Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO obrante en actuación administrativa n° 12210-942- 2013 y, consecuentemente, la Resolución DE PRLA N° 4477/2017 apelada en autos.
2Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras.
3Costas a la demandada vencida
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-114261276-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Octubre de 2022 SEGUROS c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 38467-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación, expediente nº 38467-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 7/14, se presenta, por apoderado, la firma aseguradora e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 4477/2017, recaída en el expediente administrativo Actuación nº 12210-942-2013, por la que se formuló cargo a Víctor Santesteban Cía. S.A. y a la recurrente en concepto de tributos adeudados y se dispuso archivar las actuaciones en los términos de la Instrucción General (IG) 11/16 de la Dirección General de Aduanas (DGA.), todo ello en relación a la destinación 07 073 IT14 002298 T, garantida mediante la póliza electrónica nº 100781. Se refiere a los antecedentes de la causa. Plantea la nulidad del procedimiento sumarial. Opone la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 25/31 vta., se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y las manifestaciones de la contraria expresamente no reconocidos. Se refiere a los hechos y antecedentes que motivaron el dictado de la resolución apelada. Contesta los planteos de nulidad y prescripción. Realiza consideraciones respecto al contrato de seguro y las obligaciones que surgen del mismo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero con costas.
III. Las pruebas ofrecidas por las partes son las constancias del expediente administrativo SIGEA n° 12210-942-2013 el cual obra agregado por cuerda a autos, en un total de 48 fojas y la impresión del Formulario Afip nº 870 de la póliza electrónica nº 100781 obrante a fs. 54. A fs. 43 se declara la causa de puro derecho. A fs. 57 vta. se eleva la causa a la Sala “F”. A fs. 58 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa del expediente administrativo nº 12210-942-2013, surge que, a fs. 1 se labra el acta de denuncia, de fecha 6/03/2013 respecto de la destinación 07 073 IT14 002298 T, por la presunta infracción a lo preceptuado en el art. 970 del Código Aduanero (C.A.), cuyo vencimiento habría operado el 19/09/2008. A fs. 3 obra la impresión de pantalla del Sistema Informático María (SIM) con el detalle de la destinación en cuestión. Sin embargo no se encuentra agregado al expediente administrativo el sobre contenedor de su documentación original. A fs. 6/7 obra la nota nº 1793/2013 de la Sección Procedimientos Técnicos de la Aduana de Ezeiza dirigida a la División Verificación por la cual se le solicita determinar si se trata de mercadería de importación prohibida y su valor en Aduana. A Fs. 13/14 obra la determinación de tributos y multa. A fs. 15 se agrega la impresión de pantalla con la consulta de la garantía afectada. A fs. 7 se dispone la instrucción del sumario de fecha 10/10/2013 y se corre vista a la firma importadora y a la aseguradora. A fs. 27/27 vta. y 28/28 vta. se agregan las constancias de notificación de la corrida de vista a Fianzas y Créditos S.A. Compañía de Seguros y a Víctor Santesteban y Cía. S.A. respectivamente. A fs. 29/31 la aseguradora contesta la vista dispuesta. A fs. 35 se determina la base de tributos y multa del art. 970 del C.A. fs. 37/38 se dicta la Resolución del DE PRLA nº 4477/2017 del 22/06/2017, mediante la cual se dispuso archivar las actuaciones en los términos del punto 1.4 de la IG n° 11/2016 y formular cargo en concepto de tributos adeudados, IVA adicional y percepciones del impuesto a las ganancias, contra la firma importadora y la garante de la operación. Dicha Resolución es notificada a la firma aseguradora mediante SICNEA 17001NOTI064723W de fecha 2/10/2017 cuya copia obra a fs. 43.
V. Sentado lo precedente, corresponde resolver a este Tribunal los planteos de nulidad y prescripción, invocados por la actora en su presentación.
Tal como fue mencionado en el considerando precedente, las actuaciones administrativas se iniciaron por la denuncia realizada por el servicio aduanero por presunta infracción al art. 970 del C.A en relación a la destinación de importación temporaria 07 073 IT14 002298 T cuyo vencimiento operó el 19/09/2008. Practicada la liquidación de tributos y multa, se instruyó el sumario el 10/10/2013 y el 22/06/2017 se dictó la resolución definitiva apelada en autos.
De la compulsa del expediente por el cual tramitó el procedimiento infraccional iniciado por la Aduana, se constata que no fue agregada la documentación original de la destinación en trato, instrumento básico de análisis para la fundamentación de la imputación infraccional.
La recurrente, en oportunidad de contestar la vista dispuesta, según lo expresa en el punto II, apartado b) de su presentación obrante a fs. 29-31 de las actuaciones administrativas, advirtió al servicio aduanero sobre la falta de la documentación original de la destinación, pero éste nada expresó al respecto ni realizó diligencia alguna tendiente a procurar su agregación. Por el contrario continuó con el trámite del procedimiento y dictó la resolución aquí apelada. Corresponde afirmar, que la falta de agregación de la carpeta original de la destinación de importación temporaria (DIT) por parte del servicio aduanero, impide verificar la totalidad de los datos necesarios para poder determinar si se ha cumplido con la regularización del régimen de importación temporaria.
La Aduana tiene el deber de guarda de la documentación original de la destinación y de su agregación a las actuaciones en los procedimientos iniciados, independientemente de que por medio de resoluciones dictadas por el propio organismo se establezcan a su favor plazos de conservación.
Ello, claro está, sin desconocer la obligación de los beneficiarios del régimen que, como operadores del comercio exterior, deben mantener en resguardo, máxime cuando ésta permite acreditar el cumplimiento de los compromisos asumidos frente al servicio aduanero.
Como lo dije, si bien el administrado (o en su defecto el despachante de aduanas) debe colaborar con la Aduana, aportando cuando le fuere requerido la documentación que pudiera tener en su poder, el servicio aduanero no se encuentra exceptuado de preservar como elemento integral de la actuación administrativa, la carpeta original del despacho de importación temporaria, pues resulta el elemento ventral para sostener la imputación prevista en el art. 970 del C.A. Admitir lo contrario implicaría desvirtuar el principio de la defensa en juicio y el derecho a un debido proceso de los administrados enunciado en los arts. 18 de la C.N. y art. 1, inc. 9) de la ley Nº 19.549 y más aún si -como acontece en la especie-, la documentación se encuentra involucrada en una discusión administrativa o judicial.
En este orden de ideas, admitido el carácter penal de las infracciones aduaneras, conforme fue señalado por la Corte Suprema de Justicia (sentencias del 18/10/73 autos “Guillermo Mirás S.A.C.I.F.” y del 12/11/74 autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”, entre otros), resulta irrazonable admitir una imputación infraccional con los datos insertos en la impresión de pantalla de la destinación (fs. 3 de las actuaciones administrativas), la cual carece de la totalidad de los elementos que el servicio aduanero debe evaluar y analizar en el procedimiento infraccional.
La agregación de la documentación original de la destinación es requisito indispensable para constatar si se reúnen las condiciones para disponer la instrucción sumarial, la imputación de la infracción y por último, si se configura aquella, la condena. Su omisión no permite determinar si se trata de mercadería de importación prohibida o no y si al momento de su ingreso el verificador observó la posición arancelaria o no, datos que no surgen de la impresión de pantalla, así como tampoco otros elementos tales como un posible pedido de prórroga, etc.
El art. 1094 del CA establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.” La resolución de apertura de sumario es el acto administrativo de importancia más significativa porque es el medio por el cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento y ahondar en la investigación, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Es la columna vertebral del proceso. Por otra parte, es el acto necesariamente previo a correr vista de las actuaciones administrativas, respecto de todo lo actuado, a los presuntos responsables para que presenten sus defensas. Y como ya se expresó, no pueden ejercerlas debidamente sin contar con los elementos de prueba y juicio en los que se basa la instrucción.
Indudablemente, el servicio aduanero en ejercicio de su imperium sancionador –la génesis de la presente radica en la imputación por infracción a lo establecido en el art.970 del C.A.- debe celosamente fundar sus decisiones en la verificación fáctica que le da sustento. En casos como el traído a estudio, su estructura medular está conformada por la documental que –con su confronte- permite verificar el incumplimiento que pretende reprochar.
Claramente, las copias de las impresiones de pantalla obrantes en las actuaciones administrativas ensobradas e identificadas como DIT07073IT1400298T no alcanzan mínimamente para poder ejercer el confronte antes referido.- Al no contarse con el DIT original al momento de la apertura de sumario, y más aún, al momento de dictar la resolución condenatoria evidencia el vicio de la causa fuente de la imputación y centralmente el acto que la recepta, esto es, el auto de instrucción del sumario.
Resulta menester destacar –a los efectos de la invalidación del acto- que el acto administrativo de referencia, se dictó a dos meses y veinte días de acaecer el plazo prescriptivo para la imposición de multas y exigir tributos (01/01/14), lo que permite presumir –con un alto grado de certeza- que su motivación, a la luz de la ausencia de la DIT, radicó en la intencionalidad de evitar el advenimiento de la finitud de las acciones para la imposición de penas y el pago de tributos, más no en la existencia de los elementos indispensables para formular su exigencia, dejando en evidencia la “especulación antiprescriptiva” del fisco.
En consecuencia, el procedimiento que nació viciado al no incorporarse el elemento ventral de la imputación –y consecuente exigencia tributaria-, consolidó sus efectos nocivos al dictarse la apertura del sumario envenenando en consecuencia la resolución que aquí se recurre, afectando así derechos básicos que constituyen el bloque de garantías procesales, en franca discordancia con los preceptos constitucionales y convencionales básicos e indisponibles. El accionar aduanero no tuvo sustento fáctico alguno que permita teleológicamente aceptarlos como idóneos para dotar de legalidad fundamental el acto administrativo que importa la pretensión de una acreencia en favor del Estado e impone a su vez, una sanción de indiscutible naturaleza penal.
La doctrina sostuvo que “...Cuando el acto desconoce arbitrariamente la situación de hecho existente, o pretende fundarse en una situación de hecho que no existe, será nulo; esto, que conceptualmente podría denominarse teoría de la causa o de los motivos determinantes queda comprendido dentro del requisito de la razonabilidad...” (cfme. Gordillo, Agustín, “Tratado de derecho administrativo”, 1ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2012, Libro II (Elementos y vicios del acto administrativo), Tomo V, Capítulo IX).
En consecuencia, por estar viciada la causa, se han afectado los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional, el acto que dispone la instrucción del sumario resulta nulo, de nulidad absoluta y así cabe declararlo. Ello en concordancia con la profusa jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales -ora infraccionales- (CSJN - "Fallos", 96:23; 99:284; 183:68; 295:591,entre muchos otros)
VI. En este sentido, al declararse la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para percibir tributos en los términos de los arts. 803 y 934 del C.A.
Ello es así, toda vez que el vencimiento de la destinación habría operado el 19/09/2008, por lo que el plazo de prescripción quinquenal se computa a partir del 1° de enero del 2009.
El plazo para el ejercicio de la acción del fisco para reclamar los tributos e imponer penas por las infracciones aduaneras, venció entonces, el 1° de enero de 2014 atento a que no ha operado ninguna causal de suspensión ni de interrupción de la prescripción ya que, como se dijo, todo el pretenso acto de instrucción de sumario es nulo y consecuentemente todo lo dictado con posterioridad, no llegando –como se dijo- a producir los efectos propios del mismo (arts.937 y 805 inc. a) del C.A.).
VII. En virtud del modo en que se vota el presente resulta inoficiosa la consideración del resto de las cuestiones planteadas.
Por ello VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO obrante en actuación administrativa n° 12210-942-2013 y, consecuentemente, la Resolución DE PRLA N° 4477/2017 apelada en autos.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras.
3. Costas a la demandada vencida.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Vocal preopinante.
ASÍ LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO obrante en actuación administrativa n° 12210-942- 2013 y, consecuentemente, la Resolución DE PRLA N° 4477/2017 apelada en autos.
2. Declarar operada la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos e imponer penas por infracciones aduaneras.
3. Costas a la demandada vencida Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.25 14:23:07 -03:00 Date: 2022.10.25 23:54:05 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.25 23:54:06 -03:00
Fin de la sentencia