidencia una demora excesiva e injustificada en su tramitación, configurativa del presupuesto habilitante del art. 182, toda vez que el perjuicio alegado por la actora deriva de la inactividad del Fisco.
Por consiguiente, tal como lo advirtió el Tribunal Fiscal de la Nación, en la especie, se verifican los recaudos exigidos por la norma: (i) perjuicio en el ejercicio de un derecho; (ii) demora excesiva imputable a la Administración; y (iii) interposición del pronto despacho y vencimiento del plazo legal, lo que torna procedente la acción intentada; razón por la cual, corresponde mantener la sentencia apelada. Con costas.
Por ello, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la resolución de fecha 14/05/2025 (v. IF-2025-50813874-APN-VOCVIII#TFN). Con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia