Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-15481439-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante de la presente.
2Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-11803-2016 con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z.
3Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-129597904-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 SEGUROS (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en el expediente “FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N.º EX-2023-15481439-APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el RE-2023-15481198-APN-SGASAD#TFN la firma FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS interpone recurso de apelación contra la Resolución N.° 8417/2022 dictada en la Actuación N.º 17124-11803- 2016, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma importadora “AEROTEST RIDA S.A.”, al pago de la suma de U$S 71.488 con más intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z. En primer lugar, manifiesta que el procedimiento administrativo es nulo de nulidad absoluta debido a que se desarrolló únicamente en base a impresiones de pantallas, sin incluir en el expediente administrativo el DIT en cuestión, que respalda la denuncia, y la póliza de seguro que sustenta el reclamo tributario. Añade que el auto que dispuso la instrucción del sumario y la corrida de vista fue emitida con el único propósito de interrumpir el plazo de prescripción, el que, además fue notificado casi cinco años después de su dictado. En las condiciones subrayadas, concluye que se debe declarar la nulidad del sumario y la prescripción de la acción del fisco para reclamar el cobro de los tributos. En subsidio, plantea la prescripción de la acción del fisco para reclamar el IVA. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2023-71923825-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica y efectúa un sucinto relato de los hechos acaecidos en sede administrativa. En primer término, señala que el planteo de nulidad debe ser rechazado dado que no se observa ningún vicio de los actos administrativos emanados por la Administración Pública, y debido a que, la aseguradora pudo ejercer su derecho de defensa tanto en sede aduanera como ante esta instancia. En relación a la falta de incorporación del DIT original y la póliza en formato papel, refiere que la jurisprudencia ha sostenido que las constancias informáticas emitidas por la APN hacen plena fe por sí mismas. En cuanto al planteo de prescripción, argumenta que el procedimiento se desarrolló dentro del plazo quinquenal establecido por el Código Aduanero. Por último, indica que dado que la obligación tributaria emergente del DIT en trato no se encuentra regularizada y que la póliza otorgada se halla pendiente de cancelación, la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos adeudados por la operación que garantizó. Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Actuación N.º 17124-11803-2016 (agregada mediante el IF-2023-81763654-APN-DTD#JGM): se inicia con la denuncia efectuada por el servicio aduanero por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del C.A. con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z. A fs. 14 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 15, el 08/11/2017, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado (notificada, a la aseguradora a fs. 28 -el 02/05/2022-). A fs. 16 se glosa el print de pantalla de consulta de garantía. A fs. 20/23/vta la aseguradora contesta vista. A fs. 29 se declara la rebeldía de la importadora. A fs. 35 se provee la presentación efectuada por la aseguradora y a fs. 36, el 14/12/2022, se dicta la Resolución apelada en autos.
IV. Mediante PV-2023-115443800-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). En ese entendimiento, corresponde examinar si la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-11803-2016, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2013 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 08/11/2017 (v. fs. 15) y que se notificó recién de todo lo actuado el 02/05/2022.
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 08/11/2017 (ver fs. 15 del expte. adm.), advirtiéndose que fue notificada recién el 02/05/2022.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2013, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2017 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 14/12/2022 (notificada a la aseguradora a fs. 42 -el 19/12/2022-). A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z 23/03/2010 (no obra agregado el DIT original, solo prints de pantalla)
Vencimiento del DIT -prorroga - 08/04/2012 Acta de denuncia (fs. 10) 20/01/2017 Apertura de sumario y corrida de vista (fs. 15) 08/11/2017 Notificación de la instrucción del sumario y la Aseguradora -02/05/2022 (fs. 28)- corrida de vista Resolución apelada (fs. 36/40) 14/12/2022 Notificación de la Resolución (fs. 42) 19/12/2022 Plazo de prescripción 01/01/2013-31/12/2017 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, si bien la apertura del sumario y la corrida de vista se efectuó dentro del plazo de prescripción, su notificación se realizó casi 5 años después de su dictado, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva del servicio aduanero en efectuar una notificación oportuna. En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z.
Segunda Cuestión VIII.- Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de la Sala G, considero pertinente analizar si el auto de apertura del sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A. Cabe señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justificar su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros). Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente. Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaro específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizo de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizo la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”. (CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. En esa línea, es importante traer a colación lo resuelto por la Sala I de la Cámara (CNACAF, Sala I Expte. 11.705/17, Henkel Argentina SA (TF 35.851-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo). La cuestión fáctica llevada a consideración en dicho pronunciamiento resulta análoga a la de autos en cuanto tampoco se había agregado en sede administrativa el sobre contenedor del DIT denunciado, pese a lo cual también se dispuso la instrucción del sumario. Atento a ello, el Tribunal de Alzada consideró que "De la reseña que antecede se sigue que la apertura de sumario es infundada. Es que el Jefe interino del Departamento de procedimientos Legales Aduaneros, al requerir que se remita la documentación original (carpeta contenedora del DIT y póliza), desconoció la información que previamente había sido recabada en función de la denuncia de fs. 1. Por un lado ( ... ) se había puesto de relieve que la carpeta contenedora con el DIT original no se encontró, de allí que, si se considera que es requisito necesario contar con la documentación original para la prosecución del proceso, resulta contradictoria la decisión de instruir el sumario sin tener esa a la vista". Y continúa sentenciando que: "los antecedentes con los que contaba la aduana (...) nunca pudieron servir de causa al auto que dispuso la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA. Ese acto entonces, como se anticipó, es nulo y por lo tanto no pudo producir el efecto suspensivo ni interruptivo que los arts. art. 805 y art. 937 del CA prevén para el cómputo de la prescripción, como se sostuvo en el pronunciamiento recurrido".
XIV. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-11803-2016, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 08/11/2017 (fs. 15 del expte. adm.), el cual se instruyó sobre la base de datos informáticos relativos a la destinación de importación temporal, imputándose la comisión de una presunta infracción, sin adjuntar en ningún momento los originales del D.I.T. involucrado ni la póliza de caución allí referida.
En ese entendimiento del asunto, al no poder contar con la documental indispensable como el DIT en trato -a los fines de determinar su vencimiento, si se ha concedido, o no, prórroga del plazo de permanencia de la mercadería, si existen, o no, permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo, certificados de tipificación, clasificación y declaraciones juradas de insumos que pudieran haber sido documentados etc.-, no es posible verificar los hechos ni analizar los fundamentos de los que la aduana se valió para sustanciar la denuncia contra la importadora -por la infracción al art. 970 del C.A.- y la consiguiente exigencia tributaria respecto de la aseguradora (no resultando suficiente el print de pantalla de la póliza de seguro agregada a fs. 16 de las act. adm.).
Desde este punto de vista, resulta evidente la importancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. -entre los cuales considero, se encuentra la agregación del D.I.T. original, en virtud que es la razón por la que, se labra el acta de denuncia- a fin de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
De lo descripto surge, sin esfuerzo de interpretación alguna, que la actora no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, vulnerando las garantías elementales del debido proceso y el derecho de defensa con raigambre constitucional y convencional, concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción. En este orden de ideas, y sobre la base de los fundamentos expuestos, considero que el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta (crf. arts. 7, 14, 17 de la L.N.P.A.) debido a que fue dictado sin contar con la carpeta original del DIT cuestionado (cfr. art. 1094 del C.A.) y dado que tampoco obra agregada la póliza de caución que sirve de sustento al reclamo tributario a la aseguradora.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-11803-2016 con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z.
3. Con costas a la DGA.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 17124-11803-2016 con relación al D.I.T. 10 073 IT11 000013 Z.
3. Con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.30 14:16:59 ART Date: 2023.10.30 18:05:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.31 14:27:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 14:27:25 -03:00
Fin de la sentencia