Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-47738273-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDejar sin efecto el reclamo tributario de la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en la actuación SIGEA 17124-12469-2016 con relación a FIANZAS Y CREDITO S.A. DE SEGUROS, con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-58327452-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Junio de 2026 COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DGA s/ Recurso de Apelación.-
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura -Vocal subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación que se encuentra vacante-, con la presidencia de la Sala a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, EX-2023-47738273-APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que, mediante RE-2023-47731432-APN-SGASAD#TFN, se presenta por apoderado FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la RESOL-2023-1220-E-AFIP- DEPRLA#SDGTLA, de fecha 05/04/2023, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-12469- 2016.
Que, por dicho acto, el servicio aduanero condenó a la importadora ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A. por considerarla incursa en la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, con relación a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D, y le impuso multa. Asimismo, formuló cargo por los tributos adeudados, por la suma de Dólares Estadounidenses cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 21/100 (U$S 4.475,21), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, e intimó su pago a la importadora y a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en su carácter de garante, en los términos de los arts. 794, 796, 1122 y concordantes del Código Aduanero, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 313626.
Que la recurrente manifiesta que, según lo sostenido por el servicio aduanero, la firma importadora no habría cumplido con las obligaciones asumidas al ingresar la mercadería documentada bajo la destinación temporaria involucrada, por lo que habría incurrido en la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero. Como consecuencia de ello, la mercadería no regularizada habría quedado importada para consumo, generándose la obligación tributaria reclamada, supuestamente garantizada por su parte.
Que plantea, en primer lugar, la nulidad del procedimiento y de la resolución apelada, con sustento en la falta de agregación del sobre original de la destinación de importación temporaria. Sostiene que la ausencia de dicha pieza impide acreditar extremos esenciales, tales como la existencia de la destinación, su titularidad, el vencimiento del plazo de permanencia, la eventual solicitud de prórrogas, la mercadería involucrada, su clasificación, su valoración, la liquidación tributaria y la existencia misma del presupuesto fáctico de la imputación. Que afirma que el servicio aduanero no puede sustituir el sobre original por simples impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina, pues ello -a su criterio- no permite verificar adecuadamente los datos esenciales de la operación ni ejercer de modo pleno el derecho de defensa.
Que agrega que, al contestar la vista en sede administrativa, solicitó expresamente la agregación de la póliza en virtud de la cual se formulaba el reclamo en su contra y sostiene que, sin dicho instrumento, no puede considerarse acreditado el vínculo de garantía ni el límite de responsabilidad de la aseguradora. Que invoca, asimismo, el principio del plazo razonable y sostiene que la demora en la tramitación del sumario aduanero vulnera el derecho de defensa en juicio. Señala que el servicio aduanero instruyó el sumario varios años después del vencimiento de la destinación y que la vista fue notificada recién en el año 2023, lo que, a su entender, torna irrazonable la persecución fiscal.
Que, subsidiariamente, opone prescripción de la acción del Fisco para reclamar el IVA, con fundamento en el art. 51 de la Ley de IVA y en las disposiciones de la Ley 11.683. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que, mediante IF-2023-92479094-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Efectúa una reseña de las actuaciones administrativas y niega todas y cada una de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de expreso reconocimiento.
Que sostiene que los argumentos de la recurrente no desvirtúan la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero ni la exigibilidad de los tributos garantizados. Señala que, tratándose de una destinación suspensiva, la carga de acreditar el cumplimiento regular de las obligaciones asumidas recae sobre la importadora y/o tomadora del seguro.
Que destaca que la importadora debía demostrar, con documentación aduanera idónea, que había cumplido acabadamente con las obligaciones propias del régimen de importación temporaria dentro del plazo otorgado. Invoca, en tal sentido, los arts. 274 y concordantes del Código Aduanero y cita jurisprudencia que considera aplicable.
Que, en cuanto al planteo de nulidad, afirma que el procedimiento seguido por la Aduana se ajustó al régimen legal vigente y que las constancias del Sistema Informático Malvina permiten identificar la destinación, la mercadería, el plazo de permanencia y la liquidación respectiva. Agrega que no existió afectación concreta del derecho de defensa.
Que, respecto de la póliza, sostiene que el vínculo de garantía se encuentra acreditado y que los tributos reclamados son aquellos efectivamente asegurados. Recuerda que, conforme el régimen del seguro de caución aduanero, la aseguradora queda obligada frente al servicio aduanero dentro de los límites de la garantía otorgada. Que, en lo atinente a la prescripción, expresa que no corresponde aplicar el régimen general de la Ley de IVA ni el de la Ley 11.683, toda vez que el Código Aduanero contiene un subsistema específico para los tributos exigibles con motivo de destinaciones aduaneras y de infracciones aduaneras. Invoca, en particular, los arts. 803, 805, 806 y concordantes del Código Aduanero.
Que, finalmente, solicita el rechazo del recurso, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 17124-12469-2016 (acompañadas por la DGA mediante presentación IF-2024-51408089-APN-DTD#JGM del 17/05/2024) se inician con constancias extraídas del Sistema Informático Malvina correspondientes a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D, documentada por ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A., CUIT 30-69273757-8, con vencimiento de permanencia el 20/08/2012.
Que, de la compulsa de dichas actuaciones, surge que a fs. 1/2 lucen constancias de inicio y carátula; a fs. 3 y 5 obran impresiones de consulta de declaración detallada relativas a la destinación involucrada; a fs. 6 luce informe en el que se consigna la posición arancelaria 9028.90.90.000H, el valor en aduana de U$S 10.924,47, el vencimiento de la destinación el 20/08/2012 y el tipo de cambio considerado; a fs. 8/9 obra la actuación vinculada a la denuncia; a fs. 12 se remiten las actuaciones al Departamento Procedimientos Legales Aduaneros; a fs. 14, con fecha 08/11/2017, se dispone la instrucción del sumario en los términos del art. 1090, inc. c), del Código Aduanero, se corre vista a la importadora y se cita a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como garante.
Que a fs. 19/20 luce agregada la póliza N° 313626, invocada por el servicio aduanero para sustentar la citación en garantía. A fs. 21 y vta. se ordena la corrida de vista a la importadora y a la garante. A fs. 22 obra la cédula de notificación dirigida a la firma importadora ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A., y a fs. 24 la cédula de notificación dirigida a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, notificada con fecha 21/03/2023. A fs. 25/30 luce incorporada la contestación de vista de la garante. A fs. 31 se declara la rebeldía de la imputada ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A. y a fs. 32 consta la respectiva cédula de notificación. A fs. 36/40 luce glosada la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, notificada a la importadora con fecha 10/04/2023 y a la aquí actora con fecha 11/04/2023, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 41 y 42, respectivamente.
IV. Que mediante providencia PV-2024-58663825-APN-VOCXV#TFN se tuvieron por acompañadas las actuaciones administrativas, mediante providencia PV-2026-55182544-APN-VOCXV#TFN se dispuso elevar los autos a esta Sala “E”, la que mediante providencia IF-2026-55188526-APN-VOCXV#TFN dictó llamado de autos a sentencia.
V. Que corresponde analizar, en primer término, el planteo de nulidad articulado por la actora contra el procedimiento sumarial y contra la resolución apelada, con fundamento principal en la falta de agregación del sobre original correspondiente a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D.
Que la recurrente sostiene, en sustancia, que la ausencia del original de la destinación impide tener por acreditados extremos esenciales de la imputación, tales como la existencia misma del despacho, su titularidad, el vencimiento del plazo de permanencia, la eventual concesión de prórrogas, la mercadería involucrada, su valor, su clasificación y la liquidación de los tributos reclamados. A partir de ello, postula la nulidad del procedimiento y de la resolución apelada.
Que adelanto que dicho planteo no puede prosperar.
VI. Que el art. 1094 del Código Aduanero dispone que la resolución que ordenare la apertura del sumario determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá, según corresponda, las medidas cautelares, la verificación de la mercadería en infracción, su clasificación arancelaria y valoración, la recepción de declaraciones, la liquidación de los tributos que pudieren corresponder y las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que la norma no exige, como requisito autónomo de validez del auto de apertura, la agregación material del sobre original de la destinación aduanera involucrada. Lo que impone es que el acto cuente con causa suficiente, individualice los hechos reputados infraccionales y permita el adecuado ejercicio del derecho de defensa. Que, en el caso, las actuaciones administrativas no se sustentan en una mera afirmación dogmática ni en una denuncia carente de respaldo, sino en constancias extraídas del sistema informático oficial del servicio aduanero, correspondientes a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D, cuyo vencimiento operó el 20/08/2012, y en actuaciones posteriores dirigidas a verificar la eventual cancelación de la destinación y a practicar la liquidación respectiva.
Que las constancias del Sistema Informático Malvina -ex Sistema Informático MARIA- constituyen registros oficiales de la operatoria aduanera. La validez jurídica de las declaraciones aduaneras registradas electrónicamente en dichos sistemas se encuentra reconocida por el régimen normativo vigente, en particular por la Resolución General AFIP N° 1284/2002 y sus modificatorias, que establecieron el marco legal de la declaración aduanera informática, y por las disposiciones de la Ley N° 25.506 sobre firma digital y documentos electrónicos, que otorgan a los documentos digitales plena validez jurídica y fuerza probatoria equivalente a la del soporte papel, en tanto permitan verificar la integridad e inalterabilidad de su contenido. Cuando tales constancias se encuentran incorporadas a las actuaciones y permiten identificar la destinación, el sujeto documentante, el régimen utilizado, la mercadería y los datos relevantes de la operación, no cabe privarlas sin más de valor probatorio documental por la sola ausencia del soporte papel original.
Que, en autos, las constancias obrantes permiten identificar la destinación, la importadora, el vencimiento, la posición arancelaria, el valor en aduana, la liquidación practicada, la denuncia, el auto de apertura, la citación de la garante y la póliza invocada. A su vez, la recurrente no aportó prueba idónea que controvierta la autenticidad, correspondencia o exactitud sustancial de esos registros, ni acreditó la cancelación regular de la destinación. Que, por ello, exigir indefectiblemente el sobre original, aun frente a registros informáticos oficiales incorporados al sumario y demás constancias documentales suficientes, importaría desconocer la realidad actual del sistema de registración aduanera y condicionar la validez del procedimiento a una exigencia formal que el art. 1094 del Código Aduanero no establece de modo expreso.
VII. Que tampoco se ajusta a las constancias de la causa lo afirmado por la actora en cuanto sostiene que no fue incorporada al sumario la póliza que acreditaría el vínculo de garantía. De la revisión de las actuaciones administrativas surge que la póliza N° 313626 luce agregada a fs. 19/20, extremo que permite tener por acreditada la garantía invocada por el servicio aduanero, sin perjuicio de que la responsabilidad de la aseguradora deba quedar limitada al monto máximo y a los rubros efectivamente afianzados.
Que, en consecuencia, no se verifica la alegada falta de causa del acto respecto de la aseguradora. La póliza se encuentra individualizada, incorporada al expediente administrativo y expresamente considerada en la resolución apelada, la cual limita el reclamo contra la garante al límite numérico y a los rubros afianzados.
VIII. Que, a mayor abundamiento, corresponde señalar que la tesis de la recurrente -en cuanto pretende imputar al servicio aduanero la falta del soporte papel original- tampoco se compadece con el régimen normativo vigente al momento de la oficialización de la destinación involucrada.
Que la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D fue oficializada con posterioridad a la entrada en vigencia del régimen de Depositario Fiel instaurado por la Resolución General AFIP N° 2573/2009 y sus modificatorias.
Que en virtud de dicho régimen, la guarda, conservación y eventual aporte de la documentación aduanera quedó a cargo del declarante, quien debía resguardar la documentación respaldatoria de la destinación y ponerla a disposición del servicio aduanero cuando le fuera requerida.
Que, por lo tanto, la falta de disponibilidad del soporte papel original no puede ser imputada al servicio aduanero sino todo lo contrario, al importador, pues era quien precisamente, la tenía en su poder.
IX. Que tampoco se advierte que la recurrente haya sufrido una afectación concreta y efectiva de su derecho de defensa como consecuencia de la ausencia del sobre original.
Que la garante fue debidamente citada al procedimiento, contestó la vista conferida, articuló las defensas que consideró pertinentes y luego accedió a esta instancia jurisdiccional, donde reiteró sus agravios y tuvo oportunidad de ofrecer prueba. La importadora, por su parte, fue citada en sede administrativa y declarada rebelde, circunstancia que no puede ser invocada por la aseguradora para obtener, sin más, la nulidad del procedimiento.
Que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando la restricción de la defensa en juicio se invoca respecto de un procedimiento administrativo, no existe violación efectiva del art. 18 de la Constitución Nacional si el interesado cuenta con una instancia jurisdiccional posterior suficiente para plantear y probar sus defensas.
Que, en igual sentido, la nulidad no procede por la nulidad misma, sino únicamente cuando se acredita un perjuicio concreto, real y actual. En autos, la actora no demuestra qué defensa específica se vio impedida de ejercer ni qué prueba concreta habría podido producir de haberse agregado el sobre original. Su planteo se mantiene en un plano conjetural, insuficiente para invalidar todo el procedimiento.
Que, por todo lo expuesto en los puntos precedentes, corresponde rechazar el planteo de nulidad, con costas a la actora vencida.
X. Que corresponde analizar seguidamente la prescripción opuesta por la actora.
Que el vencimiento de la destinación temporaria involucrada operó el 20/08/2012. En consecuencia, el plazo quinquenal de prescripción comenzó a correr el 01/01/2013, conforme el régimen previsto en los arts. 803, 804, 934 y 935 del Código Aduanero.
Que, con relación a la acción para imponer penas, debe tenerse presente que, antes de que operara su vencimiento, el servicio aduanero dictó el auto de apertura del sumario con fecha 08/11/2017. Dicho acto, que por las razones expuestas considero válido, produjo el efecto interruptivo previsto en el art. 937, inc. a), del Código Aduanero. Que, a su vez, corresponde computar la suspensión general de un año dispuesta por el art. 17 de la Ley 26.860 (B.O. 31/07/2013), vigente durante el curso del plazo originario de prescripción, así como la suspensión de un año prevista por el art. 17 de la Ley 27.562 (B.O. 06/08/2020), aplicable al nuevo plazo en curso luego del acto interruptivo. El cómputo resultante es el siguiente: el plazo originario de cinco años comenzó a correr el 01/01/2013 y se vio suspendido durante un año en virtud de la Ley 26.860, de modo que, sin computar dicha suspensión, hubiera vencido el 01/01/2018, pero con ella se extendió hasta el 01/01/2019; sin embargo, con anterioridad a ese vencimiento, el servicio aduanero dictó el auto de apertura del sumario el 08/11/2017, que produjo el efecto interruptivo previsto en el art. 937, inc. a), del Código Aduanero, dando inicio a un nuevo plazo de cinco años a partir de esa fecha; dicho nuevo plazo, a su vez, se vio suspendido durante un año en virtud del art. 17 de la Ley 27.562, de modo que su vencimiento operaría el 08/11/2023; en tales condiciones, la RESOL- 2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada el 05/04/2023, fue emitida antes de que operara la prescripción de la acción sancionatoria.
Que, en cuanto a la acción para percibir los tributos, el art. 805, inc. a), del Código Aduanero dispone la suspensión del curso de la prescripción desde la apertura del sumario hasta que recaiga decisión que habilite el ejercicio de la acción de cobro. Asimismo, los efectos de los actos interruptivos o suspensivos se extienden a los deudores solidarios o subsidiarios, conforme el art. 807 del mismo cuerpo legal.
Que, además, la interposición del recurso ante este Tribunal mantiene suspendido el curso de la prescripción en los términos del art. 805, inc. c), del Código Aduanero, en tanto impide la ejecutoriedad del acto administrativo recurrido hasta que recaiga decisión jurisdiccional.
Que de ello se sigue que la acción del Fisco para reclamar los tributos derivados de la importación para consumo irregular de la mercadería tampoco se encontraba prescripta al momento del dictado de la resolución apelada ni al tiempo de su impugnación ante este Tribunal.
Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción, con costas a la actora vencida.
XI. Que la actora invoca subsidiariamente la garantía del plazo razonable, con fundamento en el Pacto de San José de Costa Rica y en sendos fallos que cita.
Que, en primer lugar, corresponde destacar que la garantía convencional invocada ha sido creada en resguardo de los derechos de las personas físicas y, en consecuencia, no resulta aplicable en la presente causa toda vez que la recurrente es una persona jurídica.
Que, en tal sentido, con fecha 26 de febrero de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC-22/16, donde sostuvo que "el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado". Siendo la Corte IDH el órgano competente para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención (art. 62.3 de la CADH), la claridad del texto transcripto me exime de mayor desarrollo.
Que, a mayor abundamiento, tampoco le resulta aplicable a la recurrente el beneficio del plazo razonable desde el aspecto tributario, por ser contrario a su naturaleza jurídica y por carecer esta instancia de dicha facultad en virtud del principio de indisponibilidad del crédito fiscal.
Que por lo expuesto corresponde asimismo rechazar este agravio.
XII. Que también corresponde rechazar el planteo subsidiario de prescripción de la acción del Fisco para reclamar el IVA.
Que la actora pretende aplicar el régimen general de prescripción previsto en la Ley de IVA y en la Ley 11.683. Sin embargo, en el caso no se trata de una determinación ordinaria del impuesto en el mercado interno, sino de tributos exigibles con motivo del incumplimiento de una destinación aduanera suspensiva y de la consecuente importación para consumo de la mercadería, en los términos del art. 274 del Código Aduanero.
Que, en tales condiciones, resulta aplicable el régimen específico del Código Aduanero, que regula tanto el nacimiento de la obligación tributaria aduanera como la prescripción de las acciones del Fisco para percibir tributos vinculados a destinaciones aduaneras y a procedimientos infraccionales. Ese subsistema desplaza, para el caso, la aplicación del régimen general invocado por la recurrente. Que, por ello, corresponde desestimar también este agravio, con costas a la actora vencida.
XIII. Que, despejados los planteos de nulidad, prescripción y plazo razonable, corresponde examinar si se encuentra acreditado el incumplimiento del régimen de importación temporaria que dio origen al cargo tributario reclamado a la garante.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona a quien no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o de exportación temporaria, según el caso.
Que, por su parte, el art. 274 del mismo cuerpo legal establece que la mercadería sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo cuando hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren.
Que, tratándose de un régimen suspensivo y de excepción, la carga de acreditar el cumplimiento regular y oportuno de las obligaciones asumidas recae sobre quien se acogió voluntariamente a sus beneficios. En consecuencia, correspondía demostrar con documentación idónea la reexportación, la importación para consumo, o cualquier otra forma regular de cancelación de la destinación dentro del plazo otorgado.
Que, en autos, no se ha acompañado prueba que acredite la cancelación regular de la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D. La importadora fue declarada rebelde en sede administrativa y la garante tampoco aportó elementos que desvirtúen las constancias del servicio aduanero ni la liquidación practicada. Que, por lo tanto, corresponde tener por configurado el incumplimiento del régimen suspensivo y, en consecuencia, la procedencia del cargo tributario reclamado a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en su carácter de garante, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 313626.
XIV. Que corresponde precisar el alcance de la responsabilidad de la aseguradora.
Que la finalidad del seguro de caución aduanero es garantizar al servicio aduanero, hasta el límite de la suma asegurada y por los rubros comprendidos en la cobertura, el pago de las obligaciones tributarias cuyo cumplimiento fue afianzado. Desde el punto de vista sustancial, el seguro de caución aduanero garantiza el riesgo tributario derivado de la operación afianzada —esto es, el pago de los tributos que se generen como consecuencia del incumplimiento del régimen suspensivo—, mas no comprende, en principio, la sanción penal-aduanera impuesta al infractor, salvo que la cobertura lo prevea expresamente. Esta distinción entre la obligación tributaria aduanera y la sanción infraccional tiene fundamento en la diversa naturaleza jurídica de ambas: aquélla nace del hecho imponible definido por el art. 274 del Código Aduanero, mientras que ésta constituye una pena que presupone la responsabilidad personal del infractor y no es, como regla, trasladable al garante por la mera operatividad de la póliza. En este tipo de garantía no corresponde reconocer beneficio de excusión ni exigir al servicio aduanero que agote previamente vías de cobro contra el importador, sin perjuicio de los límites propios de la póliza.
Que, conforme surge de la resolución apelada y de la póliza N° 313626 agregada a las actuaciones, FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS fue citada e intimada en su carácter de garante de los tributos exigibles en la operación en trato, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados. En consecuencia, la confirmación que aquí se propicia debe quedar circunscripta a ese alcance y no puede entenderse como una confirmación autónoma de la multa impuesta a la importadora, que no ha sido objeto de recurso por la aseguradora.
Que también corresponde dejar expresamente establecido que el presente pronunciamiento se limita al recurso interpuesto por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y, por ende, confirma la resolución apelada únicamente en cuanto intima a dicha aseguradora el pago de los tributos adeudados, con los intereses que correspondan, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 313626.
XV. Que, por las razones expuestas, corresponde rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con costas.
Que, asimismo, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la aseguradora y confirmar la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 05/04/2023, en cuanto fue materia de recurso por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, esto es, en cuanto le intima, en su carácter de garante, el pago de los tributos adeudados con relación a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D, por la suma de Dólares Estadounidenses cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 21/100 (U$S 4.475,21), con más los intereses que correspondan, dentro del límite numérico y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 313626.
Que las costas correspondientes al rechazo de los planteos de nulidad y prescripción se imponen a la actora vencida. Asimismo, las costas relativas al rechazo del recurso y a la confirmación del cargo tributario apelado se imponen también a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, conforme el principio objetivo de la derrota.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Con costas.
2. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS y confirmar la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, de fecha 05/04/2023, en cuanto intima a FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en su carácter de garante, al pago de los tributos adeudados con relación a la Destinación de Importación Temporaria N° 11073IT14001432D, por la suma de Dólares Estadounidenses cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 21/100 (U$S 4.475,21), con más los intereses que correspondan, dentro del límite y por los rubros afianzados conforme la póliza N° 313626. Con costas.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que, me remito al relato de los hechos que resultan de los Considerandos I a IV del voto del Dr. Juárez.
II. Que difiero del resultado arribado por el vocal preopinante, por lo que corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Que en autos se trata de resolver la procedencia de los tributos exigidos a la importadora ELSTER-AMCO DE SUDAMERICA S.A. y a la aseguradora FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en forma solidaria, por la presunta comisión de la infracción del art. 970 del CA respecto de la destinación 11073IT14001432D.
Que, como cuestión preliminar, cabe señalar que la actora se agravia de la resolución apelada por cuanto no obra en autos la carpeta original de la destinación, por lo que solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado. Que según se puede observar de las actuaciones administrativas, mediante el acta 1000/16 (SE OPRE) de fs. 3, la Sección Operativa y Registro de la aduana de Ezeiza efectúa la denuncia en los términos del art. 970 del CA con relación a la totalidad de la mercadería importada de conformidad con las impresiones de pantalla obrantes a fs. 1/2, sin hacer mención al motivo por el cual no obra la carpeta original de la DIT. Asimismo, el sumario aduanero tramitó hasta el dictado de la resolución condenatoria, sin la agregación de la carpeta de la destinación. Que, cabe señalar, que no se encuentra controvertida en autos la validez y autenticidad de las impresiones de pantalla del Sistema Informático Malvina aportadas por el servicio aduanero y que de aquellas surge la fecha de vencimiento de la DIT, la cantidad importada y la posición arancelaria.
Que, sin embargo, estos datos son insuficientes para sustentar la imputación en los términos del art. 970 del CA. En efecto, no aclara el régimen bajo el cual tramitó la destinación ni su eventual prórroga y omite la descripción del insumo importado que es indispensable para cotejarlo con los permisos de embarque, los CTIT y/o destinaciones de importación a consumo a fin de determinar el supuesto incumplimiento de la importadora y, en consecuencia, la responsabilidad tributaria de la aseguradora.
Que, en virtud de lo expuesto, atento a que el procedimiento por infracciones tiene como finalidad investigar si se cometió una infracción e identificar a los responsables, no parece razonable admitir responsabilidad tributaria (solidaria en este caso) cuando no se cuenta con el original de la carpeta de la destinación temporaria a fin de compulsarla con los registros obrantes en el sistema informático.
Que la carpeta de la destinación, es el documento esencial que motiva la denuncia, causa de la imputación de la infracción y la consiguiente exigencia tributaria respecto de la aseguradora y no resulta suficiente la póliza de seguro agregada a fs. 19 de las actuaciones. En ese sentido la destinación de importación temporaria y los permisos de embarque y/o despachos de importación a consumo que pudieran haber sido documentados -aún como en el caso de autos que no fueron acompañados en la contestación de la vista- resultan indispensables para dilucidar el eventual incumplimiento imputado por la Aduana.
Que, en consecuencia, siendo la Aduana la responsable de contar con la destinación 11073IT14001432D, en virtud de la cual incriminó el incumplimiento por la importadora (por la que debe responder solidariamente la aseguradora) su ausencia implica que el reclamo tributario carece de sustento documentado, por lo que corresponde dejar sin efecto la exigencia pecuniaria contenida en la resolución apelada, con costas a cargo de la DGA.
Que, por ello, VOTO POR:
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en la actuación SIGEA 17124-12469-2016 con relación a FIANZAS Y CREDITO S.A. DE SEGUROS, con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Soria.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Dejar sin efecto el reclamo tributario de la RESOL-2023-1220-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA dictada en la actuación SIGEA 17124-12469-2016 con relación a FIANZAS Y CREDITO S.A. DE SEGUROS, con costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio J. Segura –en carácter de Vocal subrogante de la Vocalía de la 14° Nominación, que se encuentra vacante -conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 RPTFN.-
Date: 2026.06.09 23:10:15 ART Date: 2026.06.11 00:54:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.11 15:00:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.11 15:00:54 -03:00
Fin de la sentencia