Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-86212880-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 5° de la Resolución N° 483/2022 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en fecha 11/05/2022, en la actuación SIGEA N° 17507-21-2019-sumario contencioso N° 265-2019/6-, declarando que la actora adeuda-hasta el límite de la póliza N° 644599- la suma de DÓLARES QUINCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 51/100 CVOS. (U$S 15.309,51), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2Costas a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101342567-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Septiembre de 2025 COMPAÑÍA DE SEGUROS Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente N° EX- 2022-86212880-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 483/2022 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en fecha 11/05/2022, en la actuación SIGEA N° 17507-21-2019 (sumario contencioso N° 265-2019/6), en cuanto intima a la firma actora en su carácter de garante de la operación N° 17017IT04000045F, documentada por el Sr. Eduardo López (CUIT 20-06717224-9).
II. Fundamentos de la apelación: Que mediante el RE-2022-86212306-APN-SGASAD#TFN, se presenta la actora, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. Relata los antecedentes de la causa y desarrolla sus agravios. Inicialmente, asevera que no se agregó la póliza que habilita el reclamo tributario ni la carpeta original del despacho. Agrega que para que la compañía sea responsable del pago de los tributos, necesariamente el servicio aduanero debe agregar al sumario la póliza original en virtud de la cual se formula el reclamo. Cita jurisprudencia de este Tribunal. Subsidiariamente, peticiona que la responsabilidad quede limitada al límite de la póliza. Finalmente, ofrece prueba y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante el IF-2022-130858034-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Relata los antecedentes del caso y formula una negativa general. Explica que la garantía contenida en la póliza en cuestión se presta a requerimiento de la firma importadora, constituyendo a la actora en fiadora, lisa, llana y principal pagadora. Explica que el elemento que permite la vinculación entre el servicio aduanero y la compañía es la póliza, por lo que no puede soslayarse que la responsabilidad tributaria tiene un origen contractual, dado que sus obligaciones no provienen directamente de la ley, sino de la póliza de seguro de caución emitida y suscripta por ella. En lo que respecta a la falta de la póliza, argumenta que no puede dejarse de tener en cuenta el criterio de la CSJN referente a que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 17507-21-2019 (SC 265/2019/6) (archivos embebidos a los IF-2022-131118107-APN-DTD#JGM, IF-2022-131118263-APN- DTD#JGM e IF-2022-131118483-APN-DTD#JGM) se inician a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 15/05/2019. A fs. 4 se adjunta impresión de pantalla de la destinación en trato. A fs. 6 y 7 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos y multa mínima. A fs. 8/9, en fecha 07/06/2019, se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista. A fs. 12/24 se presenta el importador y contesta vista. A fs. 46 y siguientes se adjuntan constancias de la comparecencia del señor Edgardo Ramón Marcos y 58/60 se agregan copias de la destinación en trato. A fs. 72/74 se dispone ampliar la instrucción respecto de este último, por la comisión de la infracción prevista en el art. 971 del C.A. A fs. 76/80 vta. A fs. 81 obra impresión del sistema informático de la garantía y a fs. 82/83 la póliza otorgada por la actora para garantizar la operación en trato. A fs. 132/133 se presenta el Sr. Edgardo Ramón Marcos y efectúa su descargo. A fs. 134 luce el Dictamen N° 474/2022. A fs. 135/136 se emite el acto apelado. A fs. 142/144 la actora da cuenta de la apelación y acompaña formulario F4.
V. Que por PV-2025-94673109-APN-VOCXVIII#TFN se elevaron los autos a la Sala “G”. Por IF-2025- 95905488-APN-VOCXXI#TFN pasaron a sentencia.
VI. Que tal como surge de la PV-2022-131804122-APN-VOCXXI#TFN corresponde tratar los planteos de nulidad opuestos por la actora, relativos concretamente a la falta de agregación de la destinación y de la póliza.
Que de las constancias de las actuaciones administrativas surge que la aludida documentación efectivamente fue agregada (tanto la destinación como la póliza N° 644599 vinculada a la operación en trato), razón por la cual el planteo nulificante pierde toda virtualidad.
VII. Que, en cuanto al fondo de la cuestión, cabe aclarar que el cumplimiento del régimen de importación temporal no forma parte de los agravios de la recurrente, como tampoco existe documentación-en las actuaciones administrativas ni en el expediente principal-que permita acreditar la cancelación de la destinación en trato.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto correspondiente a la suma máxima asegurada en la póliza N° 644599 ($ 880.000).
VIII. Que en cuanto a la liquidación tributaria de fs. 7 de las actuaciones administrativas, la que posteriormente se vio parcialmente reflejada en la resolución aduanera apelada, se reclamaron tributos por U$S 15.309,51, sin incluir el IVA adicional ni el Impuesto a las Ganancias, razón por la cual corresponderá confirmar el art. 5° del acto apelado.
IX. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren desde el 07/08/2019 (cfr. fs. 11 vta. y 76 de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que, por las razones expuestas precedentemente, no cabe más que confirmar el art. 5° de la resolución aduanera apelada, con costas a la recurrente.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR el art. 5° de la Resolución N° 483/2022 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en fecha 11/05/2022, en la actuación SIGEA N° 17507-21-2019-sumario contencioso N° 265-2019/6-, declarando que la actora adeuda-hasta el límite de la póliza N° 644599- la suma de DÓLARES QUINCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 51/100 CVOS. (U$S 15.309,51), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
II. No obstante, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora formulada en el considerando VII, a lo referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero. Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho. En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del CA prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de "asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone", las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación. Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del CA.
Por lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR el art. 5º de la Resolución N°483/2022 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en fecha 11/05/2022, en la actuación SIGEA N°17507-21-2019 – sumario contencioso N°265-2019/6-, declarando que la actora adeuda, hasta el límite de la póliza N° 644599, la suma de DÓLARES QUINCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 51/100 CVOS. (USD 15.309,51), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2).- Costas a cargo de la actora.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- CONFIRMAR el art. 5° de la Resolución N° 483/2022 (AD CORD), dictada por el Administrador de la Aduana de Córdoba, en fecha 11/05/2022, en la actuación SIGEA N° 17507-21-2019-sumario contencioso N° 265-2019/6-, declarando que la actora adeuda-hasta el límite de la póliza N° 644599- la suma de DÓLARES QUINCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 51/100 CVOS. (U$S 15.309,51), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
2).- Costas a cargo de la actora.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2025.09.09 22:46:31 ART Date: 2025.09.10 11:10:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.11 18:39:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.11 18:39:57 -03:00
Fin de la sentencia